OPINIÓN
¿Y los enfermos por el Río Santiago, cuándo?
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Jalisco tiene dos problemas muy graves que reclaman atención urgente: uno es el de los desaparecidos que durante el pasado año fueron contabilizados 2,100 personas que ya no regresaron a sus hogares y que muy posiblemente estén ya sin vida la mayor parte de ellos; y el segundo gran problema lo constituye la población que está en la ribera del río Santiago y que son aquejados, principalmente, por el cáncer y enfermedades renales.
El tema de los desaparecidos marca agenda, tanto que este fin de semana el gobernador volvió a descalificar el trabajo de los periodistas, como el del columnista de El Informador Rubén Martín, por poner el dedo en la llaga al subrayar con la enjundia y el valor que lo distingue la desaparición de 7 jóvenes y que por fortuna, hasta la información que teníamos la noche de este domingo, 5 de estos ya habían regresado a sus hogares, faltando dos aún y que quiera Dios vuelvan a sus casas.
Sobre el malestar del gobernador Alfaro podemos interpretar como un buen indicador el que se irrite con la denuncia y crítica periodística, lo que lo obliga a que el tema le ponga atención especial para cuando menos taparnos la boca a quienes tanto molestamos por la forma reiterativa como cincelamos estos sucesos que en un país con un gobierno de a deveras no pasan, cuando las instituciones y órganos de gobierno funcionan, países en los que no hay impunidad.
El otro gran tema son los enfermos por la contaminación del río Santiago, que es el asunto número uno en la agenda del gobernador que tine como bandera la refundación del Estado. Bien que Alfaro luche por rescatar el río Santiago, el río de la muerte. Bien que tenga un programa de obras de infraestructura cuyo avance mostró hace unos días cuando encabezó la macro excursión para que sus críticos de la prensa y autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) conocieran lo que están haciendo.
Sin embargo, queremos que ese temperamento del gobernador aflore con la misma enjundia para que se atienda el problema de salud que tienen cientos o miles de ribereños por la contaminación de este río que tantas muertes ha ocasionado y que provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga y exija atención urgente y extraordinaria en materia de salud que, por cierto, no se ve.
Sí, que se enoje Alfaro por las injusticias que las mafias del poder han hecho con los habitantes de estas zonas pobres; que se irrite con las autoridades anteriores y con los monigotes inútiles que están al frente de la Secretaría de Salud que tienen a Jalisco en el primer lugar por muertes de dengue e influenza.
Sí, que a ellos les grite y hasta, les hable directo y de frente, de que son unos inservibles que no sienten el dolor humano, que están picados por la ponzoña de la soberbia por ser parte del poder de la gran burocracia.
¿Por qué Alfaro no organiza una macro-excursión para que de viva voz los enfermos que genera la contaminación del río Santiago le relaten cómo son ignorados y cómo poco a poco se van muriendo por falta de atención médica adecuada?
“Todo lo que nos rodea está en un problema mayor, que se llama devastación y despojo socioambiental porque nos han quitado la tranquilidad, la sangre, la vida, el derecho de vivir donde queremos estar”, grita con impotencia la activista Graciela González Torres, quien forma parte de la asociación civil un Salto de Vida y que reclama esa agención urgente y extraordinaria.
ESTUDIO A CINCO AÑOS
En el marco de la macro-excursión el gobernador Enrique Alfaro al lado del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunció que la casa de estudios con sus investigadores realizará un estudio -otro más- para conocer las causas que han generado estas enfermedades en la población y que estará listo en cinco años, o sea, cuando el sexenio concluya, lo que hace pensar que estarían pateando el bote y que la UdeG se presta al juego perverso.
El gobernador Alfaro debe convocar a una macro-excursión exclusiva para ver el tema de salud y las enfermedades que sufre esta población del río Santiago y que le quite presupuesto a áreas superfluas de su gobierno para destinarlas a la atención de esta población en forma urgente como lo indica las Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, que el gobernador por este tema de contaminación y salud se pelee con el gobierno central y después, cuando haga las pases, lleve al Presidente López Obrador a esta zona y lo comprometa a que le entre el Gobierno Federal. Creo que ese pleito por la salud de esta gente jodida los jaliscienses se lo aplaudirían.
¡Qué se enoje el gobernador por el abandono y por el crimen que se ha cometido con estas familias y ese político de echado para adelante lo veamos defendiendo a los sin voz, a aquellos que no tienen dinero, medicinas ni servicios de salud para seguir viviendo!
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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