Por Francisco Junco //

El diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI, calificó la Agencia de Transformación Digital—creada bajo la controvertida Ley Mordaza o Ley Big Brother—como un «monstruo» que amenaza las bases democráticas de México.

Durante un foro organizado por la Fundación Colosio en un hotel de Guadalajara, presidido por Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, y con más de 100 asistentes, Moreira alertó que esta reforma, presentada como modernización digital, otorga al Ejecutivo un control desmesurado sobre datos, contenidos y comunicaciones.

El evento, que también contó con la participación de Mario Di Costanzo, excolaborador de AMLO, quien expuso los riesgos de una ley que, según los ponentes, encubre un proyecto autoritario.

Moreira advirtió que la agencia supera en facultades a secretarías clave como Gobernación, Relaciones Exteriores, Comercio y Economía, centralizando un poder que podría silenciar críticas y manipular la narrativa pública. «Tiene más facultades que cualquier otra dependencia», afirmó, señalando a José Antonio Peña Merino, actual titular de la Agencia Digital, como el potencial «censor mayor».

Este funcionario, según el legislador, tendría autoridad para revisar contenidos, eliminar páginas web, solicitar datos biométricos y hasta intervenir registros telefónicos sin orden judicial, evocando a José María Córdoba Montoya, figura asociada a la 4T.

Moreira detalló que, bajo el artículo 109, la agencia podría cerrar sitios web, un poder que, aunque no se activará de inmediato, se usaría en momentos de crisis económica. «No va a pasar al día siguiente, pero sí cuando tengan dificultades», dijo, alineándose con Di Costanzo, quien ve al país al borde de un colapso financiero.

Di Costanzo, exsecretario de Hacienda del autodenominado «Gobierno Legítimo» de López Obrador, fue tajante al calificar la autonomía de la agencia como una «falacia». «No hay manera de garantizarla, y sin certeza jurídica, las inversiones se detendrán», afirmó, advirtiendo que nadie arriesgará capital en México bajo este régimen.

Denunció una economía en quiebra, con la deuda pública creciendo 90% durante el sexenio, alcanzando los 19 billones de pesos, sin claridad sobre su destino. «No tocó a grandes empresas ni bancos, todo fue deuda, y ya se les está acabando», criticó, acusando a López Obrador de abandonar promesas de reforma fiscal y recorte de gasto superfluo.

Para Di Costanzo, Claudia Sheinbaum es un «títere» de un líder resentido y dictatorial, mientras la desaparición del INAI elimina la protección de datos personales, exponiendo a los ciudadanos a una vigilancia sin límites.

Moreira ilustró una distopía mexicana donde la Secretaría de Seguridad, vía la agencia, podría acceder a datos biométricos, geolocalización y registros telefónicos, sabiendo «quién está contigo, qué consumes, qué piensas».

Denunció una manipulación del lenguaje como herramienta política, donde palabras como «pueblo» son usurpadas para justificar un control totalitario. «Es el disfraz de la dictadura», afirmó, citando el retiro de más de 35 analistas—como Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín—de programas de opinión y la transformación de debates para simular pluralidad.

La ley, según él, busca anular la crítica y destruir los pilares democráticos, actuando como una «maquinación para quedarse con la comunicación del país».

El foro también abordó la simulación electoral y la destrucción del Poder Judicial. Moreira acusó al gobierno de construir un Estado totalitario bajo una fachada legal, mientras Di Costanzo recordó cómo López Obrador, a quien conoció en 2006, se disfrazó de defensor de libertades para imponer un modelo autoritario. «Es un lobo que hablaba de democracia y ahora nos lleva a una dictadura», sentenció.

Ambos coincidieron en que la Ley Mordaza amenaza la libertad de expresión, el libre mercado y la privacidad, urgiendo a la sociedad a informarse y resistir.

Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco, calificó la reforma como un «atentado gravísimo» contra las libertades, advirtiendo que Morena busca controlar no solo la justicia, sino también lo que se dice, con la capacidad de «bajar el switch» a medios o ciudadanos disidentes.

«Es una vergüenza internacional», afirmó, llamando a unir fuerzas más allá de colores políticos, gremios o sociedad civil para «desterrar a Morena». Propuso una alianza opositora para 2027, citando victorias parciales en Durango y Veracruz como prueba de que la unidad puede derrotar al partido en el poder.

Moreira lanzó un mensaje de resistencia, proponiendo votar en contra de la reforma y prepararse para ganar el Congreso en 2027 mediante alianzas incómodas. «México requiere una gran oposición que salve la democracia», dijo.

Di Costanzo sugirió retomar la estrategia de López Obrador con Regeneración—repartiendo información en las calles—para convencer a la población. Haro enfatizó: «O construimos juntos o a todos nos va a llevar la fregada», subrayando la urgencia de actuar ante un gobierno que, con finanzas quebradas y un modelo autoritario, pone en jaque el futuro del país.

El foro, celebrado en un clima de alerta, dejó claro que la Ley Mordaza no es un tema aislado, sino parte de una ofensiva sistemática. Con la economía tambaleante y la democracia en retroceso, los ponentes instaron a la ciudadanía a movilizarse, recuperar las calles y defender sus derechos. La imagen de un «monstruo» gestándose en la Agencia de Transformación Digital resuena como una advertencia: sin acción colectiva, México podría deslizarse hacia un control totalitario irreversible.

Por Mario Ávila //

Con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación, se cumplió al pie de la letra el Plan C, planteado desde el 5 de febrero del 2024, como un objetivo de largo plazo por parte del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello ambas instituciones se pintarán de guida a partir del próximo primero de septiembre.

De declararse el próximo domingo 15 de junio, la validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría a los candidatos ganadores del proceso, integrarán los dos órganos máximos del Poder Judicial, personajes propuestos por el Poder Ejecutivo y el ala morenista del Poder Legislativo.

Luego del 15 de junio, la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), comenzarán a recibir impugnaciones relacionadas con la elección judicial, desde las irregularidades que se registraron en la jornada, hasta las que se presenten contra las candidaturas ganadoras, por considerarse no aptas para formar parte del PJF.

Tras la entrega de constancias de mayoría, casi tres meses después de la jornada electoral, el pleno de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán haber resuelto las impugnaciones derivadas del proceso electoral, con fecha límite al 28 de agosto de 2025.

En esta elección, se votó para elegir a los 9 ministras y ministros de la SCJN, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito del PJF y 386 juezas y jueces de Distrito del PJF.

El Instituto Nacional Electoral (INE) finalizó este jueves los cómputos distritales de la primera elección del Poder Judicial en México y dio a conocer los nueve perfiles que integrarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una vez realizado el escrutinio y cómputo de la elección al 100% el INE dio por concluido el conteo en los 300 comités distritales del país, los resultados de las 84 mil 266 casillas instaladas en la elección del pasado 1 de junio. La participación ciudadana fue del 13.1% del Padrón electoral; el 10.8% de los votos fueron nulos y el 12% de boletas fueron no válidas, porque los recuadros fueron tachados de manera incorrecta.

Una de las diferencias sustanciales con la integración de la SCJN, es el hecho de que en lugar de 11 ministros que hoy la incluyen, a partir del 1 de septiembre el pleno será solamente de 9, y la presidencia la ocuparán de manera rotativa cada dos años, los ministros que hayan obtenido de la más alta a la más baja votación.

De tal suerte que, con 6 millones 195 mil 612 votos, Hugo Aguilar Ortíz será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y le seguirá en el 2027, Lenia Batres Guadarrama, que obtuvo 5 millones 802 mil 019 votos.

Yasmín Esquivel Mossa, será presidenta en el 2029 como tercer lugar en los más votados con 5 millones 310 mil 993 votos; Loretta Ortiz Ahlf le seguirá, con 5 millones 012 mil 094 votos; continuará María Estela Ríos González, por haber conquistado 4 millones 729 mil 803 votos.

Giovanni Figueroa es sexto con 3 millones 655 mil 748 votos; Irving Betanzo Espinosa, es séptimo con 3 millones 587 mil 951 votos; Rodrigo Guerrero García, es octavo con 3 millones 584 mil 825 votos y Sara Irene Herrerías Guerra, es novena con 3 millones 268 mil 411 votos.

Los ministros electos en la elección extraordinaria de 2025 permanecerán en su cargo ocho y 11 años, en función del número de votos obtenidos por cada uno: los más votados se mantendrán en el cargo durante un periodo mayor, de modo que cuatro ministros se mantendrán en funciones hasta 2033 y cinco hasta 2036, respectivamente.

Ofrece Hugo Aguilar construir un nuevo modelo de justicia

Lo más sobresaliente de la elección inédita del Poder Judicial, fue que por la vía del voto popular en primer lugar y por lo tanto en primer presidente de la SCJN a partir del 1 de septiembre será la llegada de Hugo Aguilar Ortiz, ya que por primera vez un jurista indígena encabezará La Corte.

Con más de tres décadas de trayectoria, su perfil combina experiencia institucional y vinculación directa con comunidades rurales e indígenas. Es abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y ha ocupado cargos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y en diversas instancias vinculadas con la defensa jurídica de territorios indígenas.

Dentro de las propuestas que realizó durante la campaña vía redes sociales, Aguilar Ortiz ofreció construir un nuevo modelo de justicia, basado en derechos y principios que atienden la realidad, la identidad, la perspectiva de género, el respeto a la naturaleza y el sentido humano que deben tener las resoluciones judiciales.

Y dijo: “Estoy preparado para trabajar por una justicia real, verdadera y con perspectiva pluricultural, en beneficio de todas y todos, en beneficio de los pueblos y las comunidades. Esa ha sido mi guía, compromiso y lucha, y no me desviaré de ella”

Hugo Aguilar Ortiz nació en 1973, en el corazón del territorio mixteco del estado de Oaxaca. Creció con la guía de su padre, abrevando de la sabiduría, la visión y la filosofía indígena de su comunidad de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca.

Aprendió a cultivar la tierra, la solidaridad con sus semejantes y el cariño a la naturaleza de la mano de su madre. Desde hace años le acompañan Elia, Savi y Yoko, su familia, cuya comprensión y amor han sido su motor y aliciente.

Ha colaborado con instancias estatales, nacionales e internacionales: como consultor de la oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos en México; Subsecretario de Derechos Indígenas de Oaxaca (2011 a 2016); en la Dirección de Sistemas Normativos del Instituto Electoral de Oaxaca (2016 a 2018) y, desde 2018, como Coordinador de Derechos Indígenas del INPI, desde donde trabaja para lograr la reforma al artículo 2° Constitucional sobre Derechos de los pueblos Indígenas y Afro mexicanos. Incluso su trabajo fue reconocido con el Premio Nacional a la Juventud Indígena en 2001.

LOS NUEVOS MINISTROS DE LA SCJN

Nombre y cantidad de votos

Hugo Aguilar Ortiz: 6,195,612

Lenia Batres Guadarrama: 5,802,019

Yasmín Esquivel Mossa: 5,310,993

Loretta Ortiz Ahlf: 5,012,094

María Estela Ríos González: 4,729,803

Giovanni Azael Figueroa Mejía: 3,655,748

Irving Espinosa Betanzo: 3,587,951

Arístides Rodrigo Guerrero García: 3,584,825

Sara Irene Herrerías Guerra: 3,268,411

EL NUEVO TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

A partir del 1 de septiembre de 2025, el Poder Judicial de la Federación (PJF) contará con un nuevo órgano: el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el cual estará encargado de investigar y sancionar a los juzgadores federales por negligencias o faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Este tribunal será un órgano colegiado integrado por cinco magistrados, con paridad de género: tres mujeres y dos hombres y formará parte de los órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Su objetivo principal será la vigilancia y disciplina de jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las resoluciones que emita serán definitivas y no estarán sujetas a apelación.

LOS CINCO MAGISTRADOS QUE INTEGRARÁN EL TDJ

De acuerdo con los resultados oficiales dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras el cómputo del 100% de las actas, quedaron definidos los perfiles que conformarán el TDJ.

A continuación, sus trayectorias:

Celia Maya García

-Presidirá el Tribunal en su primer periodo (2025-2027)

-Nació en Querétaro el 4 de diciembre de 1949.

-Licenciada en Derecho y en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), institución donde también obtuvo el doctorado en Derecho.

-Tiene tres maestrías: Derecho Procesal Penal, Derecho Fiscal e Impuestos.

-Actualmente es consejera del CJF (nombrada en 2023 por cinco años).

-Fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Eva Verónica de Gyvés Zárate

-Originaria de Oaxaca, nació el 28 de febrero de 1961.

-Licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio.

-Especialista en Derecho Penal, Amparo y Derecho Procesal Penal.

-Consejera del CJF entre 2019 y 2024, también propuesta por López Obrador.

Indira Isabel García Pérez

-Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima.

-Tiene maestrías en Derecho Corporativo y Educación, además de especialidades en impuestos fiscales y calidad del gasto público.

-Se ha desempeñado en órganos de fiscalización y transparencia del estado de Colima.

-También ha trabajado en el Tribunal Electoral de Colima.

Bernardo Bátiz Vázquez

-Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

-Fue procurador de Justicia de la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador como Jefe de Gobierno (2000-2006).

-Consejero del CJF de 2019 a 2024.

-Con experiencia política previa como secretario general del PAN en los años 70 y 80.

Rufino H. León Tovar

-Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional.

-Doctorante en Derecho.

-Fue Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y actualmente preside una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

-También fue secretario de Movilidad de la Ciudad de México.