OPINIÓN
Salvador Cosío en pie de lucha
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Con todo y que acaudalados empresarios que no quieren dejar multimillonarias sumas con la venta de la Villa Panamericana y los predios colindantes de su propiedad, parece que ahora han iniciado una nueva estrategia de desprestigio contra quienes han defendido la zona de El Bajío en el municipio de Zapopan.
Han trascendido arteros señalamientos hacia el dirigente de Conciencia Cívica y notario público Salvador Cosío Gaona y el representante y abogado del Parlamento de Colonias Alejandro Cárdenas Enríquez para ensuciarlos. Los acusan de querer extorsionar al empresario Francisco Cornejo Reynoso, insaciable constructor.
Tal parece que a toda costa se busca que se vendan y habiten los departamentos que hace ocho años ocuparon la sede de atletas y entrenadores de los Juegos Panamericanos de Guadalajara.
Sin importar los daños y contaminación que propicien la llegada de miles de personas, se quieren salir con la suya los que quieren vender y algunos de los poderosos políticos que los están protegiendo.
Cosa muy distinta lo que ha estado haciendo y denunciando el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien valientemente ha puesto en su lugar a quienes no les importa el daño que se cause al permitir que se lleguen a habitar las Villas Panamericanas.
Todavía han de pasar muchos meses para que se salgan con la suya los propietarios de ese predio y terrenos aledaños a lo que se dio por llamar Villa Bosque, del constructor Cornejo Reynoso, y se espera que la ley proteja a esa importante región de la zona metropolitana.
LOS EJIDATARIOS DE EL ZAPOTE
Por fin se avizora la solución del conflicto de los sufridos ejidatarios de El Zapote con el gobierno federal y la empresa concesionaria Grupo Aeropuertuario del Pacífico (GAP), gracias a la intermediación que hizo el que fuera delegado Carlos Lomelí Bolaños con el Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Tal parece que esta semana que inicia los ejidatarios por fin sentirán la solución a su eterno problema y se les pagará lo que por tantos años han exigido de la artera expropiación de sus terrenos para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Se tuvo conocimiento que en el acercamiento que hace unas semanas tuvieron ejidatarios y funcionarios del gobierno federal, llegaron al acuerdo del precio de los terrenos para dar por terminado el conflicto.
De llevarse a cabo el justo pago de lo expropiado quedarán en espera otros problemas con la empresa GAP y con el Gobierno del Estado; ahora los primeros buscan más terreno para otra pista aérea y el segundo 14 hectáreas para un colector de aguas negras que conecte una planta tratadora de aguas residuales.
El problema es que ninguno quiere pagar nada y buscan que sean expropiados los terrenos sin importarles que siempre han tenido propietarios y no son bienes de viuda para que quieran hacer lo que les venga en gana, pero otra vez hay que esperar para saber quién gana.
NO DAN UNA
Al señor Presidente lo engañan o no quiere reconocer que hay serios problemas en la operación y funcionamiento de la cacareada Guardia Nacional, mientras los elementos desintegrados de la Policía Federal, por lo menos en papel, siguen en pie de lucha exigiendo su derecho laboral y evitando que los enrolen en esa corporación que no ha funcionado.
A toda costa el Gobierno de la República quiere encuadrar en la Guardia Nacional a los agentes inconformes de la Policía Federal que exigen se les indemnice conforme la ley para dejar su trabajo.
Las manifestaciones de inconformidad son constantes y no son atendidos por el responsable de la secretaría federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño, quien a toda costa busca que se acaten sus órdenes sin importarle que esa nueva corporación de seguridad nacional funcione bien y cumpla la expectativa que la población ha tenido.
No ha de pasar mucho tiemplo para que el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador se de cuenta que el conflicto con los elementos inconformes de la Policía Federal y los malos operativos de la Guardia Nacional se valoren y le den a conocer que deberá hacer importantes cambios en sus estrategias. No será solamente tratar de mandar tiernos mensajes a los delincuentes para que dejen que se surtan combustibles a las unidades de militares y policías en lugares de conflicto, que por desgracia ya casi es en todo el país.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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