OPINIÓN
Reforma penal fiscal
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
El pasado día 8 se publico en el Diario Oficial de la Federación la terrible reforma en materia Penal Fiscal con la que pretenden perseguir y castigar el ilícito y lucrativo negocio de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, que de acuerdo a estimaciones contenidas en una de las iniciativas, de 2014 a la fecha se han generado Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) apócrifos con un valor aproximado de 2 billones de pesos (representa el 6% del PIB y 70% son adquiridas por el sector público).
En este negocio intervienen dos o tres partes al menos, el vendedor de dichos documentos, que se conoce como “EFOS” (Empresa que Factura Operaciones Simuladas) estos lucran con la emisión de comprobantes fiscales digitales simulados, ya que facturan operaciones, compras o servicios que en realidad nunca se realizaron. El adquiriente que utiliza ese comprobante fiscal para acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la operación simulada y además para deducirlo de la base para el calculo del Impuesto sobre la Renta (ISR), y que afecta además la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa PTU, a quienes se le conoce como “EDOS”, Empresa que Deduce Operaciones Simuladas; Además, en muchos casos interviene un comisionista, que fue quien enlazó a las partes a la operación, en muchas ocasiones Contador de la empresa y en algunos casos un “asesor” reconocido.
En las formas mas rudimentarias la operación se realiza de la siguiente manera: El EFOS tiene un catálogo de empresas con diferentes “objetos sociales” que le permitan amparar operaciones de acuerdo a la actividad comercial del “cliente” EDOS, una vez expedido aquel comprobante que ampara operaciones falsas y simuladas el EDOS emite un cheque o transferencia electronica por el importe del comprobante y lo incorpora a su contabilidad dándole por consiguiente todos los efectos fiscales como a cualquier operación real, acto seguido el EFOS regresa vía una tercera empresa o directamente en efectivo el monto de la operación menos el monto pactado como contraprestación por el servicio y además paga la comision al que lo contactó con “el cliente”.
Esta forma de operar ha sido perseguida desde 2014 con considerable éxito para el Servicio de Administración Tributaria SAT y ahora en una reforma penal sin precedentes a nivel mundial, publican un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, las que entraran en vigor el día 1o. de enero de 2020.
Dicha reforma la podemos encuadrar en tres ejes principales: el primero la persecución con toda la fuerza del Estado contra las personas que “venden comprobantes fiscales”, fijándose una nueva pena de prisión de dos a nueve años, a quien por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos simulados, pero además, ojo medios de comunicación, se aplicarán las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Pero además de ello, se considera violación a las Leyes, Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional; y además se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que en estos casos procedra la Prisión Preventiva Oficiosa, lo que implica que no puedas obtener tu libertad durante el proceso penal donde te acusan, ya que en delitos graves como el de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con armas y explosivos, delitos graves contra la Seguridad Nacional y ahora tráfico de CFDI y evasión fiscal, ya que insisto, el juez oficiosamente debe dictar la prision preventiva.
Pero no te preocupes si compraste facturas y te detienen, ya que podrás aplicar para obtener tu libertad un “criterio de oportunidad” al convertirte, como dicen las narcoseries, en “Sapo” pero solo en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.
Hasta aquí aplaudo la reforma penal, en lo que no estoy de acuerdo y me parece una exageracion sin razón, es que estas mismas penas se vayan a aplicar, como segundo eje de la reforma a personas acusadas por los delitos de evasión fiscal y evasión fiscal equiparada, cuando el monto de lo evadido o el importe de las “facturas compradas” sea superior a $ 7´804,230.00
Considerar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada y atentado a la seguridad nacional es un exceso, ya que trasgrede los derechos humanos de cualquier contribuyente y los pone en riesgo en cualquier momento, ya que queda sujeto a un régimen de “terrorismo fiscal.”, ya que funcionarios del SAT te amenzarán con presentar querella cuando no estés de acuerdo con algun cobro fiscal aunque tu consideres tener la razón.
Pero lo peor de todo esto, es que, ya seas “facturero” o comprador de facturas o simple evasor fiscal, si excedes ese límite, en automático además de ser tratado como terrorista o narco, podrás ser demandado en la vía civil por una accion de extinción de dominio a tus bienes, en los términos de la nueva ley con ese nombre, y que “es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario” y será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no puedas acreditar.
¿Es o no terrorismo fiscal tratar así a un presunto evasor fiscal?
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
Encuentro en Casa Ciudadana con el Senador Clemente Castañeda
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto
Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara
Escándalo en concierto de Coldplay: CEO de empresa tecnológica captado con empleada en momento comprometedor
