OPINIÓN
Un país lleno de tumbas
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
¿Hasta dónde llegará la sangre derramada por todos los confines del país?
México, oficialmente no está en guerra, pero los saldos de muertes violentas, no tienen fin…no tendrán fin ni a corto ni mediano plazo, todo lo contrario.
En dos sexenios, encabezados por los Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre homicidios y desaparecidos, suman 300 mil vidas apagadas. ¿Qué son 300 mil vidas? Si lo comparamos con un país en guerra como fue el caso de Irak -ocupación de Estados Unidos- entre el 2003 y el 2011 se estima que murieron 601 mil personas directamente por la violencia y de acuerdo a estimaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos, de las cuales el 14%, 91,700 fue por atentado suicidas; el 57%, por arma de fuego, más de 373 mil, y un 20%, más de 137 mil, por ataques aéreos.
Durante el primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia no encuentra freno, sino todo lo contrario. Al terminar el 2019 serán cerca de 35 mil los homicidios registrados en el país y si esa constante se mantiene -en los dos sexenios que le han antecedido, tienden a aumentar año con año- llegaríamos al cerrar el 2024 a 210 mil homicidios y que sumados a los 300 mil de los últimos 12 años, llegaríamos a los 500 mil pérdida de vidas en 18 años.
Sí, 500 mil pérdidas de vida. ¡Es una barbaridad!
El sexenio de Peña Nieto cerró con 14% más homicidios que el de Felipe Calderón, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y noviembre del 2018 fueron asesinados un promedio de 94 personas en México por día, esto es 4 asesinatos por hora.
Los 35 mil homicidios como seguramente cerraremos el año en todo el país vendrá a imponer marca histórica.
El gobierno de la 4T ha señalado que no hará uso de la fuerza del Estado para pacificar el país. El Presidente López Obrador ha señalado que hay que resolver el problema social para que México logre la paz y la reconciliación. Tiene parte de razón, pero el encontrarle solución pueden pasar décadas y hasta siglos, y tal vez no se logre disminuir la desigualdad, porque abatirla, es imposible. Requerimos a un Presidente mas terrenal, más realista.
Ya pasó el primero de seis años de un gobierno y a juzgar por los resultados, esa actitud cristiana de ofrecer la mejilla a los criminales, en vez de combatirlo con la fuerza del gobierno y la ley en la mano, no sirve de nada.
Al mismo tiempo, tenemos el funcionamiento de la Guardia Nacional que en el tercer tercio de este año, empezó su operación, con problemas presupuestales muy críticos, por la premura que se tuvo para que ya se hiciera presente en el país. Esperamos que la Guardia Nacional se asiente en el 2020.
UN AÑO DE PLAZO
¿Qué dice el Presidente sobre la realidad violenta que golpea al país en los tiempos de la 4T?
Tácitamente acepta la magnitud del problema cuando pide un año más de plazo.
Hay dos sucesos que este año han cimbrado a su gobierno por parte de los grupos criminales: por un lado “el culiacanazo”, que vino a exhibir el desorden que traen dentro del gabinete de seguridad que coordina el civil Alfonso Durazo, que se ha convertido en el funcionario más cuestionado de este gabinete, al no convencer su narrativa y justificaciones que ha brindado, no pocas contradictorias, en cuanto al operativo fallido en Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán.
El segundo suceso trágico y macabro fue el que se registró en Bavispe, Sonora -en la frontera entre Sonora y Chihuahua- donde fueron asesinados 6 niños y 4 mujeres de la familia LeBarón, noticia que le dio la vuelta al mundo en los espacios estelares de los medios de comunicación.
En esas circunstancias, el Presidente de EEUU Donald Trump se atrevió a proponerle al gobierno de México ayuda para enfrentar la guerra a estos grupos criminales que han arrodillado y humillado al gobierno, lo cual inmediatamente fue rechazado por el Presidente López Obrador.
El gobierno de EEUU calificó el suceso en el que murieron ciudadanos americanos, como un acto terrorista y en esa tesitura, la administración se da la potestad de intervenir, de acuerdo a sus leyes imperialistas, justificando esas acciones de perseguir este tipo de actos estén dónde estén.
El Presidente mexicano hace alusión a la soberanía de México que debe ser salvaguardada al rechazar ayuda de Trump. ¿Debe cambiar México está posición que ha mantenido firme por décadas al no permitir la ayuda de un ejército extranjero participe en una acción de defensa del orden público? ¿Debería discutirse este punto? ¿De qué sirve la soberanía cuando el Estado es incapaz de ofrecer seguridad a sus ciudadanos, cuándo se impone la ley de la selva y la ley y el estado de derecho son letra muerta?
Lo cierto es que el gobierno de México por más que se esfuerce ha fracasado en la lucha contra los grupos criminales. 300 mil muertes en dos sexenios y 35 mil en este primer año, son números fríos y muy contundentes. ¿Esperaremos que en estos seis años se acumulen 200 mil más para llegar al medio millón de homicidios?
Ante esta terrible realidad, ¡Dios nos tome confesados!
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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