OPINIÓN
Expectativas para el año nuevo: 2022, la oportunidad de transformar
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
El 22 de diciembre, se me informó que la próxima edición de Conciencia Pública saldría el día de hoy, 3 de enero del 2022, y que con motivo de este nuevo año, sería importante hablar sobre mis expectativas del 2022.
Después de un tiempo pensando en cómo desarrollar esta columna que hoy tienen la oportunidad de leer, llegué a la conclusión de que no puedo hablar de mis expectativas del 2022 sin hablar de algunos problemas que se gestaron en el 2021, año que batió records en muchos temas que sin lugar a duda serán el dolor de cabeza este año.
Empezando por la pandemia, el COVID-19 nos dio un regalo que pone en riesgo los esfuerzos emprendidos en todo el mundo desde el 2020: ómicron.
Esta nueva cara del virus, que aunque si es cierto que es menos letal, también es cierto que es mucho más contagiosa, y es justamente esto, es lo que la vuelve más peligrosa, ya que el hecho de que el virus sea más contagioso, implica que este tendrá más movilidad, y al tenerla, las posibilidades de que este mute a versiones más peligrosas o bien, más resistentes a las vacunas que muchos ya tenemos.
En virtud de lo anterior y al ver cómo nuestro país se toma a la ligera las medidas sanitarias, desestima la importancia de la vacunación y desestima el valor de los estudios científicos que alertan de los riesgos de ómicron, no me queda la menor duda que este año estaremos obligados a rediseñar la estrategia de vacunación y las campañas para incentivar el uso de cubrebocas, herramienta que aunque no lo crean, puede marcar una enorme diferencia.
Por otro lado, el 2021 al igual que con ómicron, hereda para este 2022 un reto igual de complejo: la inflación que debido al cuello de botella en las cadenas de suministro, ha llegado al incremento más alto en los últimos 20 años con un 7.45%.
Si bien es cierto que la inflación es un fenómeno externo y no podemos esperar que combatirla con medidas en la política monetaria interna pueda disminuir este problema, lo que sí podemos esperar es que el Banco de México pueda ser capaz de dar el mayor orden posible a la economía y a los mercados, de tal manera que se pueda asimilar lo mejor posible este choque de tal manera que haya un mayor margen de maniobra.
No obstante, el Banco de México tendrá que enfrentar esta crisis inflacionaria, mientras trabaja para garantizarle a los mercados internacionales y al pueblo de México que su autonomía no está en riesgo como se ha venido señalando.
Pero el 2021 no solamente nos ha heredado problemas de salud y económicos, también heredó a este 2022 una crisis ambiental que continúa mandando señales alarmantes a nuestras autoridades que pese a ello, continúan mandando este tema tan importante para nuestro futuro al último lugar de prioridades en su agenda.
Ahora, aunque la famosa reforma energética que planteó el Gobierno Federal se robó la atención el año pasado en temas ambientales, creo que este año vale la pena que todos tengamos muy presentes que la lucha contra el cambio climático debe plantearse desde el colectivismo y no desde el individualismo.
Dicho lo anterior, creo que debemos tener presente que nuestro estado no fue ajeno a las advertencias climáticas, ya que durante la ultima semana de diciembre, durante 4 días permanecieron activas tres contingencias atmosféricas en el sur de la ciudad, lo cual representa el lapso más critico de contaminación que se haya registrado en el año dentro de la AMG.
En ese orden de ideas, creo que es valioso preguntarnos muy seriamente: desde lo estatal ¿qué se ha hecho para combatir el cambio climático?
Creo que si tratan de responder esta pregunta, se darán cuenta que el medio ambiente no solamente ocupa el último lugar de prioridades en la agenda del Gobierno Federal y al mismo tiempo, esto nos ayudará a darnos cuenta de lo peligroso que es cuando se adoptan banderas solamente con el objetivo de contrarrestar y de ganar simpatías electorales.
Por ultimo, el 2022 se juega mucho en términos políticos, para empezar se disputarán 6 gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, con estas elecciones, el Gobierno Federal tiene la oportunidad de dar un fuerte golpe a la oposición, y por su parte, la oposición tiene la oportunidad de demostrar que sí es una alternativa.
Pero no solo eso, este año se llevará a cabo la famosa y polémica revocación de mandato, evento que de la manera en la que se ha venido socializando, pareciera que el reto no es para Andrés Manuel López Obrador, sino para el INE que pareciera que enfrenta una lucha de credibilidad y confianza que pone en riesgo su autonomía.
En esta lucha aunque muchos no lo crea, la oposición jugará un papel clave y por ello, esperemos que despues del desastrozo 2021 que tuvieron, este año por fin puedan entender que esa venda partidista que ciega no solo ciega sus luchas, sus decisiones y sus causas, sino que también los hace defender más a sus partidos que a los mexicanos, es igual de dañina para los mexicanos.
Por ultimo, creo que no puedo cerrar esta columna sin hablar del evento político más importante del 2021: el triunfo de Gabriel Boric Font en las elecciones presidenciales de Chile, y toco este tema porque creo que su victoria, independientemente de si se simpatiza o no con su ideología o visión, manda un mensaje importante al mundo: la esperanza es la clave para la transformación.
El 2022, debe de ser un año para transformar, ya lo hizo Grupo Orlegi con el Atlas… ¿qué estamos esperando?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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