La presidenta Sheinbaum condenó el uso de la fuerza pública en marcha por el agua

– Pidió a la CNDH que atraiga el caso.

– Las preguntas que el Gobierno de Jalisco debe responder: ¿Quién dio la orden y por que?

Por Raúl Cantú:

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó de manera categórica el uso de la fuerza pública durante la marcha por agua limpia del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara. Calificó de inadmisible el empleo de chorros de agua a presión, gases lacrimógenos y las detenciones, así como las denuncias de tortura o malos tratos a jóvenes. Aseguró que estos hechos son incompatibles con su gobierno, “que viene de luchar contra la represión”.

En su conferencia mañanera del miércoles 14 de octubre, Sheinbaum fue explícita: “No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco”. Añadió que “además del uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”.

Cuestionó: “¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?” y cerró con una frase contundente: “No podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen. Es inadmisible”.

La mandataria recordó que los estados tienen responsabilidad directa sobre sus corporaciones policiales y demandó que se identifique y sancione a los responsables. Un día antes, el 13 de octubre, ya había solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe detallado sobre los hechos.

PETICIÓN DE ATRACCIÓN A LA CNDH

El 14 de octubre, Sheinbaum pidió formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atrajera las investigaciones. El objetivo central fue esclarecer los abusos ocurridos durante la manifestación. La presidenta planteó varios puntos específicos: determinar “quién dio la orden” y “por qué”; llevar a cabo entrevistas directas a las personas afectadas para recabar sus testimonios; investigar las denuncias de tortura y analizar el uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el contexto de que en la marcha había niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Sheinbaum enfatizó que debe haber responsables y cero impunidad. También señaló que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) podría intervenir si se presentan denuncias formales por parte de los afectados.

El 15 de octubre, la presidenta informó que la CNDH ya había abierto la investigación a través de sus propios esquemas y que la Secretaría de Gobernación acompaña el proceso en el marco de sus atribuciones.

¿Qué investiga la CNDH?

Por acuerdo de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, la CNDH ejerció su facultad de atracción para investigar los hechos del 11 de octubre en Guadalajara. La Comisión informó que realizará una investigación expedita e imparcial, con perspectiva de derechos humanos, enfocada en los presuntos actos de tortura y abusos cometidos contra las 39 personas detenidas.

El alcance de la indagatoria incluye el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos, las detenciones (particularmente las de jóvenes que reportaron golpes), posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y otras vulneraciones al derecho a la protesta.

En sus comunicados, la CNDH señaló que investigará los hechos en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas que se manifestaban por el derecho al agua potable “habrían sido víctimas de actos de represión” por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Expresó preocupación porque en la movilización había niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, además de reportes de personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de detenidos.

La comisión llamó a las autoridades de Jalisco a respetar el derecho a la protesta social, la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y a esclarecer las circunstancias, investigar, sancionar a responsables si se acredita responsabilidad y evitar el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza. Subrayó que no permanecerá indiferente ante señalamientos de actuaciones que puedan vulnerar derechos.

Como parte de su despliegue, la CNDH envió personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General. Se coordinó con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y con autoridades locales. Contactó a víctimas para recabar testimonios y realizar certificaciones médico-legales. El objetivo es acreditar posibles violaciones y determinar responsabilidades.

Colaboración del gobierno estatal

El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, confirmó que está colaborando con la CNDH mediante la entrega de información. De manera paralela, el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado inició una investigación contra 17 policías identificados por el uso indebido de la fuerza y el incumplimiento de protocolos.

La actuación de la CEDHJ

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco actuó de forma inmediata desde el mismo 11 de octubre. Desplegó 16 observadores durante la marcha, desde La Minerva hasta Casa Jalisco, para vigilar el respeto a los derechos humanos. Dio acompañamiento a las 39 personas detenidas durante el proceso.

Ese día recibió cinco quejas iniciales contra elementos de la Policía Estatal por presunto abuso de autoridad (posteriormente se reportaron más). Abrió el Acta de Investigación 41/2026 para dar seguimiento a los hechos y dictó medidas cautelares a la Vicefiscalía de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En ellas solicitó atención médica para los detenidos, cuidado de su integridad, determinación rápida de su situación jurídica y puesta a disposición de la autoridad competente.

En los días posteriores (12-14 de octubre), la CEDHJ emitió dos medidas cautelares adicionales derivadas del acta 41/2026. Una dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para el acompañamiento integral a los manifestantes detenidos, sus familiares y también a los policías heridos. Otra a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, para garantizar la integridad jurídica y el derecho a la libre manifestación en los hechos derivados de la protesta.

La Comisión Estatal manifestó su disposición para acompañar la investigación interna que anunció el gobernador Pablo Lemus sobre excesos policiales, con el fin de dar seguimiento a posibles sanciones, reparación del daño y no repetición. Cuando la CNDH atrajo el caso, la CEDHJ se coordinó con ella y entregó información y el expediente correspondiente.

La postura de la CEDHJ ha sido principalmente institucional: investigación, observación, medidas cautelares y disposición a acompañar las indagatorias internas. No emitió un pronunciamiento político fuerte de condena explícita a la represión, a diferencia de Sheinbaum o de la propia CNDH, pero sí documentó los hechos y protegió derechos de las personas involucradas.

Con la atracción del caso por parte de la CNDH, las investigaciones federales y estatales avanzan de forma paralela, mientras se espera que se determinen responsabilidades por el uso de la fuerza y las denuncias de malos tratos durante la jornada del 11 de octubre.