Condena generalizada de actos represivos: Jalisco, en la mira de la ONU por tortura y desapariciones forzadas

–  MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Por Mario Ávila:

Jalisco ha quedado en una posición muy comprometida a nivel nacional e internacional por lo sucedido el domingo 11 de octubre en Casa Jalisco. Un estado que ya cargaba con el estigma de las desapariciones y la violencia feminicida, ahora suma la violación a los derechos humanos simplemente por protestar para pedir agua limpia.

Así lo considera la coordinadora de Cladem en México, la abogada Alejandra Cartagena López, quien sobre la represión de esa tarde señaló: “Es algo que no habíamos visto en Jalisco, ni siquiera en México; ha sido algo nuevo el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos en esta violencia que observamos, no la habíamos tenido y algo que se ha vuelto sumamente preocupante son estos testimonios que hemos escuchado de quienes fueron detenidos, que identifican plenamente que fueron golpeados y amenazados dentro de Casa Jalisco; eso me parece que pone muy mal a nuestro estado”.

Por las detenciones en la marcha “Agua Limpia para Guadalajara”, que constituyeron desapariciones forzadas de corta duración, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió las Acciones Urgentes 2396-2402/2026, en las que instó al Estado mexicano a investigar y sancionar estos hechos.

Las violaciones graves a los derechos humanos no pueden justificarse ni quedar impunes, señaló el presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El 15 de octubre de 2026, Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que señala de manera directa al gobernador Pablo Lemus Navarro, así como a funcionarios y policías del estado (y también a directivos del SIAPA).

La denuncia pide investigar posibles delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, abuso de autoridad y otros, relacionados con las 39 personas detenidas el 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.

Para la experta en defensa de derechos humanos y coordinadora en México del Comité para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Alejandra Cartagena, “sin duda esto que pasó en Jalisco no puede volver a pasar”. Para ello, consideró fundamental que se finquen las responsabilidades correspondientes, ya que se trata de un hecho muy lamentable para el Estado que generó un fuerte eco nacional e internacional.

Lo que le han manifestado algunas de las personas detenidas es que sufrieron tortura física y psicológica. También se identifica una desaparición forzada de corta duración, pues las autoridades ocultaron la ubicación de las personas presentadas después de 10 horas o de las que las familias tuvieron conocimiento solo después de muchas horas de búsqueda.

Cartagena lamentó la ausencia y el silencio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que preside Luz del Carmen Godínez González. Aunque aparentemente estuvo presente, nunca levantó la voz. “Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios compañeros detenidos: ni en la marcha ni en las detenciones la Comisión hizo el papel que debió haber hecho. Incluso, ni posterior a las detenciones acompañó a las familias, no estuvo presente en el plantón afuera de la Fiscalía para tomar las quejas; se le habló de manera reiterada y nunca asistieron a las víctimas. Sí era importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajera el caso”.

SEIS VINCULADOS A PROCESO Y EL RESTO CON RESERVAS DE LEY

De las personas que fueron presentadas ante el juez (siete en total), seis quedaron vinculadas a proceso. El martes se vinculó a dos: Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso. El viernes 16 de octubre se vinculó a otros cuatro: Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez.

Una persona (David Isaac Álvarez Hernández) quedó absuelta/sin cargos.

Todos enfrentan el proceso en libertad, con medidas cautelares (principalmente presentarse a firmar periódicamente). El resto de las personas detenidas (las otras 32) salieron con reservas de ley, es decir, el Ministerio Público puede seguir integrando carpetas de investigación en su contra.

LAS INVESTIGACIONES DE COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 

En conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que 17 policías fueron identificados por su presunta actuación fuera de los protocolos establecidos, reaccionando de manera desproporcionada y con un aparente uso indebido de la fuerza en la manifestación del 11 de octubre frente a Casa Jalisco.

El área de Asuntos Internos integró un expediente con más de 200 videos de distintos ángulos. Los 17 oficiales ya fueron citados a rendir su declaración y sus expedientes continúan en proceso de integración. La Secretaría solicitó a la ciudadanía aportar videos de los hechos al número 33-3668-7900, extensión 18069, o al correo direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx.

Las investigaciones podrían derivar en sanciones que van de una amonestación a la separación del cargo, según el grado de responsabilidad. La dependencia subrayó que mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier falta o exceso cometido por policías, incluidos los mandos, y trabajará de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Además, convocó a legisladores, representantes de la sociedad civil, colectivos, cámaras empresariales y especialistas en seguridad y derechos humanos para revisar y ajustar los protocolos a nivel estatal y nacional. Las autoridades policiales informaron que 28 policías resultaron lesionados, tres de ellos con heridas de gravedad, y la Secretaría se mantiene pendiente de su recuperación.

La dependencia estatal hizo un llamado a privilegiar el diálogo durante las manifestaciones, con el objetivo de proteger la integridad de las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos.