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JALISCO

Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva: Ausencia de una cultura de planeación en el Poder Judicial

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Por Luis Enrique Villanueva //

La impartición de justicia en el país y en cada una de las entidades federativas, debe ser expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, de acuerdo a los principios constitucionales que la sustentan.

En Jalisco, el artículo 52 de la Constitución textualmente señala: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales…”

La expedites se reconoce como una condición libre de obstáculos, dispuesta e inmediata para obrar sin retrasos ni demoras, lo que aplicado a la administración de justicia se interpreta que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía el número de juzgados tribunales suficientes, equipados y preparados para atender sus demandas de manera ágil y eficiente.

La prontitud se relaciona con el respeto irrestricto a los términos y plazos establecidos por las leyes sustantivas y adjetivas en las actuaciones no solo de los representantes de las partes en conflicto, sino especialmente del órgano de justicia.

Una justicia completa tiene que ver con la resolución de todos y cada uno de los puntos controvertidos, los efectos de ese fallo y la garantía de cumplimiento de lo ordenado en cada sentencia.

Mientras que la imparcialidad se vincula con la ausencia de injerencias internas o externas en las decisiones jurisdiccionales, esto es, que la justicia debe estar alejada de intereses de cualquier tipo y apegada exclusivamente a la interpretación de la norma o a su literalidad según sea el caso.

Y la gratuidad tiene el alcance no solo de no pagar por los servicios de justicia sino también dejar de erogar recursos por traslados a los tribunales, es decir, que los juzgadores deben ubicarse cerca de los domicilios de los justiciables.

Pero no podernos hablar de justicia expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita cuando las capacidades físicas y los tiempos han sido rebasadas en la gran mayoría de los juzgados del Estado, al grado que el cúmulo de expedientes ha desbordado incluso la posibilidad de su resguardo y almacenamiento.

MUY POCOS JUECES

No se puede establecer el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia cuando, de acuerdo a los datos del informe de labores presentado por el Presidente del Poder Judicial respecto del año inmediato anterior, para atender los poco más de 25 mil asuntos que se presentaron en materia civil, se contó con 33 jueces a quienes en consecuencia les correspondió resolver un promedio de 759 casos, mientras que para los poco más de 29 mil expedientes generados en material familiar se tuvieron solo 16 jueces a quienes les tocó en promedio atender 1,823 a cada uno.

Es decir, no existe un protocolo lógico con criterios claros y congruentes en la designación de jueces según la carga de trabajo acumulada por materia, ni tampoco por el promedio de asuntos que deba resolver cada uno, ni por el incremento en el número de habitantes de cada partido o distrito judicial.

Tan disímbola es la situación que de los mismos datos oficiales presentados, se aprecia que un Juez Penal de Adolecentes le correspondió atender en promedio 7 asuntos al año, cuando en materia mercantil tradicional fueron más de 43 mil seiscientos expedientes recibidos para solo 11 jueces a quienes en promedio se les asignó para resolver un promedio de 3,964 asuntos a cada uno.

Desde luego que no es solo la falta de lineamientos y criterios para designar juzgadores por materia para atender y equilibrar las cargas emergentes, sino también que los jueces con los que se cuenta no resultan suficientes para atender las altas demanda de justicia, dado que los 122 jueces nombrados en el Estado debieron atender los 120,361 nuevos expedientes generados, esto es, que en promedio les correspondieron 986 juicios al año a cada uno, lo que humanamente es insostenible para otorgar una justicia expedita, pronta y completa en los términos de la Constitución.

En ese mismo sentido, acercar la función jurisdiccional a las regiones del Estado, es un asignatura que se ha cumplido muy pausada y parcialmente, hay municipios y zonas en las que los usuarios, litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes distancias para acceder al juzgado que les compete, retrasando y encareciendo la justicia.

Situación que es más grave aún cuando se habla de justicia de segunda instancia, puesto que las 11 salas colegiadas que integran el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital de la entidad, lo que hace que cualquier apelación del interior del Estado deba ser substanciada en Guadalajara, lo que obliga a que las partes, sus abogados e incluso los empleados judiciales del Juzgado deban trasladarse para cumplir con las citaciones, audiencias y desahogo en general del proceso.

CON GRANDES CARENCIAS

Por otra parte, los edificios que albergan las oficinas judiciales, especialmente los situados fuera del primer partido judicial, tienen serias carencias de mobiliario, equipo y servicios porque la administración y los órganos de gobierno no tienen la certeza de los recursos que recibirán y por lo tanto no pueden elaborar un programa de sustitución y adecuación física, sin dejar de lado que el compromiso con los salarios deja muy poco margen para destinar recursos a otras prioridades.

Además, las necesidades de justicia de la población tienen variaciones caprichosas en relación con la materia de que se trate, la dinámica económica nacional puede provocar un aumento considerable en el número de asuntos mercantiles o civiles en un año y retornar a sus niveles en la siguiente anualidad, de igual forma los cambios de estilo de vida favorecen en ocasiones una disminución en los negocios de materia familiar o por el contrario los incrementan sustancialmente en un periodo corto de tiempo.

Estas variaciones solo pueden ser atendidas debidamente cuando existe la capacidad económica y de reacción bajo un esquema programado y controlado, en otras palabras, la planeación del Poder Judicial resulta de vital importancia para el logro del objeto de su creación.

Así, entendida como la necesidad de reconocer las capacidades instaladas, fortalezas y oportunidades de mejora para diseñar esquemas de atención oportuna de las necesidades de justicia de la población, la planeación del Poder Judicial pasa invariablemente por la voluntad y convicción de sus órganos de gobierno, de la participación de los otros poderes, de los operadores del derecho y de la sociedad en general.

Sin embargo, la ausencia de una cultura de la planeación aunado a las disposiciones normativas carentes de una dinámica de actualización de la cantidad de tribunales proporcional al número de habitantes u otros criterios de homologación y la escasa ampliación presupuestal en los más recientes años, han dejado al Poder Judicial en condiciones muy limitadas que no le permiten planear adecuadamente su desarrollo.

Un elemento indispensable para el logro del objeto de ser del Poder Judicial, lo es sin duda la confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requiere no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia, pero especialmente que la sociedad organizada sea partícipe de la planeación y ejecución de los programas y proyectos de mejora.

Porque en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea que no tiene ángulo de desaprovechamiento alguno.

CULTURA DE LEGALIDAD

En conjunto, una cultura de la legalidad aunada con la de planeación, facilitan enormemente al Estado y la sociedad para el diseño, con tranquilidad y confianza, del trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente aspira. El Poder Judicial debe apostar siempre por la consolidación del estado de derecho con la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, ese es el ánimo de la denominada Gobernanza Judicial.

La planeación del Poder Judicial debe considerar entonces la autonomía presupuestal para facilitar oportunamente la cobertura y atención de los tribunales en la totalidad de las regiones del Estado y especialmente para separar las dotaciones presupuestales de intervenciones electorales o partidistas que son ajenas a la aplicación de justicia.

Un presupuesto suficiente acompañado de los órganos que elaboren investigaciones estadísticas comparativas respecto de las necesidades reales de justicia en la entidad y su proyección al corto, mediano y largo plazo, así como promover la elaboración de estudios financieros y presupuestales que determinen los porcentajes históricos de la participación de los órganos judiciales en el presupuesto del Poder Judicial y en el global del Estado, proyectaría el escenario ideal para cubrir sus necesidades actuales y futuras.

La planeación judicial debe contar invariablemente con la participación ciudadana, por lo que debe motivarse la interacción de la sociedad con sus tribunales en las propuestas de mejora continua lo que traerá una percepción social favorable del Poder Judicial a través de reconocimiento de la importancia de las instituciones judiciales.

Deben abrirse canales de comunicación permanente con la sociedad e implementarse los mecanismos de evaluación abierta del desempeño judicial, así como incorporar espacios de participación del Poder Judicial en organismos públicos y privados en los que se difunda la actividad que se realiza y se capte la opinión y propuestas de mejora, promoviendo proyectos de interacción académica con instituciones de educación de todos los niveles para incorporar la materia de administración de justicia en sus programas de estudio; abrir secciones en las redes sociales que permitan captar los comentarios, sugerencias, propuestas, quejas o posicionamientos de la población abierta, dándoles seguimiento y aplicación real.

La planeación judicial requiere además de una coordinación institucional para conjuntar proyectos y procedimientos que generen una mejor administración de justicia en Jalisco aprovechando la infraestructuras, avances y herramientas de los diferentes órganos del Poder Judicial en beneficio de un mejor servicio de justicia a los jaliscienses.

Es necesario promover además la participación conjunta de los titulares de los diversos órganos del Poder Judicial en actividades compartidas de beneficio común; motivar la coordinación de las escuelas, institutos o direcciones de capacitación de los diversos órganos para compartir programas que hagan más eficiente el uso de los recursos destinados a la profesionalización y actualización del personal judicial; promover la coordinación de las áreas administrativas de los distintos órganos para homologar criterios, perfiles, puestos y categorías que permitan eficientar el uso del dinero público; intercambiar información estadística, compartir el desarrollo de programas informáticos o aplicaciones relacionadas con trámites comunes para evitar la dispersión y gasto innecesario de recursos; establecer convenios de colaboración para labores de investigación, planeación y desarrollo entre órganos del Poder Judicial y propiciar la participación del personal especializado en congresos, convenciones, reuniones nacionales y foros temáticos que enriquezcan el desempeño de sus funciones.

REGIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Todo plan del Poder Judicial deberá contar con un ineludible apartado de regionalización de la justicia, para acercarla a los polos regionales de la entidad y avanzar en la oportunidad y gratuidad del servicio público de administración de justicia, promoviendo la creación de tribunales en cada uno de los municipios del estado; gestionando la desconcentración de la actividad jurisdiccional de segunda instancia en tribunales regionales; elaborando iniciativas de reforma que habiliten el funcionamiento de salas unitarias y tribunales regionales de los órganos del Poder Judicial; motivando la preparación de estudios estadísticos y de factibilidad para la implementación de tribunales regionales.

Se requiere modernizar y eficientar la función administrativa judicial de los órganos del Poder Judicial para facilitar la participación de las partes y la sociedad en los procesos judiciales, elaborando de inmediato programas de sustitución gradual de las labores manuales en procedimientos administrativo-judiciales mediante el desarrollo de sistemas computacionales que les sustituyan; revisando y promoviendo la implementación y mejora de experiencias exitosas de reingeniería administrativa en otros tribunales del país que permitan alcanzar al menos el grado de avance que ellos tienen; promoviendo las reformas legales que resulten necesarias para habilitar los sistemas electrónicos en los procesos judiciales; diseñando proyectos de dotación y sustitución programada de mobiliario y equipo para completar su utilización en áreas donde aún no los tienen y evitar la obsolescencia de los existentes, así como motivando la participación de los órganos judiciales en programas internacionales y federales de financiamiento o desarrollo relacionados con su materia.

Es preciso debatir ordenada y ampliamente, con la participación de todas y todos, las mejores herramientas de planeación para el Poder Judicial, aportar propuestas de solución y diseñar su implementación, seguimiento y corrección en su caso, en un proceso de mejora continua.

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JALISCO

Una policía de proximidad con los ciudadanos permite cifras alentadoras en seguridad: Verónica Delgadillo

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– Por Francisco Junco

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó un balance de seguridad que, aunque reconoce la ausencia de números positivos en un tema tan sensible, destacó avances alentadores.

Durante la conferencia, la edil enfatizó que, mientras haya víctimas de violencia o pérdida de vidas, no se pueden celebrar las cifras, pero sí valorar el progreso logrado en los últimos nueve meses como un paso hacia una ciudad más segura.

Delgadillo detalló una estrategia integral que combina coordinación con el estado y la federación, con la policía de proximidad como eje central. Esta iniciativa ha fortalecido la comunicación mediante chats vecinales y corredores comerciales, además de incorporar y capacitar a nuevos policías.

Los resultados incluyen el desmantelamiento de 21 bandas delictivas, la detención de 7,831 presuntos delincuentes (6,072 por faltas administrativas y 1,759 por delitos), y el aseguramiento de 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, según informó.

La alcaldesa citó datos de la Fiscalía en temas de delitos registrados:

La incidencia delictiva ha disminuido: homicidios (-16%), robo a cuentahabientes (-70%), robo a negocios (-46%), robo a personas (-36%), robo a autos (-20%), robo a casa habitación (-17%) y robo de autopartes (-30%).

La edil subrayó que estos resultados trascienden Guadalajara, impactando toda el área metropolitana, y no se limitan a más patrullas, sino a mejorar servicios y espacios públicos.

Con 1.4 millones de habitantes y una población flotante de tres millones diaria, además del 94% de las manifestaciones y la concentración de poderes gubernamentales, Guadalajara enfrenta dinámicas únicas que exigen un enfoque especial.

La estrategia se sustenta en cuatro pilares: seguridad ciudadana con proximidad, servicios y espacios públicos, política social con enfoque de cuidados, y generación de condiciones de seguridad.

Delgadillo destacó el cambio a un modelo de “comunidades” (antes polígonos), que fomenta la convivencia y descentraliza servicios, optimizando recursos. “Hemos consolidado un modelo que dialoga entre comisarios, comandantes y servicios públicos por comunidad”, explicó.

Ante los retos pendientes, Delgadillo llamó a la corresponsabilidad ciudadana. “No basta con el gobierno; necesitamos que todos cuidemos Guadalajara. Este cambio de paradigma, frente a un enfoque asistencialista federal, pone a las personas al centro”, concluyó, invitando a líderes y ciudadanos a sumarse para enfrentar los desafíos compartidos.

Estas cifras no son positivas, son alentadoras: Verónica Delgadillo

Este jueves 10 junio, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó los avances que se han realizado en materia de seguridad, donde aseguró que no es solamente presentar datos en esta materia, sino de varios rubros que contribuyen a una estrategia global que realiza el ayuntamiento y contribuyen a tener una comunidad mas segura, y resaltó que las cifras presentadas no son positivas, sino alentadoras.

“Sé que nunca hay números positivos cuando hablamos de seguridad. Mientras hay una persona que pierda la vida, que es afectada por un producto, que sea lastimada por un acto de violencia, nunca hay números positivos. Pero estos son números alentadores, no positivos. Sabemos que no para aquí y que tenemos que seguir trabajando para que avance y demos todavía mejores resultados”, aseguró.

Para cuidar de los tapatíos, el Gobierno de Guadalajara, dijo, ha impulsado una estrategia integral de seguridad basada en una coordinación efectiva con el Estado y la Federación. Uno de los pilares principales del Gobierno es la Policía de Proximidad, donde los vecinos conozcan a quienes los están cuidando, por ello se han fortalecido los chats vecinales y en los corredores comerciales para mantener una comunicación cercana con los habitantes.

También, se ha fortalecido a la policía con la contratación de nuevos policías, a quienes se les capacita en el tema de la proximidad. La primera edil destacó que, en estos primeros nueve meses de gestión, han logrado desmantelar a 21 bandas delictivas que operaban en la ciudad, y de acuerdo con los datos proporcionados, se han detenido a 7 mil 831 presuntos delincuentes, 6 mil 72 por faltas administrativas y 1 mil 759 por diversos delitos.

Además, informó se aseguraron 725 vehículos, 282 motos y 259 armas de fuego, esto dijo, “ha permitido que la incidencia delictiva vaya a la baja, según datos de la Fiscalía. El periodo es de 1 de octubre al 30 de junio.

“El trabajo de inteligencia para el control delictivo nos ha permitido desarticular 21 células detenidas. Quiero que veamos lo que esto significa. Son 21 bandas, no hay ningún municipio en el área metropolitana que haya desarticulado tantas bandas delictivas. Pero ellos no sólo robaban en Guadalajara, no sólo cometían delitos en Guadalajara, lo hacían en toda el área metropolitana, lo que quiere decir que el trabajo que hemos emprendido en Guadalajara también impacta en el resto de los municipios”, puntualizó.

En sus datos, que compartió en la presentación aseguró que los homicidios han disminuido un 16 por ciento, el robo a cuentahabientes, se ha logrado disminuir hasta en un 70 por ciento, el robo a negocios es menor en 46 por ciento, robo a personas ha bajado en 36 por ciento, mientras el robo a autos señala que ha disminuido e 20 por ciento, el robo a casa habitación y el robo de auto partes, también han disminuido en un 17 y 30 por ciento respectivamente.

“El Gobierno de Guadalajara trabaja para fortalecer a su policía, pero también en mejorar los servicios y espacios públicos, ya que la inseguridad no se combate sólo con más patrullas o policías, sino con una estrategia integral de cuidados que fomenta la construcción de comunidad y el apoderamiento de los espacios”, insistió Verónica Delgadillo.

La primera edil señaló que se debe tener claridad el contexto en que se encuentra la capital de Jalisco, y apuntó que Guadalajara no es igual que el resto de los municipios de la zona metropolitana, ya que tiene una dinámica particular, “lo que vivía hace un año en nuestra ciudad,

cuando nosotros recibimos el gobierno Guadalajara, estaba atravesando por una crisis de basura, que la experimentábamos en todas las calles”.

Agregó que la ciudad cuenta con un millón 396 mil habitantes, pero todos los días hay una población flotante que alcanza los tres millones de personas, lo que quiere decir que se duplica la población que llega y requiere los servicios de la ciudad, además refirió que el 94 por ciento de las manifestaciones se realizan en Guadalajara, y concentra los tres poderes de los tres órdenes de gobierno, “estas dinámicas son particulares de la ciudad para, poder evaluar a Guadalajara, hay que mirarlo desde este punto”.

Destacó que la disminución de los delitos y el desmantelamiento de los grupos delictivos, no es más que el reflejo de la coordinación interinstitucional y operativos que tienen para crear entornos más seguros la capital de Jalisco y agregó que también tiene que ver la armonización de un enfoque que está basado en la nueva ley general del sistema nacional de seguridad pública, que se basa en los qué y en los quiénes.

“Estamos reforzando la seguridad ciudadana, o como algunos expertos llaman, la seguridad humana. Y esta seguridad se enfoca en los cómos, en los objetivos que se sustentan en cuatro pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la seguridad ciudadana con proximidad, “lo que buscamos con esto, es reducir la incidencia delictiva, por ejemplo, reducir los conflictos comunitarios”.

“El segundo pilar, son los servicios y espacios públicos. Porque esto nos permite mejorar la presencia de seguridad, y también trabajar con un plano, para poder construir dinámicas mucho más sanas por la ciudadanía. El tercer pilar, es la política social, en nuestro caso, con enfoque de cuidados. La política social sin las brechas de desigualdad, que son las causas, en gran medida, de la violencia, de las conductas delictivas, de las faltas administrativas, y también de muchos conflictos comunitarios”.

“En el cuarto pilar, ese es un plus de nuestra visión y nuestra estrategia, se basa en la generación de condiciones de seguridad. Es decir, todos y todas tenemos que participar en la generación de condiciones de seguridad”, precisó.

También, explicó que un fator que ayuda a la disminución e incidencia delictiva , fue el haber coordinado el “lenguaje territorial”, ya que antes se hablaba de zonas o distritos para los servicios o polígonos en temas de seguridad, pero ahora se habla de 11 comunidades, que eran los polígonos.

“Decidimos llamar comunidades, porque le ajustamos a la fortaleza de lo que significa tejer, como la base social para la mejor convivencia y para la prevención de las violencias. Y es así también que, este modelo nos permite concentrar capacidades, descentralizar los servicios donde más se necesita, y trabajar comunidad por comunidad. De esta manera, a lo largo de estos nueve meses, hemos sido consolidando un modelo que nos permite mejorar los recursos y los procesos, para que dialoguen en principio, para que el comisario, el comandante, los de servicios públicos, puedan totalizar por comunidad esos esfuerzos”, explicó.

Verónica Delgadillo aseguró que ante la exigencia de la ciudadanía no le permite rendirse y que los retos siguen “y que son muchísimos”, por lo que este día más que presentar números y estrategia de seguridad, es una evaluación para observar que cada acción que prende el gobierno, “no es una ocurrencia, no es que sale bonito, no es que fuimos a ver lo que estamos viviendo, es que estamos atendiendo el tema más importante para las mexicanas y mexicanos que es la seguridad”.

“Aprovecho que están aquí líderes, lideresas, hombres y mujeres que valen muchísimo para la dinámica diaria de Guadalajara. Hoy les quiero pedir a nombre de nuestro gobierno que hagan equipo con nosotras y con ustedes. Ningún esfuerzo va a ser suficiente si no entendemos que esta ciudad se sostiene también por ustedes, que esta ciudad necesita que todas y todos lo cuidemos, que esta ciudad necesita de corresponsabilidad”, solicitó la presidenta de Guadalajara.

Y concluyó que el cambio de paradigma, frente a un gobierno federal que es meramente asistencialista porque no atiende las causas, la propuesta de Guadalajara es que poner a las personas al centro, “que ustedes nos ayuden a gobernar, que ustedes también nos ayuden a que las cosas cambien asumiendo su responsabilidad. El gobierno de Guadalajara tiene como pilar transversal la corresponsabilidad”.

“Este gobierno cree que cuando todas y todos cuidamos lo que es de todos, y lo que es de todas y todos, es Guadalajara. Esta ciudad puede seguir floreciendo con mejores oportunidades, los retos que están por venir tenemos que asumirlos como retos compartidos”, finalizó.

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JALISCO

Tortuguismo del INDAABIN frena justicia para la Comunidad Indígena de Mezquitán

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– Por Redacción Conciencia Pública 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) muestra una vez más su desprecio por la justicia al ignorar la orden del Tribunal Agrario, que le dio un plazo de 10 días para entregar el avalúo necesario para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) cumpla con un adeudo pendiente desde 2004 con la Comunidad Indígena de Mezquitán.

Este acto de tortuguismo burocrático perpetúa una espera de 21 años para los comuneros, quienes exigen justicia por la ocupación de sus tierras.

El plazo de 10 días ya venció, y el silencio de INDAABIN no solo desafía la autoridad del Tribunal Agrario, sino que retrasa aún más el pago que la SICT debe realizar a la comunidad por la ocupación de 269 mil metros cuadrados de tierras comunales, destinadas a la ampliación de la carretera federal Guadalajara-Ixtlahuacán del Río.

Este avalúo, que debe actualizar los valores catastrales a precio comercial, es la última barrera para que los indígenas de Mezquitán reciban la compensación ordenada por los tribunales.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la Comunidad Indígena de Mezquitán, expresó su indignación: “Es desesperante. Llevamos más de dos décadas luchando por nuestros derechos. Los tribunales nos han dado la razón una y otra vez, pero la SICT se ha negado a cumplir, y ahora INDAABIN nos pone otro obstáculo con su lentitud. Exigimos que cumplan con su deber para que se nos haga justicia”.

La sentencia del Tribunal Agrario es clara: INDAABIN debe actualizar los valores de los terrenos ocupados, ya que los montos de hace 21 años están completamente desfasados.

Sin este avalúo, la SICT no puede proceder al pago, prolongando una deuda que ya lleva más de dos décadas sin resolverse.

Los comuneros denuncian que esta demora no es más que una táctica dilatoria que perpetúa la injusticia y vulnera sus derechos.

El caso de Mezquitán es un ejemplo alarmante de cómo la burocracia puede convertirse en una herramienta para retrasar la justicia. La comunidad no solo ha ganado en los tribunales, sino que ha demostrado su paciencia y tenacidad frente a un sistema que parece decidido a ignorarlos.

¿Cuánto más tendrán que esperar los indígenas de Mezquitán para que INDAABIN deje de lado su tortuguismo y cumpla con su obligación?

La justicia no puede seguir siendo rehén de la ineficiencia.

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JALISCO

El IEPC bajo sospecha

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– De Frente al Poder, por Óscar Ábrego 

¿Qué gana el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) con la aprobación de lineamientos que atentan contra la legalidad y los derechos de los varones?

¿En verdad el tema de la paridad es un asunto inacabado, cuando existen muestras suficientes de que los partidos políticos han asumido su responsabilidad de normar los criterios relativos a la equidad y el equilibrio del ejercicio del poder en la función pública?

¿Quién o quiénes tienen el interés de provocar un falso debate sobre la ya superada lucha de géneros en materia electoral?

¿Saldrán a la luz los nombres de los superasesores que contribuyeron a incrementar el descrédito en el que se encuentra este organismo?

¿Cuánto se les paga por este tipo de barbaridades?

¿Para qué validar una serie de criterios absurdos e inconstitucionales, a poco más de un año de que comience de manera formal el proceso electoral?

¿Por qué no se hicieron consultas públicas y plurales a fin de conocer la opinión profesional de especialistas en la rama electoral?

Estas preguntas se asoman en medio de la oscuridad en la que opera el Instituto.

Pero mientras las respuestas brotan en medio del fangal de su demérito, bien vale la pena decirle a quienes pretenden implantar la idea de que somos machistas los que nos oponemos al pisoteo de los derechos de los hombres, que dicha opinión es tan básica y carente de sentido, que insulta a quienes desde la trinchera masculina hemos acompañado y defendido las causas femeninas.

Si vamos a deliberar al respecto, que sea de manera seria, al margen de las narrativas pobres y hepáticas.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, activista, escritor y analista político.

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