REPORTAJES
Ley de delitos contra intimidad sexual se ha aprobado en 21 estados del país: La Ley Olimpia, un triunfo del movimiento feminista

Por Marianela Manríquez //
A sus 18 años, Olimpia grabó un video sexual con su novio con el que llevaba seis años. Tiempo después, ese momento íntimo, se convirtió en la pesadilla de la joven poblana, el video en donde se exponía su cuerpo desnudo, pero no se identificaba el rostro de su novio, se hizo viral mediante mensajes de Whatsapp.
“Un periódico local se vendió como pan caliente con una portada en la que decían que yo, una chica que tenía futuro, estaba quemada en las redes sociales. Lucraron con mi cuerpo”, relata Olimpia en su testimonio.
Ante la viralización de aquel video, la joven recibía día a día solicitudes en sus redes sociales de hombres que le pedían sexo. Además la empezaron a llamar «la gordibuena de Huauchinango». Y después, cuando el escándalo se hizo más grande, «la gordibuena de Puebla».
Olimpia se encerró en su casa por ocho meses e intentó suicidarse en tres ocasiones.
A pesar de las burlas y ofensas realizadas por los habitantes de Huauchinango, la joven intentó acceder a la justicia, y fue cuando su segundo via crucis empezó.
“El oficial encargado de atenderme me pidió ver el video. Y empezó a reírse. Me dijo que no estaba ni borracha, ni drogada, ni me violaron. De acuerdo al código penal no hay delito».
Fue entonces, que empezó a contactar a otras chicas que habían sido exhibidas en internet. “Hicimos un proyecto de reforma para Puebla. El primer nombre que le pusimos fue Reforma para reconocer la violencia sexual cibernética y lo presentamos en un foro de propuesta ciudadana”
A pesar de los esfuerzos realizados por la joven, los baches seguían apareciendo en su camino, un diputado dijo que no podía apoyar su ley porque sería «avalar la putería».
Fue hasta 2018, cinco años después del video expuesto, que se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal en el Estado de Puebla.
Para el 2020, respaldada por colectivos feministas de todo México, se ha logrado que la ley de delitos contra la intimidad sexual, conocida como «Ley Olimpia», se aprobara en 23 de los 31 estados de México.
LA LEY OLIMPIA LLEGA A JALISCO
El 3 de septiembre, el Congreso de Jalisco aprobó en sesión extraordinaria, las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado a través de la Ley Olimpia.
Dichas modificaciones, contempla sanciones como multas de hasta 174 mil pesos, así como de cuatro a 12 años de prisión para el agresor, esto dependiendo el hecho y sus agravantes, como que la víctima sea menor de edad, que el agresor sea pareja de la afectada o que el contenido se viralice en redes sociales.
Esta ley también prevé que las autoridades ordenen a las empresas prestadoras de servicios digitales el retiro inmediato de la publicación realizada sin consentimiento de la víctima, así como entregarle una orden de protección a la mujer.
Se tipificó el ciberacoso y las penas van desde trabajo comunitario hasta cuatro años de prisión. De igual forma, se le otorgó a la Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad la competencia de crear unidades especializadas para investigación en materia de delitos mediante el uso de las tecnologías.
A pesar de que fueron aprobadas las reformas de ley, Jalisco tiene un camino muy largo en lo que parecen sus talones de aquiles, la impartición de justicia.
“En Jalisco tenemos serias deficiencias en cuanto al acceso de justicia de las mujeres a vivir libres de violencia, a la reparación del daño y a las investigaciones. Hay que estar atentas de cómo va a ser el contenido de estos protocolos de actuación, en donde realmente se fijen las bases por las cuales las y los servidores públicos encargados de atender esta violencia contra las mujeres deben actuar” advierte Aurora Natalia Rojas, abogada del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujeres.
Para la activista, será de suma importancia que estos protocolos de actuación, que deberán estar listos en menos de tres meses, tengan los elementos suficientes para que se pueda perseguir de manera adecuada los delitos de violencia digital. “Es un parteaguas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en cuanto a la violencia digital que impacta a mujeres adolescentes y mujeres jóvenes y que sabemos que ese impacto de la violencia sobre ellas es terrible”, resaltó.
¿Crees que con estas reformas hay un avance en el estado?, se le pregunta.
En teoría hay un avance en el estado, el reconocimiento de estos derechos es a partir de las luchas de las mujeres, es importante recordar de dónde surgen estas normativas.
El caso de Olimpia, fue un caso pragmático, que abre las puertas para este tipo de legislaciones, fue un gran avance para las mujeres que nace de nuestras exigencias y nuestras luchas, creemos que se sancione la violencia es un gran primer paso.
Estos delitos que antes no se contemplaban en la ley, quedaban en la lista negra, en los oscuro, no teníamos datos ni estadísticas, ahora con esta reforma, con los protocolos lo que se intentan hacer es que se visibilice la problemática y podamos tener indicadores que nos sirvan para crear políticas públicas integrales.
Si bien es cierto la Ley de Olimpia viene a ser parte de las obligaciones del estado en cuanto la atención de la violencia pero el estado tiene otras obligaciones, de prevenir y erradicar, y todo esto tiene que ver justamente con un cambio cultural y social mucho más profundo.
El machismo y misoginia tienen características muy particulares , una de ellas es la hipersexualización de las mujeres, es decir, la reducción de mujeres a objetos sexuales para el uso y consumo masculino.
Cuando vemos las estadísticas en cuento a consumo de pornografía, el 98 por ciento son varones, y muchas veces a partir de edades tan cortas como los 12 años o menos, y lo que la pornografía enseña es quitarles a las mujeres su humanidad para ser vistas como objetos de consumo del placer masculino.
“Ley Olimpia, un avance, pero sin garantía de acceso a la justicia”
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 73% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en línea y quienes más la padecen son mujeres de entre 14 y 30 años.
De las agresiones, 86.3% es cometida por personas desconocidas y el 11.1% por conocidas. En total, hay cerca de nueve millones de mujeres que han enfrentado agresiones a través de las tecnologías.
LA LEY OLIMPIA ES UN AVANCE
Para María Esmeralda Correa, investigadora del departamento de Políticas Públicas del CUCEA, la Ley Olimpia es un avance, sin embargo no es una garantía de que se vaya a acabar la violencia contra las mujeres, ni que que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Pregunta. Se aprobaron en Jalisco las reformas a la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Se tienen 90 días para realizar protocolos para prevenir y sancionar la violencia digital ¿Qué tan preparado está Jalisco?
María Esmeralda Correa.- Hay mucho trabajo que hacer, no creo que estemos completamente preparados, no tenemos una policía cibernética seria, tampoco tenemos un área en la fiscalía preparada para tratar este tipo de asuntos.
Todavía tenemos ministerios públicos pocos sensibles para este trato, no se hacen campañas de sensibilización para la población y para los funcionarios públicos que garanticen realmente este acceso a las mujeres.
Se viene un trabajo difícil, en otros estados, a pesar que ya está la ley, a lo que se están enfrentando las mujeres es a una falta de sensibilidad por parte de los funcionarios, que luego las vuelven a victimizar.
Pregunta. Desde el 2017, la difusión de contenido erótico sexual sin consentimiento, está tipificada como delito en el artículo 135 bis. del Código Penal Estatal. Sin embargo ha sido un porcentaje muy bajo los delitos que concluyeron en condena. ¿Con la Ley de Olimpia será diferente?
María Esmeralda Correa. No creo que sea diferente, porque no se está capacitando a los funcionarios responsables de otorgar este servicio, ante dicha falta no vamos a tener un avance significativo, pero al menos las mujeres pueden denunciar.
Si no va a haber un efecto en la impartición y en la procuración de la justicia , al menos el hombre ya se la va a pensar dos veces para compartir imágenes de su pareja, o para hacer acoso cibernético y la mujer se va a sentir más protegida.
Se tiene que trabajar mucho en la prevención, la edad en que la ciudadanía puede tener mayor impacto para prevenir es el preescolar y la primaria, son las dos etapas cruciales si el estado quiere hacer cambios conductuales en sus ciudadanos.
El estado tendría que trabajar con políticas públicas desde esta área que permitan sensibilizar a las niñas y niños y cuando se llegue a una edad adulta no tengamos estos eventos de violencia.
Se tiene que trabajar en la capacitación continua de todo su personal de todas las áreas que reciben quejas de mujeres y niñas de cualquier tipo, por ejemplo la violencia sexual si es por parte de la pareja no se denuncia, eso evidencia que no se tiene una educación sexual y el estado no ha trabajado en eso.
También tienen trabajo de reeducar, porque no solamente es ser punitivo, no sólo es ir a prisión, es la reinserción, esa persona va a salir y lo va a volver hacer, porque ya hemos comprobado que con otro tipo de delitos la prisión no representa un escarmiento, la gente recae, y comenten el mismo delito.
JALISCO
Comunidad Indígena de Mezquitán: Exigen a la presidenta Sheinbaum cumplir con indemnización por sus tierras

Por Raúl Cantú //
El caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, refleja una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas, marcada por el incumplimiento de acuerdos de indemnización por la ocupación de 26.93 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río (carretera a Saltillo) desde 2004.
A continuación, se ordena cronológicamente el texto proporcionado, destacando los periodos de los presidentes de México responsables por omisión o acción del incumplimiento de los convenios firmados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), y se contextualizan las políticas indigenistas de cada administración para subrayar la negligencia institucional. La información se complementa con datos de fuentes externas cuando es relevante, citadas conforme a las guías establecidas.
CONTEXTO HISTÓRICO Y LEGAL
Año 1690: La Comunidad Indígena de Mezquitán fue constituida mediante un Título Virreinal, reconocido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y respaldado por una resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Este título acredita a la comunidad como propietaria legítima de las tierras afectadas, que han defendido por más de 335 años.
1999 (Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000, PRI):
Evento: La SRA inicia pláticas y trabajos de campo para el proyecto de ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Contexto: Durante el gobierno de Zedillo, se promovió la modernización de infraestructura, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron limitadas, enfocándose más en reformas neoliberales que en la protección de derechos territoriales. No se registra un incumplimiento directo en este periodo, ya que las negociaciones apenas comenzaban, pero se sientan las bases para el proyecto que derivaría en el conflicto.
Periodos presidenciales con incumplimientos (2004-2025)
Vicente Fox Quesada (2000-2006, PAN):
Eventos clave:
5 de noviembre de 2003: La SRA sugiere iniciar el trámite expropiatorio y el pago por las tierras ocupadas para la ampliación de la carretera.
3 de marzo de 2004: Se firma el primer Convenio de Ocupación Previa entre la Comunidad Indígena de Mezquitán y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), comprometiendo el pago del 50% del monto indemnizatorio tras un avalúo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Incumplimiento: La SCT no realizó el pago acordado ni gestionó el avalúo.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Fox priorizó el desarrollo de infraestructura, pero su política indigenista fue criticada por su falta de acción concreta tras el levantamiento zapatista. La SCT, bajo su administración, firmó el convenio inicial, pero no cumplió, iniciando una cadena de dilaciones que afectó a las 333 familias de la comunidad, integrada mayormente por mujeres y adultos mayores. Este incumplimiento marcó el inicio de una deuda histórica.
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012, PAN):
Eventos clave:
7 de mayo de 2007: Se firma un Convenio de Depósito en Garantía, estableciendo un avalúo de $39,065,272.13 (aproximadamente $145 por metro cuadrado) por 26.93 hectáreas. La SCT paga $4,000,000 (10% del total) y se compromete a gestionar el 40% restante para completar el 50% acordado. Incumplimiento: No se gestionaron los recursos ni se completó el pago.
28 de diciembre de 2007: Se firma un segundo Convenio de Depósito en Garantía, con un pago parcial adicional de $1,639,268.52 (4% del avalúo). La SCT reitera su compromiso de completar el 50% del monto indemnizatorio. Incumplimiento: Por tercera vez, no cumple con el pago ni gestiona los recursos.
Análisis del incumplimiento: La administración de Calderón se enfocó en la seguridad y el combate al narcotráfico, relegando los derechos indígenas. A pesar de los convenios firmados, la SCT utilizó tácticas dilatorias, limitándose a pagos parciales insignificantes (14% del total acordado) y dejando a la comunidad en un limbo burocrático. Este periodo consolidó la percepción de racismo institucional, ya que, como señala el abogado Luis Antonio Rocha, la SCT no habría actuado con tal negligencia frente a una empresa privada.
Enrique Peña Nieto (2012-2018, PRI):
Eventos clave:
2012-2017: La comunidad sostiene entrevistas con funcionarios de la SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras dependencias federales, sin obtener soluciones ni avances en el pago de la indemnización acordada en 2004 y 2007. Incumplimiento: Ninguna autoridad mostró voluntad de cumplir con los convenios .
29 de enero de 2017: La Asamblea de la Comunidad Indígena de Mezquitán aprueba iniciar demandas y juicios para exigir el cumplimiento de los convenios de 2004 y 2007.
22 de agosto de 2017: La comunidad presenta una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 (expediente 222/16/2017), contra la SCT, la Presidencia de la República y la SEDATU.
3 de abril de 2018: La SCT, la SEDATU y la Presidencia (Peña Nieto) responden a la demanda con argumentos improcedentes, según la comunidad, en lugar de cumplir con los convenios.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de Peña Nieto promovió reformas estructurales, pero las políticas hacia pueblos indígenas fueron superficiales, con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) teniendo un rol limitado. La falta de acción para resolver el caso de Mezquitán, a pesar de las reuniones con funcionarios, y la respuesta evasiva a la demanda reflejan una continuidad en las tácticas dilatorias. La comunidad se vio obligada a litigar, enfrentando una burocracia que perpetuó la marginación de sus derechos.
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024, Morena):
Eventos clave:
28 de octubre de 2021: El Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 emite una sentencia parcialmente favorable, ordenando a la SICT pagar las cantidades acordadas en los convenios, pero condiciona la actualización del monto a un decreto expropiatorio. La comunidad presenta un Recurso de Revisión (125/2022) para exigir un avalúo actualizado por el INDAABIN sin necesidad de expropiación.
3 de marzo de 2022: El Tribunal Superior Agrario admite el Recurso de Revisión. Las autoridades federales (SICT, SEDATU) promueven un Juicio de Amparo Directo, considerado improcedente por no agotar el principio de definitividad, retrasando el proceso por casi dos años.
16 de febrero de 2023: El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito desestima el amparo por unanimidad, confirmando su improcedencia.
22 de noviembre de 2023: El Tribunal Superior Agrario resuelve el Recurso de Revisión a favor de la comunidad, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
26 de diciembre de 2024: La Consejería Jurídica Federal promueve otro amparo (expediente 30/2024), que es declarado improcedente por el Séptimo Tribunal Colegiado, notificándose el 5 de enero de 2025.
Protestas y manifestaciones: Durante este periodo, la comunidad realiza bloqueos intermitentes de la carretera a Saltillo (2018, 2021, 2024) y de la avenida Lázaro Cárdenas (2024, 2025) para exigir el pago.
Análisis del incumplimiento: El gobierno de López Obrador promovió una narrativa de apoyo a los pueblos indígenas, con la creación del INPI y proyectos como el Tren Maya, pero en el caso de Mezquitán, la SICT continuó con tácticas dilatorias, incluyendo amparos improcedentes que retrasaron el proceso. A pesar de sentencias favorables en 2021 y 2023, la falta de acción para ejecutar el avalúo y el pago perpetuó el incumplimiento, afectando a más de 300 familias. Las protestas de la comunidad reflejan su frustración ante la falta de voluntad política, a pesar de los avances legales.
Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2025, Morena):
Eventos clave:
26 de diciembre de 2024: El amparo promovido por la Consejería Jurídica Federal es declarado improcedente, confirmando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior Agrario de noviembre de 2023.
31 de enero de 2025: La comunidad presenta un escrito ante el Tribunal Superior Agrario solicitando la ejecución de la sentencia.
6 de febrero de 2025: El Tribunal Superior Agrario acuerda instruir a su Dirección de Asuntos Jurídicos para verificar si existe un amparo pendiente, a pesar de que la sentencia es firme.
6 de mayo de 2025: El Tribunal Superior Agrario ordena devolver los expedientes al Tribunal Unitario Agrario 16 para la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. Sin embargo, los expedientes no han llegado al tribunal.
14 de mayo de 2025: La SICT informa que no ha recibido requerimiento del Tribunal Unitario Agrario 16 para que el INDAABIN realice el avalúo, manteniendo el retraso.
16 de mayo de 2025: Se reporta que el Tribunal Unitario Agrario 16 llevará a cabo la ejecución de la sentencia, ordenando al INDAABIN realizar el avalúo, pero el proceso sigue pendiente.
Análisis del incumplimiento: La administración de Sheinbaum, que declaró 2025 como el “Año de la Mujer Indígena” y promovió reformas constitucionales para los derechos indígenas, heredó un conflicto de 21 años. A pesar de la sentencia firme de 2023 y la recomendación de la Consejería Jurídica Federal para cumplir, la SICT persiste en retrasar el avalúo, argumentando falta de notificación. La comunidad, apoyada por el INPI y organizaciones civiles, exige a Sheinbaum intervenir directamente, destacando que la burocracia sigue violando los derechos de más de 300 familias, mayormente mujeres y adultos mayores.
Estado actual (mayo de 2025)
La sentencia del Tribunal Superior Agrario (22 de noviembre de 2023) es firme, sin recursos legales pendientes, ordenando a la SICT pagar la indemnización desde 2004 con un avalúo actualizado por el INDAABIN.
La comunidad denuncia tácticas dilatorias de la SICT, como la excusa de no haber sido notificada, y del Tribunal Superior Agrario, que no ha agilizado la ejecución.
El monto original de $39,065,272.13 (2007) debe actualizarse a valor comercial, lo que podría superar significativamente los $54 millones estimados en 2018, dado el valor actual de los terrenos junto a la carretera.
La comunidad, liderada por Saúl Rodríguez Barajas, ha recurrido a manifestaciones pacíficas, como bloqueos de la carretera a Saltillo y la avenida Lázaro Cárdenas, para visibilizar su lucha.
La Consejería Jurídica Federal recomienda a la SICT cumplir con la sentencia, pero el proceso sigue estancado por la falta de acción del Tribunal Unitario Agrario 16 y la SICT.
CONCLUSIÓN
Los presidentes Vicente Fox (2004-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), and Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) son directamente responsables por el incumplimiento de los convenios de indemnización firmados en 2004 y 2007, al no garantizar que la SCT (ahora SICT) cumpliera con los pagos acordados. Sus administraciones utilizaron tácticas dilatorias, como pagos parciales insignificantes, negativas a gestionar recursos y amparos improcedentes, perpetuando una deuda de más de 21 años que afecta a 333 familias.
Claudia Sheinbaum (2024-2025) enfrenta un conflicto heredado, pero la falta de acción inmediata de la SICT y los tribunales agrarios continúa violando los derechos de la comunidad, a pesar de su compromiso declarado con las mujeres indígenas.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, con un título virreinal de 1690 y sentencias favorables, representa un símbolo de resistencia frente al racismo institucional y la burocracia. Su lucha, respaldada por el INPI y organizaciones civiles, podría establecer un precedente para otras comunidades indígenas si se logra el pago. La comunidad solicita a la presidenta Sheinbaum intervenir para ordenar la ejecución inmediata del avalúo y el pago, conforme a la Ley Agraria y las reformas de 2025, para cerrar este capítulo de injusticia.
ATENTAMENTE
COMISARIADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA
DE MEZQUITÁN, ZAPOPAN, JALISCO, MAYO DE 2025
JALISCO
Liconsa y sociedad civil unen esfuerzos en Jalisco: Convenio pretende beneficiar a 100 mil familias

Por Francisco Junco //
De gran trascendencia social resultará el acuerdo firmado entre la Unión de Asociaciones con Causa, A.C. y la paraestatal Liconsa en el Centro Internacional de la Amistad el pasado jueves 22 de mayo. Así lo aseguró el gerente nacional de abasto de Liconsa, Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de la paraestatal, ya que se pretende llegar a más de 100 mil hogares en Jalisco con este programa social.
“Es una gran bendición aliarnos con la sociedad civil para llegar a todos los rincones de México”, afirmó Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional de Liconsa, en entrevista con Conciencia Pública.
Un convenio para el cambio social
El convenio, firmado por Rubén Ramírez Castellanos (gerente estatal de Liconsa), Pérez Rojas, y José Luis Gutiérrez Villarroel (presidente de la Unión), representa una alianza estratégica entre el gobierno federal y más de 100 organizaciones civiles.
Óscar Abrego de León, director de la Unión, destacó su objetivo: “Queremos que este programa sea permanente, beneficiando a miles de familias en Jalisco”. Con 81 años de historia, Liconsa busca expandir su impacto, pasando de 6.3 millones de beneficiarios nacionales a 10 millones para 2030, apoyando a sectores vulnerables como adultos mayores, comunidades indígenas y zonas marginadas.
Pérez Rojas subrayó la calidad del producto: “Compramos leche a 2,800 productores en 54 centros de acopio, distribuida en 12,000 lecherías a precios diferenciados”. El programa no solo nutre, sino que fortalece la economía local al apoyar a pequeños y medianos ganaderos.
Además, anunció planes para abrir plantas industrializadoras en Campeche y Michoacán, generando más oportunidades para el sector. “Invitamos a todas las asociaciones civiles a unirse para llevar este beneficio a más derechohabientes”, añadió, enfatizando el rol clave de la sociedad civil.
La fuerza de la sociedad civil
José Luis Gutiérrez Villarroel celebró la unidad lograda: “Sin colores ni divisiones, trabajamos por una sola causa: servir”. La Unión, que reúne a asilos, guarderías, centros comunitarios y más, se ha convertido en un motor de cambio social en Jalisco. Abrego resaltó su agilidad: “Somos la institución social más dinámica del estado, gracias a la colaboración de todos”. Más de 100 organizaciones ya forman parte del convenio, con otras en proceso de incorporación tras resolver deficiencias documentales. “Es un día histórico para las organizaciones sociales y su vínculo con el gobierno”, afirmó.
Rubén Ramírez, delegado de Liconsa en Jalisco, destacó el impacto local: “Liconsa llega diariamente a 300,000 hogares jaliscienses, entregando no solo leche de calidad, sino esperanza e igualdad”. La alianza permitirá ampliar esta cobertura, priorizando a los más necesitados. “La sociedad civil es el motor de nuestro esfuerzo”, dijo, agradeciendo a líderes como Abrego y Gutiérrez por su trabajo en conectar al gobierno con la ciudadanía.
Leche del Bienestar: Un legado renovado
Con 81 años desde su fundación en 1944 bajo Manuel Ávila Camacho, Liconsa ha evolucionado, adoptando el nombre Leche del Bienestar en abril de 2025, como anunció Antonio Talamantes Geraldo, director de Operaciones. Este cambio refleja el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con los sectores vulnerables, fortaleciendo la producción nacional y reduciendo la dependencia de importaciones.
“Leche del Bienestar garantiza nutrición y apoya a ganaderos con precios justos”, señaló Pérez Rojas, recordando que el programa ofrece hasta 24 litros semanales por hogar a $7.50 el litro.
El convenio también fortalece la economía local. “Apoyamos a productores jaliscienses, generando un ciclo virtuoso de nutrición y desarrollo”, explicó Ramírez. La unión, por su parte, asegura que el programa llegue a comunidades marginadas, como las de Zapopan, donde proyectos similares ya fueron aprobados. Abrego anunció que iniciativas presentadas al Gobierno del Estado y Guadalajara también están en camino de ser autorizadas, consolidando a la Unión como un referente de colaboración intersectorial.
Un día histórico para Jalisco y México
La firma del convenio, con Gabriel Ruiz Huerta y Arturo Guillén como testigos de honor, simboliza un nuevo modelo de colaboración. “Solo a través de alianzas estratégicas la sociedad civil puede empoderarse”, afirmó Abrego. Para Rubén Ramírez, este acuerdo “genera esperanza y oportunidades, llevando una gota de bienestar a miles de hogares”.
Pérez Rojas lo calificó como “un día histórico para México”, destacando el papel de la sociedad civil en combatir el hambre y mejorar la economía.
El impacto del convenio trasciende Jalisco. Con más de 100,000 hogares como meta inicial, la alianza sienta un precedente para otras entidades, mostrando que la unión entre gobierno, empresarios y ciudadanos puede generar soluciones reales. Leche del Bienestar, respaldada por la Unión de Asociaciones Civiles con Causa, no solo lleva nutrición, sino también un mensaje de esperanza: juntos, es posible construir un México más justo y solidario.
RECONOCIMIENTOS A LA SOLIDARIDAD
El evento incluyó la entrega de reconocimientos a figuras destacadas por su compromiso social. José de Jesús Martínez Alcántara, de la Asociación Civil Miriam y Erick, fue galardonado por mejorar la calidad de vida de niños con parálisis cerebral. Cintia Muñoz recibió un homenaje por su defensa de los derechos humanos y la cultura de paz. Rubén Íñiguez González, director de La Voz de Jalisco, fue reconocido por su aporte al periodismo libre. Juan Manuel Estrada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Arturo Guillén Arámbula, del Consejo Económico Empresarial de Jalisco, fueron distinguidos por su trabajo en el desarrollo social y empresarial.
Además, se realizó un reconocimiento especial por 50 años de trayectoria como cantante de la música mexicana a Valente Pastor, originario de El Grullo, Jalisco.
El máximo galardón, “Alma de la Sociedad”, se otorgó a Raúl Vázquez Nungaray, descrito por Abrego como alguien que “vive” la labor social con pasión. “Raúl no trabaja en estas causas; las experimenta de manera natural”, subrayó. Estos reconocimientos reflejan el espíritu de la Unión: unir esfuerzos para transformar vidas.
JALISCO
Inauguran centro de distribución de Súper ISSSTE en Jalisco: Es el segundo más grande del país

Por Diego Morales Heredia //
Con la finalidad de fortalecer el abasto en la región, el SUPERISSTE inauguró un nuevo Centro de Distribución (CEDIS) en Guadalajara, el segundo más grande del país, que servirá como punto de enlace con ciudades cercanas para garantizar productos al mejor precio para los consumidores.
Este nuevo centro está ubicado en una de las tiendas que ya cuentan con productos, en el oriente de Guadalajara. La inauguración contó con la presencia de Dunia Ludlow, directora de SUPERISSSTE, quien resaltó este avance que tendrán en estructura que les servirá para brindar un mejor servicio a todos los mexicanos.
“Inauguramos el centro de distribución que va a garantizar el abastecimiento de esta sucursal que tenemos para ir ampliando nuestro piso de venta. Ahorita utilizamos el 25 por ciento del total disponible, tenemos posibilidad de introducir a los proveedores que quieran comercializar sus productos con nosotros, este centro es importante porque incrementa las frecuencias de abastecimiento a las tiendas cercanas respecto al otro centro que tenemos en Ciudad de México”.
Dentro de los beneficios, resalta que se garantiza el mejor precio de los productos que ofertan, ya que no tienen como propósito tener utilidades como otras tiendas de servicio, además de abrir la posibilidad de que productores, proveedores y empresarios locales se sumen a este proyecto en beneficio de los jaliscienses.
“Estamos teniendo más abasto. Las familias y los habitantes de Guadalajara, estamos en una colonia popular, cerca del metro, garantizamos tener buenos precios. Nosotros buscamos garantizar el abasto a bajo costo más allá de las utilidades que buscan las cadenas comerciales. También está la posibilidad de que productores, distribuidores y empresarios locales puedan inscribirse con nosotros y puedan crecer sus compañías y hacer crecer a las tiendas del Súper ISSSTE”.
En el mismo orden de ideas, la funcionaria federal espera que se sumen empresarios a SUPERISSSTE, y que para hacer esto posible ya trabajan en coordinación con el gobierno de Jalisco y las cámaras empresariales para que cumplan con los requisitos y se conviertan en proveedores de las tiendas.
“Tenemos un portal abierto a todo el público; ahí cualquiera que cumpla con los requisitos, con la normativa, garantizando los precios que se deben tener en nuestras tiendas, puede garantizar sus productos de manera transparente, sin intermediarios. Además, entendiendo que no todos los empresarios cumplen con esta normativa hasta tener su código de barras, si necesitan otro acompañamiento, estamos teniendo acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco y las cámaras empresariales para que, a través de ellos, puedan acercarse a estas secretarías locales para cumplir con los requisitos para ser proveedores”.
Con la apertura de este nuevo CEDIS, ahora sigue ofrecer más productos hasta llegar a la meta de poder ofertar toda la canasta básica a los ciudadanos, por ello, esperan tener pronto a la venta frutas, verduras y cárnicos.
“Nos falta mucho por hacer, nuestro compromiso es lograr optimizar y cubrir todo el piso de venta que tenemos, nos falta introducir más producto, lo que más nos importa y apremia es que todos los habitantes puedan adquirir la canasta básica completa, esperamos pronto vender frutas y verduras, cárnicos, para que puedan hacer su súper completo”.
Emocionada, Dunia Ludlow hizo un recorrido por la tienda en Guadalajara, recordando que una de sus metas es que esta tienda se popularice y sea de gran utilidad para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Cuando estaba pequeña, mi mamá me llevaba a las tiendas del Súper ISSSTE. Las personas que tuvimos esta experiencia, en tiendas muy grandes, tengo esa añoranza y nostalgia. Para garantizar este derecho, es emotivo recuperar instituciones, porque recuperamos derechos que tienen las personas a un abasto a bajo costo”.
En el evento, también se firmó un convenio con el INAPAM junto con Gerardo Galicia Juárez para que las personas adultas puedan tramitar su tarjeta directamente en la sucursal de Guadalajara, otro de los beneficios que tendrán en la tienda Súper ISSSTE.
“Invito a todos los ciudadanos a venir a la tienda en Guadalajara, abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche; está cerca del Tren Ligero, tiene estacionamiento, esperamos pronto crecer esta tienda y que sea del gusto de todos los ciudadanos”, puntualizó.
-
Uncategorized6 años atrás
Precisa Arturo Zamora que no buscará dirigencia nacional del PRI
-
Beisbol5 años atrás
Taiwán marca camino al beisbol en tiempos del COVID-19: Reinicia partidos sin público
-
REPORTAJES6 años atrás
Pensiones VIP del Ipejal: Arnoldo Rubio Contreras, ejemplo del turbio, sucio e ilegal proceso de tabulación de pensiones
-
VIDEOS6 años atrás
Programas Integrales de Bienestar, desde Guadalajara, Jalisco
-
VIDEOS6 años atrás
Gira del presidente López Obrador por Jalisco: Apoyo a productores de leche en Encarnación de Díaz
-
OPINIÓN5 años atrás
¡Ciudado con los extremistas! De las necedades de FRENA y otros males peligrosos
-
VIDEOS6 años atrás
Video Columna «Metástasis»: Los escándalos del Ipejal
-
OPINIÓN4 años atrás
Amparo, la esperanza de las Escuelas de Tiempo Completo