-Por Francisco Junco

Mientras Morena defiende el mecanismo de insaculación como parte central de la reforma al Poder Judicial de Jalisco, los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han manifestado su rechazo absoluto a que el nombramiento de jueces y magistrados quede a la suerte.

A pesar de los intentos por conciliar posturas en el Congreso local, las diferencias entre las bancadas continúan marcando la discusión sobre cómo renovar más de 230 cargos judiciales para 2027 en Jalisco.

La bancada de Morena, encabezada por Miguel de la Rosa Figueroa, sostiene que el sorteo es viable siempre y cuando los aspirantes hayan superado filtros estrictos de evaluación. En contraste, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano han coincidido en que se requiere una evaluación rigurosa y perfiles altamente calificados, pero rechazan de plano la elección a través de la tómbola, o suerte o volado, como último filtro.

Diputado José Luis Tostado (MC)

Aunque en la semana había trascendido que podría haber un posible acercamiento entre MC y Morena, el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, reiteró que su postura es inamovible.

El debate se mantiene tenso entre las fuerzas políticas. Morena insiste en una reforma que incluya insaculación como mecanismo final, mientras que la oposición se niega a ceder. El PAN, en voz de su dirigente estatal, Juan Pablo Colín, señaló que no está dispuesto a permitir que la justicia se decida “al azar”, y acusa una supuesta complicidad entre MC y Morena para sacar adelante la propuesta. En tanto, el PRI anticipa un voto en contra si se mantiene la figura de tómbola en el dictamen final.

Aunque los trabajos legislativos podrían extenderse, las bancadas en el Congreso reconocen que el plazo máximo para aprobar la reforma al Poder Judicial es el propio año 2027, aunque lo ideal es que se tenga el tiempo suficiente para que se legisle en las llamadas leyes secundarias y se tenga tiempo de organizar las elecciones. Así lo establece el transitorio de la Constitución Federal, que obliga a los estados a renovar sus poderes judiciales a través del nuevo modelo de elección.

En ese sentido, los legisladores coinciden en que Jalisco debe tener lista su reforma, a más tardar, antes del proceso electoral intermedio de ese año. Aunque se ha planteado octubre de 2025 como un momento político clave para aprobar el dictamen, el límite legal es inamovible: para 2027, la entidad debe contar con un nuevo marco normativo en materia judicial.

Diputado Miguel de la Rosa (Morena)

Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena, aseguró que el objetivo de la reforma es garantizar que los cargos del Poder Judicial sean ocupados por personas “honestas, altamente capacitadas, evaluadas perfectamente en el nivel de dominio sobre la materia judicial”, pero aclaró que la tómbola o insaculación aplicaría únicamente entre quienes cumplan con esos requisitos.

Para Morena, la insaculación permite blindar el proceso ante intereses políticos. “Nosotros pensamos que la resistencia a que se integre este (insaculación) como último momento para la definición de las candidaturas obedece más a un interés, de querer incidir en que sus propuestas afines, puedan tener más certeza de ser consideradas como candidatas”, afirmó Miguel de la Rosa.

Desde el PAN, la diputada Claudia Murguía calificó la reforma como estancada. Acusó que no ha avanzado desde marzo y fue enfática al señalar que su partido no dejará la justicia “sujeta a una tómbola, a la suerte”, porque detrás de eso, dijo, hay una intervención directa de quienes promueven la reforma.

Murguía explicó que el PAN sí está dispuesto a debatir otros mecanismos, como evaluaciones estrictas o comités, siempre que se garantice la idoneidad de los perfiles, pero sin insaculación. “Nuestro principal interés y preocupación son perfiles que tengan la capacidad, honestidad y todo lo que tiene que ver con un cargo tan importante como impartir justicia”, sostuvo.

Diputada Claudia Murguía (PAN)

PAN CONTRA ALIANZA DE MORENA Y MC

El presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, fue aún más tajante. Consideró que con la tómbola se somete la impartición de justicia a los intereses de Morena y Movimiento Ciudadano, quienes, afirmó, “se ponen de acuerdo ellos”. El PAN, dijo, no aceptará ninguna reforma en esos términos.

“No tendrá sentido después la tómbola. El examen tendrá que ser mejor, directo el pase, para poder ir a la elección. Lo que quieren hacer es seleccionar en la tómbola lo que ellos quieren. Ese es el punto”, remarcó Juan Pablo Colín.

Desde el PRI, la diputada Alondra Fausto afirmó que su bancada no va a apoyar una reforma con tómbola. Aunque reconoció que es importante armonizar propuestas, lamentó que “en este dictamen, que no se ha de conocer todavía, no creo que sea una opción subirlo, sin el tema de la tómbola, visto que la presidenta es del grupo parlamentario que ha estado a favor de esta reforma”.

Fausto insistió en que la prioridad debe ser que los mejores perfiles lleguen al Poder Judicial. “Los perfiles para impartir justicia deben de tener carrera judicial, deben de estar capacitados, deben de estar preparados, deben de ser imparciales. Realmente no deberían estar politizados”, dijo, tras señalar la pérdida de la división de poderes por parte de Morena.

Desde Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado Bastidas, coordinador de la bancada naranja, afirmó que no hay ninguna condición para aceptar la tómbola. Aseguró que se han discutido todas las propuestas, pero que su bancada considera “irrenunciable” una evaluación técnica de capacidades y cualidades de los aspirantes.

“Para Movimiento Ciudadano, la posición no ha cambiado, no vamos a dejar al azar, a la suerte, el nombramiento de quienes van a ser los jueces y magistrados”, declaró José Luis Tostado.

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, respaldó la postura de su bancada local. Aseguró que la tómbola “sin lugar a dudas es una ocurrencia del gobierno federal” y que la renovación del Poder Judicial debe obedecer a criterios objetivos, no a una rifa.

La experiencia de la elección judicial a nivel federal también fue punto de crítica entre los legisladores. José Luis Tostado dijo que se trató de un ejercicio fallido y que incluso funcionarios del propio gobierno federal reconocieron su complejidad. En opinión del senador Castañeda, lo sucedido fue un “galimatías” que permitió la captura política del Poder Judicial.

Morena, por su parte, considera que el mecanismo federal dejó enseñanzas valiosas, aunque reconoce que hubo fallas de origen. Miguel de la Rosa admitió que uno de los problemas fue que el Poder Judicial “dejó su tarea a medias” y que el Comité Evaluador fue relevado por el Senado, afectando el proceso.

Diputada Alondra Fausto. PRI.

ALONDRA FAUSTO-PRI

Alondra Fausto, del PRI, fue más crítica: “No rescato nada de esta reforma. Fue una burla para la ciudadanía hacerles creer al pueblo que están eligiendo a sus impartidores de justicia, mediante acordeones, mediante tómbolas”.

Pese al desencuentro de posturas, tanto Morena como Movimiento Ciudadano coinciden en que la reforma debe concretarse antes de octubre. Para MC, una de las prioridades es reducir el número de candidatos para simplificar el proceso. Morena, por su parte, considera que el tiempo juega a favor para perfeccionar filtros y diseñar una reforma más robusta.

El futuro de la reforma aún es incierto, pero todas las bancadas han comenzado a reconocer que el Poder Judicial requiere un cambio. Como dijo Claudia Murguía, “el Poder Judicial sí necesita una reforma. No esa reforma, pero sí necesita una reforma”.

-Por Mario Ávila

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un proyecto de decreto para incorporar el delito de “reclutamiento forzado” al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Este delito se define como la acción de reclutar, inducir, obligar o coaccionar a personas, mediante intimidación, publicidad engañosa, engaño, extorsión, amenaza o violencia, para que se unan o colaboren con organizaciones delictivas o grupos de la delincuencia organizada.

La iniciativa busca sancionar prácticas que incluyen explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, trata de personas y actividades como “halcones” al servicio de estos grupos, las cuales han proliferado debido a la sofisticación de las redes criminales.

Contexto y motivación de la iniciativa

La propuesta legislativa surge como respuesta a la creciente problemática del reclutamiento forzado, una práctica sistemática empleada por el crimen organizado para captar a personas vulnerables, particularmente jóvenes, mujeres, adolescentes, migrantes y comunidades indígenas.

Durante la exposición de motivos en la máxima tribuna parlamentaria, Mejía Berdeja destacó que estas organizaciones utilizan métodos como el engaño a través de redes sociales, donde citan a las víctimas bajo pretextos falsos para luego secuestrarlas y obligarlas a participar en actividades ilícitas.

Este fenómeno no solo desafía al Estado, sino que vulnera el tejido social y afecta a los sectores más desprotegidos de la población.

El caso que inspiró esta iniciativa ocurrió en marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre, ubicado en el predio La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Este lugar fue identificado como un centro de reclutamiento forzado y adiestramiento operado por el crimen organizado.

Según el legislador, en este rancho se llevaban a cabo prácticas brutales: los reclutados que mostraban resistencia o no cumplían con las expectativas de los criminales eran asesinados, a veces como parte de “juegos macabros” de competencia entre las víctimas.

Este caso emblemático evidenció la necesidad de crear un tipo penal específico para abordar estas conductas, que no encajan completamente en el delito de trata de personas debido a su orientación distinta.

Detalles de la propuesta legislativa

La iniciativa propone adicionar el artículo 299, inciso sexto, al Código Penal Federal para definir claramente el delito de reclutamiento forzado. Además, en el inciso séptimo, se establecen agravantes para casos en los que las víctimas sean menores de 18 años, mujeres embarazadas, migrantes, afrodescendientes o miembros de pueblos originarios.

También se contemplan agravantes cuando los responsables sean exintegrantes de instituciones de seguridad pública o profesionales coaccionados para realizar actividades ilícitas, como químicos obligados a trabajar en laboratorios de fentanilo.

La propuesta busca incorporar este delito al catálogo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, permitiendo una persecución más efectiva de los responsables.

Mejía Berdeja enfatizó que esta iniciativa se presenta en un contexto de reformas recientes, como la Ley General Contra la Extorsión, modificaciones a la Ley Contra el Lavado de Dinero y nuevas facultades para la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estas reformas reflejan un esfuerzo más amplio por fortalecer el marco legal contra el crimen organizado, pero el legislador subrayó la urgencia de abordar específicamente el reclutamiento forzado, que se ha convertido en un “cáncer” utilizado por los grupos delictivos para involucrar a personas contra su voluntad en actividades criminales.

El caso del Rancho Izaguirre: un punto de inflexión

El Rancho Izaguirre se convirtió en un caso de alto perfil en septiembre de 2024, durante el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, cuando un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional resultó en la detención de 10 personas, la liberación de dos secuestrados y el hallazgo de un cadáver emplayado.

Sin embargo, tras este operativo, las autoridades locales no dieron seguimiento adecuado al caso, lo que generó sospechas de encubrimiento y una posible intención de sepultar el incidente en el olvido, perpetuando la impunidad.

La situación cambió en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho en busca de evidencias sobre personas desaparecidas. Lo que encontraron fue impactante: más de 400 pares de calzado, ropa, mochilas, bolsas, carteras, fotografías, listados y, en tres sitios del predio, posibles restos humanos calcinados.

Estos hallazgos reactivaron las investigaciones, que pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la magnitud del caso. Con nuevas autoridades en la Fiscalía de Jalisco y el Gobierno del Estado, se actuó con celeridad, logrando una condena de 141 años de prisión para los 10 detenidos por los delitos de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada y homicidio calificado.

Además, se ordenó el pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas.

Por separado, en el ámbito federal, se vinculó a proceso al presidente municipal de Teuchitlán, José N., por presuntos nexos con el CJNG, junto con algunos de sus familiares. También se investiga a tres policías del municipio de Tala, un presunto reclutador y dos integrantes de un grupo delictivo detenidos en el Estado de México.

Además, 12 funcionarios, incluyendo personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ministerios públicos y elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están bajo escrutinio por posibles omisiones graves en el manejo del caso.

Un cadáver sin identidad

A 10 meses del hallazgo del cadáver emplayado en el Rancho Izaguirre, la víctima permanece sin identificar ni reclamar en el Servicio Médico Forense. A pesar de contar con muestras de ADN, estas no han coincidido con ninguna base de datos, lo que refleja deficiencias en la investigación.

Este hecho subraya los desafíos para esclarecer casos relacionados con el crimen organizado, donde las víctimas a menudo quedan en el anonimato.

EL ACADÉMICO PARTIDA CABALLERO CRÍTICA INVESTIGACIÓN Y CONDENA

El doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del cuerpo “Paradigmas de la Justicia en México”, cuestionó la condena de 141 años impuesta a los 10 detenidos.

Calificó la sentencia como “draconiana” y motivada por la presión pública y mediática, más que por pruebas contundentes. Según Partida, los cargos imputados —homicidio calificado, desaparición forzada y desaparición agravada de particulares— no están respaldados por una individualización adecuada de las responsabilidades, lo que facilita recursos de apelación y amparo por parte de la defensa.

Alfonso Partida señaló que la falta de transparencia en el expediente y la ausencia de máxima publicidad en el proceso violan principios fundamentales de justicia. Además, criticó la falta de claridad sobre el cadáver hallado, cuya muerte no se ha determinado si ocurrió en el rancho o en otro lugar.

Esto plantea dudas sobre la culpabilidad de los detenidos, quienes podrían haber sido señalados simplemente por estar presentes durante el operativo de la Guardia Nacional. El académico también destacó la necesidad de identificar al autor intelectual de los crímenes, ya que culpar genéricamente al “crimen organizado” no permite una justicia precisa.

Asimismo, Partida Caballero cuestionó la efectividad de sentencias tan severas en un contexto donde la impunidad en Jalisco alcanza el 99.12% en este tipo de delitos. Argumentó que penas “para la tribuna” no combaten la impunidad y sugirió que sería más útil imponer sanciones razonables respaldadas por investigaciones rigurosas.

También propuso que se investigue a exfuncionarios, como el exgobernador Enrique Alfaro y los fiscales de su administración, por posibles omisiones en el manejo inicial del caso.

Conclusión

La iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado representa un esfuerzo por fortalecer el marco legal contra las prácticas del crimen organizado, inspirada en el caso del Rancho Izaguirre, que expuso la brutalidad de estas actividades.

Sin embargo, las críticas al proceso judicial y la falta de identificación de víctimas y autores intelectuales destacan los retos pendientes en la lucha contra la impunidad.

Este caso subraya la necesidad de investigaciones transparentes, procesos judiciales sólidos y un enfoque integral que no solo sancione a los ejecutores, sino que también aborde las redes de complicidad que permiten la operación de centros como el Rancho Izaguirre.

-Por Redacción Conciencia Pública

Este domingo 20 de julio, cuando se cumplen seis meses de su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha implementado en el país vecino del norte una serie de políticas que han generado amplias controversias tanto a nivel nacional como internacional. Trump juró su cargo el 20 de enero, y desde ese día su administración ha funcionado a velocidad de vértigo.

Su discurso triunfalista contrasta con las tensiones que enfrenta, especialmente por el manejo del caso Epstein, que ha provocado una fractura dentro de su base de apoyo más fiel.

El mandatario ha apostado por una agenda de fuerte corte proteccionista, endurecimiento migratorio y reformas legislativas que dividen opiniones.

En materia económica, Trump reactivó su estrategia de presión comercial contra todo el mundo y contra sus aliados, al imponer aranceles generalizados y condicionar acuerdos a la reducción del déficit.

Aunque logró pactos con países como el Reino Unido, China y Vietnam, extendió amenazas tarifarias a decenas de naciones, incluyendo México, Canadá y Brasil. Las negociaciones con la Unión Europea siguen en curso, mientras Washington mantiene una postura rígida con respecto al comercio exterior.

La política exterior ha estado marcada por el retiro de ayudas internacionales, exigencias a aliados de la OTAN para incrementar su gasto en defensa y el impulso de acuerdos de paz en zonas de conflicto como Ucrania y Gaza.

En América Latina, ha reforzado su enfoque antimigratorio exigiendo mayor control en las fronteras y lanzando propuestas polémicas como la recuperación del Canal de Panamá y el cambio de nombre al Golfo de México, generando fricciones con gobiernos de la región.

En el frente migratorio, Trump ha intensificado las detenciones y deportaciones, incrementando los recursos al ICE y autorizando operativos militares que provocaron protestas en ciudades como Los Ángeles. También ha revocado el Estatus de Protección Temporal para miles de migrantes y ha recurrido a centros de detención en el extranjero.

Algunos otros temas clave en lo que va de su gobierno incluyen la imposición de duros aranceles especialmente a las importaciones de China, así como el el inicio y la continuación de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

A esto se suma una crisis política por su disputa con Elon Musk y la presión pública para que cumpla su promesa de revelar todos los vínculos de Jeffrey Epstein, lo cual amenaza con seguir erosionando su credibilidad.