Opinión, por Iván Arrazola //

Con esa frase, James Madison explica por qué es necesaria la existencia de un gobierno, pero también resalta la importancia de que el gobierno sea capaz de controlarse a sí mismo. Sin embargo, reconoce que en muchas ocasiones es imprescindible la intervención de un agente externo que le recuerde al gobierno la necesidad de respetar los límites de sus facultades y no excederse en su poder.

En el contexto actual, frente a la inminente desaparición de los órganos autónomos, surge una interrogante crucial: ¿cómo se garantizará el control del gobierno en ausencia de límites externos? Pensar que un gobierno que se autodenomina «bueno y honesto» será, por esa simple razón, inmune a los abusos de poder resulta, como mínimo, ingenuo y peligroso. La historia demuestra que la ausencia de contrapesos puede dar lugar a arbitrariedades y vulnerar los principios democráticos fundamentales.

En una exposición magistral, James Madison explica con claridad y profundidad las razones que hacen indispensable la existencia del gobierno. Al mismo tiempo, reflexiona sobre los desafíos inherentes a su diseño y funcionamiento. Madison señala que “la gran dificultad para diseñar un gobierno de hombres sobre hombres estriba en que primero debe otorgarse a los dirigentes un poder sobre los ciudadanos y, en segundo lugar, obligar a este poder a controlarse a sí mismo.”

Este planteamiento pone en evidencia la complejidad de equilibrar dos principios fundamentales: por un lado, dotar al gobierno de la autoridad necesaria para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de la sociedad, y, por otro, establecer límites efectivos para evitar que ese poder se convierta en una herramienta de opresión o abuso. Madison subraya que el verdadero reto no radica únicamente en construir instituciones fuertes, sino en diseñar mecanismos que aseguren su capacidad de autocontrol y su rendición de cuentas.

A lo largo de la historia, existen numerosos ejemplos que demuestran cómo la información pública ha sido una herramienta clave para hacer efectiva la rendición de cuentas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Watergate, que involucró nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Este escándalo político culminó con la renuncia de Nixon que prefirió dejar el poder antes de que el Congreso votara para destituirlo.

El caso Watergate evidenció cómo el acceso a información clave, como grabaciones de llamadas y documentos oficiales, sacaron a la luz abusos de poder e irregularidades en el ejercicio del gobierno. Aunque Nixon no enfrentó una persecución judicial tras su renuncia, la información desclasificada y difundida durante la investigación dejó al descubierto la magnitud de las acciones ilícitas que marcaron su administración.

Este caso no solo subraya la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública como pilares para la rendición de cuentas, sino también el papel esencial de los medios de comunicación y de las instituciones en garantizar que quienes ostentan el poder respondan por sus actos ante la ciudadanía

Resulta paradójico constatar cómo la información pública, que en su momento sirvió al actual gobierno de México para denunciar los excesos del poder, se ha convertido en un enemigo que debe de eliminar a cualquier costo. Casos emblemáticos como el “toallagate”, o los conflictos de interés relacionados con la Casa Blanca de Peña Nieto, fueron claves para exponer los excesos de administraciones anteriores. Estos ejemplos no solo evidenciaron un uso indebido de los recursos públicos, sino que también jugaron un papel crucial en pavimentar el camino para la llegada de Morena al poder en 2018, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción y la transparencia.

Sin embargo, hoy se observa una contradicción: los mismos mecanismos e instituciones que en su momento permitieron exponer las irregularidades del pasado, y que contribuyeron al ascenso político de la autodenominada «Cuarta Transformación», están siendo desmantelados o debilitados deliberadamente. Estas acciones parecen orientadas a eliminar cualquier posible incomodidad para quienes ahora ostentan el poder, evitando que temas escabrosos sean objeto de escrutinio público. En lugar de fortalecer los contrapesos que garantizarían un gobierno transparente y responsable, se busca desarticularlos para limitar su capacidad de cuestionar y evidenciar posibles abusos.

La gran lección que dejará este gobierno es: para evitar ser deslegitimado, lo mejor es eliminar aquello que podría representar una amenaza. Bajo esta premisa, quienes hoy ostentan el poder en México intentan convencernos de que son incorruptibles, casi angelicales. Frases como “no somos iguales” o “tenemos autoridad moral” no hacen más que evidenciar la intención de construir una narrativa basada en su supuesta superioridad ética.

Sin embargo, lejos de generar confianza, estas afirmaciones subrayan la necesidad de no depender únicamente de las buenas intenciones de quienes gobiernan, el poder debe ser limitado y supervisado mediante mecanismos claros que no dependan de la voluntad del gobernante.

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Este domingo se cerró un capítulo de la insensatez que nadie pudo parar. La elección por voto popular de todos los integrantes del Poder Judicial. Se dijo que fue la voluntad del pueblo la que decidió que así fuera, pero más allá del discurso presidencial que lo asegura, lo que se percibe es un profundo desinterés y si una enorme preocupación de la entidad designada para llevar a cabo el fenomenal despropósito.

El registro de aspirantes a jueces, magistrados y ministros se cerró el 24 de noviembre y hasta dos días antes, había solo 6 mil 479 registros en el Poder Legislativo, 2 mil 747 en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial solo 1,092. Es notable el desinterés que existe en el Poder Judicial pues difícilmente cubrirá los 1,793 perfiles que podría presentar, según el supuesto legal, lo que no sucede con el poder ejecutivo y legislativo que ya superan ese número.

Como también es de hacer notar que en el Poder Legislativo haya tantos registros, lo que hace pensar en una operación política, ya sea para evitar el fracaso del proceso o bien por el interés probable, muy probable, de los diputados y senadores por incluir en las boletas de votación a personas afines en sus circunscripciones.

Hay poco interés de los que saben de leyes, para presentarse a competir por un trabajo en el que no tendrán seguridad laboral, pues solo serán electos por 8 años, con bajos sueldos y la amenaza constante del Tribunal de Disciplina Judicial que implica mucho riesgo para juzgadores sin experiencia.

Lo que contrasta y se comprueba con los registros de los otros poderes en los que predomina el interés político del momento y no la carrera judicial. Los actuales juzgadores han preferido el desdén negándose a participar, serán pocos los que lo hagan conscientes de que será una aventura electoral para la que no están capacitados, pero seguramente necesitados de continuidad laboral.

El proceso de organizar la elección está convertido en un galimatías, producto de la irreflexión, de las prisas y del servil deseo de complacer al expresidente. Ningún esfuerzo retórico al estilo Zaldívar, puede componer el desaseo en la concepción ni el desorden en la realización. El desinterés de los aspirantes es un reflejo de lo que sucederá con la elección a la que acudirán solo los que puedan acarrear los partidos.

Sirva para muestra la consulta para la revocación de mandato, que nadie pidió, salvo el presidente deseoso de mostrar su aceptación; en ella solo participó el 17.7% del padrón electoral, no llegó ni siquiera al porcentaje necesario para ser vinculante. Igual suerte había corrido la consulta convocada en 2021 para someter a la voluntad popular el llevar a juicio a los ex presidentes de la República en la que participó un raquítico 7.1%. Y no hablemos de las falsas y capciosas consultas como la instrumentada para justificar la clausura de un proyecto de la industria cervecera en Mexicali.

La elección de los jueces por voto popular es otro capricho como el de la revocación de mandato y por supuesto que nadie votó por ello al elegir a Claudia Sheinbaum, por eso es una falacia decir que vamos a ella porque el pueblo lo quiere.

Es ocioso abundar sobre lo que ya se ha dicho en demasía sobre la intención de dominar al Poder Judicial y ponerlo al servicio del Poder Ejecutivo, o de la virtual inexistencia de la división de poderes. La voluntad presidencial, la del anterior y la presente fue consumada por la abyecta actitud de un Congreso servil que ni siquiera lee lo que aprueba y la truculenta operación de los líderes camerales y el propio ejecutivo a través de sus operadores políticos.

Lo importante es señalar que por cómo se va desarrollando el proceso, además de ser evidente el desinterés popular, queda claro que la justicia estará sometida a la política, al interés político del presidente en turno y a la merced de los poderes fácticos en todos los niveles. Un juez que tenga que quedar bien con quien le asegura votos no podrá ser ni imparcial ni justo. Eso lo saben los juzgadores de carrera y por ello su desdén. Mientras la fecha llega y el INE termina de hacer malabares para dar orden al disparate, la ciudadanía seguirá en su fatal indiferencia.

Opinión, por Samuel Martínez González //

El pasado 15 de noviembre fue el “Día Mundial sin Alcohol”, en México desde el 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se declara este día como “Día nacional contra el uso nocivo del alcohol.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecer un día sin alcoholismo “tiene como objetivo principal fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de las y los adolescentes y jóvenes de todas las regiones del mundo, para controlar el consumo de esta sustancia y hacerlos conscientes de sus peligrosas consecuencias”.

El alcoholismo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en México, un problema de salud que, a pesar de su magnitud, sigue siendo tratado principalmente desde un enfoque físico y moralista, en lugar de ser reconocido como una enfermedad emocional compleja que requiere un tratamiento integral. El país, enfrenta un creciente número de casos de adicción al alcohol, lo que muestra una preocupante falta de políticas públicas efectivas que aborden esta problemática desde sus raíces emocionales, sociales y psicológicas.

Este padecimiento, más allá de ser un simple hábito destructivo, es una enfermedad crónica que involucra tanto factores biológicos como emocionales. En muchas ocasiones, quienes padecen esta adicción lo hacen como respuesta a traumas no resueltos, estrés crónico, ansiedad, depresión, TDAH o situaciones de violencia familiar.

La dependencia al alcohol actúa como un mecanismo de escape ante la incapacidad de afrontar las dificultades emocionales, convirtiéndose en un ciclo vicioso difícil de romper. Sin embargo, a pesar de la complejidad de la enfermedad, el tratamiento a menudo se limita a intervenciones médicas o programas de desintoxicación sin abordar la raíz emocional del problema.

El gobierno federal, a pesar de que ha implementado algunas medidas para tratar el alcoholismo, aún carece de una estrategia nacional coherente y efectiva para prevenirlo y tratarlo de manera integral. Las políticas existentes no abordan adecuadamente los aspectos emocionales y sociales que alimentan la adicción, ni contemplan la formación de profesionales especializados en salud mental dentro del tratamiento del alcoholismo.

Es común que las personas afectadas no reciban el apoyo psicológico necesario, ni sean conscientes de que su padecimiento está profundamente vinculada con su bienestar emocional. Esto perpetúa la estigmatización del alcohólico como una persona débil o irresponsable, cuando en realidad se trata de un enfermo que necesita atención multidisciplinaria.

Además, en México la prevención y el tratamiento del alcoholismo en muchas ocasiones dependen de organizaciones no gubernamentales o iniciativas locales, que carecen de una coordinación efectiva con el sistema de salud pública. En lugar de promover campañas de concientización que sensibilicen sobre las causas emocionales y sociales del alcoholismo, las políticas tienden a centrarse en los efectos visibles y negativos de la adicción, como los accidentes de tránsito, la violencia y las enfermedades asociadas. Esto, lejos de ser una estrategia integral, se limita a tratar el síntoma y no la raíz del problema.

Una política pública exitosa para combatir el alcoholismo debe ir más allá de la mera sanción y la prevención, e incorporar enfoques terapéuticos que se centren en la salud mental, la rehabilitación emocional y la creación de redes de apoyo social. Esto implicaría destinar mayores recursos al tratamiento psicológico de quienes padecen esta enfermedad, así como a la formación de profesionales capacitados en las diversas disciplinas necesarias para tratar el alcoholismo desde una perspectiva holística. La integración de la salud mental dentro de las políticas públicas de salud y el fortalecimiento de los servicios de atención psicológica serían pasos esenciales en esta dirección.

Es urgente que el gobierno federal reconozca que el alcoholismo no es solo una cuestión de voluntad, sino una manifestación de un problema emocional profundo que se ha acrecentado alcanzando con voracidad a más y más jóvenes desde edades muy tempranas.

Combatir esta enfermedad va mucho más allá de decretar un día a nivel nacional, implica crear conciencia sobre su naturaleza compleja y multidimensional, brindando a los afectados el apoyo necesario para superar la adicción y mejorar su calidad de vida. Solo así podremos construir una sociedad más saludable, empática y libre de los daños que el alcoholismo genera tanto a nivel individual como colectivo.