OPINIÓN
Un gobernador que se reinvente
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un primer año muy complicado en el ejercicio del gobierno ha resultado para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al enfrentar problemas muy graves de difícil situación, como es el caso de la seguridad y otros de orden coyuntural (crisis sanitaria del dengue), que fueron muy mal enfrentados y manejados.
El desgaste sufrido es muy rápido, perdiendo gran parte de aquel capital político que lo catapultó y que lo obliga a un replanteamiento tanto en sus políticas de gobierno, como es su forma de comunicar.
El discurso y narrativa de la Refundación que había sido la gran apuesta del gobierno alfarista dentro de su grandilocuencia y obsesión de encabezar “un gobierno que venía a hacer historia”, es un fracaso, la sociedad no lo compró y por lo visto el mismo Alfaro se ha perdido el interés porque El Constituyente pueda hacerse realidad.
LA FORMA DE COMUNICAR
Una línea fundamental en el ejercicio de gobierno es la forma de comunicar y en ese sentido se debe ser pertinente con el rol que la circunstancia le permite jugar. No es lo mismo ser un líder de oposición que se distingue por un discurso crítico, que convertirse en autoridad y ofrecer respuestas con soluciones a los ciudadanos.
Un error que el gobernador Enrique Alfaro ha cometido es que no ha cambiado de chip. Se quedó como el político crítico, opositor, echado para adelante, una especie de bulldozer que tiene la característica de embestir. Hoy el líder del movimiento naranja ya no tiene enfrente a los villanos del PRI, a ellos ya los derrotó, ahora le toca construir, demostrar que tiene capacidad para hacer un buen gobierno y cumplir con las expectativas que generó.
El principal ingrediente en el discurso de Alfaro el gobernador es el ataque. Presenta un anuncio de determinada obra, programa o acción de gobierno y es común que fustigue al pasado, con una visión maniquea de la vida y como si él fuera el gran salvador, que viene a hacer lo que los malosos del pasado que le antecedieron no quisieron realizar.
El mensaje que envía con sus video mensajes en redes no tienen empatía y no generan confianza. El tono como dice las cosas y el rostro duro generan rechazo. En las entrevistas presenta el ceño fruncido, como si estuviera permanentemente a la defensiva. Difícilmente convive con los periodistas y comunicadores.
LA CONFRONTACIÓN CON LA PRENSA
Alguien le vendió la idea a Alfaro que los periodistas son sus enemigos, olvidando que fueron precisamente ellos los que lo arroparon y apoyaron para convertirse en aquel líder carismático que conectó con la gente. En este proceso de ajuste a su gabinete, el gobernador bien podría cambiar a su director de comunicación y nombrar a un profesional en la materia, pero de poco servirá, si éste no cambia su actitud y no se esfuerza por recuperar la empatía que lo distinguió en el pasado, dejando esas actitudes de señor autoritario que pierde el control emocional ante las preguntas incómodas de los reporteros, o los análisis críticos que son esgrimidos en los diversos medios de comunicación.
Alfaro no debe menospreciar a nadie, otro de los problemas que trae, con la visión maniquea de buenos y malos. Esos ataques que ha dirigido a diversos medios que han tenido el valor de señalarle los excesos de funcionarios, las licitaciones amañadas, carentes de transparencia, son lo que le han hecho mucho daño a su imagen y los resultados están a la vista.
LOS AJUSTES A SU GOBIERNO
El pasado sábado se dieron a conocer los primeros ajustes a su equipo de gobierno y el primero fue en el área de salud, precisamente donde se tuvo uno de los grandes y graves problemas durante su primer año de gobierno. En el juego de intereses inmersos, la gana el Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren , ligado a los poderosos grupos farmacéuticos y la pierde Consuelo Robles, la titular de la OPD de Salud. La hebra se rompe siempre por lo más delgado.
Por lo que se traslució hacia la opinión pública, la siguiente área bien podría ser la Comisaría de Vialidad, que no ha funcionado con la integración a la Secretaría de Seguridad. Habrá que ver en el cambio de esquema.
Y un área vital es seguridad y fiscalía donde está el problema que más golpea la imagen del Ejecutivo tanto con los delitos de alta incidencia como los de alto impacto. Un cambio de fondo significaría hacer una reestructuración de 360 grados en la Fiscalía General.
Los cambios que realiza a su equipo de gobierno obedecen a los focos rojos que se han prendido en la máquina naranja, habrá que ver de qué magnitud son y qué resultados prácticos ofrece. Pero de poco servirán si el cambio para que todo siga igual, si el propio gobernador no cambia sus actitudes, con esos poses y actitudes soberbias de confrontación por todos lados, que es lo que lo tiene en un creciente deterioro de rechazo ciudadano.
En estos días empezaremos a ver de que tamaño son los ajustes y replanteamientos que se atreva Alfaro a hacer a su gobierno.
Pero el cambio debe iniciar con el mismo Alfaro. Un Alfaro que se reinvente.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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