JALISCO
Casos de COVID-19 en personal de salud y en Puente Grande: Falla Gobierno de Jalisco en prevenir coronavirus en casa
Por Daniel Emilio Pacheco //
En Jalisco, los brotes positivos de COVID-19 con mayor número de casos activos tienen que ver con instituciones del Gobierno Estatal.
El 15 de abril por la noche, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó siete casos de COVID-19 entre personal de salud, cuyo contagio estaba asociado a la atención prestada en unidades médicas; los casos se registraron en el municipio de Puerto Vallarta.
Aseguraba la SSJ que desde una semana antes -pongamos 7 de abril-, había reforzado la vigilancia y la aplicación de protocolo de ingreso y salidas en unidades médicas (filtros); la limpieza y exhaustivos de las áreas; decía que también dio la capacitación en el uso adecuado del equipo de protección personal; así como el apego al uso y disposición de ropa de trabajo del personal de salud.
¡Ojo! Desde el 20 de marzo en Jalisco se había tomado la decisión de enviar a la población a casa por lo contagioso de la enfermedad, pero, la Secretaría de Salud hasta dos semanas después, según su reporte, capacitaba al personal de salud: «en el uso adecuado del equipo de protección personal; así como el apego al uso y disposición de ropa de trabajo del personal de salud».
La SSJ remataba su comunicado diciendo: «En suma se están supervisando la correcta observancia de todos los lineamientos federales y estándares internacionales».
Para el 24 de abril, la SSJ informaba que se registraban en la entidad: «19 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas».
El número de casos era la suma de: «doce corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta y siete residentes de Ocotlán».
El dato curioso ese día era que Ocotlán registraba 9 enfermos activos por Covid-19, de los cuales 7 eran del personal de salud.
Cuatro días después, el 28 de abril, la SSJ reportaba 26 casos positivos de Covid-19 entre personal de salud: «De éstos, 19 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, y siete a residentes del municipio de Ocotlán» informaba la institución.
Abril cerraba su día 30 con 32 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. 21 correspondientes a residentes del municipio de Puerto Vallarta, nueve a residentes del municipio de Ocotlán y dos del municipio de Guadalajara.
Al cierre del día 2 de mayo, se han registrado 33 casos positivos de SAR-CoV-2 entre personal de salud, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 21 corresponden a residentes del municipio de Puerto Vallarta, nueve a residentes del municipio de Ocotlán y tres al municipio de Guadalajara.
Las quejas del personal de salud pertenecientes a la SSJ son recurrentes:
-Insuficientes insumos médicos
-Falta de capacitación
-Uso de prestadores de servicio social mal preparados y obligados a trabajar.
-Carencia de adecuado equipo de protección.
-Ausencia de los responsables jerárquicos en varias unidades de salud.
CASO PUENTE GRANDE
El 5 de marzo se supone fue puesto en marcha el Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19, dentro del estado de Jalisco. Según eso, el protocolo incluye medidas preventivas sanitarias, de concientización y sanitización dentro de las cárceles del estado.
Sin embargo, el 22 de marzo ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad, la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco, anunció la suspensión de las visitas a todos los centros penitenciarios por tiempo indefinido, sólo se permitirían visitas en casos jurídicos y humanitarios especiales. Incluso, se informó que pondrían una línea telefónica para dar información a familiares de los presos sobre el estado de salud de sus seres queridos.
El 17 de abril, casi un mes después de la suspensión de las visitas, y casi mes y medio de la implementación del pomposo «Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19», nos informa la SSJ que, resultado de un muestreo aleatorio en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, se identificaron tres casos positivos de COVID-19.
Cuatro días después, 21 de abril, ya se reportaban ocho casos activos de Covid-19 en el penal de Puente Grande.
Para el 27 de abril, la SSJ reportaba 29 casos activos de Covid-19 en el penal de Puente Grande, informaba, además: «Es importante señalar que al día de hoy solo se han detectado casos positivos únicamente en el Reclusorio Preventivo, el resto del Sistema Penitenciario de la entidad no presenta ninguno».
«… en Jalisco se han tomado acciones estrictas para prevenir y evitar el avance de la enfermedad, según los estándares avanzados de la Organización de las Naciones Unidas adaptadas al Sistema Penitenciario Mexicano, entre las que destacan:
1. Aplicación de medidas sanitarias de orden general, como la suspensión de visitas, el uso de cubrebocas y desinfectantes, además de procesos de limpieza y sanitización constante de los espacios».
La SSJ informaba el 29 de abril de la existencia de 40 casos activos de Covid-19 y el 30 de abril, informó de 5 casos más, sumando 45 casos activos al cierre del mes.
En mayo, el Penal de Puente Grande ha registrado 51 casos positivos a Covid-19 el día primero y 58 el segundo día.
Y ante el creciente número de casos positivos en Covid-19 en el Penal de Puente Grande, surgen las quejas y evidencias de que las cosas no se están haciendo bien al interior del complejo penitenciario.
Por medio de un comunicado, Familiares Unidos de Personas Privadas de su Libertad, denunciaron que las autoridades del estado de Jalisco no les han proporcionado información clara y suficiente respecto al estado de salud de sus familiares que se encuentran dentro de los Centros de Reinserción Social de Puente Grande Jalisco, tal como se habían comprometido a hacerlo.
Una situación más que ejemplifica el mal manejo de los riesgos por Covid-19 en el Penal de Puente Grande, es la muerte de Ricardo Cárdenas, empleado de limpieza en el Reclusorio Preventivo, a causa de COVID-19, para sus familiares y cercanos, es considerada una negligencia de parte del Director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, pues fue omiso a las indicaciones del Gobierno Federal sobre retirar del espacio laboral a grupos vulnerables, según el dicho de sus conocidos Ricardo padecía de diabetes.
Por si fuera poco, el periódico Mural el 17 abril, publicó una nota donde se conoció la denuncia que realizó personal del reclusorio de Puente Grande sobre el riesgo que sentían de contraer coronavirus por la falta de medidas sanitarias, esto es entendible pues la nota da cuenta de que, “la Dirección de Reinserción y Prevención Social siguió permitiendo los encuentros deportivos entre reclusos y que mujeres privadas de la libertad visitaran varios reclusorios varoniles”. Se muestra en la publicación imágenes de lo animado de la reunión, donde se señala que en estas reuniones hubo apuestas, bebidas embriagantes, carne asada y albercas.
El sábado 2 de mayo Jalisco cerró con 510 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 58 son aportados por el Penal de Puente Grande, es decir, más del 10 %. Y 33 casos positivos de personal de la salud, más del 6%.
Si sumamos los casos de estas dos dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Salud y Reinserción y Prevención Social, nos damos cuenta de que, de los 510 casos confirmados de Covid-19, 91 casos son aportados por Centros de Salud y Penal de Puente Grande, es decir el 17.84 % de los casos surgen por mal manejo de protocolos y capacitación por parte de los funcionarios del Gobierno de Jalisco.
¿No creen que se deberían fincar responsabilidades a los funcionarios a cargo de los errores que ponen en riesgo la salud de los jaliscienses?
-Por Francisco Junco
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, lideró un encuentro en Casa Ciudadana con militantes, regidores, diputados locales y alcaldes del partido en Jalisco.
El evento, organizado por Movimiento Ciudadano Jalisco tuvo como objetivo dialogar sobre los retos que enfrenta México ante el oficialismo y fortalecer al partido como una alternativa política desde lo local.
Durante la reunión, Castañeda destacó la importancia de las capacitaciones para consolidar los liderazgos del movimiento y construir un proyecto que responda a las necesidades de la ciudadanía.
En sus palabras, expresó su convicción de que Movimiento Ciudadano puede ser una opción real para un país más próspero, diverso y humano.
Castañeda Hoeflich agradeció la confianza de sus compañeros y reafirmó su compromiso de defender la voz de Jalisco en el Senado de la República, impulsando agendas en beneficio de la población.
El encuentro también sirvió como un espacio de reflexión para analizar los desafíos políticos actuales y reforzar la unidad del partido rumbo a futuros retos electorales y legislativos.
Movimiento Ciudadano reiteró su compromiso de trabajar por un México en paz, verde, justo e igualitario, consolidándose como una oposición firme y responsable.
Trayectoria política de Clemente Castañeda:
2007-2009: Director del Órgano Técnico de Asuntos Metropolitanos del Estado de Jalisco.
2010-2012: Jefe de Coordinación Política del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.
2012: Coordinador general de la campaña a gobernador de Enrique Alfaro Ramírez.
En su carrera legislativa, ha sido diputado local en el Congreso de Jalisco (2013-2015), donde coordinó la bancada de Movimiento Ciudadano y promovió leyes en derechos humanos, transparencia y participación ciudadana.
Posteriormente, fue diputado federal (2015-2018) y coordinador de la bancada de MC en la LXIII Legislatura, participando en comisiones clave como Gobernación y Radio y Televisión. Desde 2018, es senador de la República por Jalisco y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado. Además, fue coordinador nacional de MC de 2018 a 2021.
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
-Por Mario Ávila
La posibilidad de construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara fue rechazada oficialmente por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al dar respuesta oficialmente a la solicitud presentada por activistas ambientales, en la que exigen frenar el proyecto del tercer acueducto para llevar agua a la ZMG.
Los ambientalistas representados por el abogado Julio Carmona entregaron el documento en Palacio Nacional el pasado 9 de junio de 2025, dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que hicieron tres peticiones clave: 1.- Suspensión inmediata del tercer acueducto, por falta de consulta a comunidades ribereñas; 2.- Reconocimiento del Lago de Chapala como sujeto de derechos, con personalidad jurídica propia; 3.- Rehabilitación urgente de las plantas de tratamiento, antes de autorizar más extracciones.
La respuesta llegó el 15 de julio de 2025 firmada por el director técnico, Carlos Enrique Vite Cárdenas, en la que señala que actualmente no existe ningún permiso o autorización vigente para dicho proyecto hidráulico.
EL PROYECTO
El nuevo acueducto Chapala–Guadalajara es un proyecto impulsado por el Gobierno de Jalisco con el objetivo de modernizar y sustituir el sistema actual de conducción de agua, que presenta una eficiencia del 75% y pérdidas significativas por fugas y evaporación.
El acueducto actual, con más de 34 años de operación, está llegando al final de su vida útil. La nueva infraestructura buscaría garantizar un suministro más eficiente y seguro de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
El nuevo acueducto permitiría un mayor control sobre el volumen de agua extraído del Lago de Chapala, manteniendo el límite autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 7.5 metros cúbicos por segundo, establecido en un decreto presidencial.
Se estima que la nueva infraestructura reduciría las pérdidas de agua por fugas y evaporación, lo que contribuirá a una gestión más responsable del recurso hídrico.
Contaría con un presupuesto estimado de 6,500 millones de pesos. La licitación pública nacional para desarrollar esta infraestructura fue anunciada recientemente, aunque aún no se ha definido claramente la fuente de financiamiento.
El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, ha solicitado que la construcción del nuevo acueducto se realice con base en un plan integral que garantice el equilibrio ecológico y social de la región. También ha enfatizado la necesidad de incorporar tecnología moderna que permita medir con precisión el volumen de agua transferido.
Organizaciones civiles y ambientales han expresado preocupaciones sobre la falta de consulta pública y la posible omisión de problemas estructurales que afectan al Lago de Chapala, como la contaminación y la deforestación en las zonas de recarga.
Encuentro en Casa Ciudadana con el Senador Clemente Castañeda
Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto
Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara
Escándalo en concierto de Coldplay: CEO de empresa tecnológica captado con empleada en momento comprometedor
