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JALISCO

Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva: La nueva normalidad y administración de justicia en Jalisco

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Por Luis Enrique Villanueva Gómez //

Una de las más importantes y urgentes asignaturas que tiene el estado de Jalisco es la modernización de las formas y procesos de impartición y seguimiento de la justicia en todas las materias que le competen.

La pandemia en que aún transitamos trajo a Jalisco, además del contagio y la lamentable pérdidas de vidas, también la exhibición y confirmación de una contundente y dolorosa verdad: la impartición de justicia está sumida en un mar de obsolescencias que cual arenas movedizas la hunden cada día más.

El uso del papel y el contacto personal obligado siguen siendo los pilares no solo de su lento y tortuoso funcionamiento sino también las fuentes, que parecen inagotables e inamovibles, de las conductas irregulares que fundadamente se le atribuyen.

Así lo advierte el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, presidente de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en un análisis de comparte con los lectores de Conciencia Pública.

UN PODER EN SUSPENSO

La suspensión de términos decretada por los correspondientes órganos de gobierno de las instituciones del Poder Judicial, pusieron en evidencia que la jurisdicción en Jalisco no sabe ni le ha interesado la utilización de las tecnologías de la información para modernizar, agilizar y facilitar el acceso al servicio público de justicia.

Durante la emergencia sanitaria la maquinaria judicial pudo emitir apenas un ligero suspiro al exhortar a los litigantes para que registraran sus correos electrónicos y poder así notificarles autos y resoluciones sin necesidad de hacerlo presencialmente en aquellos casos en que la norma lo permite, esfuerzo que si bien es plausible también debe contextualizarse adecuadamente en especial cuando lo que se requiere es un profundo cambio en la cultura de la justicia y la implementación de un auténtico sistema integral de justicia digital que, dadas sus dimensiones, es de muy largo y superior aliento.

DOS DÉCADAS DE ATRASO

Y es que desde hace más de dos décadas el Poder Judicial ha dejado en el olvido la modernización de sus procesos y la correspondiente sistematización necesarias para guardar congruencia con el desarrollo de las tecnologías, ha ignorado la lacerante realidad social y el impulso normativo regional que nos ha rebasado fácilmente dejándonos en lejanos lugares en el concierto nacional, muy distante de la tradición jurídica que la distingue y de la importancia económica de la entidad.

En efecto, de acuerdo con datos del INEGI de 2019, casi la mitad de la población tiene acceso a una computadora, de ellos el 76 por ciento puede conectarse a internet, siendo en su mayoría adultos entre los 18 y 45 años quienes lo hacen, cifras que se han venido incrementando sin descanso en la última década y cuya tendencia permite suponer que en corto tiempo podremos alcanzar los niveles de otros países como Corea del Norte con el 96 por ciento de su población usando internet o Reino Unido con casi el 95 por ciento.

Por otra parte, el Gobierno Federal en 2012 puso en marcha la Estrategia Nacional Digital, un programa ambicioso que buscaba insertar al país en un nuevo y avanzado estadío a partir de cinco ejes principales: el gobierno abierto y mejora regulatoria; la banca en línea; educación de calidad; salud universal; y, seguridad ciudadana en sus dos vertientes de prevención del delito y protección civil. Con sus buenos efectos, el programa fue replicado en algunas entidades federativas desarrollando la automatización, digitalización y homologación de trámites y servicios en programas como innovación gubernamental o la firma electrónica, simplificando así requisitos y documentos que no fuesen indispensables para favorecer la expedites, la eficacia y la transparencia del servicio público.

Así fue que el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprovechando experiencias previas lograron implementar de mejor manera los juicios en línea, reforzando su equipamiento y capacitación tanto en el uso y desarrollo de herramientas y sistemas, su aplicación en la presentación de demandas, recursos y promociones en línea y la revisión y consulta de expedientes digitales. En el interior del país el Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Colima y la Ciudad de México han avanzado y llevan la delantera en la implementación de sistemas de justicia digital en material mercantil, familiar y penal con herramientas como la firma electrónica judicial, el desahogo de pruebas con telepresencia y el desarrollo de aplicaciones móviles para seguimiento a procesos judiciales, realizar promociones y ser notificados en tiempo real.

LA TENDENCIA ES LA MODERNIZACIÓN

La tendencia entonces es a la modernización de los sistemas y procesos judiciales en atención a las previsiones que al efecto contiene la legislación vigente como lo es la Constitución federal que en su artículo sexto reconoce al acceso a la información como un derecho fundamental en consonancia con el séptimo respecto a la libertar de difusión de la información, los artículos 14 y 16 en lo relacionado al debido proceso y el artículo 25 en cuanto a que las autoridades implementarán medidas y políticas públicas de mejora regulatoria, trámites y servicios con el objeto de propiciar la competitividad y el desarrollo económico de la nación.

A la par, la Constitución estatal también contempla esos derechos y el marco normativo los aterriza entre otras en la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus municipios, aprobada en septiembre de 2013, o la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco, sancionada en 2018 y desde luego la Ley Orgánica del Poder Judicial y los correspondientes reglamentos.

MARGINADO DE AVANCES TECNOLÓGICOS

En otras palabras, el marco normativo ha ido lentamente impulsando la utilización de las tecnologías en las actividades y servicios de la administración pública, sin embargo, ni aún con el pausado impulso legal, el Poder Judicial se ha interesado en aprovechar las bondades y ventajas de los avances tecnológicos y por tanto tampoco ha promovido las reformas complementarias necesarias para ajustar cabalmente en la norma local la sistematización de sus procesos en expedientes electrónicos y juicios en línea.

Ante ese panorama, lo que también deja en claro la pandemia es que el Poder Judicial requiere a gritos la participación de los operadores del derecho, los sectores productivos y en general de la sociedad en su conjunto en cada uno de los procesos judiciales, aportando sugerencias y mejoras y supervisando su ejecución y sanción, sin influir desde luego en la independencia y autonomía de sus resoluciones, para lo cual deben aprovecharse las herramientas y medios que lo permitan y lo promuevan.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) considera como uno de sus programas el transito inmediato de los procesos jurisdiccionales a una nueva era de justicia digital, al tiempo que estudia y analiza la incorporación a futuro incluso de la inteligencia artificial en sus labores, en un círculo virtuoso de mejora permanente.

DAR ENTRADA A GOBERNANZA ELECTRÓNICA

Entendemos a la informática como el tratamiento sistemático de la información y del saber humano para la comunicación técnica, económica y social, es decir, creemos que la aplicación racional y organizada de la información aporta para la solución de los problemas sociales.

La gobernanza electrónica en consecuencia, implica el análisis técnico de la información a partir de una nueva relación entre los ciudadanos y sus instituciones para su aplicación en la impartición de justicia.

Pensamos que la gobernanza electrónica es sinónimo de desarrollo sostenible y de participación social en el proceso de creación de valor público porque aumenta la capacidad de la administración pública, permite la participación ciudadana en procesos inclusivos, genera el consentimiento público informado, otorga legitimidad a las instituciones y mejora la eficacia y agilidad de la impartición de justicia mediante mecanismos modernos y transparentes.

Estoy convencido que las funciones del Estado y una tan sensible como lo es la administración e impartición de justicia, deben contar con los mecanismos suficientes para adecuarse a las necesidades de una sociedad cada vez más informada, más demandante, más intercomunicada e interactuar invariablemente con los ciudadanos para su mejora continua, por ello en los tiempos actuales y especialmente frente a necesidades de carácter extraordinario debemos ser capaces de ajustarnos a las nuevas normalidades, para emprender acciones inmediatas con amplia cobertura y alto impacto a partir de la automatización de procesos jurisdiccionales en las materias competentes, abatiendo el marcado rezago en innovación tecnológica, lo cual implica de inicio la transición de los tradicionales sistemas de consulta hacía los modelos de expediente virtual, tribunales electrónicos y tribunales inteligentes.

UN MODELO CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Es necesario un modelo de planeación estratégica que, a partir de un detallado diagnóstico, establezca las prioridades en la implementación de los programas piloto para la justicia en línea, donde para la definición del tipo, volumen y elementos innovadores del equipamiento de la infraestructura participen además de la ciudadanía, los jueces, magistrados, consejeros y mediadores, así como los demás poderes para allegar el presupuesto necesario y obligado para los demás procesos de digitalización y promover además las iniciativas correspondientes para crear un marco jurídico regulado que garantice su funcionamiento a través de modelos digitales focalizados y diferenciados por materia, por región y por instancia judicial.

Sin duda la adopción de las tecnologías de la Información en la impartición de justicia, como en cualquier otra área gubernamental, conllevan una inversión cuantiosa que presupone como ya se adelantó, el equipamiento y la creación de una infraestructura robusta que garantice la seguridad de los datos que se transmiten en cada tipo de interacción entre el ciudadano y el sector gubernamental.

No se puede desconocer los riesgos que la implementación de las tecnologías de la información representan para la gestión documental y de datos personales de forma electrónica, por tal razón es que debe plantearse una estrategia integral de seguridad informática a la par de la implementación de medios digitales para la administración de los servicios de justicia, porque cualquier agresión cibernética traería consecuencias catastróficas en cualquier área de la gestión judicial, no sólo por la importancia, validez y confidencialidad de la información, sino además por la vulneración de derechos fundamentales que significaría en la esfera de la vida, libertad, patrimonio y demás derechos de los justiciables.

Recapitulando, es inevitable reconocer que actualmente la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de administrar justicia en Jalisco, no ha sido oportuna, suficiente ni adecuada, considerando la creciente, diversificada y dinámica demanda de justicia incluyente, imparcial, expedita, armonizada y con una visión global de la nueva división internacional del trabajo, que además ofrezca respuestas pertinentes ante crisis como las que actualmente enfrentamos, que cuente con estándares de seguridad informática para garantizar el manejo, clasificación y protección de la información que se genera en los juzgados, tribunales y demás responsables de la impartición de justicia.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) propone una estrategia inaplazable para replantear las formas y modalidades de administrar justicia en Jalisco, aplicando acciones de innovación sectorizadas y planeando racional y estratégicamente la implementación de muy diversos aplicativos informáticos ya presentes en la vida de las personas, para que de manera natural sean también instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y gobernados, así como entre tribunales y justiciables.

Mediante programas estratégicos, la implementación sistemática de la justicia digital puede ser una realidad, modernizando el equipamiento y contando con el suficiente para reunir y procesar la vasta demanda de administración de información que implica, armonizando y completando la precaria legislación existente en las diversas materias, actualizando los procesos judiciales y ajustándolos gradualmente al uso de las tecnologías de la información, contando con el presupuesto necesario y principalmente con el involucramiento de la ciudadanía en cada uno de los procedimientos y en el seguimiento de su sanción y ejecución.

Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Jalisco es una tarea y responsabilidad de todas y todos, pero somos quienes formamos parte de sus operadores del derecho quienes debemos comenzar el proceso, nunca será suficiente cualquier presupuesto cuando no exista la voluntad para iniciar el cambio transicional urgente y necesario.

El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) que propongo está diseñado para procesar todas las participaciones posibles, sumemos esfuerzos y démosle a Jalisco la justicia de calidad que merece.

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ENTREVISTAS

El Río Santiago sigue con alta contaminación: Alfaro reprobado en respeto y atención al medio ambiente, dice el experto Arturo Gleason 

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Por Mario Ávila Campos //

Sin dudarlo un instante, el doctor Jorge Arturo Gleason Espíndola le endilgó una calificación reprobatoria al Gobierno del Estado y en particular al mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, en su tarea de atender y respetar el medio ambiente, no solo a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, sino a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, creada exprofeso en este sexenio. 

Sí, no puedo ser benevolente en mi punto de vista -dijo, es simplemente mi punto de vista, no pretendo que sea la verdad absoluta, por supuesto, pero mi apreciación es que si tú te vas ahorita a El Salto, vas a ver la cascada de aguas negras y el olor es penetrante y la espuma es alarmante, lo que deja en evidencia que no han hecho la tarea, lo que ellos mismos se plantearon y a lo que se comprometieron, no lo han cumplido en estos tres años”. 

Ello lo expuso al hablar del primero de los compromisos que asumió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en sus primaras horas al frente del Gobierno del Estado, cuando haciendo gala de todo su equipo de trabajo, se trasladó el gabinete legal y ampliado en pleno hasta el municipio de Juanacatlán, en las márgenes del río Santiago, para dar inicio con lo que supuestamente sería el proceso de saneamiento del río más contaminado de México. 

Se invirtió saliva al por mayor en discursos mediante los que se comprometían desde el 7 de diciembre del 2018 a realizar todo un intenso programa de trabajo para que la cascada de El Salto de Juanacatlán volviera a lucir como sus mejores tiempos. 

A este fracaso en materia de saneamiento de aguas, de Alfaro Ramírez, se puede agregar otro gran fracaso en materia de abasto de agua, ya que fue justamente en su administración cuando después de 17 años de trabajo, al fin se decidió el futuro de la Presa El Zapotillo, que pulverizó las expectativas que el mandatario jalisciense había albergado y en las que involucró también a su homólogo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. 

Sobre estos dos grandes fracasos habló para los lectores del semanario Conciencia Pública el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, quien puntualizó con mucha claridad: “No entiendo porqué en Jalisco no queremos cambiar, estamos atados a las plantas de tratamiento con colectores grandes, en el caso del saneamiento y en el caso de abastecimiento a las presas”. 

Yo no satanizo estas propuestas, pero ya no son la única solución, la visión debe de ser más integral, en el caso del saneamiento desde la fuente, las personas, las industrias, el monitoreo, la digitalización, la restauración, toda una participación colectiva que no veo en la agenda pública”. 

Por ello no puedo dejar de decir que lamentablemente es una tarea incumplida, los esfuerzos a los que se comprometió el gobierno estatal hace tres años no se reflejan en acciones muy puntuales. Definitivamente como toda infección no se atacan los síntomas, se ataca la causa. La causa de la contaminación son las diferentes empresas que están contaminando, por ejemplo, si tú tienes un catarro no compras más pañuelos para limpiarte la nariz, compras el antibiótico”. 

Ahí hay una cuenta pendiente, no sé porque no hay una identificación de las fuentes, una clausura o incluso la instalación de un monitoreo de medición; en las descargas debe haber sensores que capten la cantidad y el tipo de contaminantes, como lo hacen los países de Europa. Aquí argumentan las dependencias que no hay supervisores, no, esos ya no son necesarios, ahora ya hay sensores. Un simple teléfono me mide cuando corres, los kilómetros recorridos, el pulso, las calorías consumidas, todo eso y más me lo manda al celular y lo puedo ver en una aplicación”. 

Esa es una cuenta pendiente, no se identifican las fuentes, no se monitorean y por lo tanto no se sancionan o de plano no se clausuran las fuentes de contaminación para entrar después en un segundo plano a un proceso de restauración. Es decir, primero paro el daño y después empiezo a limpiar el río como ya bien lo hizo Alemania con el Rio Rin después de la segunda guerra mundial, le llevó su tiempo, pero tú ves el río ahora y es una cosa hermosa.  

LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO SON  EL ÚLTIMO ESLABÓN DE LA CADENA 

Instalar plantas de tratamiento y dejarlas a los municipios para su operación, ha sido hasta ahora la solución recurrente del gobierno para limpiar las aguas, por lo que el problema no solo sigue vigente, sino que crece de manera alarmante. 

Y te repito -dijo-, ya que está el problema, quieres que por arte de magia la tecnología haga todo el trabajo, cuando ni siquiera inhibes la fuente de contaminación; yo no le hallo sentido, por qué no atacar la fuente de infección, identificarla, inhibirla y monitorearla, no con un supervisor sino con nuevos sistemas digitales. Y eso no está en la agenda pública si tú revisas con cuidado. 

La planta de tratamiento -abundó-, vendría siendo ya el último de los pasos, ya te identifiqué, ya te monitoreé, ahora pongo la planta antes de la descarga y te voy a estar checando. Ahora lo que yo estoy viendo es que todas las descargas las dejan pasar por todos los arroyos para llevarla a una planta aguas abajo, como se dice en hidrología y recibes toda la descarga de todas las empresas y toda revuelta, cuando no debe ser así, cada empresa debe tener su propia planta tratadora, porque todas tienen sus contaminantes muy específicos, no es lo mismo desechos orgánicos humanos que metales pesados. 

Si todo se revuelve y llega a una planta de tratamiento -expuso-, aunque sea una mega planta no puede con todo; ahora también están haciendo falta hasta tuberías para hacer llegar las aguas negras o las aguas residuales a las propias plantas y qué pasa cuando llueve, se saturan también las plantas. Hay que cambiar la visión de que solo la planta va a resolver el problema.  

DE POCO O NADA HA SERVIDO LA CREACIÓN DE UNA NUEVA SECRETARÍA 

A la pregunta de si ha sido útil la creación de la nueva Secretaría de Gestión Integral del Agua, el doctor Arturo Gleason, no lo dudó y aseguró: “No, claro que no. Con todo respeto han actuado con una visión muy miope, cuando tú te enfocas a un solo punto dejas de ver todo lo demás. Si por ejemplo en el caso doméstico la gente estuviera educada, supiéramos qué cosas son las que tiramos al drenaje contaminan el agua y nuestros cuerpos; si por ejemplo tuviéramos una política de erradicación del cloro que mata a los seres vivos, el nitrógeno en exageradas cantidades, imagínate si nosotros desde casa supiéramos e inhibiéramos estos comportamientos usando productos que no contaminan el medio ambiente. Una política de inhibición de la contaminación del agua sería fantástica, pero si todo es una planta, por pobre planta, no habrá de poder hacer el trabajo tan complicado. 

José Arturo Gleason Espíndola, presidente de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, lamentó que se trate de una situación compleja, “pero en mi punto de vista no se ha atacado de la forma adecuada, la propuesta no ha sido incluyente, radica nada más en ciertos expertos, en ciertos puntos de vista y dejan de lado a otros expertos con otros puntos de vista, pero además deja de lado también a otras disciplinas fuera y lo más triste, deja a la sociedad fuera de poder participar en esta política de saneamiento”. 

A la pregunta de que aun haciendo las cosas bien, cuántos años se requieren para sanear al río más contaminado de México, Arturo Gleason respondió. “Mira, el río Rin se llevó 25 años, probablemente nosotros ya con más tecnología podamos reducir ese tiempo a la mitad, pero habría que hacer una valoración más seria, afortunadamente la tecnología a nivel global ha hecho maravillas, por decirte un caso que me tocó documentar en un municipio aguas arriba de Londres y tira sus aguas negras casi para tomar, no se la toman porque no es bien visto, pero yo estuve ahí, documenté todo el proceso, una planta automática, dirigida por cinco damas ingenieras”. 

Y en el caso del Santiago, con agua limpia y un buen tratamiento de desalojo en el lecho del río, una restauración total podríamos abatirlo en unos 20 o 15 años. Pero primero hay que parar, si no estaríamos ahí solo jugando haciéndose de la vista gorda, como hasta ahora. Esto significa que tendrían que adoptarse políticas transexenales, es decir el tema del agua no puede circunscribirse a un sexenio, yo he hecho algunas estimaciones para lo que es la restauración del ciclo del agua que comprende la infiltración, el aumento de áreas verdes, el sanear las fuentes, sanear los ríos, estás hablando casi de tres sexenios. Mientras que aquí cada administración, inclusive del mismo partido, traen sus propias ideas y sus planteamientos muy particulares que han hecho imposible arreglar un problema tan complejo”, expuso. 

Refirió también el experto en el tema ambiental, que de las tres cuencas en donde está la mancha urbana del área metropolitana de Guadalajara, son 100 mil hectáreas “y un gobierno no puede sanear 100 mil hectáreas solo, tiene que hacer equipo con universidades, con la iniciativa privada, con la ciudadanía, con todos los sectores; pero nuestro gobierno con una actitud paternalista cree que solo con sus acciones lo habrá de resolver y por ello a final de cuentas no se hace nada, o lo poco que se hace no sirve de mucho, tú vas al río y sigue sucio, entonces no es que yo ponga una calificación sino que ahí está la evidencia de que algunas cosas no están funcionando bien”. 

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JALISCO

Marginan al oriente: Agudiza Mi Macro Periférico graves diferencias sociales en ZMG

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Por Mario Ávila //

Cuestionamientos al por mayor se ha ganado la obra más relevante del gobierno de Enrique Alfaro que será puesta en marcha en los próximos días con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos, pero que desnuda y agudiza las grandes diferencias sociales entre los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Para los que habitan en el poniente y votaron por su partido, lo mejor y para los que viven en el Oriente y votaron por otra opción diferente, las sobras. Esa es la interpretación que usuarios, líderes sociales, analistas, académicos y políticos, hacen de esta obra vial que se supone marcará un antes y un después en el servicio del transporte público en la metrópoli.

Particularmente el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Francisco Javier Armenta Araiza y el doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, Jaime Hernández Ortiz, ponen el dedo en la llaga y censuran la mala decisión de Alfaro Ramírez, al ejecutar la obra por el anillo Periférico, pero solo del cruce de la avenida Artesanos hasta la carretera Chapala, dejando fuera a gran parte de Tlaquepaque y a todo Tonalá.

Para el dirigente estudiantil, Francisco Javier Armenta Araiza, se trata de un proyecto mocho que aumenta gravemente las desigualdades sociales y advierte: “Esta decisión no solo afecta a los estudiantes del CUTonalá, a los estudiantes de la Prepa de Tonalá Norte y Tonalá Centro, nos afecta a todos los habitantes de la Zona Metropolitana; allá de aquel lado de la ciudad es en donde me parece tienen menos lana para comprar un coche, por eso al margen de lo que cueste, es la población que más beneficios tendría y es justamente la población a la que se marginó.

Expuso que le parece “muy desafortunado, que solo se haya tomado la decisión de hacerlo de Artesanos a la carretera a Chapala. Esto lo único que hace es exhibir que efectivamente a las personas del Oriente de la ciudad no se les toma la misma importancia que a los que viven en el Poniente. Mi lectura es que no sé en qué momento al gobernador se le ocurrió que era buena idea que el peribús no cerrara y excluyera a Tonalá”.

Javier Armenta censuró de manera directa al expresidente municipal de Tonalá, Juan Antonio González Mora, quien ocultó la información básica del proyecto donde se marginaba a Tonalá, simplemente para proteger al gobernador porque era de su partido.

Y sentencia: “A mí nunca me presentaron el proyecto como representante de la comunidad estudiantil, lo conocí por las declaraciones que se han hecho y las notas que se han publicado en los medios y entre lo que escuchaba de las voces del Gobierno del Estado, es que el proyecto de iba a dar la vuelta al periférico.

«Es un mensaje muy triste para esa área de la zona metropolitana y ahora por más que el gobernador quiera explicar que se trata de grilla, yo le contesto: pues puro grillo usted, lo hubiera hecho completo y no pasa nada», sentencia con un tono de molestia el dirigente estudiantil.

Advierte además que fue a causa de las declaraciones que se han dejado escuchar de inconformidad, cuando el Gobierno del Estado expuso como una salida, el tema de las rutas alimentadoras, “pero todos sabemos que esa es la peor solución, basta con preguntarles a los que utilizan las rutas alimentadoras del Macrobús para darse cuenta de lo que tardan, es un horror lo que va a padecer la gente de Tonalá y no se lo merecen”.

Sobre el costo de la obra, Javier Armenta, líder de la FEU, se refirió particularmente al costo de cada una de las estaciones, “cada una a un costo de 80 millones de pesos, y yo me pregunto, ¿es neta?, eso no cuesta ni una prepa, no mamen, están pelados esos weyes, no tienen llenadera, qué descaro; me parece que nos quieren tomar el pelo, no soy ingeniero civil, pero tengo mis dudas serias de que una estación de Mi Macro Periférico cueste 80 millones de pesos. Pero bueno, que saquen sus datos, que lo demuestren y que la gente juzgue”.

¿NEGOCIOS PRIVADO CON FACHADA DE SERVICIO PÚBLICO?

Un tema del que poco o nada se ha hablado es el del dinero que se ha invertido y el que se habrá de recaudar en cuanto entre en operación, según lo planteó el doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, Jaime Hernández Ortiz, quien considera que en principio deberá informarse de inmediato, por qué un sistema de por sí oneroso pasó de 3 mil 200 millones de pesos a casi 8 mil millones en su costo.

Incluso también dejó en claro que bien podríamos estar ante el nacimiento de un negocio privado, con fachada de servicio público. “Un tema que debe ser aclarado es, cómo operará y a dónde irán a parar las ganancias. Es obvio que todo sistema de transporte público debe ser eso, público y no privado, y debe ser sustentable”.

Por lo que se cuestionó el investigador de la Universidad de Guadalajara si los ciudadanos terminaremos pagando indemnizaciones y compensaciones infinitas a los concesionarios del transporte privado, como en la línea de la Calzada, es decir si subsidiaremos con dinero público, las ganancias privadas.

El también militante de Morena, Jaime Hernández Ortiz, se preguntó si en lugar es tantas estaciones aparatosas de hierro, cemento y vidrio, no era mejor construir estaciones laterales en lugar de centrales, así como evitar la construcción de tantos puentes exclusivos para el sistema, lo que en su opinión representa un gasto excesivo y planteó que en su opinión lo correcto hubiera sido un sistema de carriles exclusivos laterales derechos, con estaciones menos aparatosas y sencillas y que dieran incluso paso a un transporte de energías limpias como el trolebús y no tan contaminante como lo es el BRT.

Hernández Ortiz habló también de la nula y eficiente movilidad y dijo: “Hasta el momento ha sido muy grave que se hayan quitado dos carriles al Periférico, es decir, pasar a ocho a seis sin haber construido siquiera un sistema amplio de pasos a desnivel. En algunos lados como en La Experiencia, pasar el semáforo puede llevar hasta veinte minutos. Y hay otros puntos muy caóticos como en el cruce a Tabachines y en la carreta a Tesistán”.

Con relación a la operatividad, el académico planteó que sería ideal que pasaran con relativa y buena frecuencia, “cosa que no sucede en la actual línea que opera en la calzada Independencia que opera con relativa aceptación -a fuerza de que no hay de otra-, dado que tiene un mecanismo que permite el transporte exprés; lo que permite que numerosos usuarios optimicen traslados y eviten pérdidas de tiempo en paradas que no necesitan; sin embargo, en el nuevo circuito del periférico no operará tal sistema, lo que significará pérdidas de tiempo para una gran cantidad de personas”.

Dijo también que el servicio del BRT es pésimo, pues ninguna unidad tiene aire acondicionado, pese al excesivo costo de 9.50 y que las unidades van saturadas de pasaje, lo que sin duda ha sido generador y fuente de contagios de Covid-19.

Finalmente planteó que en ningún momento se cumple con la teoría de inhibir el uso del vehículo, “la construcción de las estaciones está asociada a una falta de espacios para estacionamientos públicos para utilizar el macrobús; en este caso, como siempre, los únicos beneficiados son los dueños de estacionamientos privados y un sistema inaudito estatal para multas pues se pintan rayas amarillas en machuelos de la noche a la mañana y donde no había; lo que permitirá sigan utilizándose vehículos personales, dado que el costo-beneficio es nulo”.

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JALISCO

Condolencias para Gabriela Aceves de Castro y la familia Castro Aceves

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