OPINIÓN
Vivir nuestros valores
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Algo tienen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México, en sus tres órdenes o en sus tres desórdenes, que a nadie sorprenden sus torpezas, arbitrariedades y sin sentidos. En Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al tomar protesta como gobernador del estado, elevó al Nirvana de los iluminados y los próceres de la República al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, complacido, lo visitó en su estado al día inmediato siguiente.
En el Estado de México, un policía estatal robó el teléfono celular al periodista Humberto Padgett, detenido por filmar –sin autorización- en las instalaciones militares de Santa Lucía, con el mayor descaro y complacencia de otros elementos policiales mexiquenses, miembros del Ministerio Público y del Ejército Mexicano, así como del silencio del gobernador Alfredo Del Mazo.
En Jalisco, asesinaron al comisionado de la Policía de Tepatitlán al viajar en carretera, una semana después en que también fue asesinado el fiscal regional Gonzalo Huitrón.
En Baja California, la nueva Legislatura del estado, con mayoría morenista, ha advertido que promulgará la llamada Ley Bonilla aun y en contra de la voluntad del gobernador actual Francisco Vega, al tiempo en que Genaro Góngora Pimentel, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de visita a Baja California, declarara: “Si la reforma al artículo Octavo Transitorio fuera impugnada por la vía de la controversia constitucional, ésta resultaría improcedente en razón de que el Congreso de Baja California aprobó la ley cumpliendo con los requisitos legales previstos en la Constitución y la Carta Magna«… este ex ministro es quien metió a la cárcel a la mamá de sus dos hijos por exigirle dinero para su manutención y al que aquel se negara bajo el argumento de no necesitarlo por padecer de autismo.
A México nadie lo salva porque, simplemente, no queremos mejorar. Nos hemos acostumbrado a la mediocridad y en ella, tal parece, nos sentimos bien y, cuando nos atrevemos a imaginar que el cambio es posible, nos refugiamos en las redes sociales.
Ayer jueves, apenas, fui sorprendido al recibir por Whats App un mensaje que supuestamente había escrito Tony Blair, ex Primer Ministro de Inglaterra, en que criticaba a quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, llamándonos, a todos, cobardes por no manifestarnos ampliamente en su contra. Al leerlo, me resultó obvia su falsedad.
Así somos, me dijo un amigo a quien comenté tal hecho, a lo que le respondí que es tiempo de madurar como personas y como sociedad, y le puse como ejemplo lo dicho por la senadora norteamericana y aspirante a la candidatura del Partido Demócrata a la Presidencia de EEUU, Elizabeth Warren: “… lo que no podemos hacer es no vivir nuestros valores”; algo tan simple que ni siquiera está en el imaginario de nuestros políticos ni de los partidos en que militan. Tampoco se trata de lecciones de moral como las que el presidente López Obrador adoctrina cada mañana. No, somos un estado laico y laicos debemos permanecer.
Aun en la voz de los candidatos demócratas más conservadores, como en el caso del exgobernador de Colorado John Hickenlooper, se oye decir “… asegúrese de que cualquier ley que tengamos no permita que los niños sean arrebatados de sus padres y encerrados en jaulas”. Mientras, en México, se tuvo que recurrir al amparo legal para proteger a menores migrantes detenidos, privados de su libertad, por el actual gobierno de supuesta izquierda y cercanía con iglesias evangélicas, según declarara a Telemundo, Luis Xavier Carrancá, de la Clínica Jurídica Ibero, como su promovente.
Éramos candiles en la calle, pero oscuridades en nuestras casas; hoy, somos –como Estado mexicano- oscuridades en la calle y en casa al violar derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, aun con la ley que en su favor promulgara Peña Nieto.
Julián Castro, ex alcalde de San Antonio, Texas, y es secretario de Vivienda y Desarrollo durante el gobierno de Obama, sostiene que la única forma de “ser más inteligente, más efectivo y más humano cuando se trata de la política de inmigración” es derogar parte de la Ley de Nacionalidad e Inmigración. Julián ha sido enfático al decir que “La única forma de garantizar que no volvamos a tener separaciones familiares en este país es derogar la sección 1325 de la Ley de Nacionalidad de Inmigración. Esa es la ley que este presidente, esta administración, está usando para encarcelar a los padres migrantes y separarlos físicamente de sus hijos”.
Pregunto qué hay que derogar en México para volvernos más inteligentes, más efectivos y más humanos con nuestros hermanos migrantes que cruzan México y con quienes, mexicanos, miran a la migración como el único camino hacia una vida digna de sí mismos y de sus familias. Acaso debemos derogar los acuerdos pro represión de migrantes de Pompeo-Ebrard o “derogar” el mandato otorgado a AMLO, imposible legalmente.
Julián Castro es el candidato demócrata con quien debería hablar Marcelo Ebrard sobre el tema migratorio por ser el único con quien podría construir una propuesta humana hacia Centro América. Julián Castro se ha manifestado por un plan de ayuda a Honduras y Guatemala a fin de “llegar a la raíz de este desafío para que las personas puedan encontrar seguridad y oportunidades en casa en lugar de tener que venir a Estados Unidos”; pero no, hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está más preocupado en tener contento a Donald Trump en vez de imaginar y apoyar una opción distinta para EEUU que nos muestre una cara más humana y un compromiso profundamente demócrata global. En la vida hay que hacer un frente común con gente con altos valores y sólidos principios: Julián lo es.
Si el gobierno federal mexicano no se atreve a lo humano y digno, más que pronto obedecerá lineamientos norteamericanos para penalizar el cruce ilegal de nuestras fronteras hasta con seis meses, como sucede en EEUU. En éste y en otros temas, como dijera Julián Castro, “parece que uno de nosotros ha aprendido de las lecciones del pasado y uno de nosotros no”.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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