Por Mario Ávila //

La realización de una obra de restauración con adoquín, de 1 mil 200 metros de la calle 5 de Mayo en el municipio de Concepción de Buenos Aires, en donde se invirtieron 1 millón 359 mil 024 pesos, fue una de las 145 acciones ejecutadas en el 2018 a través del Programa Federal 3×1, mediante el que los migrantes jaliscienses que viven en el extranjero, inyectan un capital semilla al que se suman aportaciones del Gobierno Federal y/o del Estado y el Municipio, en acciones de beneficio a sus comunidades de origen.

Este año, en la revisión de la obra se detectó en Concepción de Buenos Aires, uno de los municipios más pobres y pequeños de Jalisco, que la calle no se llama 5 de Mayo, sino 16 de Septiembre; que la calle no mide 1 mil 200 metros sino apenas llega a 379 metros y que la obra no se realizó con adoquín, sino con adoquín ahogado en piedra. Lo único que sí resultó cierto es el costo, ahí se gastó 1.3 millones de pesos.

Adilene Navarro Hernández, coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, quien ha emitido ya oficios de reintegro por 17 millones de pesos por acciones y errores detectados en las obras del Programa 3×1, expuso que Concepción de Buenos Aires es un ejemplo puntual del mal manejo de recursos público y privados en este tipo de programas.

“Aquí los errores son burdos y evidentes, aquí no se trata de una obra inconclusa, sino de una obra a la que se le inflaron los números para obtener más dinero, que hoy por cierto se tendrá que reintegrar; por cierto, a este municipio se le autorizaron 20 proyectos, de los cuales 8 están mal en el aspecto físico de la obra y todos están mal en el cumplimiento cabal de los expedientes”, planteó.

Y detalló: “También en Concepción de Buenos Aires, se autorizó la construcción de un aula didáctica, se invirtió 1 millón 307 mil 868 pesos, falta todo el material eléctrico, sólo está pintada la herrería, o sea, no tiene puertas, ventanas, solo, piso, ni el techo está recubierto”.

Lo peor del caso es que el municipio en cuestión, que cuenta con menos de 6 mil habitantes, es gobernado por el mismo alcalde en esta que en la pasada administración, es decir, José Guadalupe Buenrostro Martínez obtuvo la reelección y ahora tendrá que hacer frente a las irregularidades y tendrá que reembolsar el dinero mal manejado.

En el primer paquete de las obras revisadas al Programa 3×1 resultaron inconsistencias por 12 millones 273 mil 874 pesos, monto del que 3 millones 68 mil 468 pesos son recursos federales. Además de Concepción de Buenos Aires, los otros municipios con obras inconclusas son Sayula, Colotlán, Yahualica y Magdalena.

El Programa 3×1 Migrantes impulsa obras de infraestructura social con recursos provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los clubes u organizaciones de migrantes radicados en el extranjero, quienes participan también en la decisión de qué proyectos hacer y dónde se realizan.

En el 2018 se aprobaron 145 proyectos, de los cuales 127 son obras de infraestructura social, 8 son proyectos productivos de apoyo a la producción primaria, 7 son de obras de servicios comunitarios y 3 son becas educativas. En el año anterior, se atendió a un total de 26 municipios con la participación de 27 clubes de migrantes y en concreto 5 proyectos de infraestructura social fueron cancelados en el municipio de Tala. El monto ejercido por la Federación fue de 50 millones 295 mil 979 pesos en favor de 48 mil 250 beneficiados.

TIENEN QUE REINTEGRAR $17 MILLONES

Las revisiones se siguen dando y sobre la marcha se ha llegado a considerar que entre el 30 y el 40% de las obras no se concluyeron, lo que significa que tienen anomalías graves detectadas solo en la inspección física, mientras que entre el 80 y el 90% de las obras tienen problemas que tienen que ver con la información documental que no está completa. Pero en general de entrada ya se han girado oficios de reintegro a los gobiernos municipales por 17 millones 014 mil 844 pesos.

Al detallar los pormenores de lo realizado hasta el momento, Adilene Navarro Hernández expuso: “En general encontramos que todos los expedientes 2018 están abiertos, no se han cerrado porque aún falta mucha documentación porque los municipios que son los que ejecutan las obras no han completado la información”.

Un asunto grave -dijo-, es que nunca se supervisaron las obras, se les aprobaron los presupuestos, se les daba el dinero a los municipios y al final nunca se validó si las obras se hicieron de manera correcta o no. Es ahí cuando nosotros hemos decidido ir a supervisar estas obras que fueron las más recientes del 2018 y ahí fue cuando nos encontramos que había obras inconcusas, obras mal hechas, unas que eran totalmente diferentes a las que se habían autorizado en su momento. Cada una tiene detalles en lo específico, pero en general es eso, demasiadas anomalías tanto en las obras en físico como en la documentación comprobatoria de cada una.

Se entrega un recurso -abundó-, para ejecutarse en el 2018 y se impuso como fecha el 30 de noviembre para concluir la realización de las obras, así como para comprobar y completar la documentación.

El programa 3 x 1 está dirigido a los clubes de migrantes de cualquier parte del mundo, aunque en este caso se atendió solo a los que radican en diversas regiones de Estados Unidos. Ellos deciden ingresar en algún proyecto, participar en la convocatoria y benefician a su comunidad.

Los migrantes deciden las obras a realizar en su municipio y si se les aprueba el proyecto, ellos ponen una parte, el municipio pone otro tanto, el Estado la cuarta parte y la Federación el 25% restante para completar el valor de la obra. Es decir, a cada peso se le suman tres pesos aportados por los tres niveles de gobierno. Esto significa que los 50 millones se convirtieron en 200 ya poniendo su parte todos los involucrados. Sin embargo, hay casos en los que no se alcanzan los 25% y se convierten en 33% ya que la regla dice que las aportaciones son del migrante, la federación y/o el municipio y el Estado.

La bolsa se decide en la Federación es general para todo el país y con detales para el Estado y municipios que tienen prioridad. En el 2018 se le aprobaron a Jalisco 50 millones de pesos para 145 proyectos, la mayoría para acciones de obra pública, ya que también hay posibilidad de invertir en proyectos productivos que vaya a una empresa, taller, negocio para dar empleo a la misma comunidad.

GRAVE RETRASO EN LA INVERSIÓN DEL 2019

En este programa, recordó Adilene Navarro, el capital semilla es el del migrante y una vez aprobado, ellos son los que primero depositan. Por cierto, el eslabón de la cadena que atora más, es que el ejecutor de todos los proyectos es el municipio y es quien hace la licitación, contrata a las empresas, supervisa las obras, entrega finamente los resultados y presenta toda la documentación comprobatoria.

“La complicación radica en el hecho de que la mayor parte de estas acciones van dirigidas a los municipios pequeños, que son los que tienen mayores necesidades, pero que a la vez son los que no tienen la capacidad administrativa y operativa, ni cuentan con el personal suficiente para llevar a cabo todo el proceso y el trámite al que están obligados a cumplir”, planteó la funcionaria federal.

Por Diego Morales //

Gracias al trabajo y esfuerzo de años, en un hecho sin precedentes, durante el pasado periodo vacacional de diciembre-enero, Jalisco registró cero muertes relacionadas a la combinación de alcohol con volante, hecho que resaltó Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte, quien entregó un reconocimiento a cada una de las 253 policías viales que han sido parte del operativo Salvando Vidas.

Para Monraz Villaseñor, quienes están en la parte del gobierno tienen claras sus atribuciones así como sus obligaciones, no obstante, manifestó que no hay satisfacción mayor en el servicio público que salvar una vida, como ocurrió durante el periodo vacacional navideño.

“Si eso lo tenemos todos claro, lo ponemos hasta arriba de la pirámide de motivaciones en el servicio público, lo demás como sea lo iremos resolviendo. Pero la pérdida de una vida humana no se resuelve, esa se pierde. Si podemos nosotros con nuestro granito de arena, con alguna acción en conjunto participar para salvar una sola vida ya habrá valido la pena pasar por el servicio público”.

El registrar cero muertes provocados por alcohol es un hecho sin precedentes, lo cual exige que este índice se mantenga en los próximos meses, pues a pesar de que se puede celebrar el acontecimiento, aún queda mucho camino por delante en el tema de víctimas.

“Es un hecho sin precedente, que no se puede dejar pasar por alto, porque al mismo tiempo que estamos convencidos que la agenda de seguridad vial sigue en construcción, sigue siendo una tarea pendiente, un área de alta oportunidad y una obligación sobre un objetivo no cumplido, hoy sí tenemos un acontecimiento fuera de lo normal, que en nuestro país es un hecho histórico, haber pasado una temporada, la más alta de riesgo en accidentalidad relacionada con alcohol y volante con cero víctimas fatales”.

Subrayó: “Este acontecimiento no es cualquier cosa, es un trabajo de muchos años, veo muchas caras conocidas de hace 10 años, que soñaban, levantaban la voz, promovían, se capacitaban para un día estar dando un anuncio así como este. Son sentimientos encontrados, dejamos registro de una acontecimiento importante, pero dejamos en claro que el tema no está resuelto, falta mucho para sentirnos verdaderamente satisfechos ante una problemática que quienes hemos estado cerca lo sabemos”.

A la vez, Diego Monraz resaltó el esfuerzo de las organizaciones civiles y los ciudadanos que se han sumado a la agenda, pues se requiere valor, sensibilidad, tiempo y vocación que se ve reflejada en los resultados exitosos como el recién logrado.

UN GRAN LOGRO

Por su gran labor, a Alma Chávez Guth, presidenta de Víctimas de Violencia Vial A.C, se le otorgó un reconocimiento, por su lucha, al ser pionera en la búsqueda de políticas públicas que bajen los índices de siniestralidad. Agradecida con esto, la luchadora social expresó que más allá de celebrar cifras, se debe celebrar que ninguna familia tuvo que sufrir la pérdida de un ser querido.

“Este reconocimiento me llena de satisfacción pero a la vez no nos devuelve a Marisol, que murió a los 20 años de edad en 2005 víctima de un conductor ebrio. Marisol falleció y nos dejó a toda la familia con mucho dolor, mucha tristeza, mucha ira, mucha decepción, pero inmediatamente actuamos, empezamos a querer transformar esto, con algoritmos de datos, con la publicación de qué pasa, la lucha de una familia que no podía quedarse con este dolor y no podíamos vivir con esto que nos estaba matando. Nos dimos cuenta que no éramos los únicos, había más jaliscienses viviendo lo mismo, en esa época eran mil 500 personas aproximadamente”.

Al hacer un recuento de las experiencias que se han vivido durante más de 10 años desde la creación de los operativos de alcoholimetría, Chávez Guth recuerda a Diego Monraz como parte importante para que esto se lograra, desde su primer paso por la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte.

“Cuando nos acercamos a proponerle al secretario los esfuerzos para crear una especie de visores ciudadanos, él fue el primero que escuchó la iniciativa de estas asociaciones civiles de víctimas, nos invitó a participar en el operativo radar, con las volantas que se hacían al inicio, que cuando vimos la primera estadística que empezaba a bajar, nos dimos un abrazo, porque no eran números, eran seres humanos, familias que ya no iban a sufrir. El escuchar a las víctimas de parte del secretario es valioso y siempre estaré eternamente agradecida”.

También, Alma Chávez reconoció públicamente a personas que fueron importantes en la implementación del operativo, quienes con su esfuerzo y dedicación fueron importantes para lograr que durante este último periodo vacacional no se tenga registro de muertes por alcohol.

“La doctora Rocío Morquecho, que era coordinadora del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, ella nos abrió las puertas, en un trabajo en conjunto pudimos construir foros ciudadanos en el legislativo, que generaron la política pública de bajar el alcohol en sangre para tener un operativo salvando vidas como el que tenemos actualmente. También a Erika Gutiérrez, la comandante, que aparte de ser miembro de nuestra asociación porque su bebé y hermano fallecieron por culpa de un conductor ebrio en carretera, con su dolor entró al operativo, fue la primera generación, se sumó y ha sido una gran aliada. También reconozco públicamente a Martha Venegas, nos conocimos en las lágrimas, Ricky y Marisol nos juntaron, para hacer algo, para que otras madres no sufrieran lo que estábamos sufriendo nosotros”.

Aprovechando la presencia de los medios de comunicación, Chávez Guth hizo la petición para que el Operativo Salvando Vidas regrese en su operación a la Secretaría de Transporte, para que se siga fortaleciendo lo que se ha venido creando desde hace más de 10 años.

“Quisiera pedir que el operativo Salvando Vidas regrese a la Secretaría de Transporte en su operación, porque ahorita como está en el área de seguridad pública quizá se pierdan un poquito el beneficio, los protocolos y el fin con el que fue creado. No está mal que esté en el área de seguridad, pero si la Secretaría de Transporte tuviera mayor injerencia en el mismo, creo que no veríamos esos vídeos circulando en redes sociales. Podemos no perder todo lo que tenemos construyendo hace más de 10 años, que ha mostrado ser una política pública eficaz”.

Sin más, felicitó a cada una de las policía viales que con su trabajo y compromiso han permitido que este operativo sea el más exitoso en Latinoamérica, esperando no se baje el ritmo y puedan seguirse dando los resultados exitosos.

“A nombre de mi familia, de Marisol, de todas las víctimas, estoy muy agradecida, vamos a seguir salvando vidas, esta cifra no puede revertirse porque son seres humanos que sufren, vamos trabajando mucho en la gobernanza. Estoy agradecida de estar aquí, de seguir construyendo y salvando muchas vidas. Felicito a las policías viales, me siento orgullosa de que mujeres tan comprometidas estén en el operativo”, puntualizó.

Por Raúl Cantú //

-LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE JALISCO

¿Qué hará el Gobierno de Jalisco para enfrentar esta problemática de violencia contra las mujeres que le hace crisis y que se sale de control?

En un comunicado el Gobierno del Estado que encabeza Enrique Alfaro expresó su solidaridad con todas las mujeres, así como en diferentes sectores de la sociedad por los hechos ocurridos el pasado jueves 25 de abril a las afueras de Casa Jalisco, donde un hombre asesinó a Vanesa Gaytán Ochoa, y quien posteriormente perdió la vida a manos de un servidor público que se encontraba en el lugar.

Somos conscientes de que este acto no puede quedar simplemente como un llamado de atención, sino que debe sacudir de raíz la forma en la que se viene trabajando en todos los niveles de gobierno para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres en la entidad y que la problemática que estamos abordando tiene un componente estructural que tiene que ser abordado con la misma fuerza.

Hay mucho trabajo por hacer en la manera en cómo se aplican los protocolos de atención cuando una mujer acude ante la autoridad a denunciar actos de violencia por parte de su pareja o cualquier otro hombre como fue el caso de Vanessa, entendemos que las medidas de protección que se implementan en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno no están dando los resultados que se esperan.

LAS ACCIONES INMEDIATAS QUE LLEVARÁN A CABO 

1.- Toda la información relacionada con violencia de género deberá actualizarse diariamente en el Centro de Justicia para Mujeres de Fiscalía, registrándose cuidadosamente las medidas dictadas, quién las dictó, a quién se dirigieron y su circunstancia, y una evaluación preliminar del grado de riesgo.

2.- Cada comisaría municipal nombrará -si aún no lo ha hecho- a un responsable del área, quién será a su vez enlace con Fiscalía para seguimiento, calibración y mejoras permanentes en materia de medidas de protección. Se solicitará este apoyo a todos los municipios de la entidad.

3.- Se instala una mesa de trabajo permanente, la cual deberá sesionar al menos una vez por semana integrada por la Coordinación de Seguridad, Fiscalía, Secretaría de Igualdad y las Comisarías de los 9 municipios de Área Metropolitana de Guadalajara. Con aportaciones de todos los participantes, vinculatorio tanto para Fiscalía como para las Comisarías.  Se intercambiará información sobre buenas prácticas y experiencias y se dará seguimiento a las medidas en vigor.

4.- La fiscalía preparará una iniciativa de Ley para efecto de que se lleven a cabo las reformas necesarias a fin de modificar el código nacional de procedimientos penales con la intención de que se considere delito el incumplimiento de medidas de protección.

ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO:

1.- Se propone crear grupos o comisarías especializadas por municipio para atender a las mujeres con base a los protocolos de atención internacionales y el seguimiento a las órdenes de protección emitidas.

2.- Se evaluará la metodología actual para medir el nivel de riesgo de la víctima y en base en ello proponer mejoras a la herramienta homologada para todas las comisarías y fiscalía.

3.- Implementación de medidas de notificación al presunto agresor con obligatoriedad de que acudan a CECOVIM a partir de la denuncia (anteriormente se enviaba hasta que se dictaba sentencia).

4.- Formulación de Protocolos homologados de emisión, aplicación y seguimiento.

5.- Software para el registro único de órdenes de protección con semaforización de riesgo y notificación a todas las policías involucradas.

6.-  Profesionalización a cuerpos especializados de comisarias para dar respuesta a los protocolos internacionales en emisión, aplicación y seguimiento y capacitación en los 125 municipios e instancias de gobierno estatal para atención de primer contacto a mujeres víctimas a través de directorios de estancias especializadas, contención, ruta de denuncia y canalización efectiva.

7.- Seguimiento a la víctima a través de instituciones estatales y municipales con acompañamiento de trabajo social y psicológico a ellas y sus familias para su fortalecimiento integral, con independencia de su proceso penal.

8.- Implementación de herramientas tecnológicas para seguimiento de víctimas y agresores.