Actualidad, por Alberto Gómez R. //

Los sistemas de pensiones gubernamentales son pilares fundamentales para garantizar la estabilidad y el bienestar económico de los ciudadanos en la vejez. En México, las reformas al sistema de pensiones han sido tema de un intenso debate, especialmente en el contexto de las modificaciones más recientes de 2020.

Estas reformas buscan corregir las deficiencias de los cambios implementados en 1997 y 2007 durante gobiernos neoliberales, que se percibieron como perjudiciales para los pensionados y beneficiosas para las empresas privadas administradoras de las Afores.

En 1995, durante el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se aprobó la reforma a la Ley del IMSS de 1973, que entonces regía la forma en que los trabajadores recibían una pensión al retirarse.

El sistema de pensiones vigente de 1973 a 1997, daba a los trabajadores una pensión de acuerdo con la edad a la que se retiraban y el promedio de su sueldo en los cinco años anteriores al retiro. Tenía dos modalidades: retiro por cesantía entre los 60 y 64 años; y por vejez a partir de los 65 años.

Para solicitar la pensión, el trabajador debió haber cotizado 500 semanas como mínimo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que equivalen a unos 10 años de trabajo. El monto que recibían los trabajadores dependía, además del promedio del sueldo, de la edad a la que se retiraban.

Si lo hacían por cesantía podían recibir entre el 75% y el 95% del promedio de su sueldo; si lo hacían por vejez recibían el 100%.

REFORMA DE 1997

Antes de 1997, año en que se aplicó la reforma propuesta en 1995, el sistema de pensiones en México operaba bajo un esquema de reparto a través del IMSS. En este modelo, las contribuciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados. Este sistema se sostenía gracias a una alta proporción de trabajadores activos frente a jubilados, y se caracterizaba por una cobertura relativamente amplia y beneficios definidos. Sin embargo, el sistema enfrentaba supuestos problemas de sostenibilidad debido a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida, lo que incrementaba la proporción de jubilados en relación con los trabajadores activos.

El 1 de julio de 1997 entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social, vigente hasta el momento, y cuyo modelo se basa en que cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se van sumando sus aportaciones, las de su patrón y las del Gobierno.

Dichas cuentas están bajo la tutela de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que son instituciones financieras vigiladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Actualmente hay 10 Afores: 9 privadas y una del Estado.

Cada bimestre, el patrón aporta 5,15% del salario base; el Gobierno federal pone la llamada Cuota Social de 0,225% del salario base; y el trabajador, el 1,125% de su salario. En total, la Afore recibe el 6,5% del salario base de cotización.

Además, el trabajador puede hacer aportaciones voluntarias cada quincena o mes para aumentar el saldo de su ahorro.

Esta reforma fue promovida bajo el argumento de mejorar la sostenibilidad del sistema y reducir la carga fiscal del gobierno. Se introdujeron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), instituciones privadas encargadas de gestionar las cuentas individuales de los trabajadores. Bajo este esquema, cada trabajador tenía una cuenta individual donde se depositaban sus contribuciones, las cuales se invertían en el mercado financiero con el objetivo de generar rendimientos para financiar su jubilación.

La reforma de 1997 tuvo consecuencias mixtas. Si bien alivió la carga fiscal del gobierno al reducir su responsabilidad directa en el pago de pensiones, también trajo consigo problemas significativos. Las Afores comenzaron a cobrar comisiones elevadas por la gestión de las cuentas, reduciendo significativamente los ahorros acumulados por los trabajadores. Por ejemplo, durante los primeros años, las comisiones por manejo de cuenta llegaron a representar hasta el 2% del saldo anual, un costo excesivo que afectaba el monto final disponible para la jubilación.

Además, la baja densidad de cotización, es decir, el número de semanas que los trabajadores contribuyen al sistema durante su vida laboral, resultó en saldos insuficientes para garantizar pensiones adecuadas. Muchas personas no lograban acumular los fondos necesarios, lo que derivaba en pensiones extremadamente bajas. Por ejemplo, si un trabajador tenía un sueldo de $10 mil pesos mensuales, su pensión era de alrededor de $2,500 pesos al mes.

REFORMA DE 2007

La reforma de 2007 se enfocó en el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Similar a la reforma de 1997, se introdujo un esquema de capitalización individual para los nuevos trabajadores, mientras que los trabajadores existentes podían optar por mantenerse en el sistema anterior o migrar al nuevo sistema.

Esta reforma también enfrentó críticas debido a problemas similares a los del sistema de Afores. Las comisiones cobradas por las Afores del ISSSTE fueron consideradas altas y el rendimiento de las inversiones a menudo no compensaba estos costos. Asimismo, se encontraron diversas anomalías en la administración de los fondos, incluyendo prácticas de inversión cuestionables y falta de transparencia en la gestión de los recursos.

Además, diversas investigaciones han revelado que muchos políticos y expolíticos del PRI y el PAN tenían participación en las empresas de Afores, lo que generaba conflictos de interés y sospechas de corrupción. Este entorno permitió prácticas abusivas, como el cobro de comisiones excesivas y la manipulación de los rendimientos para favorecer a ciertos grupos económicos.

REFORMA DE 2020

En un esfuerzo por abordar las deficiencias de las reformas anteriores, en 2020 se aprobó una nueva reforma al sistema de pensiones en México. Esta reforma tenía varios objetivos clave:

Aumento de las aportaciones. Se incrementaron las aportaciones obligatorias de los empleadores de manera gradual, pasando del 5.15% al 13.875% del salario base de cotización en un periodo de ocho años. Este aumento tiene como objetivo mejorar el saldo acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores.

Reducción de las semanas necesarias para la pensión. Se redujo el requisito de semanas cotizadas de 1,250 a 750 semanas, con un aumento progresivo hasta llegar a 1,000 semanas en 2031. Esta medida busca facilitar el acceso a una pensión para un mayor número de trabajadores, especialmente aquellos con historial laboral irregular.

Mejora de la Pensión Garantizada. La Pensión Garantizada, ajustada a la inflación, se incrementó para asegurar un ingreso mínimo digno para los jubilados, particularmente aquellos con bajos ingresos.

Reducción de comisiones. Se establecieron regulaciones más estrictas para las comisiones que las Afores pueden cobrar, buscando reducir los costos para los trabajadores y mejorar los rendimientos netos de sus ahorros para el retiro. Actualmente se han reducido a menos de la mitad de los cobros anteriores, quedando en 0.56% de las aportaciones del trabajador.

Beneficios de la reforma. Las reformas de 2020 intentan corregir los errores del pasado, asegurando que los trabajadores tengan mayores ahorros y, por ende, pensiones más dignas. Se estima que, con la nueva estructura de aportaciones y menores comisiones, los saldos acumulados en las cuentas de los trabajadores podrían aumentar significativamente, mejorando las pensiones futuras.

PRÓXIMAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

El gobierno federal ha propuesto futuras modificaciones para continuar mejorando el sistema de pensiones en México:

Pensión universal. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una pensión universal que garantice un ingreso básico a todos los adultos mayores, independientemente de su historial laboral. Esta medida busca ampliar la cobertura y reducir la desigualdad en los beneficios de pensión.

Aumento de contribuciones. Se plantea incrementar aún más las contribuciones patronales y gubernamentales para asegurar la sostenibilidad del sistema y mejorar los montos de las pensiones.

Transparencia y eficiencia. También se busca implementar medidas para mejorar la transparencia y eficiencia en la administración de las Afores, incluyendo auditorías más estrictas y la eliminación de conflictos de interés.

LOS MEJORES SISTEMAS DE PENSIONES DEL MUNDO

Países Bajos. El sistema de pensiones en los Países Bajos es conocido por su sostenibilidad y adecuación. Consiste en tres pilares: una pensión estatal básica (AOW), pensiones ocupacionales y ahorros privados. La AOW proporciona un ingreso básico para todos los residentes mayores de 67 años, financiado por impuestos. Las pensiones ocupacionales son gestionadas por fondos específicos de cada sector y son obligatorias, mientras que los ahorros privados permiten a los individuos complementar sus ingresos de jubilación.

El sistema holandés asegura una cobertura amplia y pensiones adecuadas, lo que reduce la pobreza en la vejez y asegura una calidad de vida digna para los jubilados. Además, la estructura tripartita proporciona estabilidad y diversificación de riesgos.

Dinamarca. El sistema danés se caracteriza por su eficiencia y sostenibilidad. Incluye una pensión estatal básica financiada por impuestos, pensiones ocupacionales obligatorias gestionadas por fondos específicos y ahorros privados incentivados mediante deducciones fiscales. Este sistema asegura una base de ingresos sólida para todos los ciudadanos mayores de 67 años.

Dinamarca tiene una de las tasas más bajas de pobreza en la vejez en el mundo, gracias a su sistema de pensiones robusto y bien financiado. La transparencia y la gestión eficiente de los fondos de pensiones son factores clave en su éxito.

Australia. Australia combina una pensión estatal financiada por impuestos (Age Pension) con un esquema de ahorro obligatorio conocido como Superannuation. La Age Pension ofrece un ingreso básico a los ciudadanos mayores de 66 años y medio, mientras que el Superannuation obliga a los empleadores a contribuir un porcentaje del salario de los trabajadores a fondos de pensiones privados, promoviendo una alta tasa de ahorro y seguridad financiera para los jubilados.

El sistema australiano fomenta una alta tasa de ahorro personal, lo que permite a los jubilados tener ingresos más altos y una mayor seguridad financiera. Además, la combinación de ingresos garantizados y ahorros privados proporciona una red de seguridad sólida y flexible.

Suecia. El sistema de pensiones en Suecia es reconocido por su flexibilidad y solidez. Consta de una pensión de ingresos basada en los ingresos a lo largo de la vida laboral, una pensión garantizada para aquellos con bajos ingresos y pensiones ocupacionales complementarias. Este modelo asegura que todos los ciudadanos reciban una pensión adecuada, independientemente de sus ingresos previos.

Suecia ha logrado reducir significativamente la pobreza en la vejez mediante un sistema de pensiones que equilibra adecuadamente la responsabilidad individual y la seguridad proporcionada por el Estado. La transparencia y la equidad son características fundamentales de este sistema.

Los sistemas de pensiones gubernamentales son esenciales para garantizar el bienestar económico de los jubilados y asegurar una sociedad más equitativa. Las próximas modificaciones propuestas buscan ampliar la cobertura y asegurar un nivel de ingresos digno para todos los adultos mayores.

Al comparar los sistemas de pensiones más exitosos del mundo, como los de Países Bajos, Dinamarca, Australia y Suecia, se pueden extraer valiosas lecciones para México. Estos modelos destacan por su combinación de pilares estatales, ocupacionales y privados, proporcionando una red de seguridad robusta y diversificada para los jubilados. Implementar prácticas similares en México podría contribuir a un sistema de pensiones más justo y sostenible, asegurando el bienestar de las futuras generaciones de trabajadores.

Es vital que el gobierno mexicano continúe reformando y mejorando el sistema de pensiones, no solo para corregir los errores del pasado, sino también para garantizar un futuro más seguro y digno para todos los trabajadores del país.