JALISCO
Juntarán firmas para iniciativa popular: La guerra de los leones negros contra el gobierno alfarista arreciará
Por Daniel Emilio Pacheco //
“Yo no sé qué va a pasar hoy en este Congreso, espero que la Universidad deje de ser el enemigo número uno de este Gobierno, yo creo que Jalisco tiene muchos problemas como para que la Universidad sea el problema, cuando esta Universidad y estos hospitales son la solución, hoy no sé qué pase en la noche, pero si nos atropellan hoy en la noche, yo quiero invitarlos a que al día siguiente, o sea mañana, iniciamos una iniciativa popular y convoquemos a reunir las firmas suficientes, creo que para una iniciativa popular se requieren 30,000 firmas, para la revocación de mandato como 140,000”, decía el Rector General de la UdeG, Ricardo Villanueva, cuando es interrumpido por la muchedumbre que era su publico en el mitin de la Plaza de la Liberación.
¡Revocación! ¡Revocación! ¡Revocación!
“Déjenme termino la propuesta, no se emocionen ya habrá tiempo también para eso”, señala Ricardo Villanueva, la gente no se calla.
¡Revocación! ¡Revocación! ¡Revocación!
El funcionario universitario levanta las manos pidiendo atención y silencio, “Vámonos por partes”, dice mientras la gente empieza a callar.
“Lo que les quiero proponer, como ya lo hicimos hace 10 años, para tener una iniciativa popular que nos regresó al presupuesto que muchos gobernadores que no nos quisieron dar, es que iniciemos la lucha porque en la Universidad tenga un presupuesto constitucionalmente autónomo, esto es que, el presupuesto ya sea un porcentaje establecido en la Constitución de los recursos del Gobierno del Estado, para no depender de los vaivenes de estos gobernadores que no entienden nada, que no saben el valor de la educación o de estos diputados que están dispuestos a negociar obras para sus municipios a cambio de no apoyar a la Universidad, porque deben saberlo ustedes, el Ejecutivo ha estado dispuesto a que su negociación con las otras bancadas sea darle lo que sea a cambio de no darle nada a la UdeG, imagínense a qué nivel hemos llegado, entonces, quiero preguntarles sí están dispuestos en caso que sea este atropello, ayudarme a conseguir las firmas y el apoyo popular necesario para que el presupuesto de la Universidad sea constitucional y no requiramos una vez más tener que estar en el sol por un gobernador que confunde la virilidad con la autoridad, ¿Nos acompañan?”, Así cerraba por segunda vez su discurso Ricardo Villanueva ante los estudiantes, trabajadores, académicos y personal de salud convocados a manifestarse en la Plaza de la Liberación, al enterarse que, este miércoles pasado se aprobaría el Presupuesto de Jalisco para el 2022, y la UdeG no recibiría el aumento a su presupuesto que había pedido.
La congregación en la Plaza de la Liberación tuvo la intención de mostrar músculo y coordinación por parte de la Universidad, sin embargo, dejó en claro que los liderazgos encargados de enfrentar los embates del gobernador Enrique Alfaro, no tienen una estrategia que les haya funcionado, aparte de la legal.
Mientras Natalia Juárez trataba de mantener activos a los asistentes y repetía una y otra vez que se convocó solo con 8 horas de anticipación, uno de los jóvenes decía: “Citaron a las 11:00, según ella nos hablaron a las 3:00 de la madrugada”.
Las participaciones de los oradores dejaron más dudas que repuestas, respecto a la motivación de la UdeG para aumentar el presupuesto y más allá de los adjetivos calificativos, no se alcanza a entender los “por qués” del conflicto entre Universidad y Gobierno del Estado.
Cuando se escuchan los discursos de los liderazgos sindicales de la UdeG y de su Rector General, hablan de la necesidad de construir más escuelas, entonces, cuál es el problema con lo anunciado por el Gobierno de Jalisco en su comunicado del 18 de noviembre: “El Gobierno del Estado reitera que destinará un 14 por ciento más recursos para infraestructura educativa en el Presupuesto de Egresos 2022 a la Universidad de Guadalajara, y que dicho monto será destinado a impulsar la labor sustantiva de la casa de estudios que es la construcción de planteles escolares para educación media superior y superior, pero no para negocios universitarios”.
La declaración del gobernador Enrique Alfaro, ese mismo día, deja en claro que el conflicto es muy directo: “A la universidad se le va a poyar para hacer escuelas, para hacer preparatorias, para hacer centros universitarios, para cumplir su función sustantiva, no para que siga haciendo negocios Raúl Padilla, se acabó esa historia, entonces la respuesta es esa y pueden patalear, pueden llorar, pueden seguirse gastando, fíjense que paradójico, se gastan el dinero de la universidad en sacar desplegados todos los días, en organizar marchar en lugar de estar usando el dinero para construir escuelas que tanto falta le hacen a la universidad”, detalló el mandatario.
Enrique Alfaro habla de algo que pocos o muy pocos jaliscienses se han dado cuenta, la UdeG ha recurrido al viejo recurso -muy viejo y gastado, por cierto- de sacar desplegados que nadie lee, ¿Alguien tiene idea del número de desplegados que se han publicado por parte de la UdeG respecto a este tema del presupuesto? ¿Alguien los ha leído? ¿Cambió en algo la percepción social a raíz de esos desplegados?
El propio gobernador habla de algo que se informó en el mitin de la Plaza de la Liberación, ese día sumaban 31 marchas pidiendo respeto a la autonomía universitaria, ¿Alguien que no sea de los organizadores de esas marchas sabía ese dato? ¿De qué han servido ese tipo de manifestaciones públicas si no trascienden?
Otro arranque, más de pose que, de verdadera presión, fue el generado por el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, cuando al inicio de su discurso dijo: “Que, si el Congreso está acostumbrado, a darnos madruguete y a probar cosas en la noche y en la oscuridad, las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, hoy, vamos a acampar en la Plaza Liberación y hasta que se apruebe este presupuesto, no vamos a ser sus cómplices por guardar silencio y el gobernador sabe que sí lo vamos a cumplir, si acampamos 144 días en el parque Resistencia Huentitán, acampar aquí no es nada”, señalaba Javier Armenta, presidente de la FEU, los asistentes al mitin aplaudían y gritaban, parecía que no recordaban que, de nada les sirvieron esos 144 días acampando en Huentitán, y, como nos dimos cuenta la madrugada del jueves, de nada les sirvió a la UdeG el que sus alumnos acamparan afuera del Congreso de Jalisco, el presupuesto se aprobó y no recibieron lo que pedían.
Algo que tampoco quedó claro fue lo que mencionó el Rector Ricardo Villanueva respecto a la presencia del director del OPD Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Jaime Andrade Villanueva: “Yo sé todo lo que significa Jaime que tú y todo el equipo directivo este hoy aquí”, decía el rector de UdeG mientras volteaba a ver al médico, y entonces, uno se pregunta, ¿No es el mismo que el lunes 29 de noviembre apareció en un video con Enrique Alfaro hablando del aumento al presupuesto de los Hospitales Civiles?
En esa ocasión, dijo el gobernador de Jalisco, respecto al acuerdo con el Dr. Jaime Andrade: “Hoy con el esquema que estamos planteando van a poder entrar ya a las plazas formales para que nuestra plantilla este trabajando al cien, y eso significa de verdad un esfuerzo presupuestal muy importante, pero que mejor manera de destinar los recursos públicos para apoyar a las mujeres y los hombres que nos han cuidado a todos en medio de esta emergencia sanitaria”, informó Alfaro Ramírez en compañía del director del OPD Hospital Civil de Guadalajara, ¿Entonces qué es lo que hacía en el mitin el Dr. Jaime Andrade pidiendo lo que según eso ya tenía?
La madrugada del jueves que se aprobó el presupuesto 2022, Hospitales Civiles sí recibieron una ampliación de cien millones a su presupuesto previamente etiquetado de 4 mil 390 millones. Los recursos adicionales se destinarán para personal de la Unidad Especializada Materno Infantil y Escalafón.
La convocatoria a la Plaza de la Liberación fue un éxito para quienes la organizaron, para los ciudadanos comunes no pasó de ser un mitin más de los estudiantes. En números en UdeG hablan de 20,000 asistentes, el Gobierno del Estado dice fueron 7,000, otros medios de comunicación proponen 10,000, lo cierto es que, no congregaron ni al 10 % de lo que se supone es la comunidad de maestros, trabajadores y estudiantes que conforman la UdeG.
Lo peor, los participantes desperdiciaron la oportunidad de hablar al ciudadano común, al que no forma parte de la organización de UdeG, el que no tiene grupo o jefe en la Universidad y terminaron hablando a la gente que ellos mismos convocaron, para tratar temas que poco logran motivar al jalisciense de a pie, los números y las descalificaciones por sí mismas, no sirven para generar empatía ciudadana, por eso poco o nada trascendió de esa reunión de la UdeG en la Plaza de la Liberación.
APROBACION ANUNCIADA
La reunión de mediodía del miércoles de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado fue una clara muestra de lo vendría en la sesión donde se aprobó el Presupuesto 2022 para Jalisco.
Mara Robles, diputada por HAGAMOS, queriendo saber: ¿Por qué llama a dos sesiones el mismo día? ¿Era ese día el que se tenía que aprobar el presupuesto? ¿Quién determinaba esos tiempos? ¿Por qué la urgencia de aprobar el presupuesto ese día? ¿Qué había pasado con el acuerdo de la JUCOPO que pedía a la diputada Claudia Salas, presidenta de la Comisión de Hacienda, reunirse con el director del OPD Hospital Civil de Guadalajara? ¿Por qué no se había realizado esa reunión si era un acuerdo de la JUCOPO? ¿No se había hecho del conocimiento de la diputada Claudia Salas? ¿Qué hacer con la diputada Claudia Salas si desobedeció un acuerdo de la JUCOPO?
El diputado de MORENA, José María Martínez, mostrando conocimiento parlamentario, manejó la reunión de forma impecable, al grado de quedar claro que, fue un buena movida política por parte del gobernador Enrique Alfaro el dejarle la Presidencia de la Coordinación Política del Congreso, supo sacar los acuerdo necesarios para que ese mismo miércoles quedara planchado el Presupuesto 2022, defendiendo la postura del gobernador y contando con todo el apoyo de los diputados, a excepción de los diputados de HAGAMOS: Mara Robles y Enrique Velázquez.
Por su parte, Gerardo Quirino, diputado coordinador de Movimiento Ciudadano volvió a mostrar su falta de conocimiento parlamentario, lo fácil que su temperamento le hace perder la calma y lo mucho que necesita mejorar, si quiere durar en la coordinación.
Esta semana, el gobernador Enrique Alfaro le ganó al Grupo UdeG, y no se ve cómo puedan emparejar las cosas los liderazgos universitarios, ¿Serán capaces de buscar apoyo ciudadano o solo seguirán hablando con ellos mismos? Están en desventaja.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
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Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
