MUNDO
De cómo el neoliberalismo desmontó el sistema de salud en México, y la pandemia lo agravó
Por Eliana Giletm (Sputnik Mundo) //
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México analizó cómo durante los últimos cuarenta años el neoliberalismo ha desmontado al sistema de seguridad social en el país. Sputnik Mundo le explicrá los efectos de esta política y qué significa en tiempos de pandemia.
Aunque históricamente el capital consideraba que el sistema de seguridad social era una inversión estatal clave para asegurar el bienestar de los trabajadores —encargados de generarles ganancias al venderles su tiempo vital— esta consideración sufrió un viraje a finales de la década de 1970, cuando el mundo comenzó a ser políticamente otro.
El avance de la privatización del antiguo sistema público de seguridad social en el continente americano ha causado «trabas para acceder y ejercer» este derecho para miles de personas que viven de su salario.
En México esto se revela en los mínimos históricos que ha alcanzado el gasto público en el sector salud en los últimos diez años, que para 2020 significó apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Esta cifra puede comprenderse a cabalidad cuando se la compara con la inversión de otros países populosos del continente americano: Argentina dedica el 6.6% de su PIB a la salud de su población, mientras Brasil dedica el 4 por ciento.
EL OCASO MEXICANO
Según el análisis del CAM, la representación del gasto público destinado al sector salud con respecto al producto interno bruto de México «refleja un estancamiento durante la última década al observarse un promedio acumulado de 2.71%, aunque en los últimos tres años el promedio bajó a 2.5%».
Esta contracción fue medida por un informe elaborado en octubre de 2019 por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a cargo de la investigadora Judith Senyacen Méndez, en el cual se explica cómo en la última década «la brecha en el gasto per cápita entre instituciones de salud se redujo, ya que este indicador se contrajo en todas las instituciones de salud como resultado de un presupuesto ineficiente, que no está vinculado al incremento de la población afiliada«, puede leerse en el citado informe.
El sistema de salud en México es, en realidad, una serie de subsistemas más o menos integrados, cada uno de los cuales atiende a un sector específico de población.
Según la investigación de Méndez, cada uno de los siete subsistemas de salud existentes en México tienen diferencias entre sí según la población a la que se dirigen, a quienes brindan paquetes de atención diferentes que, a su vez, tienen «brechas significativas en los recursos disponibles para hacer frente a las necesidades de atención a la población».
Esta inversión mínima de presupuesto federal en el sistema público de salud, se complementa con un déficit estructural de recursos humanos preparados, que se calcula en una falta de 120 mil médicos y médicas, según los promedios sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de 300 mil enfermeras y enfermeros, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que refiere como mínimo que un país requiere de 60 por cada 100 mil habitantes.
Hoy México tiene poco más de 286 mil enfermeras y enfermeros, según datos oficiales de la Secretaría de Salud, que da un promedio de entre 18 y 20 por cada 100 mil habitantes.
Existe una tercera complicación coyuntural vinculada al cambio institucional que se lanzó en enero de 2020, cuando el antiguo Seguro Popular fue eliminado para pasar sus funciones al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al que se le otorgó un presupuesto de 72 mil millones de pesos (3,200 millones de dólares) para ejecutar en su primer año de funciones, una cifra menor a la disponible para el antiguo seguro.
Esto podría leerse como otro elemento de debilidad para el subsistema destinado a la atención de la población en general que no está asegurada por los otros subsistemas vinculados a la formalidad laboral.
Este 2020, el Insabi recibió un presupuesto menor con el que deberá atender a más gente, debido al aumento del desempleo y la informalidad del ajuste estructural —que se está dando al mismo tiempo que la pandemia tiene su curso en México —y que por tanto, deberá ser complementado por una alta inversión del bolsillo de los pacientes más pobres.
El promedio del gasto que los mexicanos deben hacer para cubrir su atención en salud representa el 41% del costo de atención, mientras en Brasil es de 28% y en Argentina, del 15%. Es decir, es mayor la inversión individual que los ciudadanos tienen que hacer para curarse en salud, cuanto menor es la inversión pública destinada presupuestalmente por los gobiernos de cada país.
«El gasto público en salud está por debajo de las recomendaciones internacionales y de las estimaciones con bases epidemiológicas y demográficas. Su baja prioridad se refleja en el bajo porcentaje destinado al sector, que actualmente tiene una tendencia decreciente», señala Méndez en su informe. Y explica cómo esto se debe a que la formulación presupuestal para la atención en salud de los mexicanos no se hace en relación a la cantidad de personas que cada subsistema debe atender.
En este caso, es claro el incremento de personas que van a recurrir al Insabi, que no ha sido fortalecido económicamente para este fin y por tanto, producirá una nueva contracción del gasto per cápita para la atención de la población más pobre, porque en México la inversión presupuestal no sube al mismo ritmo que sí sube la demanda de gente que el sistema público debe atender.
MÁS TRABAJADORES SIN SEGURIDAD SOCIAL
La pauta que ha seguido el mundo laboral mexicano durante los últimos 15 años según analizó el CAM en su Reporte 132: Los costos sociales por la pandemia de COVID-19, es un incremento de 24,6% de trabajadores sin acceso a instituciones de salud.
Según el análisis del CAM al que Sputnik tuvo acceso, para el año 2005 había en México 27.419.587 trabajadores sin acceso a instituciones de salud, mientras para el primer trimestre del 2020, esta cifra había subido a 34.167.349 millones de trabajadores, según datos oficiales tomados del Instituto Nacional de estadística y geografía (Inegi).
La falta de atención pública en salud, combinado al alto porcentaje de gasto del bolsillo de cada enfermo, son los principales factores de desigualdad en la atención que una persona que se infecta de COVID-19 tiene que enfrentar.
Según datos obtenidos por el CAM, para quien trabaja sin seguro, «el tratamiento requerido por el nuevo coronavirus es sencillamente impagable» ya que la Asociación mexicana de instituciones de seguros (AMIS) calculó que el costo aproximado por paciente internado en un hospital privado asciende a los 410.000 pesos mexicanos, es decir, 18.300 dólares.
La Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros ha registrado un alza en las consultas ante el advenimiento de la pandemia en México y debió poner a disposición un simulador de gastos médicos mayores para hacer frente a ello.
La preocupación surge al entender que la retracción de la seguridad social para los trabajadores es un mecanismo que puede constatarse a nivel mundial, como lo denunció la Organización internacional del trabajo: existen 4.000 millones de personas en el globo que carecen de seguro, lo que representa el 55% de la población mundial.
La situación es peor para los trabajadores que hoy se encuentran desempleados ya que solo el 20% tendrá acceso a estos beneficios laborales, debido a los cambios experimentados en las nuevas formas de contratación, que no brindan ya cobertura médica a sus trabajadores, desarticulando una de las principales conquistas históricas del movimiento sindical mundial.
– Por Mario Ávila
El Ballet Folclórico de Guadalajara se presentó en el Rosemont Theatre de Chicago, en el evento estelar de la Segunda Ruta de la Gira Internacional 2025, México en el Corazón.
Los bailarines tapatíos compartieron escenario con el Mariachi Estelar de México en el Corazón y la Banda Orquesta Colores, y presentaron estampas, música y canciones de Guanajuato, Yucatán y Jalisco ante los más de 4 mil 400 asistentes.
Este espectáculo se realiza anualmente e incluye al Mariachi Estelar como uno de sus principales artistas, junto con el Ballet Folclórico Guadalajara y la Banda Orquesta Colores.
Participaron en el evento Sergio Suárez, presidente de NAIMA (North American Institute for Mexican Advancement); Ron Serpico, alcalde de Melrose Park; Susana Mendoza de Illinois Comptroller; Reyna Torres, cónsul general de México en Chicago; Andrea Blanco, coordinadora del Gabinete Social del Gobierno de Jalisco; y Manuel Romo, secretario de Gobierno del Gobierno de Guadalajara.
Esta es la segunda parada de la ruta de México en el corazón, la primera fue en la Ciudad de Sioux City, en Iowa en donde se presentó por primera vez, y más de mil personas asistieron a disfrutar de este espectáculo.
La gira continuará por el Medio Oeste, Sur y la Costa Este de los Estados Unidos.
Para fechas y ciudades entrar en este sitio web: http://www.mexicoenelcorazon.org
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Actualidad, por Alberto Gómez R.
(Parte 1) A lo largo de la historia de la humanidad, el poder económico de los grandes imperios se ha construido frecuentemente sobre pilares tan sombríos como la guerra, el saqueo sistemático y el sometimiento de pueblos enteros.
Este patrón de comportamiento, visible desde los primeros imperios de la antigüedad hasta las potencias contemporáneas, revela una lógica de acumulación basada en la extracción violenta de recursos más que en la productividad o la innovación endógena.
El historiador económico Douglas North, citado en uno de los documentos analizados, señalaba que los imperios antiguos establecían sistemas burocráticos sofisticados que permitían la expropiación sistemática de excedentes de las regiones conquistadas.
En el mundo actual, Estados Unidos representa la última encarnación de este impulso imperial, aunque sus métodos hayan evolucionado hacia formas más sofisticadas de dominación económica y militar.
Como se advierte en el panorama actual, esta potencia estaría experimentando un rápido declive relativo en el escenario global, lo que intensificaría sus comportamientos depredadores hacia naciones ricas en recursos que se resisten a someterse a su hegemonía.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras certificadas del planeta, se encontraría en la mira de este mecanismo de saqueo contemporáneo, al igual que lo estuvieron Irak, Libia y Siria en las últimas décadas, solo por citar algunos ejemplos.
LOS CIMIENTOS HISTÓRICOS DEL SAQUEO IMPERIAL
Los primeros grandes imperios de la historia establecieron las bases de lo que sería una larga tradición de explotación económica mediante la conquista. En Mesopotamia, Egipto, China y la India, surgieron estructuras estatales centralizadas que «legislaban, impartían justicia y ejecutaban sobre un extenso territorio que agrupaba a muchas ciudades» (eumed.net).
Estos imperios perfeccionaron sistemas de extracción de riqueza mediante tributos, esclavitud y control de las rutas comerciales.
El Imperio de Alejandro Magno ofrece un ejemplo temprano de cómo la conquista militar servía como vehículo para la acumulación de riqueza. Como se describe en los documentos, Alejandro y sus falanges macedonias conquistaron todo el Imperio persa en tan sólo ocho años, apoderándose de inmensos tesoros y estableciendo un sistema de control sobre territorios que se extendían hasta la India. Patrón similar exhibiría el Imperio Romano, que transformó el Mediterráneo en su «Mare nostrum» y extrajo recursos de todos los territorios conquistados, desde las minas de plata hispanas hasta los graneros egipcios.
Con la era de los descubrimientos, las potencias europeas perfeccionaron el arte del saqueo imperial a escala global. España y Portugal inauguraron lo que podría considerarse el primer «imperio global» de la historia: «por primera vez un imperio abarcaba posesiones en todos los continentes del mundo» (eumed.net).
El flujo de metales preciosos desde América hacia Europa financió las guerras y el desarrollo económico europeo durante siglos, a costa del exterminio y la explotación de poblaciones indígenas.
El Imperio británico llevaría este modelo a su máxima expresión, estableciendo una red global de colonias y territorios controlados que proveían de recursos naturales y mercados cautivos a la metrópoli. El comercio de esclavos, la extracción de recursos en condiciones de cuasi-esclavitud y la destrucción de industrias locales competitivas fueron algunas de las estrategias empleadas para consolidar su hegemonía económica.
ESTADOS UNIDOS, LA SUPERPOTENCIA DEPREDADORA
Estados Unidos emergió como potencia global practicando una versión modernizada del juego imperial tradicional. Bajo la Doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, se autoproclamó potencia hegemónica en América Latina y el Caribe, interviniendo militarmente en múltiples ocasiones para proteger sus intereses económicos. La diplomacia de las cañoneras y las intervenciones directas aseguraban el acceso a mercados, recursos y rutas comerciales estratégicas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, con las potencias europeas debilitadas, Estados Unidos ascendió a la condición de superpotencia global, rol que se consolidaría tras el colapso de la Unión Soviética.
Como se señala en uno de los documentos, «después de que se desintegrase la Unión Soviética a principios de 1990, Estados Unidos quedó como la única superpotencia restante de la Guerra Fría». Esta posición hegemónica le permitió moldear las instituciones internacionales a su medida y establecer un sistema económico global que privilegiara sus intereses.
La economía estadounidense se ha vuelto profundamente dependiente de lo que el presidente Eisenhower denominó el «complejo militar-industrial». Con un presupuesto militar que supera al de los siguientes diez países combinados, Estados Unidos ha convertido la guerra en un negocio extraordinariamente lucrativo para sus corporaciones de defensa.
Como se documenta en uno de los artículos revisados, la administración Biden ha solicitado al Congreso «842 mil millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024», lo que representa «la solicitud más grande desde el pico de las guerras de Irak y Afganistán» (france24.com).
Este apetito insaciable por el gasto militar requiere enemigos externos y conflictos perpetuos, creando un círculo vicioso de intervencionismo que justifique tales desembolsos. Los resultados son visibles en las sucesivas guerras e intervenciones que han marcado las últimas décadas, desde Vietnam hasta Afganistán, pasando por Irak, Libia y Siria.
EL SAQUEO CONTEMPORÁNEO
La invasión de Panamá en 1989 constituye un ejemplo paradigmático de cómo Estados Unidos utiliza pretextos para justificar intervenciones militares que persiguen objetivos geoeconómicos estratégicos. Como se documenta extensamente en varios de los materiales consultados, la llamada «Operación Causa Justa» fue oficialmente justificada como una medida necesaria para detener el narcotráfico y defender la democracia.
El general Manuel Antonio Noriega, quien había sido durante años un aliado útil para Washington y colaborador de la CIA, fue convertido de pronto en enemigo público número uno. Como se describe en los documentos, Noriega «había sido aliado clave de Estados Unidos durante el final de la Guerra Fría, trabajando como agente de la CIA, al tiempo que tejía vínculos con el narcotráfico» (elnacional.com). Cuando dejó de ser funcional a los intereses estadounidenses, fue acusado de narcotráfico y derrocado mediante una invasión militar que causó entre 500 y 4 mil víctimas panameñas, según distintas fuentes.
El verdadero objetivo de la invasión, sin embargo, habría sido asegurar el control estratégico del Canal de Panamá en vísperas de su traspaso completo a soberanía panameña, previsto para el año 2000 según los Tratados Torrijos-Carter de 1977. Como se señala en uno de los documentos, estos tratados «condicionaba la defensa del canal de manera conjunta, a través de un tratado adicional, dando la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida».
La invasión aseguró que, aunque panameño en papel, el canal permaneciera bajo control efectivo estadounidense.
Continuará…
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