JALISCO
Nuevo acuerdo entre Jalisco y Guanajuato carece del aval de CONAGUA
Por Mario Ávila //
Para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), están vigentes las posibilidades de elevar la cortina a 105 metros de altura o desmantelar la presa; según lo expuso su directora en reunión sostenida con representantes de “Salvemos Temaca”.
Los habitantes de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, mantienen vivas las esperanzas de que sus comunidades se salven de ser inundadas, ya que no se ha tomado una determinación y por tanto están vigentes las dos posibilidades extremas: que la cortina de la presa El Zapotillo se eleve a los 105 metros de altura o bien que se desmantele el proyecto de la construcción de la presa en la región de Los Altos de Jalisco.
Esto quedó en claro para los representantes del Colectivo “Salvemos Temaca” y abogados defensores de los derechos de los pobladores de estas tres comunidades en riesgo, luego de tomar parte en una reunión efectuada el pasado martes, en la que estuvo presente la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, el jefe de Asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel y representantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
En el encuentro, la directora de CONAGUA, Blanca Jiménez aseguró que no hay hasta ahora una decisión tomada, según lo refieren versiones de los asistentes, vertidas a algunos medios de comunicación digitales como Zona Docs y Somos el Medio.
Blanca Jiménez aseguró que hasta el momento, la CONAGUA se encuentra analizando todas las opciones que van desde construir la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros de altura, hasta de desmantelarla; sin embargo, reafirmó que no se ha tomado ninguna decisión.
Con el objetivo de solucionar el conflicto que tiene detenida la construcción de la Presa El Zapotillo que se inició desde hace 13 años e impedir que los pueblos sean inundados, la CONAGUA, el Gobierno Federal y la representación legal del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, acordaron reunirse a finales del mes de julio para analizar la situación jurídica del caso.
La primera de las dos opciones (levantar la cortina a 105 metros), maduró a raíz de la presión que ejercieron los empresarios de Jalisco en reunión sostenida con el presidente Andrés Manuel López Obrador el mes pasado, y aumentó, una vez que los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Jalisco y Guanajuato, respectivamente, desconocieron los acuerdos de distribución del agua del Río Verde firmados en el 2006 cuando prácticamente el presidente de la República, Vicente Fox Quezada, presionó y obligó al entonces mandatario jalisciense, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien se había defendido diciendo con firmeza que “Jalisco no se vendía por un plato de lentejas”.
NO CUADRAN LOS DATOS
Para Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los porcentajes manejados en el Acuerdo de Entendimiento firmado, el pasado 29 de junio, por los gobernadores Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro Ramírez: “No le cuadran”, ya que los datos de disponibilidad de agua con los que cuenta la CONAGUA, no corresponden a los datos manejados en el Acuerdo de Entendimiento firmado por los funcionarios.
Lo anterior fue explicado por la Directora de CONAGUA durante la reunión que sostuvo, el pasado martes 9 de julio, en la Secretaría de Gobernación, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogados de las comunidades; en dicha reunión también estuvo presente Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a los 500 millones de pesos, destinados dentro del Presupuesto de Egresos Federal 2019, la titular de la CONAGUA señaló que, por órdenes de López Obrador, sólo se usaron 270 millones de pesos para realizar trabajos de seguridad en El Zapotillo, tales como instalar unos diques que impidan que ramas, basura, piedras o cualquier otro elemento lleguen a obstruir las compuertas de presas, lo cual podría ocasionar un desastre.
Jiménez Cisneros resaltó que su administración se encuentra enfocada en tener toda la información del proyecto Presa El Zapotillo- Acueducto Zapotillo-León; no obstante, no han revisado toda la documentación que se encontraba en las oficinas de CONAGUA Jalisco y que recientemente ha sido trasladado a sus oficinas en la Ciudad de México.
Hemos encontrado irregularidades -dijo-, por lo que ya tenemos la información en la Ciudad de México donde la estamos analizando, pero ha sido un dolor de cabeza analizar el expediente, precisó.
Respecto a la millonaria demanda de la empresa española Abengoa contra el Gobierno de México por el pago de una indemnización por la inversión que realizó en el proyecto Acueducto Zapotillo-León, Blanca Jiménez resaltó que no pagarán lo que exige la empresa española: “No lo vamos a pagar: ¿De dónde saldría eso? Esto con los abogados de CONAGUA ya lo estamos judicializando”.
Por su parte, Lázaro Cárdenas Batel se comprometió a agendar una reunión en las próximas semanas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró a las comunidades que Obrador no tomará ninguna decisión “en lo oscurito”.
“No tengan preocupación de que se enteren de la decisión del Gobierno Federal no fue consensuada con ustedes, que no fue platicada o que, simplemente, se tomó en lo oscurito y que ustedes se enteraron por los medios… tengan la absoluta certeza de que eso no va ocurrir”.
LAS PRESAS ‘NO SON LA OPCIÓN’
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo acompañados del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Colectivo de Abogados, y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también se reunieron con Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien al iniciar la reunión recordó el caso de la presa Miguel Alemán, en Oaxaca, que inundó 47 mil hectáreas dejando bajo el agua pueblos, cultura, y tradiciones ancestrales.
Refieren los medios de comunicación digitales Zona Docs y Somos el Medio, en el material periodístico firmado por Mario Merlo, que en los resultados del encuentro destaca la aportación de titular de Semarnat: “Recuerdo muy bien el caso donde gente mayor mazateca, se suicidó después de ver a su pueblo inundado… porque estaban inundando, su historia y pueblo mazateco.”
Por ello, Víctor Manuel Toledo celebró que a diferencia de los mazatecos: Temacapulín, Acasico y Palmarejo sean un frente de resistencia que se organiza y lucha por defender sus derechos.
“La novedad que yo veo ahora y que me da mucho gusto es que ustedes se organizan, y que tienen 14 años luchando y hasta ahora tienen detenida la presa. Aquí la pregunta es qué tanto un proyecto de escala federal tiene derecho a irrumpir la vida a nivel local y municipal, esto en un modelo de civilización donde prevalece la ciudad y la industria como mecanismos de destrucción y depredación de los pueblos.”
Después de escuchar a las comunidades, el secretario de la Semarnat, propuso visitar a la comunidad a finales del mes de julio con la intención de conocer el territorio y buscar soluciones para: “la gestión integral del agua” y “la resistencia de las comunidades contra el proyecto Presa El Zapotillo-Acueducto Zapotillo-León”.
A modo de conclusión, Toledo comentó a los pueblos que actualmente: “las presas no son la opción”, y que en el caso de las hidroeléctricas, la solución es mil pequeñas micro-hidroeléctricas, manejadas por la gente de las comunidades o mediante un modelo de cooperativas donde no predomine el gigantismo ni la concentración de energía que imita las prácticas del poder económico y político.
ALCALDES DE LOS ALTOS, AVALAN ACUERDO
Mediante un desplegado, alcaldes de 16 municipios de la región de Los Altos de Jalisco, sin el aval de sus respetivos cabildos, manifestaron su respaldo al nuevo proyecto de distribución de agua entre Jalisco y Guanajuato firmado el pasado 29 de junio por los gobernadores Enrique Alfaro Ramírez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
“No tenemos duda -exponen-, que el acuerdo es un hecho histórico que permite a los jaliscienses recuperar el agua que se había perdido en los convenios de 2005 y 2007, y a la vez respetar los acuerdos de distribución de agua de 1995 y 1997 donde corresponden a Jalisco 76% del agua de la cuenca del Río Verde y a Guanajuato el 24%”.
El desplegado lo firman los alcaldes de Arandas, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Mexticacán, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Tepatitlán, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo y Yahualica.
En la publicación los munícipes advierten: “El acuerdo permitirá además evitar prácticas como la sobreexplotación de los manos acuíferos, garantizar la vida de las fuentes de abastecimiento del Estado y que se cumpla plenamente el derecho al agua, tanto de la región de Los Altos, como del Área Metropolitana de Guadalajara”.
Dicen entender la importancia que tienen los recursos hídricos para el desarrollo de las comunidades y señalan: “Este histórico acuerdo es una gran noticia porque permite garantizar el abasto de agua para uso humano para los ciudadanos de Los Altos de Jalisco, lo que traerá grandes beneficios a sus habitantes. Pero también garantiza el agua para actividades ganaderas y de cultivo, en una de las regiones más prósperas del país en esta materia”.
Y sentencian: “Tanto el Gobierno del Estado como los alcaldes de los municipios de Los Altos, estaremos al pendiente de los pasos a seguir por parte del gobierno Federal, a través de la Conagua, para llevar a cabo los estudios, proyectos y obras de infraestructura para trasladar el agua a la población.”
Y remata el desplegado: “Estaremos atentos también a proyectos como el de la presa El Zapotillo, sobre el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció hace unos días, que se retomarán los trabajos con recursos federales”.
RECHAZAN REGIDORES DAR AGUA A LEÓN
En tanto que, para los regidores de oposición en algunos de los municipios alteños, el nuevo acuerdo de distribución del agua del Río Verde, firmado entre Jalisco y Guanajuato, pone en evidencia que el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, “le da la espalda a los Altos de Jalisco”.
Particularmente regidores priistas de la región criticaron la decisión del gobernador que prevé entregar el agua a Guanajuato de una cuenca deficitaria que pertenece solamente a Jalisco y manifestaron su rechazo a la decisión del gobierno de Jalisco, que pretende entregar el agua de la cuenca del Verde al estado de Guanajuato y con ello afectar la economía y desarrollo de toda la región alteña.
Hugo René Ruiz Esparza, regidor del municipio de Lagos de Moreno, explicó que el acuerdo signado por ambos gobiernos afecta a toda la zona de Los Altos de Jalisco, “pero sobre todo muestra una incongruencia del actual gobernador quien durante su campaña aseguró que no permitiría el trasvase para entregar el agua a Guanajuato”.
“Los Altos de Jalisco -dijo-, están perdiendo en este acuerdo que el gobernador de Jalisco está teniendo con el gobernador de Guanajuato. Es un acuerdo que nos lesiona y nos afecta porque está entregando nuestra agua, a todas luces salimos perdiendo. Él prometió que no se haría el trasvase, pero tan pronto como llegó a ser gobernador, nos dio la espalda a los alteños”.
Reunidos en las oficinas del Comité Directivo del PRI, ediles de la región alteña junto con el presidente del partido Ramiro Hernández García, explicaron que la posición de los habitantes de la zona es que el agua de la región se quede para la región.
“Pareciera -expuso por su parte Ramiro Hernández-, que se da un discurso para llegar al gobierno y otro diferente cuando se llega. Y esto en términos reales es demagogia. Lo que estamos viendo es que el gobernador está finiquitando un acuerdo. Es por eso que respaldamos la propuesta que los regidores de la región de Los Altos, que plantean que sea un porcentaje más alto lo que se quede en Los Altos con relación a lo que se otorga al estado de Guanajuato”.
En rueda de prensa, los ediles aseguraron que el acuerdo que se publicó este martes con la firma de alcaldes de la región de Los Altos avalando el acuerdo, fue una decisión unilateral que nunca pasó por el pleno del cabildo y que los regidores desconocen completamente.
Finalmente, plantearon que esperarán a que el acuerdo que otorga ventaja al gobierno de Guanajuato llegue al Congreso de Jalisco, para cerrar filas con la fracción parlamentaria y evitar que se apruebe este convenio con los términos actuales.
JALISCO
Tlaquepaque y Gobierno de Jalisco garantizan conectividad gratuita para fortalecer la inclusión digital
– Por Francisco Junco
El acceso a internet dejará de ser un privilegio para convertirse en un derecho en San Pedro Tlaquepaque. Con ese propósito, el Gobierno Municipal y la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet (ACAI) del Gobierno de Jalisco firmaron un convenio para fortalecer la cobertura de Red Jalisco, que brinda conectividad gratuita en espacios públicos del municipio.
La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura destacó que este acuerdo representa un paso firme hacia la garantía de los derechos humanos de cuarta generación.
“El impacto del internet en la vida económica, social, cultural, laboral y política es muy palpable; hemos atestiguado revoluciones en diversos países que nacen justamente a partir de la conectividad”, expresó.
Pérez Segura subrayó que el internet es una herramienta básica para la educación y el acceso a la información, y que esta alianza con el Gobierno estatal da continuidad a un trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.
En Tlaquepaque existen actualmente 616 puntos de conexión gratuita, distribuidos en escuelas, centros de salud, delegaciones, espacios culturales, turísticos y en la propia Presidencia Municipal.
Por su parte, Juan Pablo Fernández Ramos, director general de la ACAI, señaló que la conectividad debe entenderse como un derecho.
“Red Jalisco es un aliado para que la sociedad esté preparada; que la conectividad sea un derecho, no un privilegio, y que sea una herramienta de cambio y no solo de comunicación”, afirmó.
Fernández Ramos agregó que este convenio representa “un paso firme hacia el futuro digital” y una acción concreta para reducir la brecha tecnológica.
Con la renovación del acuerdo, se busca fortalecer la vinculación institucional, mejorar la atención de reportes y garantizar la continuidad del servicio para que más tlaquepaquenses puedan acceder libremente a internet.
– Por Francisco Junco
En Zapopan se dio un paso hacia la sostenibilidad con la inauguración del Centro de Compostaje El Taray, un espacio pionero en el manejo responsable de residuos orgánicos.
Este sitio procesará hasta 20 mil toneladas de desechos al año, principalmente del rastro municipal, para convertirlos en más de siete mil toneladas de composta que fertilizarán parques, jardines y zonas agrícolas del municipio.
El alcalde Juan José Frangie Saade destacó que este proyecto marca un antes y un después en la gestión ambiental del municipio.
“Este centro nos permitirá producir más de siete mil toneladas de composta al año, lo que reducirá el uso de fertilizantes químicos y generará ahorros de hasta 100 millones de pesos anuales. Lo que antes era un desecho, hoy se convierte en materia prima para fortalecer nuestro ambiente”, afirmó.
Frangie Saade subrayó que El Taray es el único centro en Jalisco que utiliza residuos de rastro para crear composta, convirtiéndose en un modelo de innovación con impacto local, nacional e internacional.
“En Zapopan trabajamos bajo la lógica del cómo sí. Este proyecto demuestra que con eficiencia y colaboración podemos transformar los retos en soluciones sostenibles”, añadió el presidente municipal.
Por su parte, Alexis Calderón Unda, coordinadora general de Infraestructura de Comercio y Servicios Comunitarios, explicó que el centro operará bajo cuatro ejes: social, ambiental, económico y académico.
“El Taray es un espacio vivo que transforma los residuos orgánicos en vida. Además de producir composta, será un punto de reforestación, educación y colaboración con universidades y productores”, señaló.
La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez reconoció la visión de futuro del proyecto, mientras que Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora estatal de Gestión del Territorio, reiteró el respaldo del Gobierno de Jalisco.
Ambas coincidieron en que El Taray es ejemplo de economía circular y compromiso ambiental.
“Zapopan está dando pasos firmes hacia el futuro, transformando los residuos en oportunidades”, expresó Hermosillo.
CULTURA
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-reclamo-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-confian-en-sheinbaum-para-saldar-deuda-historica-de-21-anos/
El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/el-perfil-electoral-en-la-victoria-de-claudia-sheinbaum/
Suspenso en el Legislativo: Reforma Judicial en Jalisco, diálogo abierto pero sin consensos: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/suspenso-en-el-legislativo-reforma-judicial-en-jalisco-dialogo-abierto-pero-sin-consensos/
Diputado Alberto Maldonado: Con exhorto a la SCIT se dio un paso hacia la justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/diputado-alberto-maldonado-con-exhorto-a-la-scit-se-dio-un-paso-hacia-la-justicia-para-la-comunidad-indigena-de-mezquitan/
Reconocimiento de la Comunidad Indígena de Mezquitán a la Cámara de Diputados, por exhorto a la SICT: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/reconocimiento-de-la-comunidad-indigena-de-mezquitan-a-la-camara-de-diputados-por-exhorto-a-la-sict/
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
Tlaquepaque y Gobierno de Jalisco garantizan conectividad gratuita para fortalecer la inclusión digital
Transforman residuos en vida con el nuevo Centro de Compostaje El Taray
Igual que Morena el Partido Verde Ecologista niega militancia de José María “Chema” Tapia
Edición 812: Comunidad Indígena de Mezquitán, muy cerca que gobierno de Sheinbaum les haga justicia
