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OPINIÓN

Secretaría de Salud, Seguro Popular, INSABI…los otros datos

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Por Daniel Emilio Pacheco //

El beneficio que los mexicanos obtendrían con el éxito de la política pública de salud de Andrés Manuel López Obrador, sería incuestionable, relevante a nivel mundial.

Por ello es importante revisar los números y las acciones que hasta el momento se han realizado para llegar al fin deseado:

Vamos por eso a reestructurar todo el sistema de salud, vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro, de la población no asegurada, es de los cambios que vamos a llevar a cabo”, dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de abril de 2019.

Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos, se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud. Eso va a ser una hazaña”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador, el político que más poblaciones de México ha visitado y conocido, debería con su experiencia, recordar la nula o deteriorada infraestructura hospitalaria que existe en el país que ahora gobierna.

Parece que tampoco ha tomado en cuenta el recorte de presupuesto que desde hace 4 años sufre la Secretaría de Salud Federal; en el año 2000 recibía 39 mil 420 millones de pesos, para 2012 el presupuesto de dicha Secretaría era de 143 mil 593 millones de pesos. Es decir, el presupuesto de salud creció con el apoyo del programa de Seguro Popular iniciado por Vicente Fox, hasta llegar a Enrique Peña Nieto, quien en 2015 otorgó el máximo presupuesto recibido por la Secretaría de Salud, 153 mil 839 millones de pesos. En 2016 inició la reducción de dinero y llegó hasta 122 mil 244 millones de pesos en 2018 con Peña Nieto, más de 30 mil millones de reducción a la Secretaría de Salud en tres años.

La esperanza de mejor presupuesto para salud con López Obrador como presidente, se derrumbó, en 2019 el presupuesto de la Secretaría de Salud fue de 120 mil 298 millones, es decir, casi 2 mil millones de pesos menos que lo gastado por Enrique Peña Nieto.

Para 2020 fueron asignados por la Cámara de Diputados -pues el Presidente pidió 237 millones de pesos menos-, a la Secretaría de Salud 128 mil 826 millones de pesos, es decir, aun con el aumento del 3.6% respecto al 2019, el presupuesto 2020 para la Secretaría de Salud es menor que el de 2015 en más de 25 mil millones de pesos.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) recibirá en 2020, un financiamiento de 112 mil 538.3 millones de pesos.

Entonces, presupuestalmente iniciar el INSABI es arriesgado pues no se tienen recursos para desarrollar los hospitales de especialidades necesarios, ni el dinero para contratar el personal que se requiere.

Según el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, el programa arranca con un déficit de 103 mil médicos, 70 mil especialistas y 250 mil enfermeras a nivel nacional. Tiene además 300 clínicas y hospitales abandonados.

La modificación al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, que ordena brindar de forma gratuita el servicio que anteriormente se otorgaba por medio de cuotas, mete en problemas financieros al INSABI. ¡Ojo! La Constitución dice que, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, no obliga la gratuidad de la atención. La eliminación de cuotas de recuperación complica más la situación financiera para un adecuado arranque.

Aquí también se debe agregar el gasto financiero del cambio de nombre del programa de Seguro Popular a INSABI que no es nada barato y no se ha hablado del presupuesto para ese tema, gasto que se podía eliminar al no cambiar de nombre.

Como programa social, el Seguro Popular dio buenos resultados en cuanto a la reducción de la carencia por acceso a servicios de salud, según el último informe del Coneval sobre la evolución de la pobreza en el país. En México se alcanzó una reducción de 42.8 millones de personas en 2008 a 19.1 millones en 2016, periodo donde el Seguro Popular crecía en instalaciones que prestaban atención y catálogo de enfermedades atendidas.

Si bien es cierto que los malos manejos por parte de los gobiernos estatales contra el Seguro popular fueron muchos, una correcta administración y el castigo ejemplar vía encarcelamiento a los responsables, permitiría el rescate moral de un programa que ha dado resultados.

Mantener lo logrado por el Seguro Popular y anexar los objetivos del Presidente sería algo benéfico no solo para la Administración Federal, sino también, para los pacientes y sus familiares que ahora no saben en qué va a terminar su atención.

Hablé hace unos días con el Director General de la OPD Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Jaime Andrade Villanueva, me contó de la nula comunicación que han tenido por medio del Gobierno Federal para la implementación del INSABI, aun no saben cómo y cuándo empezara la Secretaría de Salud a cubrir los servicios que se siguen prestando a los antes beneficiarios del Seguro Popular.

Los Hospitales Civiles de Guadalajara tienen la ventaja de haber cubierto los servicios del Seguro Popular por medio de empleados del propio OPD Hospital Civil de Guadalajara, motivo por el cual no se despidió a ningún trabajador con el cambio a INSABI, pero a nivel nacional, son cientos los empleados que desconocen la forma en que volverán a ser contratados y por quién.

El que nuestro Presidente piense que las cosas se harán solo por el dicho de su boca, traerá consecuencias fatales en la salud de quienes menos tienen.

El INSABI es un servicio de salud que centraliza la atención en entidades gubernamentales, los servicios de salud a los que, según el dicho del Presidente, se aspira tipo Canadá, Inglaterra o los Países Escandinavos son exactamente lo contrario.

Los servicios de salud en Canadá, Inglaterra o los Países Escandinavos son sistemas bien financiados con una operación de servicios descentralizados, que al permitir la libertad de elección del ciudadano: recompensa la calidad de atención.

Una deficiente planeación financiera, la mala comunicación por parte del Gobierno Federal con las entidades estatales y una atención monopólica, afectará al usuario que menos tiene para pagar por los servicios de salud.

En Twitter: @depachecos

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Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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