OPINIÓN
Tropezar de nuevo con la misma piedra
Educación, por Isabel Venegas //
“No es tarea fácil educar jóvenes, en cambio, adiestrarlos, es muy sencillo”.
Rabindranath Tagore
La tesis que presenté para obtener el grado de maestría, se trató sobre una investigación en el nivel medio superior con profesores de la Universidad de Guadalajara. Un estudio que permitía un acercamiento a las concepciones de los docentes en cuanto a qué era lo que habían construido para sí mismos después de haber acreditado dos e incluso hasta tres diplomados en “Competencias docentes para el siglo XXI”.
La investigación comenzaba por el año 2010 y tenía como principal instrumento la entrevista y el análisis de las percepciones, con el que hacía un comparativo entre las intenciones de los planes y los contenidos que presentaban las diferentes propuestas de formación. Uno de los diplomados lo ofreció el Tec de Monterrey (modalidad en línea) y otra fue de la misma UdG. Y es que, para obtener las certificaciones de la casa universitaria, se requería que todos sus profesores acreditaran los cursos con los cuales irrumpía un modelo diferente de ver y vivir la escuela.
El análisis se centraba en la contradicción de querer hacer ver a los maestros un modo diferente de tratar a los alumnos, de centrar el proceso de aprendizaje en ellos, de ir más allá de la simple lección y de pasar a ser de un poseedor a un guía, compañero, motivador, mientras todo esto se veía condicionado a través de políticas laborales y administrativas que llevaba a cabo la institución a fin de que se cumpliera con el requisito.
Profesores de asignatura que tienen contratos que se renuevan cada semestre, con cargas horarias que están a merced de los funcionarios en turno, con condiciones laborales que permiten desdibujar fácilmente la configuración de un maestro que se apropia de su cátedra y va más allá de la repetición, mecanización y memorización, reduciendo su ejercicio a una operación de “destajo”, a propósito que esta definición significa Modo de contratación laboral en el que se cobra en concepto del trabajo realizado y no del tiempo empleado, contrario a la base de un modelo por competencias que pretende atender más el proceso de aprendizaje, que el resultado en sí mismo.
Lejos de lograr movilizar las habilidades, aptitudes y conocimientos en un círculo virtuoso, cuya claridad permitiera diferenciar el término de “competencias” con el “competición”, la mayoría de los profesores a nivel medio superior encontraron mecanismos que permitían la reconexión con las metodologías que anteriormente llevaba a cabo, y empató su ejercicio a la forma en la que su praxis le resultaba segura por ya aprendida.
Afortunadamente el espacio universitario tiene una vida que se enriquece, y cuyo dinamismo permite establecer una vida académica que se asemeja mucho más a la riqueza de la vida cotidiana, es decir, ante la paradoja de querer “enseñar” a los maestros a trabajar de un modo diferente, mientras se aplica un condicionamiento laboral, la misma organización departamental y la conformación de academias, recupera el diseño de propuestas para implementar proyectos y metodologías verdaderamente innovadoras.
Es importante señalar que, si bien es cierto las políticas educativas alineadas a las intenciones de la OCDE, por ejemplo, han sido fuertemente criticadas al tiempo que en muchos países europeos el modelo basado en competencias ya fue desechado por su falta de capacidad para evidenciar mejoras en los sistemas de educación; también es cierto que se sigue abrazando por cualquiera que tenga la intención de mejorar aunque sea algunas de las carencias que se presentan en nuestra escuela, principalmente en América Latina.
Hoy a casi 10 años de esa reflexión en el nivel medio superior, el nuevo gobierno propone lo que denominó “La nueva Escuela Mexicana”; cabe recalcar que para el caso del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) este tipo de modelos ya venía operando desde hace casi dos décadas. En el portal oficial aparece la siguiente definición:
“…Se entiende como competencia al desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presente en los distintos ámbitos de su vivir”
Dos semanas antes de arrancar el ciclo escolar 2019 – 2020, los cuerpos docentes trabajaron (en su mayoría) con jornadas a marchas forzadas, a fin de revisar los temas relacionados con las nuevas normativas en materia educativa, pero más aún, la necesidad de generar cambios y transformaciones al interior de las aulas. No era nueva la idea de poner al centro del proceso de aprendizaje al estudiante, a no ser por desmembrar la sintaxis del término de estudiantes, y utilizar la leyenda: “centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
Viendo el panorama de una situación que ha permanecido en el tiempo, a más de una década de confiar en esta estrategia como la adecuada para elevar la calidad educativa, apostando los presupuestos enfocados a la capacitación y actualización de docentes en esa línea, está claro que, tanto los facilitadores del curso, como la mayoría de los profesores no logran conectar el discurso con la aplicación en la vida cotidiana de este tipo de intenciones. En el portal de la Secretaría de Educación Pública también se mencionan varios puntos objetivos, entre ellos:
Las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la pretensión sumativa y mecánica de las concepciones conductistas. Las competencias se componen e integran de manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos.
Mucho se ha manejado el debate sobre la necesidad de generar ciertas condiciones para que modelos como éste puedan ser operables en nuestras comunidades. En España por ejemplo, las críticas van enfocadas a la incapacidad de las escuelas por generar los recursos materiales, los espacios idóneos y reducir la matrícula para que la sobrepoblación estudiantil no merme la atención cuasi- personalizada que los estudiantes requieren.
Sin embargo, hay una crítica más severa al hecho de que las estructuras administrativas son poco flexibles para la implementación del modelo. Intuyo que es lo que estamos viendo ante el escenario del nuevo gobierno; una capacitación de dos semanas, que por un lado va en detrimento el receso escolar que los profesores requieren para un sano ejercicio del ciclo anual, al mismo tiempo que resulta ser demasiado breve para una exposición del modelo como tal, razón por la cual la mayoría de las supervisiones y direcciones trata de zanjar a través de la generación de nuevos formatos y tareas para dar evidencia del cumplimiento del ejercicio de capacitación.
El condicionamiento por el que, se obliga a asistir a estas jornadas bajo amenaza de levantar actas administrativas u otro tipo de sanciones, que sofoca con trabajos, reportes, indicadores administrativos y que a su vez reduce los espacios para una formación abierta o la creación de academias activas y participativas, no da indicios de una vida nueva de la escuela mexicana.
Nuestras instituciones están llenas de espíritus libres, de mentes brillantes, de iniciativa y de voluntad. Lo único que hace falta es confiar un poco más, y atender al llamado a la verdadera formación de colectivos docentes con competencias efectivas, de tal manera que el cambio de paradigmas no sea solo enfocado a los estudiantes, sino también a los docentes, cuyas experiencias son las más sensibles para trasladar en la intimidad de las aulas.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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