JALISCO
Transporte público: Negocio de unos cuantos particulares financiado con dinero público
Por Daniel Emilio Pacheco //
“Vamos a tener una tarifa adecuada y pago electrónico unificado, vamos a mejorar en términos de tiempo la rutas y frecuencias para que éstas sean eficientes, vamos a tener más seguridad con un sistema de supervisión y monitoreo permanente de la Secretaría de Transporte y Seguridad para la mejora del modelo, va a haber información abierta y combate a la corrupción, un modelo financiero y de operación que dé como resultado calidad en el servicio y vamos a tener sobre todo articulación entre todos los medios de transporte”, prometía el 24 de julio de 2019 el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
A más de un año del aumento del transporte público anunciado ese día, por el Gobernador de Jalisco, el prometido avance no se ve reflejado en el servicio, pero, sí se pueden conocer los beneficios económicos que los transportistas han recibido y el gasto que en la Secretaría de Transporte se ha realizado para implementar el cobro mediante la tarjeta de pago electrónico “Mi Transporte”.
El Gobierno del Estado ha destinado 600 millones de pesos a fondo perdido para apoyar a los transportistas con 80 mil pesos por unidad, con el fin de lograr la modernización del transporte urbano, según el anuncio del secretario del Transporte, Diego Monraz:
“En este año -2019- habrá una inversión de 600 millones de pesos que servirá para por fin darle la vuelta a este gran adeudo para tener rutas con tecnología, monitoreadas”.
Así pues, con dinero público, ¡se apoya un negocio privado! Pues las unidades de transporte solo benefician económicamente a sus dueños, ¿Por qué se les debe regalar dinero para que modernicen el servicio que dan?
Y aún más, el negocio es redondo. El 11 de mayo de 2020 el periódico El Informador da cuenta de que, “la empresa EB Jalisco, una de las cuatro proveedoras autorizadas para vender los equipos de prepago, tiene como representante al gerente Hugo Maximiliano Higareda Macías, quien está ligado a 10 rutas de transporte que eligieron a esa compañía para comprar las máquinas. También Óscar Higareda Macías (relacionado con la Ruta 380) le compró.
En otras palabras, con el subsidio entregado por el Gobierno de Jalisco se beneficiaron como transportistas, equiparon sus unidades y el dinero público lo destinaron a la proveedora del servicio a la que están ligados o son propietarios”.
Pero el apoyo a los transportistas también incluye dinero para renovar sus unidades de transporte público, con ese fin, el Gobierno de Jalisco por medio del programa “Mi Transporte”, autorizó el otorgamiento del apoyo económico a los dueños de unidades del transporte público en las Áreas Metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos.
Originalmente se había proyectado un presupuesto por 440 millones de pesos, sin embargo, en plena pandemia, se decidió modificar la bolsa en beneficio de los transportistas y podría llegar hasta 594 millones de pesos.
Aquí viene otro “detallito”, el Gobierno de Jalisco ha estado usando para beneficiar a los transportistas los recursos asignados del Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial, mismo que recibe y administra el dinero obtenido por foto multas.
El fideicomiso se creó originalmente para acciones de seguridad vial y movilidad sustentable, además de ser la opción por medio de la cual se podría apoyar a las víctimas de accidentes en los que participa el transporte público, lamentablemente, el fideicomiso ha terminado siendo usado para que los concesionarios del transporte público migren al modelo ruta-empresa, sin que tengan que invertir de sus recursos.
PAGAN ESTUDIOS MILLONARIOS
Por si fuera poco el dinero público despilfarrado por el Gobierno de Jalisco lo regalado a los dueños del transporte público, los gastos de estudios de consultoría son escandalosos en una administración que cuenta con personal para realizar el trabajo, pero prefiere pagar por fuera sus “estudios”, así fue como se le adjudicó vía la Secretaría de Transporte, en julio de 2019, por concepto de consultoría correspondiente al proyecto denominado «Estudio ejecutivo, diagnóstico y propuesta de soluciones del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) propuesto para el Estado de Jalisco, Secretaría del transporte», al participante denominado «Sistemas Inteligentes de Transporte, A.C, un monto de $2’900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para realizar dicho estudio.
En mayo de 2020, la Secretaría de Transporte solicitó de nueva cuenta la contratación de asesorías sobre el manejo del recaudo. Nuevamente la ganadora fue la empresa Sistemas Inteligentes de Transporte A.C., a la que ahora pagaron tres millones 582 mil pesos para que hiciera los estudios.
LA RECOMENDACIÓN DE CEDH SOBRE TARIFA
Y aún con todo el dinero entregado a dueños de transporte público, y estudios carísimos pagados a empresas consultoras, el transporte público en Jalisco no mejora, así lo demuestra la RECOMENDACIÓN 21/2020 19 de julio 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, dirigida al secretario del transporte del Estado y al director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, pues de las investigaciones practicadas por este organismo se evidenció que en el acuerdo ST/DGTP/323/2019 se autorizó acceder al cobro de la tarifa de 9.50 pesos, ya que el Sistema Integrado del Transporte Público estaba cumpliendo satisfactoriamente los requisitos y condiciones citados en el acuerdo de la sexta sesión ordinaria, en el sentido de que las unidades de transporte público de Sitren se apegaban a la norma técnica del transporte público para su uso; sin embargo, ello no se reflejó en su totalidad, como se corroboró en las investigaciones de campo realizadas por personal de esta Comisión a diversas unidades del transporte público que circulan por la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), así como por las constantes quejas referidas por las personas usuarias, constatando que subsiste una deficiente prestación del servicio en varias unidades que cobran tarifa de 9.50 pesos.
GARANTIZAR EL CAMBIO
“En coordinación con Siteur, se debe garantizar a las personas usuarias del transporte público el cambio fraccionario, si el pago es en efectivo y excede los 9.50 pesos. De ser necesario, modificar las máquinas receptoras de pagos para que otorguen el cambio correspondiente, y entretanto que, verifique la legalidad del proceso actual para recabar el dinero excedente del pago del pasaje y su destino final”, dice entre otros señalamientos el documento, además de pedir, “aunque el fiscal especial en el combate a la corrupción no es una autoridad involucrada en los hechos, por sus facultades y atribuciones se le solicita que inicie una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos que resulta del pago que realizan las personas usuarias del transporte público en las unidades del Siteur y rutas empresa, al no aportar la tarifa exacta; y se determine si hay elementos constitutivos de un delito”.
ACEPTAN RECOMENDACIÓN
La respuesta por parte de la Secretaría de Transporte y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) respecto a la recomendación 21/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), es aceptarla, y argumentan que, “ya que la gran mayoría de los puntos que señala o bien ya están subsanados o en proceso de solución, con proyectos y acciones planteados desde el inicio de esta administración”.
“En la Secretaría de Transporte y Siteur no somos ajenos a estas observaciones, las cuales teníamos detectadas desde diciembre de 2018 y hemos atendido en un proceso gradual”.
“Prueba de ello es que logramos recuperar la rectoría del estado sobre el servicio, migrar al 100 por ciento del modelo hombre-camión al empresarial, reestructurar de rutas con criterio técnico, instalar equipo de recaudo en todas las unidades y consolidar un verdadero sistema de pago electrónico, entre otros. Por lo que en todos los procesos se han escuchado las voces de usuarios y de asociaciones civiles para mejorar las condiciones del transporte público”.
Así pues, con dinero público se invierte en un negocio privado, se gasta en estudios que justifiquen las ocurrencias que podrían ser resueltas con personal propio y se habla en medios de comunicación de un irreal servicio de transporte público, mientras el robo de cada moneda de 50 centavos enriquece más a unos cuantos.
¿Qué hace que un reducido grupo de servidores públicos decida beneficiar por sobre todo a los empresarios camioneros? ¿Cuál es su motivación para entregarse con todo al llamado “pulpo camionero”?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
