Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //

La difícil situación que vive el Poder Judicial del Estado de Jalisco y la agravada percepción social, tienen muchas aristas. Además de la corrupción y la impunidad, su falta de transparencia, su intrincado y confuso marco normativo, la obsolescencia de sus procedimientos, la dependencia y control presupuestal a la que está sometido, la intromisión política de otros poderes en la designación de sus integrantes y la limitada utilización de las tecnologías de la información, también debe tomarse en cuenta la débil infraestructura con la que cuenta, la ausencia de un programa de mantenimiento y mejora y la falta de planeación de su crecimiento y desarrollo.

Ya se ha dicho que el cúmulo de trabajo que debe atender tanto los Juzgados de primera instancia como las salas colegiadas de apelación, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales, ha sido superada con mucho y desde hace mucho, que el periodo de casi cinco meses en que estuvieron suspendidos los términos virtud a la contingencia sanitaria por el covid 19 no fueron suficientes para ponerse al día al interior, a pesar de los valientes esfuerzos del personal judicial.

La lógica más simple para disipar el trabajo acumulado es la creación de un número mayor de Juzgados o Salas, sin embargo, contar un con nuevo centro físico de trabajo es una tarea que el Poder Judicial no tiene contemplado en sus planes.

La experiencia del rechazo a las peticiones reiteradas en sus proyectos de presupuesto anuales si bien no han mermado su interés, tampoco constituye una posibilidad real y menos en las condiciones limitadas en que se ha manejado la economía del país y las pocas esperanzas de ampliación presupuestal que se derivan del discurso de austeridad de las autoridades hacendarias del estado para el próximo año.

En pocas palabras, hay un fuerte exceso de juicios que ha superado la capacidad de la infraestructura judicial desde hace ya varios años que el gobierno en su conjunto no ha sabido resolver a tiempo, lo que agrava exponencialmente las dificultades para impartir justicia pronta y expedita, afectando la inversión productiva, la competitividad pero especialmente a los ciudadanos.

Más allá de ello, la falta de planeación del Poder Judicial para justificar su necesidad de crecimiento y la urgencia de crear oportunamente los juzgados y salas que hacen falta para atender la demanda de justicia en determinadas materias o en regiones que vienen creciendo sin detenimiento, no puede apoyarse en la ausencia de los ingresos presupuestales, esto es, la falta de recursos no debe influir para la elaboración de los proyectos de crecimiento y creación de nuevos juzgados.

Por el contrario, si bien es cierto que el Poder Judicial no crece porque no son atendidos las solicitudes que acorde a la constitución deben incorporarse al proyecto de presupuesto que se presenta a la consideración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes han destinado al Poder Judicial en los últimos años un presupuesto igual apenas actualizado con el índice inflacionario publicado anualmente por el Banco de México, se debe evidenciar con mayor ahínco y con mayores y mejores argumentos, la improrrogable necesitad de ampliar sus capacidades físicas no solo a partir del cúmulo de trabajo en las materias ya existentes, sino previendo además con toda oportunidad los requerimientos de las nuevas responsabilidades que ineludiblemente le serán asignadas.

Es decir, a la acumulación de asuntos por resolver y la obsoleta tecnología con que cuenta el Poder Judicial en general, hay que sumarle los proyectos urgentes que no han sido atendidos así como los nuevos que se derivan de las recientes reformas constitucionales.

EL INMINENTE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL

A pesar del retraso del Congreso de la Unión en la generación de las Leyes secundarias que le den viabilidad, la reforma constitucional laboral es una clara realidad que implica un gran cambio en la estructura, proceso y percepción de la justicia en materia del trabajo.

La inminente incorporación de la materia laboral a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, especialmente traerá al de Jalisco, la necesidad de una serie de compromisos económicos adicionales y extraordinarios para la capacitación y contratación del nuevo personal que atenderá la materia, la creación de Juzgados de primera instancia y Salas de apelación, su equipamiento y desde luego la adecuación el espacio físico en que se ubiquen, tomando en consideración, como ya se dijo anteriormente, que la aspiración por calidad y conveniencia es que cada Juzgado deba atender, desde su creación, un monto no superior a 500 expedientes al año, por lo que entonces al conocer la carga de trabajo rezagada y el flujo actual, podría proyectarse la enorme necesidad de recursos económicos adicionales al presupuesto vigente para el año en que se implementen y desde luego para los años subsecuentes.

No pasa desapercibido, que el Poder Judicial ha debido en anteriores ocasiones hacerse cargo, con el mismo presupuesto y recursos, de la mayoría de los costos que traen adosados las nuevas figuras y materias que por disposición constitucional le son asignadas, como sucedió más recientemente con el sistema de justicia penal adversarial que no solo trajo la necesidad de crear salas de oralidad con distribución, materiales y equipamiento especiales y detallados, sino que obligó a la conformación de una nueva estructura organizacional a partir del personal ya existente con las consecuentes repercusiones económicas por despidos y nuevas contrataciones, lo que de igual manera aconteció antes con los Juzgados de Ejecución de Penas, Extinción de Dominio, Narcomenudeo, Adolecentes infractores e incluso con la materia Mercantil que de origen debiera ser atendida integralmente por la federación.

JUSTICIA REGIONAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La justicia en apelación está concentrada en la zona metropolitana de Guadalajara, las seis salas que conocen de los recursos del alzada en materia Civil y Mercantil más las cinco colegiadas que atienden la totalidad de apelaciones del estado en juicios penales se ubican en el mismo lugar, es decir, las once Salas Colegiadas que componen el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital del estado, lo que provoca que cualquier recurso de alzada promovido en el interior del Estado implique el traslado oficial como privado de documentos y personas, encareciendo la justicia en contravención a los principios constitucionales que la conciben como completa y gratuita, de ahí que deba retomarse un viejo anhelo del Poder Judicial para contar con Salas Regionales de Segunda Instancia ubicadas en puntos estratégicos del territorio estatal que sean concentradoras de población y de demanda de justicia lo que además podría ser complementado con Salas Unitarias, esto es, que en microregiones que no cuenten con Sala Regional Colegiada podría implementarse una sala Unitaria integrada por solo un Magistrado, desarrollar este proyecto traería la necesidad de amplios recursos económicos.

Desde siempre se ha manejado la necesidad de desarrollar los polos regionales para que permitan el mayor aprovechamiento de los recursos y bondades del estado, por lo que acercarles la justicia de segunda instancia a ciudades como Ameca, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno o Autlán en el mediano plazo, además de cumplir los justificados reclamos de las barras y colegios de abogados del interior del estado, se estaría atendiendo también los principios constitucionales de justicia pronta, expedita y gratuita.

SISTEMATIZACIÓN DE COMUNICACIONES JUDICIALES, EL TRÁNSITO INAPLAZABLE A LA JUSTICIA DIGITAL

Las grandes cargas de trabajo que acumulan los tribunales judiciales, lógicamente provocan la necesidad de darle trámite a un exponencial número de notificaciones, función que está a punto de colapsar tanto por su elevado número, su obsoleta y limitada normativa, como por la falta de organización en su ejecución, puesto que cada tribunal de primera y segunda instancia cuenta con sus propios notificadores lo que lleva a efectuar las mismas rutas y recorridos en repetidas ocasiones, incrementando el tiempo esfuerzo y costo de las notificaciones.

Es necesario y prioritario entonces promover las reformas para incorporar por completo a los sistemas de justicia las notificaciones electrónicas y por otro lado concentrar la función de notificar en un órgano especializado que optimice el tiempo y los recursos al organizar y realizar sistemáticamente el trabajo de los diversos tribunales.

Ya se ha expuesto que el uso de las tecnologías no solo debe quedar en la posibilidad de notificar electrónicamente a las partes, también es necesario ampliar la digitalización a todos los procesos de todas las materias, esquivando por una parte la obstaculización y tardanza de los juicios y por otra agilizando y transparentando su substanciación, no solo por ser la tendencia generalizada en el país, sino por ser una urgente necesidad evidenciada en el periodo de la pandemia, que exhibió la obsolescencia en que aún se maneja la justicia en el estado.

El tránsito a la era de la justicia digital, traerá desde luego incontables beneficios pero también la necesidad de prever los costos y necesidades técnicas de su implementación, es decir, fortalecer la infraestructura judicial con los sistemas y equipos necesarios para implementar la justicia apoyada en el uso de las nuevas tecnologías tiene un costo y se lleva un lapso de tiempo que ya se debía tener considerado en proyectos de avanzada.

NUEVOS TRIBUNALES PARA CARGAS ACTUALES Y FUTURAS

El solo incremento porcentual sostenido de los asuntos que deben conocer los Juzgados y las Salas de segunda instancia en los últimos años, tanto en materia penal como civil, mercantil o familiar, permite y hace necesario realizar un amplio proyecto para armonizar las cargas de trabajo de cada uno de ellos y atiendan solo el número de juicios que internacionalmente se considera adecuado para garantizar la calidad y eficiencia de sus resoluciones, lo que lleva lógicamente a la creación de nuevos Juzgados y Salas Colegiadas en el número suficiente para ello, considerando además su proyección a cinco años para evitar premuras, sobresaltos y encarecimiento.

Ante ese panorama, es obligado y urgente que el Poder Judicial de Jalisco cumpla con las exigencias normativas en materia de planeación, rescatando el sentido de su origen, esto es, debe contar con un plan producto de la participación democrática, que contenga los programas y proyectos necesarios para superar sus rezagos, para equipar y acondicionar sus instalaciones.

Pero especialmente debe contar con modelos de ordenamiento de sus procesos jurisdiccionales con eficiencia e innovación, que cuente con objetivos y metas claras y realizables así como con indicadores que permitan su control y seguimiento, pero además que sea público, actualizado y transparente, para que la participación ciudadana no quede solo en aportaciones de mejora para su conformación sino en el acompañamiento de su implementación, seguimiento, control, evaluación y sanción.