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JALISCO

Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva: Ausencia de una cultura de planeación en el Poder Judicial

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Por Luis Enrique Villanueva //

La impartición de justicia en el país y en cada una de las entidades federativas, debe ser expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, de acuerdo a los principios constitucionales que la sustentan.

En Jalisco, el artículo 52 de la Constitución textualmente señala: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales…”

La expedites se reconoce como una condición libre de obstáculos, dispuesta e inmediata para obrar sin retrasos ni demoras, lo que aplicado a la administración de justicia se interpreta que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía el número de juzgados tribunales suficientes, equipados y preparados para atender sus demandas de manera ágil y eficiente.

La prontitud se relaciona con el respeto irrestricto a los términos y plazos establecidos por las leyes sustantivas y adjetivas en las actuaciones no solo de los representantes de las partes en conflicto, sino especialmente del órgano de justicia.

Una justicia completa tiene que ver con la resolución de todos y cada uno de los puntos controvertidos, los efectos de ese fallo y la garantía de cumplimiento de lo ordenado en cada sentencia.

Mientras que la imparcialidad se vincula con la ausencia de injerencias internas o externas en las decisiones jurisdiccionales, esto es, que la justicia debe estar alejada de intereses de cualquier tipo y apegada exclusivamente a la interpretación de la norma o a su literalidad según sea el caso.

Y la gratuidad tiene el alcance no solo de no pagar por los servicios de justicia sino también dejar de erogar recursos por traslados a los tribunales, es decir, que los juzgadores deben ubicarse cerca de los domicilios de los justiciables.

Pero no podernos hablar de justicia expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita cuando las capacidades físicas y los tiempos han sido rebasadas en la gran mayoría de los juzgados del Estado, al grado que el cúmulo de expedientes ha desbordado incluso la posibilidad de su resguardo y almacenamiento.

MUY POCOS JUECES

No se puede establecer el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia cuando, de acuerdo a los datos del informe de labores presentado por el Presidente del Poder Judicial respecto del año inmediato anterior, para atender los poco más de 25 mil asuntos que se presentaron en materia civil, se contó con 33 jueces a quienes en consecuencia les correspondió resolver un promedio de 759 casos, mientras que para los poco más de 29 mil expedientes generados en material familiar se tuvieron solo 16 jueces a quienes les tocó en promedio atender 1,823 a cada uno.

Es decir, no existe un protocolo lógico con criterios claros y congruentes en la designación de jueces según la carga de trabajo acumulada por materia, ni tampoco por el promedio de asuntos que deba resolver cada uno, ni por el incremento en el número de habitantes de cada partido o distrito judicial.

Tan disímbola es la situación que de los mismos datos oficiales presentados, se aprecia que un Juez Penal de Adolecentes le correspondió atender en promedio 7 asuntos al año, cuando en materia mercantil tradicional fueron más de 43 mil seiscientos expedientes recibidos para solo 11 jueces a quienes en promedio se les asignó para resolver un promedio de 3,964 asuntos a cada uno.

Desde luego que no es solo la falta de lineamientos y criterios para designar juzgadores por materia para atender y equilibrar las cargas emergentes, sino también que los jueces con los que se cuenta no resultan suficientes para atender las altas demanda de justicia, dado que los 122 jueces nombrados en el Estado debieron atender los 120,361 nuevos expedientes generados, esto es, que en promedio les correspondieron 986 juicios al año a cada uno, lo que humanamente es insostenible para otorgar una justicia expedita, pronta y completa en los términos de la Constitución.

En ese mismo sentido, acercar la función jurisdiccional a las regiones del Estado, es un asignatura que se ha cumplido muy pausada y parcialmente, hay municipios y zonas en las que los usuarios, litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes distancias para acceder al juzgado que les compete, retrasando y encareciendo la justicia.

Situación que es más grave aún cuando se habla de justicia de segunda instancia, puesto que las 11 salas colegiadas que integran el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital de la entidad, lo que hace que cualquier apelación del interior del Estado deba ser substanciada en Guadalajara, lo que obliga a que las partes, sus abogados e incluso los empleados judiciales del Juzgado deban trasladarse para cumplir con las citaciones, audiencias y desahogo en general del proceso.

CON GRANDES CARENCIAS

Por otra parte, los edificios que albergan las oficinas judiciales, especialmente los situados fuera del primer partido judicial, tienen serias carencias de mobiliario, equipo y servicios porque la administración y los órganos de gobierno no tienen la certeza de los recursos que recibirán y por lo tanto no pueden elaborar un programa de sustitución y adecuación física, sin dejar de lado que el compromiso con los salarios deja muy poco margen para destinar recursos a otras prioridades.

Además, las necesidades de justicia de la población tienen variaciones caprichosas en relación con la materia de que se trate, la dinámica económica nacional puede provocar un aumento considerable en el número de asuntos mercantiles o civiles en un año y retornar a sus niveles en la siguiente anualidad, de igual forma los cambios de estilo de vida favorecen en ocasiones una disminución en los negocios de materia familiar o por el contrario los incrementan sustancialmente en un periodo corto de tiempo.

Estas variaciones solo pueden ser atendidas debidamente cuando existe la capacidad económica y de reacción bajo un esquema programado y controlado, en otras palabras, la planeación del Poder Judicial resulta de vital importancia para el logro del objeto de su creación.

Así, entendida como la necesidad de reconocer las capacidades instaladas, fortalezas y oportunidades de mejora para diseñar esquemas de atención oportuna de las necesidades de justicia de la población, la planeación del Poder Judicial pasa invariablemente por la voluntad y convicción de sus órganos de gobierno, de la participación de los otros poderes, de los operadores del derecho y de la sociedad en general.

Sin embargo, la ausencia de una cultura de la planeación aunado a las disposiciones normativas carentes de una dinámica de actualización de la cantidad de tribunales proporcional al número de habitantes u otros criterios de homologación y la escasa ampliación presupuestal en los más recientes años, han dejado al Poder Judicial en condiciones muy limitadas que no le permiten planear adecuadamente su desarrollo.

Un elemento indispensable para el logro del objeto de ser del Poder Judicial, lo es sin duda la confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requiere no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia, pero especialmente que la sociedad organizada sea partícipe de la planeación y ejecución de los programas y proyectos de mejora.

Porque en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea que no tiene ángulo de desaprovechamiento alguno.

CULTURA DE LEGALIDAD

En conjunto, una cultura de la legalidad aunada con la de planeación, facilitan enormemente al Estado y la sociedad para el diseño, con tranquilidad y confianza, del trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente aspira. El Poder Judicial debe apostar siempre por la consolidación del estado de derecho con la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, ese es el ánimo de la denominada Gobernanza Judicial.

La planeación del Poder Judicial debe considerar entonces la autonomía presupuestal para facilitar oportunamente la cobertura y atención de los tribunales en la totalidad de las regiones del Estado y especialmente para separar las dotaciones presupuestales de intervenciones electorales o partidistas que son ajenas a la aplicación de justicia.

Un presupuesto suficiente acompañado de los órganos que elaboren investigaciones estadísticas comparativas respecto de las necesidades reales de justicia en la entidad y su proyección al corto, mediano y largo plazo, así como promover la elaboración de estudios financieros y presupuestales que determinen los porcentajes históricos de la participación de los órganos judiciales en el presupuesto del Poder Judicial y en el global del Estado, proyectaría el escenario ideal para cubrir sus necesidades actuales y futuras.

La planeación judicial debe contar invariablemente con la participación ciudadana, por lo que debe motivarse la interacción de la sociedad con sus tribunales en las propuestas de mejora continua lo que traerá una percepción social favorable del Poder Judicial a través de reconocimiento de la importancia de las instituciones judiciales.

Deben abrirse canales de comunicación permanente con la sociedad e implementarse los mecanismos de evaluación abierta del desempeño judicial, así como incorporar espacios de participación del Poder Judicial en organismos públicos y privados en los que se difunda la actividad que se realiza y se capte la opinión y propuestas de mejora, promoviendo proyectos de interacción académica con instituciones de educación de todos los niveles para incorporar la materia de administración de justicia en sus programas de estudio; abrir secciones en las redes sociales que permitan captar los comentarios, sugerencias, propuestas, quejas o posicionamientos de la población abierta, dándoles seguimiento y aplicación real.

La planeación judicial requiere además de una coordinación institucional para conjuntar proyectos y procedimientos que generen una mejor administración de justicia en Jalisco aprovechando la infraestructuras, avances y herramientas de los diferentes órganos del Poder Judicial en beneficio de un mejor servicio de justicia a los jaliscienses.

Es necesario promover además la participación conjunta de los titulares de los diversos órganos del Poder Judicial en actividades compartidas de beneficio común; motivar la coordinación de las escuelas, institutos o direcciones de capacitación de los diversos órganos para compartir programas que hagan más eficiente el uso de los recursos destinados a la profesionalización y actualización del personal judicial; promover la coordinación de las áreas administrativas de los distintos órganos para homologar criterios, perfiles, puestos y categorías que permitan eficientar el uso del dinero público; intercambiar información estadística, compartir el desarrollo de programas informáticos o aplicaciones relacionadas con trámites comunes para evitar la dispersión y gasto innecesario de recursos; establecer convenios de colaboración para labores de investigación, planeación y desarrollo entre órganos del Poder Judicial y propiciar la participación del personal especializado en congresos, convenciones, reuniones nacionales y foros temáticos que enriquezcan el desempeño de sus funciones.

REGIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Todo plan del Poder Judicial deberá contar con un ineludible apartado de regionalización de la justicia, para acercarla a los polos regionales de la entidad y avanzar en la oportunidad y gratuidad del servicio público de administración de justicia, promoviendo la creación de tribunales en cada uno de los municipios del estado; gestionando la desconcentración de la actividad jurisdiccional de segunda instancia en tribunales regionales; elaborando iniciativas de reforma que habiliten el funcionamiento de salas unitarias y tribunales regionales de los órganos del Poder Judicial; motivando la preparación de estudios estadísticos y de factibilidad para la implementación de tribunales regionales.

Se requiere modernizar y eficientar la función administrativa judicial de los órganos del Poder Judicial para facilitar la participación de las partes y la sociedad en los procesos judiciales, elaborando de inmediato programas de sustitución gradual de las labores manuales en procedimientos administrativo-judiciales mediante el desarrollo de sistemas computacionales que les sustituyan; revisando y promoviendo la implementación y mejora de experiencias exitosas de reingeniería administrativa en otros tribunales del país que permitan alcanzar al menos el grado de avance que ellos tienen; promoviendo las reformas legales que resulten necesarias para habilitar los sistemas electrónicos en los procesos judiciales; diseñando proyectos de dotación y sustitución programada de mobiliario y equipo para completar su utilización en áreas donde aún no los tienen y evitar la obsolescencia de los existentes, así como motivando la participación de los órganos judiciales en programas internacionales y federales de financiamiento o desarrollo relacionados con su materia.

Es preciso debatir ordenada y ampliamente, con la participación de todas y todos, las mejores herramientas de planeación para el Poder Judicial, aportar propuestas de solución y diseñar su implementación, seguimiento y corrección en su caso, en un proceso de mejora continua.

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Deportes

Atlas, de la gloria reciente al futuro incierto

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-Por Diego Morales Heredia

A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.

Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.

Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.

Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.

Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.

Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.

Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?

 

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JALISCO

Echan abajo el proyecto del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara

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-Por Mario Ávila

La posibilidad de construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara fue rechazada oficialmente por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al dar respuesta oficialmente a la solicitud presentada por activistas ambientales, en la que exigen frenar el proyecto del tercer acueducto para llevar agua a la ZMG.

Los ambientalistas representados por el abogado Julio Carmona entregaron el documento en Palacio Nacional el pasado 9 de junio de 2025, dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que hicieron tres peticiones clave: 1.- Suspensión inmediata del tercer acueducto, por falta de consulta a comunidades ribereñas; 2.- Reconocimiento del Lago de Chapala como sujeto de derechos, con personalidad jurídica propia; 3.- Rehabilitación urgente de las plantas de tratamiento, antes de autorizar más extracciones.

La respuesta llegó el 15 de julio de 2025 firmada por el director técnico, Carlos Enrique Vite Cárdenas, en la que señala que actualmente no existe ningún permiso o autorización vigente para dicho proyecto hidráulico.

EL PROYECTO

El nuevo acueducto Chapala–Guadalajara es un proyecto impulsado por el Gobierno de Jalisco con el objetivo de modernizar y sustituir el sistema actual de conducción de agua, que presenta una eficiencia del 75% y pérdidas significativas por fugas y evaporación.

El acueducto actual, con más de 34 años de operación, está llegando al final de su vida útil. La nueva infraestructura buscaría garantizar un suministro más eficiente y seguro de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El nuevo acueducto permitiría un mayor control sobre el volumen de agua extraído del Lago de Chapala, manteniendo el límite autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 7.5 metros cúbicos por segundo, establecido en un decreto presidencial.

Se estima que la nueva infraestructura reduciría las pérdidas de agua por fugas y evaporación, lo que contribuirá a una gestión más responsable del recurso hídrico.

Contaría con un presupuesto estimado de 6,500 millones de pesos. La licitación pública nacional para desarrollar esta infraestructura fue anunciada recientemente, aunque aún no se ha definido claramente la fuente de financiamiento.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, ha solicitado que la construcción del nuevo acueducto se realice con base en un plan integral que garantice el equilibrio ecológico y social de la región. También ha enfatizado la necesidad de incorporar tecnología moderna que permita medir con precisión el volumen de agua transferido.

Organizaciones civiles y ambientales han expresado preocupaciones sobre la falta de consulta pública y la posible omisión de problemas estructurales que afectan al Lago de Chapala, como la contaminación y la deforestación en las zonas de recarga.

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JALISCO

Diputado Beto Maldonado: Exige rescatar SIAPA y drenaje profundo para salvar vidas en Jalisco

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-Por Raúl Cantú

El diputado federal de Morena por Jalisco, Alberto Maldonado, coordinador de su bancada en San Lázaro, urgió a priorizar la salvación de vidas tras el temporal de lluvias que ha dejado 7 fallecidos y 1 persona desaparecida en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Citando la tragedia en La Martinica, donde una niña de tres meses murió y su familia resultó herida, Maldonado abogó por rescatar el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y construir un drenaje profundo.

“La infraestructura obsoleta agrava estas pérdidas; debemos actuar ya”, afirmó, respaldando la propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco y ofreciendo apoyo a Pablo Lemus para liderar la obra.

CRISIS HÍDRICA Y MALA GESTIÓN

Maldonado, con experiencia en el área jurídica del SIAPA, denunció que el organismo está en ruinas, convertido por gobiernos de PAN, PRI y MC en “una agencia de colocaciones”.

Citó el caso de Eli Castro, conductora de ¡Qué quiere la Banda!, que estaba en la nómina del SIAPA con un sueldo de 70 mil pesos como experta técnica, como ejemplo de frivolidad. “Esto explica los socavones, inundaciones y muertes por corrientes”, lamentó.

Criticó el aumento del 9% en tarifas, aprobado sin diagnóstico de deuda o necesidades, y exigió transparencia.

Propuso un Observatorio Ciudadano Plural con expertos de la UdeG, UAG, UNIVA, ITESO y TEC de Monterrey para analizar perfiles y rezagos.

DESIGUALDAD Y SANEAMIENTO ABANDONADO

El legislador señaló que los recursos del SIAPA se concentran en zonas privilegiadas, dejando atrás comunidades pobres del oriente como Tonalá y Tlaquepaque.

Abogó por restaurar la voz de los ayuntamientos (Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá) en la junta del SIAPA, perdida bajo Jorge Aristóteles Sandoval. Denunció el abandono del saneamiento, con tanques sin limpieza ni químicos, afectando la calidad del agua.

Las lluvias recientes, con un historial de 10 a 12 fallecidos por temporales, resaltan la urgencia de un drenaje profundo para mitigar 2,000 hundimientos anuales.

ALTERNATIVAS Y TECNOLOGÍA

Maldonado insistió en que la mala gestión, no la escasez, es el problema. Criticó el acueducto de Zapotillo, tras 20 años de debate sin resultados, y propuso usar el canal de Atequiza y la presa de Tamazula de Gordiano, que podrían ahorrar 70% del agua de Chapala.

“Estos recursos han sido ignorados; enviaré datos al Congreso”, prometió.

Urgió diagnósticos con satélites y drones para detectar fugas, pidiendo a la Secretaría de Gestión Integral del Agua priorizarlo.

APOYO A LEMUS Y PERSPECTIVA NACIONAL

Morena respalda a Lemus para una solución integral. “Propongo convocar a todos los sectores para recursos en el presupuesto 2026”, anunció, alineándose con la prioridad de Claudia Sheinbaum, quien destinó fondos a Conagua en 2025. Exigió incluir el drenaje profundo en el presupuesto de noviembre-diciembre de 2025, con inicio en 2026. “Con expertos, transformaremos esta crisis en desarrollo”, concluyó.

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