Opinión, por Iván Arrazola //

Durante una de sus conferencias mañaneras, el expresidente López Obrador expresó que gobernar “no tiene mucha ciencia”. Tal afirmación, aparentemente inofensiva, cobra nuevas dimensiones cuando se observa cómo algunos funcionarios han intentado llevar esa lógica a la práctica.

Un ejemplo reciente fue el del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien —también en una conferencia mañanera— presentó una propuesta para regularizar viviendas abandonadas que se encuentran bajo control del Instituto.

El planteamiento es sencillo en apariencia, pero de gran complejidad en sus implicaciones: aquellas personas que actualmente habitan viviendas desocupadas y no tienen vínculo legal con el instituto podrían regularizar su situación mediante el pago de una renta o la adquisición de la propiedad. Es decir, quienes hayan ocupado una vivienda del Infonavit sin tener derechos sobre ella podrían, eventualmente, convertirse en propietarios si se someten a un esquema de regularización.

Esta propuesta, expuesta sin mayor detalle técnico ni jurídico, provocó una inmediata ola de reacciones. Aunque la secretaria de Gobernación y la presidenta Claudia Sheinbaum intentaron contener las críticas y asegurar que la propiedad privada está protegida en México, se ha generado un amplio debate. Organizaciones empresariales y representantes del sector inmobiliario reaccionaron con firmeza. En comunicados públicos, señalaron:

Diversas organizaciones empresariales manifestaron su firme rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, que plantea la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ofrecidos además a precios subsidiados.

Consideran que este tipo de iniciativas representan un incentivo a la ocupación ilegal de inmuebles y, por tanto, rechazaron categóricamente cualquier intento por premiar estas prácticas. Asimismo, exigieron a las autoridades competentes —y en particular a la Asamblea del Infonavit— que frenen cualquier esfuerzo orientado a legalizar la tenencia irregular de viviendas.

Las organizaciones también señalaron que el Instituto no cuenta con facultades legales para otorgar créditos, contratos de arrendamiento ni escrituras a personas que no sean derechohabientes, y recordaron que la atención a la población no afiliada corresponde a otras instancias del Estado, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Los datos del propio gobierno muestran la magnitud del problema: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, en un universo estimado de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 % están ocupadas por personas sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios originales.

Es cierto que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y que se trata de una problemática social urgente. El gobierno de Sheinbaum ha anunciado su apuesta por la construcción de un millón de viviendas como parte de su estrategia para garantizar el derecho a una vivienda digna, un objetivo prioritario para millones de personas.

Sin embargo, la gran interrogante no radica solo en si existen los recursos económicos suficientes, sino en si el Estado cuenta con la capacidad institucional y operativa para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Esta duda se acentúa considerando los antecedentes de gestión del actual director del Infonavit, Octavio Romero, cuya administración en Pemex fue ampliamente cuestionada por su falta de resultados, así como el historial de un gobierno poco habituado a rendir cuentas de manera transparente y eficaz.

Gobernar —aunque lo niegue López Obrador— sí tiene ciencia. Requiere planeación, conocimiento, responsabilidad institucional y, sobre todo, respeto al estado de derecho. Presentar una idea de regularización sin una estructura normativa sólida ni una estrategia clara para evitar incentivos perversos —como la ocupación ilegal de viviendas— es irresponsable.

Con esta propuesta, el gobierno parece haber creado un nuevo paradigma: el del populismo inmobiliario, una fórmula que privilegia las decisiones de alto impacto mediático sin sustento técnico, legal o presupuestal.

Además, la medida ignora causas estructurales de fondo: muchas de estas viviendas fueron abandonadas por carecer de servicios básicos, por ubicarse en zonas con altos índices de inseguridad, o porque sus propietarios originales no pudieron continuar pagando ante condiciones laborales precarias. El problema, por tanto, no es solamente de propiedad, sino de habitabilidad y de política pública de desarrollo urbano.

La verdadera discusión debería centrarse en cómo rehabilitar esas viviendas, cómo hacerlas atractivas para nuevos compradores, y a quién deben dirigirse: personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, madres jefas de familia o personas con discapacidad. Eso implica diseñar políticas públicas serias, bien focalizadas y evaluables, no generar expectativas basadas en promesas vagas o mal diseñadas.

La idea de que “gobernar no tiene ciencia” es peligrosa. Revela una visión simplista de la administración pública que puede conducir a decisiones con efectos negativos duraderos. Lo que se presentó, más que una propuesta articulada y reflexionada, parece una ocurrencia que busca aplausos fáciles y simpatías electorales. Tal vez, y lamentablemente, eso es lo que algunos entienden por gobernar sin ciencia.

 

Opinión, por Gerardo Rico //

Cuando Pemex se hunde en deudas y existe la amenaza de sus proveedores de suspender cualquier tipo de servicios y aún no opera la refinería de Dos Bocas al 100% se informó sobre el desmantelamiento de una refinería clandestina, que operaba en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, de donde se recuperaron más de 500.000 litros de crudo.

Las autoridades identificaron una planta destinada al tratamiento de residuos industriales, -se indicó- reconvertida para procesar ilegalmente hidrocarburos como diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo, un residuo pesado de la refinación del petróleo utilizado principalmente en procesos industriales para la generación de calor y vapor, así como en algunas plantas de energía. Todos estos eran refinados sin permisos y con alto riesgo ambiental.

En un cambio de actitud de 180 grados con relación al gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno actual de México ha realizado múltiples acciones para combatir el huachicol, incluyendo el decomiso de combustible, la clausura de refinerías ilegales y la vigilancia de ductos. El huachicoleo, como se conoce en México, implica la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex o de otras instalaciones petroleras, y el gobierno ha enfrentado este problema con diversas medidas.

De acuerdo a publicaciones nacionales, durante el periodo presidencial de López Obrador el huachicol creció en 117% con relación al sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, mientras que en el caso del primero las tomas clandestinas llegaron a 62 mil 441 con el mandatario tricolor apenas llegaron a 28 mil 835. De estas, en el caso de López Obrador, 51 mil 779 fueron ductos de gasolina y 10 mil 662 de gas LP, y con Peña Nieto 28 mil 384 en ductos de gasolina y 451 en ductos de gas LP.

Las tomas de gas LP de un sexenio a otro superaron el crecimiento 24 veces más. Hay que destacar que buena parte del huachicol se da en territorios controlados por grupos del crimen organizado, lo que representa un reto monumental para la actual administración federal.

EL QUIEBRE SHEINABUM- GARCÍA HARFUCH

En un operativo federal, el 28 de marzo de este año se informó del decomiso de 8 millones de litros de hidrocarburos en Ensenada, Baja California, almacenados ilegalmente en un operativo federal. El decomiso se realizó en un predio ubicado en el kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana. Las autoridades, incluyendo elementos del Ejército, la Guardia Nacional y personal de PEMEX, aseguraron el lugar y encontraron el combustible en contenedores, remolques tipo cisterna, tractocamiones y motobombas, según informes.

Tres días después, el 31 de marzo se anunció el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un buque arribó al puerto de antes mencionado desde el 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, por lo que fue interceptado y fueron asegurados 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

Versiones periodísticas afirman que desde hace varios años es común ver el arribo de buques con banderas de otros países para descargar directamente los hidrocarburos a través de mangueras a cientos y cientos de trailers pipas-tanque que permanecen hasta 24 horas formados para llevarlo a destino desconocido. Las mismas acciones se repien en los puertos de Tampico, Ciudad Madero y en Tuxpan, Veracruz.

Para el 26 de mayo se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en tres predios del municipio de Salamanca, Guanajuato -donde está una refinería de Pemex-; se localizaron varios contenedores para el almacenamiento de hidrocarburos y, para no variar, quien informó sobre estas acciones fue el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. En dicho operativo fueron detenidos 11 elementos de la Guardia Nacional, acusados de robo de combustible en el municipio de Apaseo el Alto, a unos kilómetros de Salamanca.

El 29 de mayo se anunció el “mayor decomiso” de huachicol, en Tabasco más de 3 millones de litros de hidrocarburo, se aseguraron 18 vehículos, tres equipos de maquinaria, 3 mil 904 contenedores con estructura metálica que contenían 3 millones 123 mil 200 litros de un líquido derivado del petróleo.

Los decomisos de hidrocarburos y las detenciones de implicados en el tráfico ilegal del mismo se realizan luego de las constantes reuniones que García Harfuch ha sostenido con altos funcionarios del área de seguridad del gobierno de Estados Unidos y de sus constantes acuerdos con el Pentágono, el FBI y la DEA con el respaldo total de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mientras la presidenta se cansa de justificar la crisis que enfrenta Pemex y de afirmar que Dos Bocas continuará con la producción de 100 mil barriles, a pesar de que ha suspendido actividades en varias ocasiones, diversos medios mencionan nombres de personajes allegados al expresidente López Obrador como operadores del tráfico de huachicol.

Política Global, por Jorge López Portillo Basave //

Esta nota la escribí horas antes del bombardeo de Estados Unidos contra Irán del sábado. Los puntos son importantes porque muestran varias cosas en las que al final Trump confió para dar luz verde en la ventana de tiempo de la ONU y de Israel.

Trump pidió acuerdo y Putin pidió ser mediador, pero los líderes de Irán pensaron que no habría ataque. Incluso durante 60 días se trató de llegar a negociaciones.

El hijo del ex rey de Irán ha dicho que parece estar interesado en liderar una guerra interna para derrocar a la teocracia que gobierna el país del que él huyó de niño con su padre al exilio. EUA atacó 3 de los 7 sitios nucleares de Irán con 6 mega bombas y 30 misiles.

Habrá que ver si Israel destruyó los otros 4. Trump anunció el ataque en su cuenta de “Truth” cerrando con un llamado a regresar a la mesa de diplomacia que Irán dejó la semana antepasada cuando Israel empezó el ataque.

En las próximas horas veremos qué hacen los demás interesados directos e indirectos. Al final de su mensaje, flanqueado por el vicepresidente, quien fue militar, su secretario de Estado y su secretario de Defensa, quien también fue soldado en guerra, Trump, con una voz casi quebrantada, pidió cerrar el círculo de guerra, dio Gracias a sus soldados a Dios y pidió que Dios bendiga al Medio Oriente a Israel y a EUA.

De aquí en delante era mi reflexión antes del ataque… La historia de “errores” o pretextos de las potencias o francamente de cualquier poderoso para invadir o para aplacar a otros no es nada nuevo. Ni en el mundo, ni en los países, ni en las empresas.

La tensión entre Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y la ONU sobre la capacidad nuclear de Irán marca la agenda global. Según Israel y la ONU, Irán está a días de desarrollar una bomba nuclear, mientras los asesores de Trump estiman que tomaría menos de seis meses.

Irán, a diferencia de Saddam Hussein o Gadafi, insiste en no ceder su programa nuclear, lo que genera preocupación en Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, quienes argumentan que Irán siempre ha usado todo su arsenal, a diferencia de potencias como Rusia.

Recordando los años 80, muchos asociamos a los republicanos con la guerra debido a las afirmaciones de George W. Bush sobre las armas de destrucción masiva en Irak, que resultaron falsas. Sin embargo, los demócratas también cargan con el estigma de Vietnam en los 60 y 70. Conflictos como Irak y Afganistán, prolongados y costosos, han dejado cicatrices en ambos bandos políticos.

Trump, desde 2016, ha prometido evitar “guerras eternas”, un mensaje que resonó entre sus votantes. Sin embargo, la posibilidad de un conflicto con Irán pone en duda esa postura, generando críticas en redes sociales y dentro de su equipo de seguridad nacional, que rechaza intervenir en la guerra Israel-Irán.

Durante su primer mandato, Trump fue el primer presidente en décadas en no iniciar una guerra. Ahora, su decisión de respaldar o no a Israel contra Irán podría cambiar eso. Si Israel actúa solo, podría debilitar la influencia de EEUU como superpotencia; si interviene, arriesga alienar a países no alineados con el G7.

China y Rusia, aliados de Irán, no han mostrado apoyo militar claro. Se detectaron aviones chinos rumbo a Irán, posiblemente para evacuaciones, no para combate. La falta de apoyo explícito de Pekín y Moscú complica la posición iraní.

El precedente de Irak preocupa al equipo de Trump. Bush fue criticado por actuar con información errónea, y ahora Trump, ignorando a sus asesores, parece alinearse con Israel y la ONU, que acusan a Irán de violar acuerdos nucleares. Israel y Estados Unidos. aseguran que su conflicto es con el régimen teocrático iraní, liderado por el ayatolá Ali Khamenei, no con su pueblo. Este régimen, que asumió el poder tras la revolución de 1979 que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi, ha patrocinado terrorismo contra EE.UU., Israel, Arabia Saudita y Egipto, según sus críticos.

Khamenei, de 86 años, heredó el liderazgo de su padre, Ruhollah Khomeini, tras la revolución que mezcló socialismo y teocracia, sumiendo a Irán en la pobreza pese a su histórica riqueza. Una nueva revolución podría exiliar a la familia Khamenei, como ocurrió con el Sha. Trump enfrenta un dilema: Rusia y China no apoyan activamente a Irán, pero buscan beneficios en Ucrania y otras áreas. En EE. UU., la oposición a una guerra es fuerte, pero el rechazo a un Irán nuclear liderado por fundamentalistas es aún mayor.

Irán posee casi 3 mil misiles, incluidos intercontinentales, capaces de alcanzar Europa o EE.UU. con cabezas nucleares. Aunque su programa nuclear se justifica como energético, su capacidad para enriquecer uranio a niveles armamentísticos es innegable.

En la guerra actual con Israel, Irán ha perdido radares y lanzadores de misiles, debilitando su defensa. Trump y los líderes no fundamentalistas de Oriente Medio insisten en que Irán no puede tener armas nucleares, violando el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Trump también enfrenta un dilema económico. Una guerra con Irán, productor clave de petróleo, podría disparar los precios, desestabilizando la economía global y su gestión, que ha logrado reducir la inflación. Perder el Congreso en 2026 podría incluso exponerlo a riesgos legales. Mientras, la izquierda estadounidense busca recuperar terreno, y en Nueva York, el alcalde demócrata moderado enfrenta oposición interna por alinearse con Trump.

Israel busca no solo neutralizar la amenaza nuclear, sino un cambio de régimen en Irán. Trump ofreció desarrollo económico a cambio de abandonar el programa nuclear, pero Khamenei insiste en mantenerlo, desafiando a EEUU. Europa teme protestas de sus comunidades musulmanas, mientras China y Rusia permanecen al margen.

La ONU e Israel advierten que Irán está a días de la bomba; los asesores de Trump dicen meses. El desenlace determinará si el club nuclear, con nueve miembros, crece en un mundo ya tenso.