NACIONALES
La paradoja del interés público

Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
La Constitución Federal señala que toda la información que está en manos de las autoridades es pública, es decir, que nos pertenece a todos y que, por consecuencia, sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.
Sin embargo, como el concepto de “interés público” es muy ambiguo, la propia Constitución establece que la Ley General de Transparencia debe de definir aquellas causales que puedan ser consideradas dentro del campo del “interés público”, para evitar abusos en el proceso de reserva de información, estableciéndose por tanto tres reglas muy importantes para efecto de que las autoridades puedan negar el acceso a esa información pública que nos pertenece, de tal forma que nadie tenga dudas de las razones claras, objetivas, concisas, tangibles y específicas detrás de cada reserva, a saber:
En primer lugar, establece doce causales específicas de reserva consideradas de “interés público” (más la causal de “seguridad nacional”), para delimitar el margen de discrecionalidad de las autoridades, lo que en otras palabras significa que, si la información que se quiere ocultar no se encuentra dentro de alguna de esas causales, significa que no se puede reservar, porque no existiría una causa real de “interés público” para reservarla.
En segundo lugar, establece que toda reserva de información debe de hacerse con posterioridad a la solicitud para acceder a esa información, prohibiendo la reserva de información antes de su generación y también previo a que alguien la haya solicitado.
En tercer lugar, establece que, además de la existencia de una causal de interés público, debe realizarse un procedimiento de justificación caso por caso, en el cual se analice con profundidad cuáles serían efectivamente las afectaciones al “interés público” en caso de que esa información se hiciera del conocimiento público; procedimiento que la ley define como “prueba de daño”.
Por todo ello, el decreto presidencial que establece que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, ejecución y administración del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos como el Felipe Ángeles, son considerados de seguridad nacional y de interés público en automático, es una clara violación a lo establecido por la Constitución, pues pretende esquivar las tres reglas básicas referidas para la clasificación y reserva de información pública.
Es muy importante recordar que toda negativa de acceso a información pública es una restricción a un derecho humano, lo cual debe de evitarse siempre que sea posible, pues también es una cuestión de “interés público” el que se reconozcan y tutelen los derechos fundamentales de una persona, lo cual es una clara evidencia de la paradoja que hay detrás de esta figura de “interés público”.
Aunado a lo anterior, la propia Ley General de Transparencia define como “información de interés público” aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo las autoridades, lo que se adecúa perfectamente con toda la información relacionada con las grandes obras que realiza el gobierno.
Así las cosas, lo paradójico de este concepto de “interés público”, reside justamente en que puede servir a las autoridades tanto para ocultar la mayor cantidad de información posible (como en el caso del referido decreto presidencial) como para que las autoridades transparenten la mayor cantidad de información posible (mediante la difusión de información de interés público).
Sin embargo, en el uso e interpretación del concepto de “interés público”, se debe de entender que existe una gran diferencia entre su utilización para ocultar y para transparentar, pues en el primer caso debe ser limitativa (reserva de información), pues únicamente se puede utilizar cuando se adecúe con alguna de las causales de reserva expresamente previstas y, por el contrario, es un concepto que invita a las autoridades a ser lo más transparentes posible, entregando la mayor de información que puedan.
Por último, para abonar en esta paradoja, cabe señalar que los organismos garantes de transparencia, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) o el Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI), tienen la facultad expresa de realizar “pruebas de interés público”, que es un mecanismo de argumentación, fundamentación y ponderación, realizado cuando existe una colisión de derechos, para acreditar si el beneficio de la entrega de información clasificada favorece al interés público o, por el contrario, atenta contra dicho interés público o los derechos humanos, por lo que la falta de organismos garantes de transparencia deja a la sociedad sin este importantísimo filtro para determinar si las autoridades reservan o no justificadamente la información pública en su poder.
NACIONALES
Iberdrola se va de México

-Por Mario Ávila
Directivos de la empresa española Iberdrola tomaron la decisión de dejar el país, sencillamente porque han decidido hacer una inversión muy grande en países de Europa, particularmente una vez que ganaron un concurso, y han decidido orientar la mayor parte de sus inversiones hacia este destino.
Por ello, han vendido las 15 empresas (centrales operativas) que tienen en territorio mexicano a la empresa Cox, a un precio de 4 mil 200 millones de dólares. Sin embargo, la operación está sujeta a medidas regulatorias.
De ello dio cuenta en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó que Cox planea invertir otros 4 mil millones de dólares en nuevos activos de energías, hasta mil 500 millones de dólares en activos de concesiones de agua y un polo de desarrollo para el bienestar mexicano. Además, buscará participar en proyectos de generación en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Recordó Sheinbaum Pardo que, durante todo el periodo neoliberal, las empresas como Iberdrola se ocuparon de generar electricidad en un esquema ilegal, es decir, en las sociedades de autoabastecimiento en México hasta antes de la reforma del 2013 no se permitía que en privado se vendiera electricidad a otro privado, pero después de la reforma se dio luz verde para los grandes consumidores lo hicieran. Además esta sociedad de autoabasto estaba fuera del mercado.
“Lo que hacían era generar en un lugar y venderle a un privado en otro lugar, utilizando las líneas de transmisión de Comisión Federal de Electricidad, sin pagar; desde el gobierno de López Obrador se les hicieron planteamientos para que se integraran de alguna forma legal de generación y de venta, que podría ser la propia Comisión Federal de Electricidad o a través de lo que se quedó de la parte del mercado eléctrico”, explicó la presidenta de México.
Informó además que hoy se trabaja en la Secretaría de Energía, para que se dejen las sociedades de autoabasto y se entre a este nuevo proceso normativo, en el que la nueva regla de generación eléctrica es 54% para la CFE y 46% para los privados, de lo cual, una parte del mercado eléctrico se le puede vender a la CFE.
JALISCO
Confirma Sheinbaum el agua del Río Lerma para Guanajuato

-Por Mario Ávila
Dado que el plan hídrico 2024 2030 del Gobierno Federal contempla llevar agua a León por 3.8 metros cúbicos por segundo a través de la cuenca del Río Lerma, es que se construye el acueducto de la cuenca hacia la presa Solís.
Ello a pesar de las quejas emitidas por el mandatario de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien ha manifestado las repercusiones que ello tendrá para el abasto de agua a Guadalajara y para la salud del lago de Chapala, quien ha pedido respetar los acuerdos interestatales de distribución del agua del 2014 para evitar una crisis ambiental y social en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Ante ello, esta mañana la presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo: “Nunca hemos planteado eso de que se le quite el agua a un estado para dársela a otro, ¿cómo creen?, es ridículo; no, hay una propuesta para Guanajuato y una propuesta para Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el agua, pero jamás sería un proyecto que le quitará agua a un estado para dársela a otro.
JALISCO
El juego de la incertidumbre de Donald Trump

-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La reciente llamada de 40 minutos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump trajo un respiro temporal: la postergación por tres meses de aranceles a las exportaciones mexicanas.
Sin embargo, ¿disipa esto la incertidumbre que envuelve a México? ¿Beneficia a la economía? ¿Cómo lo reciben inversionistas y empresarios? ¿Persiste la incertidumbre?
Aunque la presidenta Sheinbaum mostró optimismo, la prórroga de 90 días es un alivio táctico, no una solución definitiva. Trump ha convertido los aranceles en una herramienta de presión volátil, usando temas como migración, narcotráfico y el déficit comercial para negociar.
Desde febrero de 2025, México vive bajo la sombra de aranceles del 25% o 30%, inicialmente pospuestos tras compromisos como el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera.
Sin un acuerdo claro o una renegociación sólida del TMEC, que inicia su revisión en 2026, la inestabilidad seguirá pesando sobre la economía mexicana, incluida la de Jalisco, un pilar exportador. ¿Ayuda a la economía mexicana?
La postergación protege, por ahora, a una economía que depende en un 80% de las exportaciones a EE.UU., especialmente en sectores clave para Jalisco como la cadena de suministro automotriz, la industria electrónica y la manufacturera.
En 2024, el comercio bilateral superó los 700 mil millones de dólares, y un arancel del 30% —aplicable al 28.6% de exportaciones que no cumplen las reglas de origen del TMEC, según Banamex— habría disparado costos para consumidores estadounidenses y desestabilizado cadenas de suministro integradas. No obstante, el beneficio es limitado.
La amenaza arancelaria frena la planeación a largo plazo.
Las proyecciones económicas son sombrías: Goldman Sachs estima un crecimiento del PIB de 0% para 2025; Gabriela Siller advierte una contracción de hasta 4% en un escenario extremo con aranceles del 25%; y la OCDE prevé una caída del 1.3%, agravada por la desaceleración de la inversión.
La prórroga evita un choque inmediato, pero no resuelve la dependencia del mercado estadounidense ni la incertidumbre estructural.
¿Cómo reaccionan inversionistas y empresarios?
El sector privado recibe la noticia con cautela. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ve esperanza en la prórroga, pero lamenta la parálisis de más de 60 mil millones de dólares en inversiones, reflejada en la caída del 39% en nueva inversión extranjera en 2024.
En Jalisco, los empresarios enfrentan un dilema: diversificar mercados o aguardar claridad en la relación con EE.UU. La prórroga da tiempo para fortalecer estrategias como el Plan México, que busca aumentar la producción nacional, pero la falta de certidumbre limita su entusiasmo.
Conclusión
La postergación de aranceles es un respiro, pero no elimina el juego de incertidumbre de Trump. México gana tiempo para negociar, pero sin un acuerdo permanente, la economía, los inversionistas y los empresarios seguirán en vilo.
En Jalisco, el optimismo es moderado: hay espacio para avanzar en proyectos estratégicos, pero la sombra de la volatilidad comercial persiste. Sheinbaum debe aprovechar estos meses para construir una estrategia sólida que blinde al país ante las tácticas impredecibles de su vecino del norte.