JALISCO
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva: La nueva normalidad y administración de justicia en Jalisco
Por Luis Enrique Villanueva Gómez //
Una de las más importantes y urgentes asignaturas que tiene el estado de Jalisco es la modernización de las formas y procesos de impartición y seguimiento de la justicia en todas las materias que le competen.
La pandemia en que aún transitamos trajo a Jalisco, además del contagio y la lamentable pérdidas de vidas, también la exhibición y confirmación de una contundente y dolorosa verdad: la impartición de justicia está sumida en un mar de obsolescencias que cual arenas movedizas la hunden cada día más.
El uso del papel y el contacto personal obligado siguen siendo los pilares no solo de su lento y tortuoso funcionamiento sino también las fuentes, que parecen inagotables e inamovibles, de las conductas irregulares que fundadamente se le atribuyen.
Así lo advierte el magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez, presidente de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en un análisis de comparte con los lectores de Conciencia Pública.
UN PODER EN SUSPENSO
La suspensión de términos decretada por los correspondientes órganos de gobierno de las instituciones del Poder Judicial, pusieron en evidencia que la jurisdicción en Jalisco no sabe ni le ha interesado la utilización de las tecnologías de la información para modernizar, agilizar y facilitar el acceso al servicio público de justicia.
Durante la emergencia sanitaria la maquinaria judicial pudo emitir apenas un ligero suspiro al exhortar a los litigantes para que registraran sus correos electrónicos y poder así notificarles autos y resoluciones sin necesidad de hacerlo presencialmente en aquellos casos en que la norma lo permite, esfuerzo que si bien es plausible también debe contextualizarse adecuadamente en especial cuando lo que se requiere es un profundo cambio en la cultura de la justicia y la implementación de un auténtico sistema integral de justicia digital que, dadas sus dimensiones, es de muy largo y superior aliento.
DOS DÉCADAS DE ATRASO
Y es que desde hace más de dos décadas el Poder Judicial ha dejado en el olvido la modernización de sus procesos y la correspondiente sistematización necesarias para guardar congruencia con el desarrollo de las tecnologías, ha ignorado la lacerante realidad social y el impulso normativo regional que nos ha rebasado fácilmente dejándonos en lejanos lugares en el concierto nacional, muy distante de la tradición jurídica que la distingue y de la importancia económica de la entidad.
En efecto, de acuerdo con datos del INEGI de 2019, casi la mitad de la población tiene acceso a una computadora, de ellos el 76 por ciento puede conectarse a internet, siendo en su mayoría adultos entre los 18 y 45 años quienes lo hacen, cifras que se han venido incrementando sin descanso en la última década y cuya tendencia permite suponer que en corto tiempo podremos alcanzar los niveles de otros países como Corea del Norte con el 96 por ciento de su población usando internet o Reino Unido con casi el 95 por ciento.
Por otra parte, el Gobierno Federal en 2012 puso en marcha la Estrategia Nacional Digital, un programa ambicioso que buscaba insertar al país en un nuevo y avanzado estadío a partir de cinco ejes principales: el gobierno abierto y mejora regulatoria; la banca en línea; educación de calidad; salud universal; y, seguridad ciudadana en sus dos vertientes de prevención del delito y protección civil. Con sus buenos efectos, el programa fue replicado en algunas entidades federativas desarrollando la automatización, digitalización y homologación de trámites y servicios en programas como innovación gubernamental o la firma electrónica, simplificando así requisitos y documentos que no fuesen indispensables para favorecer la expedites, la eficacia y la transparencia del servicio público.
Así fue que el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprovechando experiencias previas lograron implementar de mejor manera los juicios en línea, reforzando su equipamiento y capacitación tanto en el uso y desarrollo de herramientas y sistemas, su aplicación en la presentación de demandas, recursos y promociones en línea y la revisión y consulta de expedientes digitales. En el interior del país el Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Colima y la Ciudad de México han avanzado y llevan la delantera en la implementación de sistemas de justicia digital en material mercantil, familiar y penal con herramientas como la firma electrónica judicial, el desahogo de pruebas con telepresencia y el desarrollo de aplicaciones móviles para seguimiento a procesos judiciales, realizar promociones y ser notificados en tiempo real.
LA TENDENCIA ES LA MODERNIZACIÓN
La tendencia entonces es a la modernización de los sistemas y procesos judiciales en atención a las previsiones que al efecto contiene la legislación vigente como lo es la Constitución federal que en su artículo sexto reconoce al acceso a la información como un derecho fundamental en consonancia con el séptimo respecto a la libertar de difusión de la información, los artículos 14 y 16 en lo relacionado al debido proceso y el artículo 25 en cuanto a que las autoridades implementarán medidas y políticas públicas de mejora regulatoria, trámites y servicios con el objeto de propiciar la competitividad y el desarrollo económico de la nación.
A la par, la Constitución estatal también contempla esos derechos y el marco normativo los aterriza entre otras en la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus municipios, aprobada en septiembre de 2013, o la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco, sancionada en 2018 y desde luego la Ley Orgánica del Poder Judicial y los correspondientes reglamentos.
MARGINADO DE AVANCES TECNOLÓGICOS
En otras palabras, el marco normativo ha ido lentamente impulsando la utilización de las tecnologías en las actividades y servicios de la administración pública, sin embargo, ni aún con el pausado impulso legal, el Poder Judicial se ha interesado en aprovechar las bondades y ventajas de los avances tecnológicos y por tanto tampoco ha promovido las reformas complementarias necesarias para ajustar cabalmente en la norma local la sistematización de sus procesos en expedientes electrónicos y juicios en línea.
Ante ese panorama, lo que también deja en claro la pandemia es que el Poder Judicial requiere a gritos la participación de los operadores del derecho, los sectores productivos y en general de la sociedad en su conjunto en cada uno de los procesos judiciales, aportando sugerencias y mejoras y supervisando su ejecución y sanción, sin influir desde luego en la independencia y autonomía de sus resoluciones, para lo cual deben aprovecharse las herramientas y medios que lo permitan y lo promuevan.
El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) considera como uno de sus programas el transito inmediato de los procesos jurisdiccionales a una nueva era de justicia digital, al tiempo que estudia y analiza la incorporación a futuro incluso de la inteligencia artificial en sus labores, en un círculo virtuoso de mejora permanente.
DAR ENTRADA A GOBERNANZA ELECTRÓNICA
Entendemos a la informática como el tratamiento sistemático de la información y del saber humano para la comunicación técnica, económica y social, es decir, creemos que la aplicación racional y organizada de la información aporta para la solución de los problemas sociales.
La gobernanza electrónica en consecuencia, implica el análisis técnico de la información a partir de una nueva relación entre los ciudadanos y sus instituciones para su aplicación en la impartición de justicia.
Pensamos que la gobernanza electrónica es sinónimo de desarrollo sostenible y de participación social en el proceso de creación de valor público porque aumenta la capacidad de la administración pública, permite la participación ciudadana en procesos inclusivos, genera el consentimiento público informado, otorga legitimidad a las instituciones y mejora la eficacia y agilidad de la impartición de justicia mediante mecanismos modernos y transparentes.
Estoy convencido que las funciones del Estado y una tan sensible como lo es la administración e impartición de justicia, deben contar con los mecanismos suficientes para adecuarse a las necesidades de una sociedad cada vez más informada, más demandante, más intercomunicada e interactuar invariablemente con los ciudadanos para su mejora continua, por ello en los tiempos actuales y especialmente frente a necesidades de carácter extraordinario debemos ser capaces de ajustarnos a las nuevas normalidades, para emprender acciones inmediatas con amplia cobertura y alto impacto a partir de la automatización de procesos jurisdiccionales en las materias competentes, abatiendo el marcado rezago en innovación tecnológica, lo cual implica de inicio la transición de los tradicionales sistemas de consulta hacía los modelos de expediente virtual, tribunales electrónicos y tribunales inteligentes.
UN MODELO CON PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Es necesario un modelo de planeación estratégica que, a partir de un detallado diagnóstico, establezca las prioridades en la implementación de los programas piloto para la justicia en línea, donde para la definición del tipo, volumen y elementos innovadores del equipamiento de la infraestructura participen además de la ciudadanía, los jueces, magistrados, consejeros y mediadores, así como los demás poderes para allegar el presupuesto necesario y obligado para los demás procesos de digitalización y promover además las iniciativas correspondientes para crear un marco jurídico regulado que garantice su funcionamiento a través de modelos digitales focalizados y diferenciados por materia, por región y por instancia judicial.
Sin duda la adopción de las tecnologías de la Información en la impartición de justicia, como en cualquier otra área gubernamental, conllevan una inversión cuantiosa que presupone como ya se adelantó, el equipamiento y la creación de una infraestructura robusta que garantice la seguridad de los datos que se transmiten en cada tipo de interacción entre el ciudadano y el sector gubernamental.
No se puede desconocer los riesgos que la implementación de las tecnologías de la información representan para la gestión documental y de datos personales de forma electrónica, por tal razón es que debe plantearse una estrategia integral de seguridad informática a la par de la implementación de medios digitales para la administración de los servicios de justicia, porque cualquier agresión cibernética traería consecuencias catastróficas en cualquier área de la gestión judicial, no sólo por la importancia, validez y confidencialidad de la información, sino además por la vulneración de derechos fundamentales que significaría en la esfera de la vida, libertad, patrimonio y demás derechos de los justiciables.
Recapitulando, es inevitable reconocer que actualmente la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de administrar justicia en Jalisco, no ha sido oportuna, suficiente ni adecuada, considerando la creciente, diversificada y dinámica demanda de justicia incluyente, imparcial, expedita, armonizada y con una visión global de la nueva división internacional del trabajo, que además ofrezca respuestas pertinentes ante crisis como las que actualmente enfrentamos, que cuente con estándares de seguridad informática para garantizar el manejo, clasificación y protección de la información que se genera en los juzgados, tribunales y demás responsables de la impartición de justicia.
El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) propone una estrategia inaplazable para replantear las formas y modalidades de administrar justicia en Jalisco, aplicando acciones de innovación sectorizadas y planeando racional y estratégicamente la implementación de muy diversos aplicativos informáticos ya presentes en la vida de las personas, para que de manera natural sean también instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y gobernados, así como entre tribunales y justiciables.
Mediante programas estratégicos, la implementación sistemática de la justicia digital puede ser una realidad, modernizando el equipamiento y contando con el suficiente para reunir y procesar la vasta demanda de administración de información que implica, armonizando y completando la precaria legislación existente en las diversas materias, actualizando los procesos judiciales y ajustándolos gradualmente al uso de las tecnologías de la información, contando con el presupuesto necesario y principalmente con el involucramiento de la ciudadanía en cada uno de los procedimientos y en el seguimiento de su sanción y ejecución.
Mejorar el funcionamiento del sistema de justicia en Jalisco es una tarea y responsabilidad de todas y todos, pero somos quienes formamos parte de sus operadores del derecho quienes debemos comenzar el proceso, nunca será suficiente cualquier presupuesto cuando no exista la voluntad para iniciar el cambio transicional urgente y necesario.
El Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) que propongo está diseñado para procesar todas las participaciones posibles, sumemos esfuerzos y démosle a Jalisco la justicia de calidad que merece.
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.
La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.
Un gobernador con prisa y una universidad vigilante
Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.
Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.
La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.
El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?
La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.
Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.
Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.
Poder, autonomía y la sombra de Alfaro
Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.
Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.
Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.
Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.
¿Y ahora qué?
El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.
La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.
En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.
JALISCO
Tlajo Cuida el Agua: Gerardo Quirino impulsa plan histórico para garantizar el vital líquido
Por Redacción Conciencia Pública //
El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.
El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.
“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.
“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.
Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.
“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:
1. Abasto
El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.
Acciones:
• Perforación y equipamiento de pozos
• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras
• Rehabilitación de redes de agua potable
• Construcción de líneas de agua y tanques elevados
2. Potabilizar
El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.
Acciones:
• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras
• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas
• Rehabilitación de pozos y redes
3. Distribución
El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.
Acciones:
• Ampliación de líneas de abastecimiento
• Construcción de tanques y bases para cisternas
• Interconexión de sistemas hidráulicos
4. Uso responsable
Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.
Acciones:
• Eficiencia energética en infraestructura
• Modernización de instalaciones eléctricas
• Campañas de corresponsabilidad ciudadana
5. Saneamiento
Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.
Acciones:
• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento
• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento
6. Reúso
Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.
Acción principal:
• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.
En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.
EL DATO:
Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua
1. Abasto: 490 MDP
2. Potabilización: 340 MDP
3. Distribución: 48 MDP
4. Uso responsable: 75 MDP
5. Saneamiento: 163 MDP
6. Reúso: 7 MDP
Total: 1,123 millones de pesos (MDP)
JALISCO
El desafío de construir la paz en Jalisco: La violencia desborda los cinco primeros meses del gobierno de Lemus
Por Redacción Conciencia Pública //
Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.
El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.
En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.
Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.
ESCALADA DE VIOLENCIA
Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.
Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.
CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO
Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.
Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.
Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.
CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:
Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.
Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.
Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante.
Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.
Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada.
La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.
TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”
En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.
La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.
ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN
Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.
La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.
Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.
Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.
Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.
RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN
Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:
Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza.
Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.
Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.
Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.
El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones
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