REPORTAJES
Las decisiones mágicas de la gran burocracia: Bajan delitos en Jalisco, con simple juego de palabras
Por Mario Ávila y Redacción //
Con una simple estrategia de semántica, el Gobierno del Estado bajó las estadísticas de los índices delictivos, particularmente al cambiar el estatus de 5 mil 752 víctimas, que pasaron de ser “Personas Desaparecidas”, para ahora ser consideradas simplemente como “Personas No Localizadas”.
Esto lo denunció el Colectivo Por Amor a Ellxs, quien acusa directamente al Gobierno del Estado y en particular a la Fiscalía, de violentar con ello la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en donde se establece con claridad que la diferencia entre unas y otras es la probable comisión de un delito.
En concreto se violenta el artículo 89 en el que se determina que aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, si después de 72 horas de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se debe presumir la comisión de un delito y por tanto debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.
Las modificaciones a las estadísticas de incidencia delictiva se dieron el pasado 4 de julio de 2019 cuando en la actualización del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) del Gobierno del Estado de Jalisco, la cifra de personas catalogadas como “Desaparecidas”, se había reducido de 7 mil 504 a 1 mil 752; mientras que la cifra de personas en calidad de “No Localizadas”, había aumentado a 5 mil 752.
Ante ello a través de un comunicado que se difundió principalmente a través de los medios electrónicos, Por Amor a Ellxs expusieron que la ley de la materia contempla una diferencia entre personas desaparecidas (cuando se presume la comisión de un delito) y las personas no localizadas (cuando no hay elementos para relacionar la ausencia a uno), pero en la misma ley se establecen los criterios para determinar cada caso.
Y detallan que, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se entiende por persona desaparecida, a la persona cuyo paradero se desconoce, y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito; mientras que la persona no localizada es la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relacione con la probable comisión de algún delito.
De ahí que una de las primeras exigencias del colectivo Por Amor a Ellxs, es para que la Fiscalía no sea omisa en hacer públicos los criterios que se utilizaron para determinar qué personas están en calidad de “Desaparecidas” y cuáles como “No Localizadas”.
Y ante ello exigieron de manera tajante, pero sin respuesta hasta la fecha: “Exigimos conocer la razón por la cual hicieron esa diferenciación y los criterios que tomaron en cuenta para hacer esa división de los casos”.
También denunciaron los quejosos, que la mayor parte de las carpetas de investigación no se actualizan con nuevos elementos a la velocidad que deberían y advierten: “Por ello nos extraña que sin haber suficiente investigación, hayan concluido que son personas “No Localizadas”.
De ahí que lanzaron un llamado en concreto a la Fiscalía Especial, a que acate la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, particularmente el artículo 89 en el que se determinan los criterios para establecer la presunción de un delito y así determinar si una persona es considerada “Desaparecida” o “No Localizada”.
El artículo en cuestión dice a la letra:
Inciso II.- Cuando de la descripción inicial de los hechos se pueda desprender la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares o cualquier otro delito.
Inciso III.- Cuando de conformidad con el análisis de contexto se determine que las condiciones de la desaparición de la persona corresponden a la probable comisión de un delito.
Inciso IV.- Cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido 72 horas sin tener noticias de la suerte, ubicación o paradero de la persona.
Por lo tanto, en la argumentación de su protesta los integrantes del Colectivo “Por Amor a Ellxs”, si después de 72 de interpuesta la denuncia, no hay noticias de la persona, se presume la comisión de un delito y debe considerarse a la persona como “Desaparecida”.
Y rematan diciendo: “Recordamos a las autoridades que, a pesar de que hay una diferenciación en la Ley entre una persona “Desaparecida” y una “No Localizada”, la autoridad está obligada a buscarlas de la misma manera”.
EXTRAÑA LA RECLASIFICACIÓN: DARWIN FRANCO
Para el académico del ITESO, periodista e investigador experto en la materia de desapariciones, Darwin Franco, resulta extraño como el Gobierno de Jalisco actualizó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, donde pasó de 7 mil 504 personas desaparecidas a sólo mil 752.
Expuso que el SISOVID tardó casi cuatro meses en actualizarse, desde que se presentó en marzo de este año, y cuando lo hizo “desapareció” de la estadística oficial a 5 mil 572 personas que se habían denunciado como desaparecidas, ya que ahora éstas sólo son reconocidas como “no localizadas”, lo cual –conforme a la Fiscalía General de Jalisco- deja a la entidad con tan sólo mil 752 desaparecidos.
Y advierte: “Esto lo hizo sin presentar mayores evidencias que expliquen cómo y por qué de la noche a la mañana, 5 mil 752 desaparecidos se convirtieron ahora en personas no localizadas, por lo que se debe aclarar de inmediato esta reclasificación”.
“Si la Fiscalía no tuviera elementos fehacientes para sostener tal ‘re-clasificación legal’, estaría cometiendo una falta grave a la Ley de la materia y, a la par, evidenciaría que la baja notable en las personas que consideran oficialmente como desaparecidas; en realidad, no tiene ningún sustento pericial dentro de las carpetas de investigación que actualmente deberían estar investigando, las cuales según su propio registro estatal ascienden a 7 mil 504 desapariciones”, expuso el comunicador Darwin Franco.
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RECUADRO
FRANCELIA HERNÁNDEZ CUEVAS
CON LA TAREA DE ENCONTRAR A LOS DESAPARECIDOS Y NO LOCALIZADOS
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La maestra Francelia Hernández Cuevas entre las primeras acciones que realiza al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, es crear nuevas bases de datos y hacer búsqueda de gabinete con todos los registros posibles.
Ante los integrantes del Comité de Selección que realizó las entrevistas a los 13 participantes, la maestra planteó lo que serían sus prioridades, resaltando la creación de nuevos modelos de búsqueda de personas que sirvan de ejemplo a las demás entidades para realizar gestiones. “Una base de datos permanente en la comisión, vinculante de todas las instituciones habidas y por haber: en albergues, reclusorios, el registro civil, todas estas bases de datos que nos sirvan para poder dar con esa persona”.
Ante las interrogantes de cómo le haría para iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, expresó que con los datos que proporciona la familia al momento de la desaparición, iniciando de manera inmediata, haciendo búsqueda de gabinete en todas las instituciones habidas y por haber, con todos los datos proporcionados y con todos los vínculos que se tengan con las instituciones.
Apenas el pasado 5 de julio la maestra Francelia Hernández Cuevas fue seleccionada para asumir la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, entre 13 aspirantes.
Francelia cuenta con 20 años de experiencia en temas de prevención de desaparición de personas, políticas públicas y programas relacionados con la procuración de la justicia.
Su designación se dio después de que el Comité de Selección, integrado por los colectivos de familias de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej); además de servidores públicos de la Fiscalía General, la Secretaría de Gobierno y el Gabinete de Desarrollo Social, entregó una terna al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien eligió a la maestra Francelia Hernández por su amplia trayectoria y sensibilidad en el tema.
Hernández Cuevas, es la creadora del proyecto Red Municipal de Alerta Amber en los 125 municipios de Jalisco. Actualmente estudia un doctorado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Seguridad Pública y Administración de la Justicia, y es licenciada en Derecho.
Entre las primeras tareas tiene enfrente la maestra Hernández Cuevas como cabeza de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, destacan las siguientes:
1. Continuar con el proceso de coordinación y establecer rutas de trabajo estrecho con las dependencias involucradas en el proceso de búsqueda de personas a nivel local y nacional.
2. Llevará a cabo acciones de búsqueda de manera física cuando éstas no representen un riesgo para él o su equipo. Para el caso en que implique un riesgo se realizará planeación previa y coordinación con otras dependencias.
3. Fortalecer y establecer mecanismos claros de coordinación y flujos de información con instituciones, dependencias y organizaciones que puedan agilizar y colaborar con el proceso de búsqueda de personas. Por ejemplo, hospitales, instituciones, establecimientos o dependencias que cuenten con circuitos de vigilancia, colectivos a nivel local y nacional, entre otros.
4. Trabajar, acompañar y orientar a las familias de personas desaparecidas para establecer otras estrategias y cursos de acción inmediatas.
5. Consolidar un equipo de trabajo para cubrir y responder a las necesidades expresadas por los colectivos y la situación actual del problema de desaparición de personas en el estado de Jalisco.
6. Definir características y ruta de trabajo para consolidar un sistema de información que agilice la búsqueda de personas en la entidad.
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RECUADRO
FUERTES CRÍTICAS A MARGARITA SIERRA
La titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en el Estado, Margarita Sierra, fue centro de fuertes críticas por defensores de los desaparecidos por su anuncio de que la Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas operará con un nuevo esquema virtual y que se avocará únicamente a la recolección de información.
La coordinadora en el Estado del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Guadalupe Ramos Ponce, escribió en un artículo editorial publicado en el diario Crónica Jalisco que la funcionaria del Gobierno Estatal con su declaración refleja ignorancia sobre el problema de desaparecidos que prevalece en Jalisco y la
displicencia para su atención.
Margarita Sierra había declarado al respecto: “Y hemos llegado a este acuerdo, nuestra comisión de búsqueda va a ser una búsqueda virtual, vamos a tener acceso a todas las bases de datos y a generar bases de datos con la Fiscalía, con el Semefo, con los Semefos al interior del Estado, con los municipios, para que la persona pueda llegar a esta comisión y podamos darle información acerca de la persona que busca, la búsqueda en campo, será responsabilidad exclusiva de la Fiscalía”.
“Con estas declaraciones, evidentemente el gobierno estatal sigue sin entender la responsabilidad que tiene en el tema de desapariciones y en las instituciones que por ley se han creado para la búsqueda de las personas desaparecidas”, precisó la abogada Ramos Ponce.
“Lo primero que salta a la vista es que la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana sea quien asuma “llegar a acuerdos” para determinar el nuevo funcionamiento de la Comisión de Búsqueda y sea quien emita públicamente estas declaraciones”.
“Legalmente, esta Secretaría no tiene ninguna injerencia ni en el sistema nacional ni estatal de búsqueda y tampoco tiene facultades para cambiar las funciones de una institución que ha sido creada a nivel nacional y estatal con el empuje de las y los familiares de las personas desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en estos casos”.
“La Ley general en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; establece con claridad cuáles son las funciones de estas instituciones. Y aunque no se cuenta aún con la ley armonizada en Jalisco, la Ley General es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional”.
“El Artículo 50 de la Ley establece que: “La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional… Tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas…”
“Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda” ¿Así o más claro?, no hay tiempo para que sigan inventando sus comisiones “virtuales”, en Jalisco esperan sus familias de regreso a más de siete mil desaparecidos”.
-Por Francisco Junco
Las cloacas del SIAPA no sólo apestan por las fugas en la red hidráulica, o por las aguas achocolatadas, sino por las fugas de dinero, corrupción y contratos a modo que, de acuerdo con la dirigencia y bancada del Partido del Trabajo (PT), han convertido al sistema operador de agua en “la caja chica de los altos funcionarios”, por lo que propone una limpia total del organismo, sobre todo en los mandos altos y medios, que es donde está el gran problema.
Además, en rueda de prensa, el dirigente del PT, José Luis Sánchez, propone auditorías mensuales independientes y una comisión legislativa permanente que meta lupa al destino del dinero público.
“Cada día la cloaca se destapa y cada vez salen más aviadores, más cosas que lastiman al pueblo de Jalisco. Y le quiero decir al director del SIAPA que haga las cosas bien y que se sacuda. Está a tiempo de sacudir la corrupción que hay adentro. Ya empezó con una aviadora, que quite a todos, porque a la hora que le pidamos cuentas tendrá que aclarar muchas cosas”, advirtió el petista en entrevista con Conciencia Pública.
Y es que, el pasado 26 de junio, el Congreso de Jalisco aprobó un incremento de 9.65 por ciento en las tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). En una sesión de pleno, con 21 votos a favor y 16 en contra y una abstención.
EN CONTRA DEL INCREMENTO
Por su parte, en representación de la bancada del PT en el Congreso, el diputado Sergio Martín aclaró que, aunque no estuvo en la sesión donde se aprobó “el ajuste a la tarifa del agua” (Conciencia Pública 797) su postura fue siempre en contra del incremento.
“Estamos en contra porque no hay agua de calidad, hay agua sucia, los drenajes no sirven, se truenan tuberías y se desperdician miles de litros de agua. Querían subirla 12.6 por ciento, quedó en 9.6, pero de cualquier manera lastima el bolsillo de los jaliscienses”, sentenció.
Martín Castellanos asegura que lo aprobado carece de sustento técnico y que el proyecto de modernización llegó después del aumento. “¿No es al revés? Primero presentar el proyecto y después pedir el aumento…”, cuestionó, en entrevista con Conciencia Pública.
El diputado propone que desde el Congreso se forme una comisión especial que tenga acceso directo a la información financiera del SIAPA y audite mensualmente cada peso que entra y sale.
“Vamos a hacer un exhorto para que los diputados tengamos acceso. Que no exista mochada. Que sepamos si son empresas serias, que no haya simulaciones”, adelantó en la entrevista.
Desde su visión, el problema no es técnico, es político y sistémico. “La única manera de limpiar el SIAPA es reordenarlo. Tener gente que tenga la capacidad de resolverlo”.
Martín Castellanos, también fue enfático en defender a los trabajadores de base del SIAPA, quienes, aseguró, laboran sin equipo ni protección. “Aquí vinieron enfrente a decirnos que no tenían botas, no tenían uniformes, no tenían herramientas. ¿Cómo vas a trabajar sin palas, sin picos? A la gente hay que darle dignidad. Los trabajadores tendrán el apoyo del PT siempre”, dijo con firmeza.
Para finalizar José Luis Sánchez apuntó que el problema no se limita a lo visible. “El SIAPA tiene fugas no nada más en las calles. Tiene fugas de dinero adentro. Y mientras no se ponga orden en la casa, no se va a poder controlar nada”, sentenció.
-Por Francisco Junco
Los lineamientos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) en Jalisco, que obligan a los partidos a postular mujeres en ocho de los 124 municipios donde nunca ha gobernado una presidenta municipal, han desatado un debate intenso.
Esta medida, diseñada para romper el dominio masculino en la política local, se ha convertido en un campo de batalla entre Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, exponiendo contradicciones y tensiones sobre la paridad de género.
Mirza Flores Gómez, dirigente estatal de MC, calificó la resistencia de Morena como “un monumento a la incongruencia”, acusándola de predicar igualdad mientras postula hombres en cargos clave.
El Impulso de MC: Justicia Histórica
Mirza Flores defendió los criterios del IEPC, que seleccionaron ocho municipios tras analizar los 49 donde nunca ha gobernado una mujer, excluyendo aquellos con reelección para no vulnerar derechos adquiridos. “Es una representación pequeña, pero un paso hacia el cambio social”, afirmó en entrevista con Conciencia Pública.
Argumentó que, aunque las mujeres ocupan el 50% de las candidaturas, no siempre ganan, por lo que la medida asegura que estos municipios tengan solo candidatas, nivelando un terreno históricamente desigual.
“La paridad no se logra solo con cuotas, sino con voluntad”, subrayó, destacando que MC ha postulado perfiles diversos —indígenas, migrantes, jóvenes— desde hace años. Sin embargo, advirtió que el IEPC debe limitarse a un rol técnico, evitando intervenir en estrategias partidistas.
Flores citó ejemplos pasados: en las elecciones recientes, Morena apoyó la paridad en el Congreso, pero registró a José María Martínez en Guadalajara y a Pedro Kumamoto en Zapopan, cargos de alto perfil.
“Morena dice una cosa y hace otra, mostrando un rostro machista y patriarcal”, denunció. Desde sus redes, amplificó la crítica con un video, acusando a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, de respaldar la impugnación de los lineamientos, “pisoteando la lucha histórica de las mujeres”.
Para la dirigente estatal de MC, las acciones afirmativas son temporales, necesarias hasta que la sociedad deje de discriminar por género.
LA DEFENSA DE MORENA: LEGALIDAD Y AUTODETERMINACIÓN
Morena, a través de su Comité Ejecutivo Estatal liderado por Erika Pérez, rechazó las acusaciones de traición. En un comunicado, afirmó que el partido ha impulsado la paridad, convirtiéndola en ley y realidad, y acusó a MC de manipular el tema como arma política. “No luchan por la paridad, la usan para conservar privilegios”, señalaron, criticando a los naranjas por liderazgos masculinos elitistas que ahora adoptan el feminismo como bandera oportunista.
Morena defendió su modelo de inclusión “desde abajo”, basado en leyes, participación y consenso, frente a un enfoque de MC que consideran vertical y sin legitimidad.
El partido impugnó los lineamientos del IEPC, argumentando que imponer cuotas sin consulta técnica ni democrática vulnera la autodeterminación de los partidos. “Queremos más mujeres y grupos excluidos en el poder, pero de forma legítima”, sostuvieron, exigiendo que los derechos no se regateen ni usen como botín político, sino que se garanticen con legalidad y compromiso.
Esta postura refleja un rechazo a reglas que, según ellos, carecen de sustento, priorizando un proceso participativo sobre imposiciones.
TENSIONES Y PERSPECTIVAS
El conflicto pone en evidencia las dificultades de implementar la paridad en un sistema político arraigado en estructuras patriarcales. Los ocho municipios seleccionados representan un avance simbólico, pero también un desafío logístico y político. MC ve en la medida una oportunidad para corregir injusticias históricas, mientras Morena la percibe como una intromisión que ignora sus esfuerzos previos.
La tensión entre ambos partidos revela no solo diferencias ideológicas, sino también una lucha por el control narrativo en torno a la igualdad de género.
-Por Francisco Junco
El activista social Óscar Ábrego, presidente de la organización Unión de Asociaciones con Causa A.C., se sumó esta semana a la impugnación legal contra el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres en ocho municipios, entre ellos Zapopan y Tonalá.
A juicio del activista, la medida representa una violación directa al principio de igualdad consagrado en la Constitución y una “discriminación irracional” hacia los hombres, por el simple hecho de serlo. “No existe ningún precepto jurídico que impida a un hombre participar en un proceso electoral. Este acuerdo del IEPC es un exceso, una ilegalidad absoluta que no resiste la más mínima revisión jurídica”, sentenció.
En entrevista con Conciencia Pública, Óscar Ábrego reconoció su trayectoria como aliado en múltiples causas feministas y defensor de la paridad de género; sin embargo, fue enfático al afirmar que la lucha por la equidad no puede derivar en una exclusión inversa.
“He sido compañero de lucha de muchas mujeres, respaldo plenamente los equilibrios en la función pública, pero eso no significa que debamos permitir que ahora se nos pisoteen los derechos fundamentales como varones”, señaló.
En su opinión, medidas como las impuestas por el IEPC no abonan a la justicia ni a la equidad, sino que refuerzan un modelo de exclusión disfrazado de avance progresista.
“Ellos no son el Poder Legislativo, no tienen facultades para legislar en materia electoral. Su función es técnica, no normativa. Lo que están haciendo es excederse, metiéndose incluso en la vida interna de los partidos políticos, que son quienes deben definir sus candidaturas conforme a la ley y sus procesos internos”, explicó.
Óscar Ábrego aseguró que el Instituto Electoral atraviesa por una grave crisis de legitimidad y confianza ciudadana y está “bajo sospecha”, tras el proceso electoral pasado, donde fue señalado como un organismo ineficiente. Y “hoy, con esta decisión, se hunde aún más en el descrédito. No genera certeza ni confianza para organizar el próximo proceso en Jalisco”.
Finalmente, al ser cuestionado sobre si buscará aparecer en la boleta electoral, el activista reconoció que está en un proceso de evaluación personal, pero reiteró que su prioridad actual es defender los derechos ciudadanos desde el activismo.
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