Por Luis Enrique Villanueva Gómez //

Una de las más importantes y urgentes asignaturas que tiene el estado de Jalisco es la modernización de las formas y procesos de impartición y seguimiento de la justicia en todas las materias que le competen.

La pandemia en que aún transitamos trajo a Jalisco, además del contagio y la lamentable pérdidas de vidas, también la exhibición y confirmación de una contundente y dolorosa verdad: la impartición de justicia está sumida en un mar de obsolescencias que cual arenas movedizas la hunden cada día más.

El uso del papel y el contacto personal obligado siguen siendo los pilares no solo de su lento y tortuoso funcionamiento sino también las fuentes, que parecen inagotables e inamovibles, de las conductas irregulares que fundadamente se le atribuyen.

Así lo advierte el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, presidente de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en un análisis de comparte con los lectores de Conciencia Pública.

UN PODER EN SUSPENSO

La suspensión de términos decretada por los correspondientes órganos de gobierno de las instituciones del Poder Judicial, pusieron en evidencia que la jurisdicción en Jalisco no sabe ni le ha interesado la utilización de las tecnologías de la información para modernizar, agilizar y facilitar el acceso al servicio público de justicia.

Durante la emergencia sanitaria la maquinaria judicial pudo emitir apenas un ligero suspiro al exhortar a los litigantes para que registraran sus correos electrónicos y poder así notificarles autos y resoluciones sin necesidad de hacerlo presencialmente en aquellos casos en que la norma lo permite, esfuerzo que si bien es plausible también debe contextualizarse adecuadamente en especial cuando lo que se requiere es un profundo cambio en la cultura de la justicia y la implementación de un auténtico sistema integral de justicia digital que, dadas sus dimensiones, es de muy largo y superior aliento.

DOS DÉCADAS DE ATRASO

Y es que desde hace más de dos décadas el Poder Judicial ha dejado en el olvido la modernización de sus procesos y la correspondiente sistematización necesarias para guardar congruencia con el desarrollo de las tecnologías, ha ignorado la lacerante realidad social y el impulso normativo regional que nos ha rebasado fácilmente dejándonos en lejanos lugares en el concierto nacional, muy distante de la tradición jurídica que la distingue y de la importancia económica de la entidad.

En efecto, de acuerdo con datos del INEGI de 2019, casi la mitad de la población tiene acceso a una computadora, de ellos el 76 por ciento puede conectarse a internet, siendo en su mayoría adultos entre los 18 y 45 años quienes lo hacen, cifras que se han venido incrementando sin descanso en la última década y cuya tendencia permite suponer que en corto tiempo podremos alcanzar los niveles de otros países como Corea del Norte con el 96 por ciento de su población usando internet o Reino Unido con casi el 95 por ciento.

Por otra parte, el Gobierno Federal en 2012 puso en marcha la Estrategia Nacional Digital, un programa ambicioso que buscaba insertar al país en un nuevo y avanzado estadío a partir de cinco ejes principales: el gobierno abierto y mejora regulatoria; la banca en línea; educación de calidad; salud universal; y, seguridad ciudadana en sus dos vertientes de prevención del delito y protección civil. Con sus buenos efectos, el programa fue replicado en algunas entidades federativas desarrollando la automatización, digitalización y homologación de trámites y servicios en programas como innovación gubernamental o la firma electrónica, simplificando así requisitos y documentos que no fuesen indispensables para favorecer la expedites, la eficacia y la transparencia del servicio público.

Así fue que el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprovechando experiencias previas lograron implementar de mejor manera los juicios en línea, reforzando su equipamiento y capacitación tanto en el uso y desarrollo de herramientas y sistemas, su aplicación en la presentación de demandas, recursos y promociones en línea y la revisión y consulta de expedientes digitales. En el interior del país el Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Colima y la Ciudad de México han avanzado y llevan la delantera en la implementación de sistemas de justicia digital en material mercantil, familiar y penal con herramientas como la firma electrónica judicial, el desahogo de pruebas con telepresencia y el desarrollo de aplicaciones móviles para seguimiento a procesos judiciales, realizar promociones y ser notificados en tiempo real.

LA TENDENCIA ES LA MODERNIZACIÓN

La tendencia entonces es a la modernización de los sistemas y procesos judiciales en atención a las previsiones que al efecto contiene la legislación vigente como lo es la Constitución federal que en su artículo sexto reconoce al acceso a la información como un derecho fundamental en consonancia con el séptimo respecto a la libertar de difusión de la información, los artículos 14 y 16 en lo relacionado al debido proceso y el artículo 25 en cuanto a que las autoridades implementarán medidas y políticas públicas de mejora regulatoria, trámites y servicios con el objeto de propiciar la competitividad y el desarrollo económico de la nación.

A la par, la Constitución estatal también contempla esos derechos y el marco normativo los aterriza entre otras en la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus municipios, aprobada en septiembre de 2013, o la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco, sancionada en 2018 y desde luego la Ley Orgánica del Poder Judicial y los correspondientes reglamentos.

MARGINADO DE AVANCES TECNOLÓGICOS

En otras palabras, el marco normativo ha ido lentamente impulsando la utilización de las tecnologías en las actividades y servicios de la administración pública, sin embargo, ni aún con el pausado impulso legal, el Poder Judicial se ha interesado en aprovechar las bondades y ventajas de los avances tecnológicos y por tanto tampoco ha promovido las reformas complementarias necesarias para ajustar cabalmente en la norma local la sistematización de sus procesos en expedientes electrónicos y juicios en línea.

Ante ese panorama, lo que también deja en claro la pandemia es que el Poder Judicial requiere a gritos la participación de los operadores del derecho, los sectores productivos y en general de la sociedad en su conjunto en cada uno de los procesos judiciales, aportando sugerencias y mejoras y supervisando su ejecución y sanción, sin influir desde luego en la independencia y autonomía de sus resoluciones, para lo cual deben aprovecharse las herramientas y medios que lo permitan y lo promuevan.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) considera como uno de sus programas el transito inmediato de los procesos jurisdiccionales a una nueva era de justicia digital, al tiempo que estudia y analiza la incorporación a futuro incluso de la inteligencia artificial en sus labores, en un círculo virtuoso de mejora permanente.

DAR ENTRADA A GOBERNANZA ELECTRÓNICA

Entendemos a la informática como el tratamiento sistemático de la información y del saber humano para la comunicación técnica, económica y social, es decir, creemos que la aplicación racional y organizada de la información aporta para la solución de los problemas sociales.

La gobernanza electrónica en consecuencia, implica el análisis técnico de la información a partir de una nueva relación entre los ciudadanos y sus instituciones para su aplicación en la impartición de justicia.

Pensamos que la gobernanza electrónica es sinónimo de desarrollo sostenible y de participación social en el proceso de creación de valor público porque aumenta la capacidad de la administración pública, permite la participación ciudadana en procesos inclusivos, genera el consentimiento público informado, otorga legitimidad a las instituciones y mejora la eficacia y agilidad de la impartición de justicia mediante mecanismos modernos y transparentes.

Estoy convencido que las funciones del Estado y una tan sensible como lo es la administración e impartición de justicia, deben contar con los mecanismos suficientes para adecuarse a las necesidades de una sociedad cada vez más informada, más demandante, más intercomunicada e interactuar invariablemente con los ciudadanos para su mejora continua, por ello en los tiempos actuales y especialmente frente a necesidades de carácter extraordinario debemos ser capaces de ajustarnos a las nuevas normalidades, para emprender acciones inmediatas con amplia cobertura y alto impacto a partir de la automatización de procesos jurisdiccionales en las materias competentes, abatiendo el marcado rezago en innovación tecnológica, lo cual implica de inicio la transición de los tradicionales sistemas de consulta hacía los modelos de expediente virtual, tribunales electrónicos y tribunales inteligentes.

UN MODELO CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Es necesario un modelo de planeación estratégica que, a partir de un detallado diagnóstico, establezca las prioridades en la implementación de los programas piloto para la justicia en línea, donde para la definición del tipo, volumen y elementos innovadores del equipamiento de la infraestructura participen además de la ciudadanía, los jueces, magistrados, consejeros y mediadores, así como los demás poderes para allegar el presupuesto necesario y obligado para los demás procesos de digitalización y promover además las iniciativas correspondientes para crear un marco jurídico regulado que garantice su funcionamiento a través de modelos digitales focalizados y diferenciados por materia, por región y por instancia judicial.

Sin duda la adopción de las tecnologías de la Información en la impartición de justicia, como en cualquier otra área gubernamental, conllevan una inversión cuantiosa que presupone como ya se adelantó, el equipamiento y la creación de una infraestructura robusta que garantice la seguridad de los datos que se transmiten en cada tipo de interacción entre el ciudadano y el sector gubernamental.

No se puede desconocer los riesgos que la implementación de las tecnologías de la información representan para la gestión documental y de datos personales de forma electrónica, por tal razón es que debe plantearse una estrategia integral de seguridad informática a la par de la implementación de medios digitales para la administración de los servicios de justicia, porque cualquier agresión cibernética traería consecuencias catastróficas en cualquier área de la gestión judicial, no sólo por la importancia, validez y confidencialidad de la información, sino además por la vulneración de derechos fundamentales que significaría en la esfera de la vida, libertad, patrimonio y demás derechos de los justiciables.

Recapitulando, es inevitable reconocer que actualmente la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de administrar justicia en Jalisco, no ha sido oportuna, suficiente ni adecuada, considerando la creciente, diversificada y dinámica demanda de justicia incluyente, imparcial, expedita, armonizada y con una visión global de la nueva división internacional del trabajo, que además ofrezca respuestas pertinentes ante crisis como las que actualmente enfrentamos, que cuente con estándares de seguridad informática para garantizar el manejo, clasificación y protección de la información que se genera en los juzgados, tribunales y demás responsables de la impartición de justicia.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) propone una estrategia inaplazable para replantear las formas y modalidades de administrar justicia en Jalisco, aplicando acciones de innovación sectorizadas y planeando racional y estratégicamente la implementación de muy diversos aplicativos informáticos ya presentes en la vida de las personas, para que de manera natural sean también instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y gobernados, así como entre tribunales y justiciables.

Mediante programas estratégicos, la implementación sistemática de la justicia digital puede ser una realidad, modernizando el equipamiento y contando con el suficiente para reunir y procesar la vasta demanda de administración de información que implica, armonizando y completando la precaria legislación existente en las diversas materias, actualizando los procesos judiciales y ajustándolos gradualmente al uso de las tecnologías de la información, contando con el presupuesto necesario y principalmente con el involucramiento de la ciudadanía en cada uno de los procedimientos y en el seguimiento de su sanción y ejecución.

Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Jalisco es una tarea y responsabilidad de todas y todos, pero somos quienes formamos parte de sus operadores del derecho quienes debemos comenzar el proceso, nunca será suficiente cualquier presupuesto cuando no exista la voluntad para iniciar el cambio transicional urgente y necesario.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) que propongo está diseñado para procesar todas las participaciones posibles, sumemos esfuerzos y démosle a Jalisco la justicia de calidad que merece.