Del agua sucia a la crisis política: Lemus admite excesos y Sheinbaum exige responsabilidades

– Las consecuencias de la represión a la manifestación: Los dos mensajes del gobernador de Jalisco.

La marcha del 11 de octubre abrió un frente de confrontación entre Jalisco y la Federación; mientras el gobernador admitió fallas policiales, el Congreso cuestionó el financiamiento del acueducto Chapala-Guadalajara y la presidenta pidió investigar posibles abusos contra manifestantes.

Por Francisco Junco:

El domingo 11 de octubre, miles de personas salieron a las calles de Guadalajara para exigir algo que debería estar fuera de cualquier disputa partidista; se trata de la calidad del agua en sus hogares. La movilización partió de La Minerva y avanzó hasta Casa Jalisco. Lo que comenzó como una protesta por un servicio público terminó por abrir una crisis política que, en los días siguientes, involucró al Gobierno estatal, la Presidencia de la República, el Congreso de Jalisco y organismos de derechos humanos.

La molestia no surgió de un día para otro. Habitantes de distintas colonias metropolitanas llevaban meses denunciando agua turbia, malos olores, sedimentos y problemas de abastecimiento. La crisis alcanzó una dimensión mayor cuando las autoridades reconocieron la necesidad de cerrar fuentes de suministro contaminadas y establecer un esquema de tandeos para 627 colonias.

La respuesta institucional, sin embargo, no consiguió contener el descontento. Y así se convocó a la marcha pacífica del domingo, pero frente a Casa Jalisco, se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes. Las autoridades reportaron 39 personas detenidas. Aunque versiones ciudadanas hablan de más de 50 personas arrestadas. Las imágenes difundidas durante las horas siguientes mostraron el uso de agua y gases contra participantes de la protesta.

En las primeras horas del lunes 12, el gobernador todavía estaba lejos del reconocimiento que haría al día siguiente. Pablo Lemus anunció que revisaría las grabaciones para determinar si existieron excesos policiales, pero atribuyó la violencia a un supuesto grupo de choque de alrededor de 400 personas. En ese momento también expresó su solidaridad con los elementos estatales que, según dijo, habían “aguantado el embate de los grupos violentos”.

Ese mismo lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el asunto en Palacio Nacional. Su intervención no se limitó a la actuación policial; también abordó el problema del agua y el proyecto de infraestructura que el Gobierno jalisciense pretende financiar mediante un esquema de participación privada.

Sobre la manifestación, planteó una distinción que marcó el tono de la discusión nacional: “Nosotros creemos y siempre hemos creído en las manifestaciones pacíficas. Entonces, no debe haber represión y debe abrirse el diálogo y tampoco debe haber manifestaciones violentas”, señaló en la Mañanera.

La presidente pidió explicaciones al gobernador por el uso de agua y gases lacrimógenos y sostuvo que correspondía al Gobierno estatal aclarar lo ocurrido, pero, en la misma conferencia, colocó sobre la mesa su desacuerdo con la posible privatización hídrica, y dijo que “nosotros lo que no estamos de acuerdo es apoyar la privatización, de ningún, del servicio del agua” y añadió que el problema debía resolverse técnicamente y con recursos compartidos.

Y para el martes 13, la discusión llegó al Congreso de Jalisco. Legisladores de Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo plantearon revisar las alternativas para financiar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y exigieron rendición de cuentas por la actuación policial.

En rueda de prensa, el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, cuestionó el costo financiero de la propuesta estatal y cuestionó por qué un mismo proyecto presentado en abril pasado, en el plan hídrico, se dijo que costaría 6 mil 500 millones; ese mismo proyecto ahora se presenta con un costo de 12 mil millones de pesos. De acuerdo con el posicionamiento legislativo, el esquema contemplaba compromisos superiores a 39 mil millones de pesos a 20 años o más de 48 mil millones a 25 años.

Los montos, sostuvieron los diputados, debían analizarse frente a la posibilidad de construir la obra mediante inversión pública directa.

La discusión legislativa resaltaba una diferencia financiera concreta, donde el costo de construir el acueducto no es lo mismo que el monto total que se pagaría durante décadas por su construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación.

La oposición pidió revisar las condiciones del proyecto y evitar compromisos que, a su juicio, comprometerían excesivamente las finanzas estatales. El Gobierno de Pablo Lemus, por su parte, ha defendido el mecanismo como una alternativa para ejecutar la obra y aliviar las presiones económicas del SIAPA.

Ese martes también llegó la rectificación más significativa del gobernador. Después de que Pablo Lemus asegurara que revisó decenas de videos, reconoció públicamente las deficiencias del operativo y el uso excesivo de la fuerza.

“Antes que gobernador, soy persona. Y en la vida se debe reconocer y corregir”, dijo. En su mensaje admitió que “hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas”. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”.

El mandatario informó que todas las personas detenidas habían recuperado su libertad y anunció una investigación interna para determinar responsabilidades. También señaló que algunos elementos policiales habían cometido excesos y que estaban identificados.

El reconocimiento modificó la posición pública del Poder Ejecutivo estatal; ya no se trataba solamente de revisar la conducta de los manifestantes, sino de investigar el desempeño de los propios agentes. Pablo Lemus añadió que debía garantizarse “la reparación del daño y, por supuesto, la no repetición”.

Ya para el miércoles 14, la presidenta elevó el alcance de su intervención. Las denuncias de golpes y posibles actos de presunta tortura contra personas detenidas llevaron a Claudia Sheinbaum a solicitar una investigación exhaustiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La pregunta que lanzó en su conferencia mañanera fue directa y cuestionó que “¿quién dio la orden?”.

La mandataria pidió esclarecer la cadena de responsabilidades y señaló que, de ser necesario, debía intervenir la Fiscalía General de la República. Las acusaciones de tortura, por su gravedad, requerían investigación y documentación; no bastaba con la liberación de los detenidos ni con el reconocimiento político de los excesos.

Mientras la crisis policial avanzaba hacia los organismos de derechos humanos, el problema del agua seguía sin una solución inmediata. El jueves 15, colectivos, organizaciones y comunidades de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago acudieron al Congreso para exigir un Parlamento Abierto que permitiera discutir el proyecto del acueducto, transparentar sus costos y garantizar la participación ciudadana. Su exigencia apuntaba a que una obra de esa magnitud no se resolviera únicamente mediante negociaciones entre autoridades y contratistas, sino con información pública y análisis de sus consecuencias económicas, sociales y ambientales.

El viernes 16, la controversia financiera tuvo un nuevo episodio: la iniciativa del acueducto no pudo discutirse en el Congreso por falta de quórum, no acudieron al debate los legisladores del Movimiento Ciudadano y del Verde Ecologista.

La propuesta estatal, con un costo de construcción cercano a los 12 mil millones de pesos, seguía enfrentando cuestionamientos por el monto acumulado de los pagos a lo largo del contrato. La diferencia entre ambas cifras explica buena parte de la disputa, pero no la resuelve. Corresponde revisar el contrato, las condiciones de operación, los riesgos financieros y las alternativas disponibles antes de establecer conclusiones definitivas.

Ese mismo viernes, cuatro manifestantes fueron vinculados a proceso por lesiones y delitos contra la autoridad, aunque quedaron en libertad provisional. Sus abogados denunciaron irregularidades y cuestionaron que se hubieran omitido pruebas de descargo. La Fiscalía estatal informó, además, que mantenía 17 investigaciones contra elementos policiales. Así, la liberación anunciada por Pablo Lemus no significó el cierre de los expedientes ni la conclusión de la controversia judicial.

La marcha comenzó con una exigencia elemental, que es un derecho humano fundamental tener agua limpia, y terminó por exhibir la dimensión de una crisis en la que confluyen infraestructura envejecida, decisiones presupuestales, desconfianza ciudadana y responsabilidad policial.

MENSAJE DEL LUNES 11 DE OCTUBRE: LEMUS CULPA A GRUPO DE CHOQUE POR LA VIOLENCIA EN CASA JALISCO

– Aseguró marcha pacífica de 10 mil personas

– Reportó 39 detenidos y 28 policías heridos

– Ordenó revisar detenciones y videos de la policía

– Colaborará con la CEDHJ e informó a Sheinbaum

El gobernador Pablo Lemus calificó de “día difícil” el 11 de octubre y aseveró que cerca de 10 mil personas participaron en una marcha pacífica por agua limpia que partió de La Minerva hacia Casa Jalisco.

Según su versión, durante más de dos horas la protesta se desarrolló de forma ordenada, con el acompañamiento de elementos de seguridad, protección civil y servicios médicos.

Lemus aseguró que la situación cambió cuando llegó un grupo de choque de aproximadamente 400 personas, muchas encapuchadas y armadas con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas. Afirmó que este grupo agredió a las mujeres policías que protegían la manifestación y una casa de descanso para adultos mayores ubicada junto a Casa Jalisco, y que el enfrentamiento duró alrededor de tres horas. Como resultado, reportó manifestantes lesionados, 39 detenidos y 28 policías heridos, dos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo.

El mandatario informó que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar caso por caso las detenciones (hasta ese momento se habían liberado 12 personas) y ordenó revisar todos los videos para investigar la actuación policial y sancionar posibles excesos. Señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio y que colaborará con ella. También dijo haber informado de los hechos a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lemus expresó solidaridad con los policías heridos y sus familias, reiteró que la violencia no es el camino y que el diálogo es la única vía. Finalmente, refrendó su compromiso de resolver el problema de la calidad del agua, mencionó avances en el abasto desde la presa de Las Pintas y en la planta de Miravalle, y pidió al Congreso aprobar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, validado por Conagua. Aseguró que el agua no se privatizará ni subirán las tarifas.

MENSAJE DEL 13 DE OCTUBRE: LEMUS ADMITE EXCESOS POLICIALES Y ORDENA LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS

– Reconoció graves errores en el operativo que deben investigarse y sancionarse.

– Ordenó investigación interna acompañada por la CEDHJ.

– Pidió reparación del daño y no repetición.

– Aseguró que el agua no se privatizará ni subirán las tarifas.

“Antes que gobernador, soy persona. Y en la vida se debe saber reconocer y corregir. En el operativo de la manifestación del pasado domingo se cometieron graves errores, mismos que deben ser investigados y sancionados”.

“Lo primero que les quiero comunicar es que todas las personas detenidas el domingo han recuperado su libertad. Absolutamente todas”.

“Personalmente, he revisado decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias que en el momento más crítico se salió de control. Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas”.

“A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia. Como gobernador, me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”.

“Siempre hemos dicho que el que la hace la paga y eso también aplica para los de adentro. Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados”.

“He pedido iniciar una investigación interna de lo sucedido y que esta sea acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para dar seguimiento a los procesos de sanción según su nivel de responsabilidad”.

“Debemos garantizar la reparación del daño y, por supuesto, la no repetición. Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”.

“Finalmente, he leído que existe preocupación sobre la iniciativa que envía al Congreso Local para construir el nuevo Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. Quiero decirlo con claridad: el servicio de agua potable no se privatizará, no se contratará deuda y no aumentarán las tarifas de agua que paga la ciudadanía. Una cosa más: no se va a entregar el servicio de agua potable a ninguna empresa israelí. Tienen mi palabra. Muchísimas gracias”.