Opinión, por Pedro Vargas Avalos //

La inseguridad en nuestra República sigue galopante, agobia a la sociedad y de plano, ninguna autoridad, ya sea a nivel federal, como estatal o municipal, la pueden abatir. Sin embargo, el tema se prestó para en días pasados desatar una especie de toma y daca entre el Secretario de Gobernación, varios gobernadores, e incluso algunos actores políticos.

Todo comenzó con motivo de la aprobación de la reforma constitucional para que las fuerzas armadas coadyuven, con la Guardia Nacional y policías locales, para brindar seguridad pública a la población. Logrado el visto bueno de las mayorías calificadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el asunto pasó a las legislaturas estatales, de las cuales al menos la mitad más una, de las 32 que funcionan en el país, deben suscribir favorablemente la reforma. De suceder así, quedará firme que el ejército y la armada participen en actividades de seguridad pública hasta el año de 2028, y no hasta el de 2024 como se previene hasta ahora.

Como ya sabemos, ese asunto se gestó por una iniciativa que el PRI presentó, por medio de una diputada, propuesta que Morena con sus aliados apoyaron en la Cámara baja. Luego, ya en el Senado, para lograr que pasara, se le agregaron apéndices, para enseguida regresarse a la Cámara de origen, donde se ratificó por los diputados; ahora está en su parte final para que sea declarada como parte de la Constitución.

El primer Estado que sancionó esa reforma, fue Oaxaca, cuyo gobernante es tricolor, pero la mayoría de la Cámara de Diputados, morenista. De allí que, previendo que algunas entidades no aprobaran la reforma, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se dedicó a “cabildear” los Congresos locales, con el fin de asegurar votaciones favorables. El tema no es tan grave porque el partido del gobierno federal y sus aliados, incluyendo en este caso al PRI, no tienen dificultad en lograr al menos que 20 o hasta 25 asambleas estatales ratifiquen la reforma. Quizás solo las panistas y las dos Cámaras locales dominadas por Movimiento Ciudadano (Jalisco y Nuevo León) se podrían oponer.

El tabasqueño Adán López, ya ha visitado varias entidades, y la semana pasada declaró que era incongruente (hipócrita, dijo) que las autoridades estatales pidieran el apoyo de las fuerzas armadas para mantener la seguridad pública, y por el contrario no apoyaran la aprobación de la reforma constitucional. En Ciudad Victoria, expresó que los de Nuevo León y Jalisco, se enojaron por “los señalamientos que ha hecho de que en sus estados se registra una alta incidencia delictiva y de que sus pocos elementos estatales sólo prestan servicio de seguridad en tiendas de conveniencia”. (Reforma, 19-oct.2022). Luego, el lunes 17 en la ciudad capital de la nación, enfatizó que cuando se habla de «baños de sangre» en el país, “piensa en la violencia que se registra en varias entidades gobernadas por partidos de oposición”. (Íd., íd.).

Ante esas afirmaciones, el norteño Samuel García afirmó que sus agentes policíacos, trabajan muy eficientemente y son los mejores de México: través de su cuenta de Twitter, el mandatario mencionó que actualmente la Fuerza Civil neoleonesa es una policía de élite, “la mejor preparada de México, la mejor armada y la que tiene mejores prestaciones, que está combatiendo el crimen organizado de frente y sin miedo”. (El Universal, 18-10-022).

En Guadalajara, Enrique Alfaro, quisquilloso como se caracteriza, ripostó al funcionario federal que el territorio que gobierna, está por debajo de la media nacional: “Antes de nosotros —Jalisco—, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor incidencia de tasa delictiva”, aseguró el mandatario jalisciense en un video difundido en las redes sociales. (El Economista, 18-Oct-2022). A la postre, precisó: «No pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras, porque seguir hablando de un tema tan delicado como es el de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad».

Recordemos que el señor Adán Augusto, es uno de los personajes morenistas que el presidente de la republica mencionó como serio precandidato presidencial. En consecuencia, los observadores y comentaristas del tema, manifiestan que dicho Secretario de Gobernación, aprovecha el momento y las circunstancias para llevar agua a su molino, es decir, para fortalecer su posición de aspirante a suceder al actual mandatario nacional.

Muchos actores de la vida pública mexicana han terciado sobre este espinoso asunto, siendo uno de ellos el senador Dante Delgado, coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano, (partido del cual se especula que es el dueño) acusó -el mismo martes 18- al multicitado Adán Augusto López, de tolerar que el crimen organizado controle distintas entidades gobernadas por Morena y lo criticó por ser el “vocero de la Sedena “. Delgado señaló que, pese a que el Secretario de Gobernación debe ser el encargado de la política interior, “sólo se ha dedicado a ser vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual demuestra la ineficacia del gobierno federal ante los temas de seguridad pública”. (Latin Us, plataforma digital que dirige Carlos Loret de Mola: 18-oct-022).

Sobre la seguridad en la república, el presidente manifestó en una mañanera reciente: “Nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción”. Luego estipuló que en varios renglones se ha avanzado: “hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia”, poniendo como ejemplo los homicidios.

Lamentablemente, la cruda realidad nos dice que la inseguridad no se ha controlado, que sigue creciendo y no hay lugar del país, donde no se viva con la angustia de la malignidad. En Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Colima, etc., etc., el pan diario son las noticias de agresiones, crímenes y transgresiones de todo tipo. Mientras que eso sucede, los políticos en una especie de toma y daca. Esta expresión coloquial nos indica que cuando una persona critica a otra, ésta le contesta en similares términos. Y eso es lo que presenciamos en estos días, cuando se toca la cuestión de la seguridad pública. Al margen de ello, la inseguridad, las fechorías, a cada momento aparecen y dejan hogares con luto, o comunidades atemorizadas.

Ojalá que la reforma constitucional que hemos comentado, realmente sirva para que en algunos años (antes del 2029) funcionen cabalmente los organismos policíacos, tanto a nivel estatal como municipal, además de la Guardia Nacional que es federal. Esa es la esperanza de la inmensa mayoría de los mexicanos, y la promesa de todas nuestras autoridades, por ello, confiamos se logre dominar a la inseguridad, y volvamos a vivir con orden y tranquilidad. Así lo esperamos pues como dice el refrán, “la esperanza muere al último”.