Avanza reforma para castigar reclutamiento forzado; diputado Vázquez Ahued pide cerrar rutas de captación de jóvenes

Por Redacción Conciencia Pública:

El reclutamiento de personas por parte de grupos criminales podría convertirse en un delito autónomo en México, luego de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que establece penas de hasta 25 años de prisión y crea herramientas específicas para que las fiscalías investiguen y persigan esta práctica.

El diputado federal jalisciense Pablo Vázquez Ahued, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, destacó que la modificación representa un avance para enfrentar un fenómeno que, advirtió, ha permitido a las organizaciones criminales incorporar durante años a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a sus estructuras.

El dictamen reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas e incorpora un capítulo denominado “Del Reclutamiento Forzado de Personas”. La propuesta contempla penas de 10 a 20 años de prisión para quien induzca o reclute a una persona con el propósito de integrarla a un grupo delictivo.

Las sanciones aumentarían de 15 a 25 años de cárcel cuando el reclutamiento se realice mediante amenazas, violencia, intimidación o cualquier otra forma de coacción. La reforma contempla una atención particular cuando las víctimas sean menores de edad, uno de los sectores considerados más vulnerables frente a las redes criminales.

“Este es un primer paso fundamental para combatir el delito de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada”, señaló Vázquez Ahued, quien sostuvo que este mecanismo de captación ha contribuido durante más de dos décadas al crecimiento de los grupos criminales y ha truncado el futuro de miles de jóvenes mexicanos.

Uno de los principales alcances de la reforma, explicó el legislador, será entregar un marco jurídico específico tanto a la Fiscalía General de la República como a las fiscalías estatales, con el objetivo de evitar vacíos legales y facilitar la investigación, persecución y sanción de quienes participen en este tipo de reclutamiento.

Vázquez Ahued afirmó que, con la nueva figura penal, las autoridades ministeriales tendrán mayores responsabilidades para actuar frente a las denuncias. “Esta reforma genera herramientas funcionales y útiles para que las fiscalías asuman sus responsabilidades y persigan este delito, sin pretextos ni ambigüedades”, sostuvo.

El dictamen todavía deberá superar una nueva etapa legislativa. Está previsto que sea llevado al Pleno de la Cámara de Diputados y, en caso de obtener los votos necesarios, será enviado al Senado de la República para continuar con su análisis antes de una eventual aprobación definitiva y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Paralelamente, Vázquez Ahued adelantó que durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, prevista para este jueves 8 de octubre, buscará impulsar otra reforma relacionada con el reclutamiento criminal: la creación de protocolos obligatorios de seguridad en centrales de autobuses, sitios que han sido señalados como puntos utilizados para captar a jóvenes.

La propuesta, presentada por Movimiento Ciudadano a partir de una iniciativa impulsada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, plantea modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para reforzar la vigilancia en terminales camioneras. Vázquez Ahued consideró que el respaldo de García Harfuch podría facilitar su aprobación durante el actual periodo de sesiones y complementar una estrategia orientada a cerrar espacios utilizados por grupos delictivos para el reclutamiento de jóvenes.