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REPORTAJES

Las decisiones mágicas de la gran burocracia: Bajan delitos en Jalisco, con simple juego de palabras

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Por Mario Ávila y Redacción //

Con una simple estrategia de semántica, el Gobierno del Estado bajó las estadísticas de los índices delictivos, particularmente al cambiar el estatus de 5 mil 752 víctimas, que pasaron de ser “Personas Desaparecidas”, para ahora ser consideradas simplemente como “Personas No Localizadas”.

Esto lo denunció el Colectivo Por Amor a Ellxs, quien acusa directamente al Gobierno del Estado y en particular a la Fiscalía, de violentar con ello la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en donde se establece con claridad que la diferencia entre unas y otras es la probable comisión de un delito.

En concreto se violenta el artículo 89 en el que se determina que aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, si después de 72 horas de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se debe presumir la comisión de un delito y por tanto debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Las modificaciones a las estadísticas de incidencia delictiva se dieron el pasado 4 de julio de 2019 cuando en la actualización del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) del Gobierno del Estado de Jalisco, la cifra de personas catalogadas como “Desaparecidas”, se había reducido de 7 mil 504 a 1 mil 752; mientras que la cifra de personas en calidad de “No Localizadas”, había aumentado a 5 mil 752.

Ante ello a través de un comunicado que se difundió principalmente a través de los medios electrónicos, Por Amor a Ellxs expusieron que la ley de la materia contempla una diferencia entre personas desaparecidas (cuando se presume la comisión de un delito) y las personas no localizadas (cuando no hay elementos para relacionar la ausencia a uno), pero en la misma ley se establecen los criterios para determinar cada caso.

Y detallan que, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se entiende por persona desaparecida, a la persona cuyo paradero se desconoce, y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; mientras que la persona no localizada es la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relacione con la probable comisión de algún delito.

De ahí que una de las primeras exigencias del colectivo Por Amor a Ellxs, es para que la Fiscalía no sea omisa en hacer públicos los criterios que se utilizaron para determinar qué personas están en calidad de “Desaparecidas” y cuáles como “No Localizadas”.

Y ante ello exigieron de manera tajante, pero sin respuesta hasta la fecha: “Exigimos conocer la razón por la cual hicieron esa diferenciación y los criterios que tomaron en cuenta para hacer esa división de los casos”.

También denunciaron los quejosos, que la mayor parte de las carpetas de investigación no se actualizan con nuevos elementos a la velocidad que deberían y advierten: “Por ello nos extraña que sin haber suficiente investigación, hayan concluido que son personas “No Localizadas”.

De ahí que lanzaron un llamado en concreto a la Fiscalía Especial, a que acate la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, particularmente el artículo 89 en el que se determinan los criterios para establecer la presunción de un delito y así determinar si una persona es considerada “Desaparecida” o “No Localizada”.

El artículo en cuestión dice a la letra:

Inciso II.- Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito.

Inciso III.- Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito.

Inciso IV.- Cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido 72 horas sin tener noticias de la suerte, ubicación o paradero de la persona.

Por lo tanto, en la argumentación de su protesta los integrantes del Colectivo “Por Amor a Ellxs”, si después de 72 de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se presume la comisión de un delito y debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.

Y rematan diciendo: “Recordamos a las autoridades que, a pesar de que hay una diferenciación en la Ley entre una persona “Desaparecida” y una “No Localizada”, la autoridad está obligada a buscarlas de la misma manera”.

EXTRAÑA LA RECLASIFICACIÓN: DARWIN FRANCO

Para el académico del ITESO, periodista e investigador experto en la materia de desapariciones, Darwin Franco, resulta extraño como el Gobierno de Jalisco actualizó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, donde pasó de 7 mil 504 personas desaparecidas a sólo mil 752.

Expuso que el SISOVID tardó casi cuatro meses en actualizarse, desde que se presentó en marzo de este año, y cuando lo hizo “desapareció” de la estadística oficial a 5 mil 572 personas que se habían denunciado como desaparecidas, ya que ahora éstas sólo son reconocidas como “no localizadas”, lo cual –conforme a la Fiscalía General de Jalisco- deja a la entidad con tan sólo mil 752 desaparecidos.

Y advierte: “Esto lo hizo sin presentar mayores evidencias que expliquen cómo y por qué de la noche a la mañana, 5 mil 752 desaparecidos se convirtieron ahora en personas no localizadas, por lo que se debe aclarar de inmediato esta reclasificación”.

Si la Fiscalía no tuviera elementos fehacientes para sostener tal ‘re-clasificación legal’, estaría cometiendo una falta grave a la Ley de la materia y, a la par, evidenciaría que la baja notable en las personas que consideran oficialmente como desaparecidas; en realidad, no tiene ningún sustento pericial dentro de las carpetas de investigación que actualmente deberían estar investigando, las cuales según su propio registro estatal ascienden a 7 mil 504 desapariciones”, expuso el comunicador Darwin Franco.

RECUADRO

FRANCELIA HERNÁNDEZ CUEVAS

CON LA TAREA DE ENCONTRAR A LOS DESAPARECIDOS Y NO LOCALIZADOS

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La maestra Francelia Hernández Cuevas entre las primeras acciones que realiza al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, es crear nuevas bases de datos y hacer búsqueda de gabinete con todos los registros posibles.

Ante los integrantes del Comité de Selección que realizó las entrevistas a los 13 participantes, la maestra planteó lo que serían sus prioridades, resaltando la creación de nuevos modelos de búsqueda de personas que sirvan de ejemplo a las demás entidades para realizar gestiones. “Una base de datos permanente en la comisión, vinculante de todas las instituciones habidas y por haber: en albergues, reclusorios, el registro civil, todas estas bases de datos que nos sirvan para poder dar con esa persona”.

Ante las interrogantes de cómo le haría para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, expresó que con los datos que proporciona la familia al momento de la desaparición, iniciando de manera inmediata, haciendo búsqueda de gabinete en todas las instituciones habidas y por haber, con todos los datos proporcionados y con todos los vínculos que se tengan con las instituciones.

Apenas el pasado 5 de julio la maestra Francelia Hernández Cuevas fue seleccionada para asumir la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, entre 13 aspirantes.

Francelia cuenta con 20 años de experiencia en temas de prevención de desaparición de personas, políticas públicas y programas relacionados con la procuración de la justicia.

Su designación se dio después de que el Comité de Selección, integrado por los colectivos de familias de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej); además de servidores públicos de la Fiscalía General, la Secretaría de Gobierno y el Gabinete de Desarrollo Social, entregó una terna al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien eligió a la maestra Francelia Hernández por su amplia trayectoria y sensibilidad en el tema.

Hernández Cuevas, es la creadora del proyecto Red Municipal de Alerta Amber en los 125 municipios de Jalisco. Actualmente estudia un doctorado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Seguridad Pública y Administración de la Justicia, y es licenciada en Derecho.

Entre las primeras tareas tiene enfrente la maestra Hernández Cuevas como cabeza de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, destacan las siguientes:

1. Continuar con el proceso de coordinación y establecer rutas de trabajo estrecho con las dependencias involucradas en el proceso de búsqueda de personas a nivel local y nacional.

2. Llevará a cabo acciones de búsqueda de manera física cuando éstas no representen un riesgo para él o su equipo. Para el caso en que implique un riesgo se realizará planeación previa y coordinación con otras dependencias.

3. Fortalecer y establecer mecanismos claros de coordinación y flujos de información con instituciones, dependencias y organizaciones que puedan agilizar y colaborar con el proceso de búsqueda de personas. Por ejemplo, hospitales, instituciones, establecimientos o dependencias que cuenten con circuitos de vigilancia, colectivos a nivel local y nacional, entre otros.

4. Trabajar, acompañar y orientar a las familias de personas desaparecidas para establecer otras estrategias y cursos de acción inmediatas.

5. Consolidar un equipo de trabajo para cubrir y responder a las necesidades expresadas por los colectivos y la situación actual del problema de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

6. Definir características y ruta de trabajo para consolidar un sistema de información que agilice la búsqueda de personas en la entidad.

RECUADRO

FUERTES CRÍTICAS A MARGARITA SIERRA

La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en el Estado, Margarita Sierra, fue centro de fuertes críticas por defensores de los desaparecidos por su anuncio de que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas operará con un nuevo esquema virtual y que se avocará únicamente a la recolección de información.

La coordinadora en el Estado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, escribió en un artículo editorial publicado en el diario Crónica Jalisco que la funcionaria del Gobierno Estatal con su declaración refleja ignorancia sobre el problema de desaparecidos que prevalece en Jalisco y la

displicencia para su atención.

Margarita Sierra había declarado al respecto: “Y hemos llegado a este acuerdo, nuestra comisión de búsqueda va a ser una búsqueda virtual, vamos a tener acceso a todas las bases de datos y a generar bases de datos con la Fiscalía, con el Semefo, con los Semefos al interior del Estado, con los municipios, para que la persona pueda llegar a esta comisión y podamos darle información acerca de la persona que busca, la búsqueda en campo, será responsabilidad exclusiva de la Fiscalía”.  

Con estas declaraciones, evidentemente el gobierno estatal sigue sin entender la responsabilidad que tiene en el tema de desapariciones y en las instituciones que por ley se han creado para la búsqueda de las personas desaparecidas”, precisó la abogada Ramos Ponce.

Lo primero que salta a la vista es que la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana sea quien asuma “llegar a acuerdos” para determinar el nuevo funcionamiento de la Comisión de Búsqueda y sea quien emita públicamente estas declaraciones”.

Legalmente, esta Secretaría no tiene ninguna injerencia ni en el sistema nacional ni estatal de búsqueda y tampoco tiene facultades para cambiar las funciones de una institución que ha sido creada a nivel nacional y estatal con el empuje de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en estos casos”.

La Ley general en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; establece con claridad cuáles son las funciones de estas instituciones. Y aunque no se cuenta aún con la ley armonizada en Jalisco, la Ley General es  de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional”.

El Artículo 50 de la Ley establece que: “La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional… Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas…”

Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda” ¿Así o más claro?, no hay tiempo para que sigan inventando sus comisiones “virtuales”, en Jalisco esperan sus familias de regreso a más de siete mil desaparecidos”.

JALISCO

Tlajo Cuida el Agua: Gerardo Quirino impulsa plan histórico para garantizar el vital líquido

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Por Redacción Conciencia Pública //

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.

El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.

“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.

“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.

Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.

“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:

1. Abasto

El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.

Acciones:

• Perforación y equipamiento de pozos

• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras

• Rehabilitación de redes de agua potable

• Construcción de líneas de agua y tanques elevados

2. Potabilizar

El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.

Acciones:

• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras

• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas

• Rehabilitación de pozos y redes

3. Distribución

El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.

Acciones:

• Ampliación de líneas de abastecimiento

• Construcción de tanques y bases para cisternas

• Interconexión de sistemas hidráulicos

4. Uso responsable

Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.

Acciones:

• Eficiencia energética en infraestructura

• Modernización de instalaciones eléctricas

• Campañas de corresponsabilidad ciudadana

5. Saneamiento

Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.

Acciones:

• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento

• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento

6. Reúso

Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.

Acción principal:

• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.

En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.

EL DATO:

Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua

1. Abasto: 490 MDP

2. Potabilización: 340 MDP

3. Distribución: 48 MDP

4. Uso responsable: 75 MDP

5. Saneamiento: 163 MDP

6. Reúso: 7 MDP

Total: 1,123 millones de pesos (MDP)

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JALISCO

El desafío de construir la paz en Jalisco: La violencia desborda los cinco primeros meses del gobierno de Lemus

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Por Redacción Conciencia Pública //

Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.

El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.

En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.

Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.

ESCALADA DE VIOLENCIA

Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.

Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.

CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO

Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.

Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.

Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.

CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:

Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.

Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.

Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante. 

Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.

Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada. 

La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.

TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”

En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país. 

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.

La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.

ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN

Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.

La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.

Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.

Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.

Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN

Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:

Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza. 

Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.

Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.

Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.

 

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JALISCO

Centro de Conciliación Laboral de Jalisco: Conciliadores denuncian arbitrariedad en convocatoria

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Por Raúl Cantú //

La reciente decisión de Elker Tepper, directora del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco, de publicar una convocatoria para contratar “nuevos conciliadores” ha desatado un profundo malestar entre los trabajadores actuales, quienes enfrentan la inminente finalización de sus contratos en agosto. La medida, que parece destinada a reemplazarlos sin ofrecerles la oportunidad de ratificación, ha sido calificada por los afectados como una “determinación de horca y cuchillo” que ignora su esfuerzo, capacitación y derechos laborales.

UNA CONVOCATORIA CUESTIONADA

La convocatoria, emitida de manera sorpresiva, ha generado indignación entre los conciliadores, quienes consideran que no solo se les excluye injustamente, sino que también se violan principios establecidos en la Ley de los Servidores Públicos y los lineamientos internos del Centro. Según los afectados, la disposición obliga a los nuevos conciliadores a cubrir sus propios gastos de traslado, incluso si son reubicados a otros municipios, junto con los costos asociados a sus familias, lo que contradice la normativa que estipula que dichos gastos deben ser asumidos por el Estado.

“Es una clara violación a nuestros derechos laborales”, afirmó uno de los conciliadores, quien prefirió mantener el anonimato. “Hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos personales en capacitaciones, muchas de ellas fuera del horario laboral, con la promesa implícita de una ratificación. Ahora, nos dejan en la incertidumbre sin explicaciones claras”.

INVERSIÓN SIN RECOMPENSA

Los conciliadores denuncian que, a pesar de haber recibido múltiples capacitaciones —incluyendo tres certificaciones del sistema CONOCER avaladas por la Secretaría de Educación Pública—, su esfuerzo parece no ser valorado. “Tengo más de 50 constancias de cursos que tomé para dar lo mejor en el Centro. Algunos implicaron dobles turnos o sacrificar mi hora de comida, todo con la esperanza de consolidar mi puesto”, relató otro trabajador afectado. “¿Para qué se invirtió tanto dinero y tiempo si ahora parece no tener valor?”.

Los primeros meses de operación del Centro fueron particularmente extenuantes, con jornadas que se extendían más allá del horario laboral sin compensación por horas extras. “Aunque ahora hay más organización, los inicios fueron caóticos. Trabajamos bajo presión extrema para sacar adelante este proyecto, y ahora nos descartan sin considerar nuestro desempeño”, añadió.

FALTA DE CLARIDAD Y RESPUESTAS

Uno de los puntos más criticados es la ausencia de lineamientos claros sobre el proceso de ratificación. Los conciliadores aseguran que, a pesar de su disposición a someterse a evaluaciones, no se les ha comunicado cómo ni cuándo se definirá su continuidad. “Estoy dispuesto a poner mis números sobre la mesa. Sé que estoy entre los mejores, pero no nos dan ni la oportunidad de demostrarlo”, señaló un conciliador.

La situación plantea interrogantes sobre la gestión de Elker Tepper y la postura del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Pablo Lemus. Hasta el momento, ni la Secretaría del Trabajo ni las organizaciones obreras han emitido un posicionamiento oficial, lo que aumenta la incertidumbre y el descontento entre los trabajadores.

UN PRECEDENTE PREOCUPANTE

La decisión de reemplazar a los conciliadores sin un proceso de ratificación no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también envía un mensaje desalentador sobre la valoración del esfuerzo y la estabilidad laboral en el sector público. Los conciliadores, quienes han desempeñado un rol clave en la resolución de conflictos laborales en Jalisco, consideran que esta medida mina la confianza en las instituciones y desincentiva la profesionalización.

“¿Cómo inviertes en capacitar a abogados, los preparas durante meses y luego los descartas sin más? Esto no solo es injusto, sino que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio que ofrecemos”, cuestionó otro afectado.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

La controversia en el Centro de Conciliación Laboral pone en el centro del debate la necesidad de políticas laborales justas y transparentes. Los conciliadores exigen que se respete su trayectoria, se les brinde la oportunidad de ratificación basada en méritos y se esclarezcan las razones detrás de la convocatoria. Mientras tanto, la falta de respuestas por parte de las autoridades y la aparente arbitrariedad de la decisión de Tepper amenazan con escalar el conflicto, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la credibilidad del proyecto de conciliación laboral en Jalisco

EL CCLEJ NACIÓ EN OCTUBRE DEL 2022 CON GRANDES EXPECTATIVAS

Fue el 3 de octubre del 2022 cuando fue inaugurado el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLEJ), cuyo primer director fue Enrique Flores y se creó con la meta de conciliar el 80% de las solicitudes prejudiciales de conflictos laborales en un máximo de 45 días, según destacó Flores en entrevista con Conciencia Pública.

Este organismo público descentralizado, ubicado en la Ciudad Judicial de Guadalajara, comenzó operaciones como parte de la tercera etapa de la Reforma Laboral en Jalisco. Con autonomía técnica y de gestión, el CCLEJ tiene la facultad exclusiva de mediar en conflictos laborales de competencia estatal, promoviendo soluciones rápidas y equitativas.

Cuando el CCLEJ empezó operaciones se dijo que buscaría transformar la resolución de conflictos laborales al garantizar celeridad, gratuidad y accesibilidad. Los procedimientos se desahogan en 45 días, no requieren abogado y exigen la presencia personal de las partes, lo que fomenta un diálogo directo entre empleadores y trabajadores.

El conciliador propone soluciones justas para alcanzar un convenio con efecto de sentencia ejecutoria. Si no hay acuerdo, se emite una constancia de no conciliación, permitiendo a las partes acudir a los juzgados laborales del Poder Judicial.

Enrique Flores subrayó la importancia de la capacitación de los conciliadores y el uso de tecnología para garantizar transparencia y evitar prácticas irregulares, como la corrupción. El Centro inicia con “carga cero”, ya que la Secretaría del Trabajo resolvería los casos pendientes hasta el 30 de septiembre de 2022. Este enfoque permite al CCLEJ concentrarse en nuevos conflictos, con 23 conciliadores distribuidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (16), Puerto Vallarta (2) y una conciliador por cada delegación en Autlán de Navarro, Colotlán, Ocotlán, Zapotlán El Grande y Lagos de Moreno.

Un avance clave es la humanización del proceso: el modelo promueve que empleadores y trabajadores se vean como personas, reconociendo el esfuerzo del empleado y la inversión del empresario. La conciliación personal elimina intermediarios, reduciendo el riesgo de prácticas corruptas y fortaleciendo la confianza en el sistema. “Hoy tenemos la oportunidad de mantener limpio algo que nace limpio”, afirmó Flores, destacando la transparencia como pilar del CCLEJ.

El CCLEJ representa una apuesta por una justicia laboral ágil, transparente y equitativa en Jalisco. Al priorizar la conciliación prejudicial, busca reducir la carga de los juzgados laborales, garantizar acuerdos justos y fortalecer las relaciones laborales en el estado, marcando un precedente en la implementación de la Reforma Laboral a nivel nacional.

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