OPINIÓN
El arte de la comunicación: Crónica de un fracaso, un cierre sin voz ni voto
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Alguna vez leí que uno de los principios básicos de la comunicación es hablar y escuchar, de lo contrario no puede haber comunicación y sin la comunicación, se rompe uno de los principales pilares de desarrollo del ser humano y de la vida en sociedad, ya que antes de que hubiese gobiernos, estados, leyes, normas constituciones y congresos, el ser humano o bien, el hombre antiguo solamente contaba con la capacidad de comunicarse con otros para advertir peligros próximos, o bien, para construir alianzas que les permitiera sobrellevar de mejor manera esos peligros o los tiempos más difíciles.
La comunicación ha construido demasiado principalmente porque ésta se basa en el intercambio de información que consideramos valiosa para lograr un fin determinado.
Un caso en concreto es la pandemia del COVID-19, si bien es cierto es que la vacuna se desarrolló gracias a inversiones millonarias por parte de gobiernos y de personajes como Bill Gates que sumaron esfuerzas para dar herramientas a distintos científicos, la realidad es que la comunicación jugó un papel casi tan relevante como el del dinero, ya que gracias a ella científicos de muchas partes del mundo, y distintos gobiernos tuvieron la capacidad de hablar y el privilegio de ser escuchados cuando se trataba de compartir información acerca del comportamiento del virus.
Muy probablemente, sin la capacidad de comunicar, los esfuerzos por encontrar una vacuna hubiesen sido nulos ya que todas las posibles soluciones hubiesen sido construidas desde un monólogo incapaz de tomar en cuenta otras opiniones, otros estudios u otras realidades.
Pero así como lo es en la ciencia, la comunicación es fundamental para cualquier profesión, en general, un médico no podría realizar su trabajo mejor si no pudiera interactuar con sus pacientes, lo mismo que con los abogados que serían incapaces de llevar a buen puerto sus asuntos si no pudieran hablar con los afectados.
Pero donde la comunicación adquiere una relevancia aún más grande es en la política, ya que es a través de ella que nosotros como seres humanos, sin importar nuestra ideología o nuestras creencias, nos unimos con la única aspiración de lograr el bien común para nuestra sociedad o bien, para los grupos que cada expresión representa desde sus espacios públicos.
En ese orden de ideas, sin la capacidad de comunicarnos entre iguales y desiguales, el actuar gubernamental, las acciones legislativas e incluso las actividades políticas que se realizan desde los partidos políticos carecerían tanto de sentido, como de rumbo, ya que estas se construirían a partir de las necesidades, ambiciones o necesidades ya sea de una sola persona, o bien, de un grupo predominante.
Por esta razón, no podemos perder de vista que la política es una herramienta que debe usarse para construir desde la colectividad y no desde el individualismo, ya que es justamente esta visión individualista la que ha gestado la lista interminable de problemas que hoy nos aquejan colectivamente.
Ahora bien, evidentemente no busco restar importancia de ningún tipo, la comunicación es importante en cualquier ámbito de la vida, pero existen algunos espacios en donde comunicarnos es fundamental, pongo dos ejemplos.
El primero de ellos es cuando iniciamos una relación sentimental con otra persona, en esta etapa es importante dejar de lado las emociones y ponderar la comunicación, ya que solamente así, ambos individuos podrán llegar a un punto de acuerdo respecto a su relación en el corto, mediano y largo plazo, es decir, la única manera de saber si somos o no compatibles con otra persona, es a través de la comunicación, y en este caso en concreto la comunicación adquiere una relevancia significativa ya que por naturaleza, las relaciones sentimentales suelen ser el preámbulo de la vida en familia, la cual, para prosperar en todos los sentidos, requiere de cimientos sólidos que solamente se logran construir conociendo a la perfección a una pareja.
El segundo ejemplo atañe a la vida interna de los partidos políticos. Ahí la comunicación es fundamental ya que en ellos recae una gran responsabilidad: formar a quienes serán los líderes y/o representantes del mañana, por ello, lo que un partido político inculca a su militancia, no solo pedagógicamente, sino también personalmente es un tema de interés público, ya que quien llegue a ocupar un cargo público, no será nada más que todo aquello que le inculcaron las personas que formaron parte de su educación.
Por esta razón, la formación política que se imparte desde partidos cuyos líderes y militantes obedecen ciegamente la voluntad de un individuo en particular puede llegar a ser muy dañina para la vida pública ya que entonces ésta estará integrada por individuos cuya voluntad y libre albedrío están a una cúpula que se encarga de velar por sus intereses.
Pero no me malentienda, no se trata de que todos los políticos sean subversivos, revolucionarios e irreverentes, ya que en la política, como en cualquier otra actividad, se requiere de disciplina, pero especialmente en la política, se requiere tener la capacidad de respetar liderazgos, sin embargo, esta disciplina no puede someter nuestra voluntad, mucho menos, cuando un grupo de individuos socava los derechos de compañeros que son silenciados solo por el hecho de no compartir la visión de un grupo de ‘’liderazgos’’ que han usado los espacios de representación pública como los espacios de poder dentro del partido mismo para encantar o domar la voluntad de sus militantes de la misma manera en que el flautista de Hamelín utilizó la melodía de su flauta para domar a los roedores que invadieron la ciudad alemana del mismo nombre.
Este 2023 es una gran oportunidad para replantearnos el curso de muchas cosas, pero también es una oportunidad perfecta para entender en donde estamos parados y hacia donde nos llevan nuestras decisiones, por esta razón, debemos comenzar este nuevo año siendo congruentes y aprendiendo a escuchar los «caprichos» de aquellos que son considerados como disidentes por no compartir una idea.
Sin la comunicación no podremos llegar a ningún lado, y aunque parezca exagerado, basta con voltear al pasado y ver los estragos que el silencio y la autocomplacencia han provocado en las decisiones políticas de nuestro estado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Pemex tendrá solvencia de pagos en el 2027, garantiza Claudia Sheinbaum
Guadalajara apuesta más de 3 mil mdp para mejorar servicios y espacios públicos
La presidenta adelanta novedades del Paquete Económico 2026: Regularización de autos chocolate y más recursos a la ciencia
Claudia Sheinbaum: Evade la banca el pago de la deuda del IPAB; lo descuentan de impuestos
