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JALISCO

Transporte público: Negocio de unos cuantos particulares financiado con dinero público

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Por Daniel Emilio Pacheco // 

Vamos a tener una tarifa adecuada y pago electrónico unificado, vamos a mejorar en términos de tiempo la rutas y frecuencias para que éstas sean eficientes, vamos a tener más seguridad con un sistema de supervisión y monitoreo permanente de la Secretaría de Transporte y Seguridad para la mejora del modelo, va a haber información abierta y combate a la corrupción, un modelo financiero y de operación que dé como resultado calidad en el servicio y vamos a tener sobre todo articulación entre todos los medios de transporte”, prometía el 24 de julio de 2019 el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

A más de un año del aumento del transporte público anunciado ese día, por el Gobernador de Jalisco, el prometido avance no se ve reflejado en el servicio, pero, sí se pueden conocer los beneficios económicos que los transportistas han recibido y el gasto que en la Secretaría de Transporte se ha realizado para implementar el cobro mediante la tarjeta de pago electrónico “Mi Transporte”.

El Gobierno del Estado ha destinado 600 millones de pesos a fondo perdido para apoyar a los transportistas con 80 mil pesos por unidad, con el fin de lograr la modernización del transporte urbano, según el anuncio del secretario del Transporte, Diego Monraz:

En este año -2019- habrá una inversión de 600 millones de pesos que servirá para por fin darle la vuelta a este gran adeudo para tener rutas con tecnología, monitoreadas”.

Así pues, con dinero público, ¡se apoya un negocio privado! Pues las unidades de transporte solo benefician económicamente a sus dueños, ¿Por qué se les debe regalar dinero para que modernicen el servicio que dan?

Y aún más, el negocio es redondo. El 11 de mayo de 2020 el periódico El Informador da cuenta de que, “la empresa EB Jalisco, una de las cuatro proveedoras autorizadas para vender los equipos de prepago, tiene como representante al gerente Hugo Maximiliano Higareda Macías, quien está ligado a 10 rutas de transporte que eligieron a esa compañía para comprar las máquinas. También Óscar Higareda Macías (relacionado con la Ruta 380) le compró.

En otras palabras, con el subsidio entregado por el Gobierno de Jalisco se beneficiaron como transportistas, equiparon sus unidades y el dinero público lo destinaron a la proveedora del servicio a la que están ligados o son propietarios”.

Pero el apoyo a los transportistas también incluye dinero para renovar sus unidades de transporte público, con ese fin, el Gobierno de Jalisco por medio del programa “Mi Transporte”, autorizó el otorgamiento del apoyo económico a los dueños de unidades del transporte público en las Áreas Metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos.

Originalmente se había proyectado un presupuesto por 440 millones de pesos, sin embargo, en plena pandemia, se decidió modificar la bolsa en beneficio de los transportistas y podría llegar hasta 594 millones de pesos.

Aquí viene otro “detallito”, el Gobierno de Jalisco ha estado usando para beneficiar a los transportistas los recursos asignados del Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial, mismo que recibe y administra el dinero obtenido por foto multas.

El fideicomiso se creó originalmente para acciones de seguridad vial y movilidad sustentable, además de ser la opción por medio de la cual se podría apoyar a las víctimas de accidentes en los que participa el transporte público, lamentablemente, el fideicomiso ha terminado siendo usado para que los concesionarios del transporte público migren al modelo ruta-empresa, sin que tengan que invertir de sus recursos.

PAGAN ESTUDIOS MILLONARIOS

Por si fuera poco el dinero público despilfarrado por el Gobierno de Jalisco lo regalado a los dueños del transporte público, los gastos de estudios de consultoría son escandalosos en una administración que cuenta con personal para realizar el trabajo, pero prefiere pagar por fuera sus “estudios”, así fue como se le adjudicó vía la Secretaría de Transporte, en julio de 2019, por concepto de consultoría correspondiente al proyecto denominado «Estudio ejecutivo, diagnóstico y propuesta de soluciones del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) propuesto para el Estado de Jalisco, Secretaría del transporte», al participante denominado «Sistemas Inteligentes de Transporte, A.C, un monto de $2’900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para realizar dicho estudio.

En mayo de 2020, la Secretaría de Transporte solicitó de nueva cuenta la contratación de asesorías sobre el manejo del recaudo. Nuevamente la ganadora fue la empresa Sistemas Inteligentes de Transporte A.C., a la que ahora pagaron tres millones 582 mil pesos para que hiciera los estudios.

LA RECOMENDACIÓN DE CEDH SOBRE TARIFA

Y aún con todo el dinero entregado a dueños de transporte público, y estudios carísimos pagados a empresas consultoras, el transporte público en Jalisco no mejora, así lo demuestra la RECOMENDACIÓN 21/2020 19 de julio 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, dirigida al secretario del transporte del Estado y al director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, pues de las investigaciones practicadas por este organismo se evidenció que en el acuerdo ST/DGTP/323/2019 se autorizó acceder al cobro de la tarifa de 9.50 pesos, ya que el Sistema Integrado del Transporte Público estaba cumpliendo satisfactoriamente los requisitos y condiciones citados en el acuerdo de la sexta sesión ordinaria, en el sentido de que las unidades de transporte público de Sitren se apegaban a la norma técnica del transporte público para su uso; sin embargo, ello no se reflejó en su totalidad, como se corroboró en las investigaciones de campo realizadas por personal de esta Comisión a diversas unidades del transporte público que circulan por la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), así como por las constantes quejas referidas por las personas usuarias, constatando que subsiste una deficiente prestación del servicio en varias unidades que cobran tarifa de 9.50 pesos.

GARANTIZAR EL CAMBIO

En coordinación con Siteur, se debe garantizar a las personas usuarias del transporte público el cambio fraccionario, si el pago es en efectivo y excede los 9.50 pesos. De ser necesario, modificar las máquinas receptoras de pagos para que otorguen el cambio correspondiente, y entretanto que, verifique la legalidad del proceso actual para recabar el dinero excedente del pago del pasaje y su destino final”, dice entre otros señalamientos el documento, además de pedir, “aunque el fiscal especial en el combate a la corrupción no es una autoridad involucrada en los hechos, por sus facultades y atribuciones se le solicita que inicie una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos que resulta del pago que realizan las personas usuarias del transporte público en las unidades del Siteur y rutas empresa, al no aportar la tarifa exacta; y se determine si hay elementos constitutivos de un delito”.

ACEPTAN RECOMENDACIÓN

La respuesta por parte de la Secretaría de Transporte y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) respecto a la recomendación 21/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), es aceptarla, y argumentan que, “ya que la gran mayoría de los puntos que señala o bien ya están subsanados o en proceso de solución, con proyectos y acciones planteados desde el inicio de esta administración”.

En la Secretaría de Transporte y Siteur no somos ajenos a estas observaciones, las cuales teníamos detectadas desde diciembre de 2018 y hemos atendido en un proceso gradual”.

Prueba de ello es que logramos recuperar la rectoría del estado sobre el servicio, migrar al 100 por ciento del modelo hombre-camión al empresarial, reestructurar de rutas con criterio técnico, instalar equipo de recaudo en todas las unidades y consolidar un verdadero sistema de pago electrónico, entre otros. Por lo que en todos los procesos se han escuchado las voces de usuarios y de asociaciones civiles para mejorar las condiciones del transporte público”.

Así pues, con dinero público se invierte en un negocio privado, se gasta en estudios que justifiquen las ocurrencias que podrían ser resueltas con personal propio y se habla en medios de comunicación de un irreal servicio de transporte público, mientras el robo de cada moneda de 50 centavos enriquece más a unos cuantos.

¿Qué hace que un reducido grupo de servidores públicos decida beneficiar por sobre todo a los empresarios camioneros? ¿Cuál es su motivación para entregarse con todo al llamado “pulpo camionero”?

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JALISCO

Una policía de proximidad con los ciudadanos permite cifras alentadoras en seguridad: Verónica Delgadillo

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– Por Francisco Junco

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó un balance de seguridad que, aunque reconoce la ausencia de números positivos en un tema tan sensible, destacó avances alentadores.

Durante la conferencia, la edil enfatizó que, mientras haya víctimas de violencia o pérdida de vidas, no se pueden celebrar las cifras, pero sí valorar el progreso logrado en los últimos nueve meses como un paso hacia una ciudad más segura.

Delgadillo detalló una estrategia integral que combina coordinación con el estado y la federación, con la policía de proximidad como eje central. Esta iniciativa ha fortalecido la comunicación mediante chats vecinales y corredores comerciales, además de incorporar y capacitar a nuevos policías.

Los resultados incluyen el desmantelamiento de 21 bandas delictivas, la detención de 7,831 presuntos delincuentes (6,072 por faltas administrativas y 1,759 por delitos), y el aseguramiento de 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, según informó.

La alcaldesa citó datos de la Fiscalía en temas de delitos registrados:

La incidencia delictiva ha disminuido: homicidios (-16%), robo a cuentahabientes (-70%), robo a negocios (-46%), robo a personas (-36%), robo a autos (-20%), robo a casa habitación (-17%) y robo de autopartes (-30%).

La edil subrayó que estos resultados trascienden Guadalajara, impactando toda el área metropolitana, y no se limitan a más patrullas, sino a mejorar servicios y espacios públicos.

Con 1.4 millones de habitantes y una población flotante de tres millones diaria, además del 94% de las manifestaciones y la concentración de poderes gubernamentales, Guadalajara enfrenta dinámicas únicas que exigen un enfoque especial.

La estrategia se sustenta en cuatro pilares: seguridad ciudadana con proximidad, servicios y espacios públicos, política social con enfoque de cuidados, y generación de condiciones de seguridad.

Delgadillo destacó el cambio a un modelo de “comunidades” (antes polígonos), que fomenta la convivencia y descentraliza servicios, optimizando recursos. “Hemos consolidado un modelo que dialoga entre comisarios, comandantes y servicios públicos por comunidad”, explicó.

Ante los retos pendientes, Delgadillo llamó a la corresponsabilidad ciudadana. “No basta con el gobierno; necesitamos que todos cuidemos Guadalajara. Este cambio de paradigma, frente a un enfoque asistencialista federal, pone a las personas al centro”, concluyó, invitando a líderes y ciudadanos a sumarse para enfrentar los desafíos compartidos.

Estas cifras no son positivas, son alentadoras: Verónica Delgadillo

Este jueves 10 junio, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó los avances que se han realizado en materia de seguridad, donde aseguró que no es solamente presentar datos en esta materia, sino de varios rubros que contribuyen a una estrategia global que realiza el ayuntamiento y contribuyen a tener una comunidad mas segura, y resaltó que las cifras presentadas no son positivas, sino alentadoras.

“Sé que nunca hay números positivos cuando hablamos de seguridad. Mientras hay una persona que pierda la vida, que es afectada por un producto, que sea lastimada por un acto de violencia, nunca hay números positivos. Pero estos son números alentadores, no positivos. Sabemos que no para aquí y que tenemos que seguir trabajando para que avance y demos todavía mejores resultados”, aseguró.

Para cuidar de los tapatíos, el Gobierno de Guadalajara, dijo, ha impulsado una estrategia integral de seguridad basada en una coordinación efectiva con el Estado y la Federación. Uno de los pilares principales del Gobierno es la Policía de Proximidad, donde los vecinos conozcan a quienes los están cuidando, por ello se han fortalecido los chats vecinales y en los corredores comerciales para mantener una comunicación cercana con los habitantes.

También, se ha fortalecido a la policía con la contratación de nuevos policías, a quienes se les capacita en el tema de la proximidad. La primera edil destacó que, en estos primeros nueve meses de gestión, han logrado desmantelar a 21 bandas delictivas que operaban en la ciudad, y de acuerdo con los datos proporcionados, se han detenido a 7 mil 831 presuntos delincuentes, 6 mil 72 por faltas administrativas y 1 mil 759 por diversos delitos.

Además, informó se aseguraron 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, esto dijo, “ha permitido que la incidencia delictiva vaya a la baja, según datos de la Fiscalía. El periodo es de 1 de octubre al 30 de junio.

“El trabajo de inteligencia para el control delictivo nos ha permitido desarticular 21 células detenidas. Quiero que veamos lo que esto significa. Son 21 bandas, no hay ningún municipio en el área metropolitana que haya desarticulado tantas bandas delictivas. Pero ellos no sólo robaban en Guadalajara, no sólo cometían delitos en Guadalajara, lo hacían en toda el área metropolitana, lo que quiere decir que el trabajo que hemos emprendido en Guadalajara también impacta en el resto de los municipios”, puntualizó.

En sus datos, que compartió en la presentación aseguró que los homicidios han disminuido un 16 por ciento, el robo a cuentahabientes, se ha logrado disminuir hasta en un 70 por ciento, el robo a negocios es menor en 46 por ciento, robo a personas ha bajado en 36 por ciento, mientras el robo a autos señala que ha disminuido e 20 por ciento, el robo a casa habitación y el robo de auto partes, también han disminuido en un 17 y 30 por ciento respectivamente.

“El Gobierno de Guadalajara trabaja para fortalecer a su policía, pero también en mejorar los servicios y espacios públicos, ya que la inseguridad no se combate sólo con más patrullas o policías, sino con una estrategia integral de cuidados que fomenta la construcción de comunidad y el apoderamiento de los espacios”, insistió Verónica Delgadillo.

La primera edil señaló que se debe tener claridad el contexto en que se encuentra la capital de Jalisco, y apuntó que Guadalajara no es igual que el resto de los municipios de la zona metropolitana, ya que tiene una dinámica particular, “lo que vivía hace un año en nuestra ciudad,

cuando nosotros recibimos el gobierno Guadalajara, estaba atravesando por una crisis de basura, que la experimentábamos en todas las calles”.

Agregó que la ciudad cuenta con un millón 396 mil habitantes, pero todos los días hay una población flotante que alcanza los tres millones de personas, lo que quiere decir que se duplica la población que llega y requiere los servicios de la ciudad, además refirió que el 94 por ciento de las manifestaciones se realizan en Guadalajara, y concentra los tres poderes de los tres órdenes de gobierno, “estas dinámicas son particulares de la ciudad para, poder evaluar a Guadalajara, hay que mirarlo desde este punto”.

Destacó que la disminución de los delitos y el desmantelamiento de los grupos delictivos, no es más que el reflejo de la coordinación interinstitucional y operativos que tienen para crear entornos más seguros la capital de Jalisco y agregó que también tiene que ver la armonización de un enfoque que está basado en la nueva ley general del sistema nacional de seguridad pública, que se basa en los qué y en los quiénes.

“Estamos reforzando la seguridad ciudadana, o como algunos expertos llaman, la seguridad humana. Y esta seguridad se enfoca en los cómos, en los objetivos que se sustentan en cuatro pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la seguridad ciudadana con proximidad, “lo que buscamos con esto, es reducir la incidencia delictiva, por ejemplo, reducir los conflictos comunitarios”.

“El segundo pilar, son los servicios y espacios públicos. Porque esto nos permite mejorar la presencia de seguridad, y también trabajar con un plano, para poder construir dinámicas mucho más sanas por la ciudadanía. El tercer pilar, es la política social, en nuestro caso, con enfoque de cuidados. La política social sin las brechas de desigualdad, que son las causas, en gran medida, de la violencia, de las conductas delictivas, de las faltas administrativas, y también de muchos conflictos comunitarios”.

“En el cuarto pilar, ese es un plus de nuestra visión y nuestra estrategia, se basa en la generación de condiciones de seguridad. Es decir, todos y todas tenemos que participar en la generación de condiciones de seguridad”, precisó.

También, explicó que un fator que ayuda a la disminución e incidencia delictiva , fue el haber coordinado el “lenguaje territorial”, ya que antes se hablaba de zonas o distritos para los servicios o polígonos en temas de seguridad, pero ahora se habla de 11 comunidades, que eran los polígonos.

“Decidimos llamar comunidades, porque le ajustamos a la fortaleza de lo que significa tejer, como la base social para la mejor convivencia y para la prevención de las violencias. Y es así también que, este modelo nos permite concentrar capacidades, descentralizar los servicios donde más se necesita, y trabajar comunidad por comunidad. De esta manera, a lo largo de estos nueve meses, hemos sido consolidando un modelo que nos permite mejorar los recursos y los procesos, para que dialoguen en principio, para que el comisario, el comandante, los de servicios públicos, puedan totalizar por comunidad esos esfuerzos”, explicó.

Verónica Delgadillo aseguró que ante la exigencia de la ciudadanía no le permite rendirse y que los retos siguen “y que son muchísimos”, por lo que este día más que presentar números y estrategia de seguridad, es una evaluación para observar que cada acción que prende el gobierno, “no es una ocurrencia, no es que sale bonito, no es que fuimos a ver lo que estamos viviendo, es que estamos atendiendo el tema más importante para las mexicanas y mexicanos que es la seguridad”.

“Aprovecho que están aquí líderes, lideresas, hombres y mujeres que valen muchísimo para la dinámica diaria de Guadalajara. Hoy les quiero pedir a nombre de nuestro gobierno que hagan equipo con nosotras y con ustedes. Ningún esfuerzo va a ser suficiente si no entendemos que esta ciudad se sostiene también por ustedes, que esta ciudad necesita que todas y todos lo cuidemos, que esta ciudad necesita de corresponsabilidad”, solicitó la presidenta de Guadalajara.

Y concluyó que el cambio de paradigma, frente a un gobierno federal que es meramente asistencialista porque no atiende las causas, la propuesta de Guadalajara es que poner a las personas al centro, “que ustedes nos ayuden a gobernar, que ustedes también nos ayuden a que las cosas cambien asumiendo su responsabilidad. El gobierno de Guadalajara tiene como pilar transversal la corresponsabilidad”.

“Este gobierno cree que cuando todas y todos cuidamos lo que es de todos, y lo que es de todas y todos, es Guadalajara. Esta ciudad puede seguir floreciendo con mejores oportunidades, los retos que están por venir tenemos que asumirlos como retos compartidos”, finalizó.

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JALISCO

Tortuguismo del INDAABIN frena justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán

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– Por Redacción Conciencia Pública 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) muestra una vez más su desprecio por la justicia al ignorar la orden del Tribunal Agrario, que le dio un plazo de 10 días para entregar el avalúo necesario para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cumpla con un adeudo pendiente desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Este acto de tortuguismo burocrático perpetúa una espera de 21 años para los comuneros, quienes exigen justicia por la ocupación de sus tierras.

El plazo de 10 días ya venció, y el silencio de INDAABIN no solo desafía la autoridad del Tribunal Agrario, sino que retrasa aún más el pago que la SICT debe realizar a la comunidad por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales, destinadas a la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río.

Este avalúo, que debe actualizar los valores catastrales a precio comercial, es la última barrera para que los indígenas de Mezquitán reciban la compensación ordenada por los tribunales.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán, expresó su indignación: “Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón una y otra vez, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos pone otro obstáculo con su lentitud. Exigimos que cumplan con su deber para que se nos haga justicia”.

La sentencia del Tribunal Agrario es clara: INDAABIN debe actualizar los valores de los terrenos ocupados, ya que los montos de hace 21 años están completamente desfasados.

Sin este avalúo, la SICT no puede proceder al pago, prolongando una deuda que ya lleva más de dos décadas sin resolverse.

Los comuneros denuncian que esta demora no es más que una táctica dilatoria que perpetúa la injusticia y vulnera sus derechos.

El caso de Mezquitán es un ejemplo alarmante de cómo la burocracia puede convertirse en una herramienta para retrasar la justicia. La comunidad no solo ha ganado en los tribunales, sino que ha demostrado su paciencia y tenacidad frente a un sistema que parece decidido a ignorarlos.

¿Cuánto más tendrán que esperar los indígenas de Mezquitán para que INDAABIN deje de lado su tortuguismo y cumpla con su obligación?

La justicia no puede seguir siendo rehén de la ineficiencia.

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JALISCO

El IEPC bajo sospecha

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– De Frente al Poder, por Óscar Ábrego 

¿Qué gana el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) con la aprobación de lineamientos que atentan contra la legalidad y los derechos de los varones?

¿En verdad el tema de la paridad es un asunto inacabado, cuando existen muestras suficientes de que los partidos políticos han asumido su responsabilidad de normar los criterios relativos a la equidad y el equilibrio del ejercicio del poder en la función pública?

¿Quién o quiénes tienen el interés de provocar un falso debate sobre la ya superada lucha de géneros en materia electoral?

¿Saldrán a la luz los nombres de los superasesores que contribuyeron a incrementar el descrédito en el que se encuentra este organismo?

¿Cuánto se les paga por este tipo de barbaridades?

¿Para qué validar una serie de criterios absurdos e inconstitucionales, a poco más de un año de que comience de manera formal el proceso electoral?

¿Por qué no se hicieron consultas públicas y plurales a fin de conocer la opinión profesional de especialistas en la rama electoral?

Estas preguntas se asoman en medio de la oscuridad en la que opera el Instituto.

Pero mientras las respuestas brotan en medio del fangal de su demérito, bien vale la pena decirle a quienes pretenden implantar la idea de que somos machistas los que nos oponemos al pisoteo de los derechos de los hombres, que dicha opinión es tan básica y carente de sentido, que insulta a quienes desde la trinchera masculina hemos acompañado y defendido las causas femeninas.

Si vamos a deliberar al respecto, que sea de manera seria, al margen de las narrativas pobres y hepáticas.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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