OPINIÓN
Menos pobreza, más desprotección
Opinión, por Iván Arrazola:
México enfrenta una contradicción difícil de ignorar. Mientras los organismos internacionales reconocen avances importantes en la reducción de la pobreza, otros indicadores muestran las dificultades que enfrenta el país para garantizar derechos básicos, particularmente el acceso a la salud. Millones de mexicanos han mejorado sus ingresos, pero una enfermedad puede ser suficiente para comprometer el patrimonio de una familia y devolverla a condiciones de vulnerabilidad.
Las estimaciones del Banco Mundial muestran que entre 2018 y 2026 alrededor de 17.3 millones de personas habrían salido de la pobreza. La población que vive por debajo de la línea internacional de 8.30 dólares diarios, ajustados por paridad de poder adquisitivo, habría pasado de 43.9 a 26.6 millones de personas. En términos porcentuales, esto representa una disminución del 35.3% al 20% de la población. La cifra correspondiente a 2026 es todavía una proyección.
La magnitud del avance adquiere mayor relevancia cuando se observa el comportamiento de América Latina. De acuerdo con cifras de la CEPAL difundidas por el Gobierno mexicano, entre 2023 y 2024 la pobreza regional disminuyó en aproximadamente 12 millones de personas, de cuya reducción México habría aportado cerca del 60%. Estos resultados permiten reconocer la importancia que han tenido la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las transferencias sociales en el mejoramiento de las condiciones económicas de los hogares.
Aunque los avances son significativos, también plantean una pregunta sobre los alcances de la política social: ¿hasta qué punto la reducción de la pobreza se ha traducido en mejores condiciones de bienestar? Superar un determinado nivel de ingresos no significa necesariamente contar con servicios públicos de calidad. Una familia puede dejar de ser considerada pobre y continuar enfrentando dificultades para recibir atención médica, comprar medicamentos o cubrir los gastos de una enfermedad.
Esta distancia entre la mejoría de los ingresos y el acceso efectivo a los derechos sociales adquiere una dimensión especialmente preocupante cuando se revisan los hallazgos del informe Salud quebrada, presentado por El Colegio de México. El estudio documenta las deficiencias de un sistema de salud que durante años ha enfrentado problemas de financiamiento, desigualdad en la atención y reformas que no han conseguido resolver sus problemas estructurales.
Los datos permiten dimensionar el problema. México destina apenas el 2.8% de su producto interno bruto (PIB) al gasto público en salud, menos de la mitad del 6% que se plantea como referencia para avanzar hacia una cobertura universal. A esta insuficiencia de recursos se suma una elevada mortalidad evitable, con más de 400 fallecimientos por cada 100 mil habitantes. Se trata de muertes que podrían prevenirse mediante políticas de salud pública o evitarse con diagnósticos y tratamientos oportunos.
Las comparaciones internacionales refuerzan este diagnóstico. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México dispone de 2.7 médicos por cada mil habitantes, frente a los 3.9 del promedio de los países miembros. En personal de enfermería, la distancia es todavía mayor: tres profesionales por cada mil habitantes, frente a 9.2. La disponibilidad de camas hospitalarias también muestra un rezago importante, con apenas una por cada mil habitantes, cuando el promedio de la organización alcanza 4.2.
Estas diferencias no son únicamente estadísticas. Se reflejan en las largas esperas para conseguir una consulta especializada, en los pacientes que deben comprar medicamentos y en las familias que recurren a servicios privados ante la falta de atención oportuna. La insuficiencia de recursos e infraestructura termina trasladando parte de los costos de la atención médica a los propios hogares.
La OCDE estima que más de una tercera parte del gasto total en salud en México es financiada directamente por las familias, mientras que, en el promedio de los países miembros, esta proporción es inferior a una quinta parte. Esto significa que una enfermedad puede absorber una parte considerable de los ingresos familiares, generar endeudamiento y poner en riesgo los avances económicos alcanzados.
Durante los últimos años se han conseguido avances importantes en la recuperación de los ingresos, mientras que el fortalecimiento de los servicios públicos ha enfrentado mayores dificultades. Las transferencias económicas y los incrementos salariales contribuyen a mejorar las condiciones materiales de la población, pero sus beneficios pueden verse limitados cuando las familias deben destinar una parte importante de sus recursos a cubrir necesidades que deberían atenderse mediante servicios públicos.
La reducción de la pobreza constituye un avance que debe reconocerse. El cuestionamiento no está en los resultados, sino en la capacidad de convertir esa mejoría económica en condiciones de bienestar duraderas. Una política social no puede evaluarse exclusivamente por el número de personas que superan una línea de ingresos; también debe considerar qué tan protegidas se encuentran frente a situaciones que pueden devolverlas a la pobreza.
El desafío para México consiste en complementar las políticas de recuperación salarial y transferencias sociales con el fortalecimiento de las instituciones públicas, particularmente del sistema de salud.


