JALISCO
El error de octubre
Por Iván Arrazola
Todos los gobiernos enfrentan crisis. Algunas son producto de circunstancias extraordinarias; otras responden a problemas estructurales que se acumulan durante años, y muchas más se agravan por la incapacidad de las autoridades para anticiparse y actuar oportunamente. La crisis del agua contaminada en la ZMG parece reunir estos últimos elementos.
Lo que comenzó como una serie de quejas ciudadanas por la mala calidad del agua que llegaba a los hogares terminó convirtiéndose en un problema de grandes dimensiones, que ha obligado al Gobierno de Jalisco a adoptar una de las medidas más impopulares en la prestación de los servicios públicos: restringir temporalmente el suministro de agua.
La explicación del gobernador Pablo Lemus ha sido que durante más de cuatro décadas no se realizaron las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura de potabilización. De acuerdo con su diagnóstico, las administraciones anteriores concentraron sus esfuerzos en incrementar las fuentes de abastecimiento, pero descuidaron la capacidad del sistema para tratar el agua antes de distribuirla a la población. En otras palabras, se invirtió en conseguir más agua, pero no necesariamente en garantizar que llegara en condiciones adecuadas para su consumo.
El argumento permite comprender una parte importante del problema. Sin embargo, también plantea una contradicción que merece analizarse: si las deficiencias en la infraestructura eran conocidas desde hace décadas, ¿por qué fue necesario esperar hasta que la crisis alcanzara estas dimensiones para adoptar medidas extraordinarias? La antigüedad del problema explica sus causas estructurales, pero no necesariamente justifica la tardanza en atender sus consecuencias.
El gobernador ha reconocido públicamente que le corresponde resolver la situación y ha anunciado inversiones para modernizar y ampliar la Planta Potabilizadora número uno, con un costo estimado de 7 mil 500 millones de pesos. También ha planteado la necesidad de intervenir el sistema de abastecimiento proveniente del lago de Chapala, del cual depende una proporción considerable del agua que consume la metrópoli. Estas obras forman parte de una estrategia que busca corregir las deficiencias acumuladas y fortalecer la infraestructura hidráulica para los próximos años.
No obstante, la dimensión de las inversiones anunciadas también obliga a formular otra pregunta: ¿se trata de una estrategia de planeación que ya estaba prevista o de una respuesta acelerada por el agravamiento de las condiciones del suministro? La diferencia no es menor. Una administración puede enfrentar problemas heredados y, al mismo tiempo, ser responsable de no haber identificado oportunamente el momento en que esos problemas comenzaron a convertirse en una amenaza para la población.
Precisamente ahí se encuentra uno de los principales cuestionamientos a la actuación gubernamental. Si existían reportes ciudadanos, diagnósticos institucionales y antecedentes sobre las deficiencias del sistema, ¿por qué no se implementaron medidas preventivas de mayor alcance? ¿Se pudieron realizar intervenciones anticipadas en las plantas potabilizadoras? ¿Era posible modificar temporalmente la operación de determinadas fuentes de abastecimiento, incluida la infraestructura relacionada con Las Pintas, para evitar que el problema continuara extendiéndose? ¿Se evaluaron oportunamente alternativas de suministro mientras se atendían las fallas?
En este contexto, la crisis también exhibe las limitaciones de la coordinación intergubernamental. Las grandes obras hidráulicas requieren inversiones que difícilmente pueden asumir por sí solas las administraciones locales, además de acuerdos técnicos, presupuestales y políticos que trascienden los periodos de gobierno. Sin embargo, cuando estos acuerdos no se concretan o se retrasan, sus consecuencias terminan trasladándose a la población. El debate deja entonces de concentrarse exclusivamente en la disponibilidad de recursos y se extiende hacia la capacidad de los distintos órdenes de gobierno para construir soluciones compartidas.
La declaración de Lemus de que su antecesor, Enrique Alfaro, no le había advertido sobre problemas de esta naturaleza en el sistema de abastecimiento también merece atención. La planeación de los servicios públicos no debería depender exclusivamente de las conversaciones entre gobernantes. Para ello existen organismos operadores, diagnósticos técnicos, programas de inversión, evaluaciones de riesgo y mecanismos institucionales que tendrían que garantizar la continuidad de la información.
Si una deficiencia de semejante magnitud no fue identificada durante la transición gubernamental, el problema no solamente estaría relacionado con la infraestructura hidráulica, sino también con los mecanismos de seguimiento y planeación de la administración pública.
La capacidad de respuesta de un gobierno no debería medirse únicamente por la rapidez con la que anuncia soluciones cuando estalla una crisis, sino también por su habilidad para evitar que situaciones previsibles alcancen niveles críticos.
En última instancia, el mayor riesgo político para la administración de Pablo Lemus no radica exclusivamente en enfrentar una crisis que tiene antecedentes de varias décadas, sino en que la ciudadanía perciba que las autoridades reaccionaron cuando las alternativas ya eran limitadas.
La diferencia entre gobernar una crisis y administrar sus consecuencias se encuentra precisamente en la anticipación. Y esa es la pregunta que permanece abierta en Jalisco: ¿la crisis del agua era inevitable o el verdadero error fue haber actuado demasiado tarde?
