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OPINIÓN

Zapopis arriba

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Poco se comentó de que la Calificadora FITCH RATINGS emitió las 3 calificaciones anuales respecto de la evaluación crediticia y financiera del municipio de Zapopan, Jalisco con los siguientes resultados: Sube la calificación de largo plazo en escala nacional para pasar de “AA con perspectiva establea “ AAA con perspectiva estable”, siendo el más alto rango de calificación al que puede aspirar un gobierno municipal o estatal en México, contando con ésta calificación solo 4 Municipios de México (Puebla, Chihuahua, Corregidora y Zapopan).

Dicha calificadora resaltó los aspectos que llevaron a obtener el ascenso de calificación, tales como: a).- El alto índice de ingresos propios que representan el 43% del total de los ingresos operativos del Municipio. b).- Un control adecuado del crecimiento del gasto cumpliendo así con la Ley de Disciplina Financiera que exige un balance presupuestario sostenible. c).-El gasto de personal representa un moderado 48.1% del gasto total y su crecimiento está controlado. d).- Un nivel de endeudamiento bajo y sostenible con un servicio de la deuda de entre 2 y 4 veces a uno, con relación a los Ingresos operativos menos los gastos operativos, y apoyados con un swap de cobertura de tasa (al 6.60%) que mitiga la volatilidad del mercado. e).- Un nivel de liquidez disponible moderado aún sin la contratación de deuda adicional, con la posibilidad de contratar deuda de hasta el techo financiero máximo actual (846 millones) sin que la calificación actual se vea degradada. Además se confirma la Calificación Internacional deBBB con perspectiva estable” que equivale a un AAA Nacional, posicionando a dicho como municipio en grado de Inversión.

Esto habla de una excelente gestión operativa tanto interna como hacia la ciudadanía, no solo desde el punto de vista administrativo, también podemos afirmar sin lugar a dudas que es el mejor municipio de Jalisco en el tema de seguridad y su presidente municipal, contrario a lo que otros municipios y el Gobierno del Estado vienen realizando al ocultar homicidios dolosos y robos a casa habitación y de vehículos, los viene dando a conocer como parte de su estrategia de seguridad, ya que ocultarlos solo provoca rechazo de la ciudadanía y no permite enfrentar este grave problema adecuadamente. Es preferible un político honesto que reconoce lo que está pasando en su municipio a otros que dicen que “vamos muy bien” y maquillan las cifras.

Además Zapopan ya arrancó, un poco tarde, su integración al Sistema Anticorrupción, ya que ahora sí tiene, un órgano de control con facultades suficientes para evitar y prevenir la corrupción en todos los niveles en el municipio, lástima que se perdiera casi un año por la actitud protagónica de una regidora que solo desquició la implementación del modelo, tal y como lo había propuesto el Consejo Ciudadano de Control, órgano consultivo creado en Zapopan a instancias de Pablo Lemus que sí es escuchado no solo por el primer edil, sino que desde el jefe de gabinete hasta el flamante contralor están muy al pendiente de las opiniones del consejo.

Veamos ahora cómo operan la implementación del gobierno abierto, tema en el que también fue pionero este consejo en cuanto la propuesta de su implementación, veamos si la regidora florero, que afortunadamente quedó como suplente en su implementación, no afecta el proceso.

A nivel federal, las cifras en el tema de seguridad son alarmantes y podemos afirmar que estamos cerca de ser considerados un Estado fallido, además de estar cerca a la recesión económica, solo basta recordar el pésimo manejo desde su logística e implementación del erróneo operativo tendiente a detener un capo en Culiacán, en Michoacan 13 policías fueron asesinados cobardemente en una emboscada, y contrario a las justificaciones de todo tipo, el presidente Manuel Andrés López Obrador MALO, en el periodo en que ha gobernado lleva el penoso récord de inseguridad, ya que llevamos récord en homicidios dolorosos, en trata de personas, extorsión, secuestro y la venta de Protección para operar negocios, entre otros delitos, y su índice de crecimiento es exponencial.

La corrupción gubernamental y judicial va en aumento, y aunque en la Ciudad de México se realizó un excelente operativo entre las autoridades locales y la Marina, donde se decomisó cantidades industriales de droga y armamento, un corrupto juez federal los liberó con argumentos infantiles y contrarios a los utilizados días antes para que Rosario Robles continúe en prisión no obstante del principio penal de Presunción de Inocencia. Qué falta de congruencia.

La estrategia social impartida desde el púlpito por MALO pudiera ser la adecuada en un país con menor problemática de violencia, pero intentar prevenir una delincuencia que ya vimos perfectamente organizada, armada hasta los dientes y desatada, con recetas de largo plazo, en nada apoyan su disminución, una estrategia de “abrazos, no balazos” pudiera ser adecuada en el largo plazo, pero en el Inter, al no atacarlos, los cárteles se refuerzan y multiplican y cada día será más peligroso detenerlos.

El operativo de la Ciudad de México deja una gran experiencia, al estar bien organizado permitió el arresto de los delincuentes, y dentro de Tepito a pesar de su capacidad de fuego, túneles y apoyo social de todo el barrio hacia estos delincuentes, donde no se perdió una sola vida humana y no existió la necesidad de un solo disparo, situación que contrasta con el operativo improvisado de Culiacán operado por la Guardia Nacional sin la logística de la Marina, que tuvo un costo enorme en vidas humanas, económicas y de confianza hacia MALO aunque muchos lo nieguen. Esperemos el martes el informe del caso para ver cómo se justifican.

En Jalisco apoyemos a los jueces y magistrados que han interpuesto amparos contra la Reforma Judicial, el proteger situaciones laborales a las que ya tenían derecho no los convierte en delincuentes como lo ha señalado el gobernador. Lo mejor es que de seguro la justicia federal les otorgará sin duda alguna el Amparo.

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Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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Deportes

Edición 798: El drenaje profundo, un paso hacia el futuro en Guadalajara

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Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal

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JALISCO

Año de la Mujer Indígena: Promesas vs silencio en la Comunidad Indígena de Mezquitán

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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac 

Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.

En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.

Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.

Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.

Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?

UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS

El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.

Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.

Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.

Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.

Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.

Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.

Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.

Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.

Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.

Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.

No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.

Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.

MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER

La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.

Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.

Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.

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