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MUNDO

De cómo el neoliberalismo desmontó el sistema de salud en México, y la pandemia lo agravó

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Por Eliana Giletm (Sputnik Mundo) //

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México analizó cómo durante los últimos cuarenta años el neoliberalismo ha desmontado al sistema de seguridad social en el país. Sputnik Mundo le explicrá los efectos de esta política y qué significa en tiempos de pandemia.

Aunque históricamente el capital consideraba que el sistema de seguridad social era una inversión estatal clave para asegurar el bienestar de los trabajadores —encargados de generarles ganancias al venderles su tiempo vital— esta consideración sufrió un viraje a finales de la década de 1970, cuando el mundo comenzó a ser políticamente otro.

El avance de la privatización del antiguo sistema público de seguridad social en el continente americano ha causado «trabas para acceder y ejercer» este derecho para miles de personas que viven de su salario.

En México esto se revela en los mínimos históricos que ha alcanzado el gasto público en el sector salud en los últimos diez años, que para 2020 significó apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Esta cifra puede comprenderse a cabalidad cuando se la compara con la inversión de otros países populosos del continente americano: Argentina dedica el 6.6% de su PIB a la salud de su población, mientras Brasil dedica el 4 por ciento.

EL OCASO MEXICANO

Según el análisis del CAM, la representación del gasto público destinado al sector salud con respecto al producto interno bruto de México «refleja un estancamiento durante la última década al observarse un promedio acumulado de 2.71%, aunque en los últimos tres años el promedio bajó a 2.5%».

Esta contracción fue medida por un informe elaborado en octubre de 2019 por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a cargo de la investigadora Judith Senyacen Méndez, en el cual se explica cómo en la última década «la brecha en el gasto per cápita entre instituciones de salud se redujo, ya que este indicador se contrajo en todas las instituciones de salud como resultado de un presupuesto ineficiente, que no está vinculado al incremento de la población afiliada«, puede leerse en el citado informe.

El sistema de salud en México es, en realidad, una serie de subsistemas más o menos integrados, cada uno de los cuales atiende a un sector específico de población.

Según la investigación de Méndez, cada uno de los siete subsistemas de salud existentes en México tienen diferencias entre sí según la población a la que se dirigen, a quienes brindan paquetes de atención diferentes que, a su vez, tienen «brechas significativas en los recursos disponibles para hacer frente a las necesidades de atención a la población».

Esta inversión mínima de presupuesto federal en el sistema público de salud, se complementa con un déficit estructural de recursos humanos preparados, que se calcula en una falta de 120 mil médicos y médicas, según los promedios sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de 300 mil enfermeras y enfermeros, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que refiere como mínimo que un país requiere de 60 por cada 100 mil habitantes.

Hoy México tiene poco más de 286 mil enfermeras y enfermeros, según datos oficiales de la Secretaría de Salud, que da un promedio de entre 18 y 20 por cada 100 mil habitantes.

Existe una tercera complicación coyuntural vinculada al cambio institucional que se lanzó en enero de 2020, cuando el antiguo Seguro Popular fue eliminado para pasar sus funciones al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al que se le otorgó un presupuesto de 72 mil millones de pesos (3,200 millones de dólares) para ejecutar en su primer año de funciones, una cifra menor a la disponible para el antiguo seguro.  

Esto podría leerse como otro elemento de debilidad para el subsistema destinado a la atención de la población en general que no está asegurada por los otros subsistemas vinculados a la formalidad laboral.

Este 2020, el Insabi recibió un presupuesto menor con el que deberá atender a más gente, debido al aumento del desempleo y la informalidad del ajuste estructural —que se está dando al mismo tiempo que la pandemia tiene su curso en México —y que por tanto, deberá ser complementado por una alta inversión del bolsillo de los pacientes más pobres.

El promedio del gasto que los mexicanos deben hacer para cubrir su atención en salud representa el 41% del costo de atención, mientras en Brasil es de 28% y en Argentina, del 15%. Es decir, es mayor la inversión individual que los ciudadanos tienen que hacer para curarse en salud, cuanto menor es la inversión pública destinada presupuestalmente por los gobiernos de cada país.

«El gasto público en salud está por debajo de las recomendaciones internacionales y de las estimaciones con bases epidemiológicas y demográficas. Su baja prioridad se refleja en el bajo porcentaje destinado al sector, que actualmente tiene una tendencia decreciente», señala Méndez en su informe. Y explica cómo esto se debe a que la formulación presupuestal para la atención en salud de los mexicanos no se hace en relación a la cantidad de personas que cada subsistema debe atender. 

En este caso, es claro el incremento de personas que van a recurrir al Insabi, que no ha sido fortalecido económicamente para este fin y por tanto, producirá una nueva contracción del gasto per cápita para la atención de la población más pobre, porque en México la inversión presupuestal no sube al mismo ritmo que sí sube la demanda de gente que el sistema público debe atender.

MÁS TRABAJADORES SIN SEGURIDAD SOCIAL

La pauta que ha seguido el mundo laboral mexicano durante los últimos 15 años según analizó el CAM en su Reporte 132: Los costos sociales por la pandemia de COVID-19, es un incremento de 24,6% de trabajadores sin acceso a instituciones de salud.

Según el análisis del CAM al que Sputnik tuvo acceso, para el año 2005 había en México 27.419.587 trabajadores sin acceso a instituciones de salud, mientras para el primer trimestre del 2020, esta cifra había subido a 34.167.349 millones de trabajadores, según datos oficiales tomados del Instituto Nacional de estadística y geografía (Inegi).

La falta de atención pública en salud, combinado al alto porcentaje de gasto del bolsillo de cada enfermo, son los principales factores de desigualdad en la atención que una persona que se infecta de COVID-19 tiene que enfrentar.

Según datos obtenidos por el CAM, para quien trabaja sin seguro, «el tratamiento requerido por el nuevo coronavirus es sencillamente impagable» ya que la Asociación mexicana de instituciones de seguros (AMIS) calculó que el costo aproximado por paciente internado en un hospital privado asciende a los 410.000 pesos mexicanos, es decir, 18.300 dólares.

La Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros ha registrado un alza en las consultas ante el advenimiento de la pandemia en México y debió poner a disposición un simulador de gastos médicos mayores para hacer frente a ello.

La preocupación surge al entender que la retracción de la seguridad social para los trabajadores es un mecanismo que puede constatarse a nivel mundial, como lo denunció la Organización internacional del trabajo: existen 4.000 millones de personas en el globo que carecen de seguro, lo que representa el 55% de la población mundial.

La situación es peor para los trabajadores que hoy se encuentran desempleados ya que solo el 20% tendrá acceso a estos beneficios laborales, debido a los cambios experimentados en las nuevas formas de contratación, que no brindan ya cobertura médica a sus trabajadores, desarticulando una de las principales conquistas históricas del movimiento sindical mundial.

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MUNDO

Medio Oriente es un polvorín: Se agrava la tensión Israel-Irán

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Actualidad, por Por Alberto Gómez R. //

Los precios internacionales de los commodities se han disparado en las últimas semanas, especialmente del sector energético y los metales preciosos, como reacción al incremento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que probablemente lleve el precio del barril de petróleo a los 100 dólares o más ante el incremento de ataques entre Israel e Irán.

La madrugada del sábado 13 de abril, Irán lanzó una ofensiva sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel, un ataque de represalia ampliamente anticipado como respuesta a los ataques israelíes contra objetivos iraníes, como el bombardeo a la embajada de Irán en Damasco, Siria, una doble violación al derecho internacional y a la soberanía de ambas naciones.

El papa Francisco lanzó el domingo (14 abril) un «llamado urgente» contra «una espiral de violencia» susceptible de «arrastrar a Medio Oriente a un conflicto aún mayor», tras el ataque de Irán contra Israel. «Lanzo un llamado urgente para que cese cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia que podría arrastrar a Medio Oriente a un conflicto aún mayor», declaró el líder religioso después de su tradicional oración dominical en público, en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Una escalada bélica en Medio Oriente tendría repercusiones significativas en la economía mundial debido a la importancia estratégica de la región en la producción y el suministro de energía, así como a su impacto en los mercados financieros globales y el comercio internacional, trayendo consecuencias como:

  • Aumento de los precios del petróleo: El Medio Oriente es una importante región productora de petróleo, y cualquier conflicto en la región podría interrumpir la producción y el transporte de petróleo, lo que podría llevar a un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Esto afectaría a la economía global, aumentando los costos de energía para empresas y consumidores, y podría desencadenar una desaceleración económica.
  • Volatilidad en los mercados financieros: Las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente pueden generar volatilidad en los mercados financieros globales. Los inversores tienden a volverse más cautelosos en tiempos de incertidumbre geopolítica, lo que puede llevar a una venta masiva de acciones y otros activos financieros considerados riesgosos. Esto podría afectar negativamente a los mercados de valores y de bonos en todo el mundo.
  • Impacto en el comercio internacional: El Medio Oriente es un importante centro de comercio internacional, y cualquier conflicto en la región podría interrumpir las rutas comerciales y el transporte marítimo. Esto afectaría el comercio internacional, causando retrasos en la entrega de bienes y aumentando los costos de envío. Además, la incertidumbre resultante podría llevar a una disminución en la inversión y el comercio global.
  • Aumento de la inestabilidad regional: Una escalada bélica en el Medio Oriente podría conducir a una mayor inestabilidad en la región, lo que podría tener repercusiones humanitarias y económicas a largo plazo. La inestabilidad política y social podría desencadenar flujos de refugiados, aumentar las tensiones étnicas y religiosas, y socavar la estabilidad de los países vecinos, lo que a su vez podría tener impactos económicos negativos en la región y más allá.

Adicional a lo anterior, el riesgo velado de una conflagración a gran escala -incluso nuclear-se acerca rápidamente a materializarse, ya que la injerencia de los países occidentales liderados por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN sólo complican el escenario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha convocado a los embajadores de Reino Unido, Alemania y Francia para protestar por su “postura irresponsable” al declarar su apoyo incondicional a Israel frente al ataque sin precedentes con cientos de drones y misiles balísticos encabezado por Teherán.

En un comunicado, el Gobierno iraní ha declarado a los tres embajadores que lo ocurrido esta pasada noche es una represalia al ataque contra el Consulado de Siria en Damasco, que Teherán atribuye a Israel.

Estados Unidos y la OTAN siguen abriendo nuevos frentes bélicos en una escalada de tensiones geopolíticas sin precedentes, que impactan no sólo en el ámbito político internacional sino en la economía global, apenas en recuperación luego de la pandemia del coronavirus.

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MUNDO

Crisis diplomática, ¿provocada por quién?

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Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

México y Ecuador son dos países que comparten muchas cosas; el idioma y la herencia mestiza son algunos de los componentes de la relación entre ambos países. El vínculo de estos estados comenzó desde 1830, luego de que se dividió la Gran Colombia que incluía las naciones de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.

Después de aquella ruptura, México reconoció y estableció relaciones diplomáticas con Ecuador en junio de 1830 y en 1837, abrió un consulado en Guayaquil, que posteriormente se convirtió en su primera misión diplomática en América del Sur. Así la importancia histórica de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El vínculo entre las dos naciones se ha tensado durante los últimos años. En 2021 en la república ecuatoriana fue electo un gobierno de derecha, desde el inicio del mandato las diferencias con el gobierno mexicano (que dice ser de izquierda) han sido evidentes. Ecuador ha emprendido una cruzada contra la corrupción de gobiernos anteriores y estos, han acusado que son víctimas de una persecución política.

La noche del viernes 5 de abril, la policía ecuatoriana ingresó a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y a quien el gobierno mexicano le concedió asilo político luego de que Glas ingresara a la embajada desde diciembre pasado. Esta acción provocó una grave crisis diplomática entre ambos países.

¿De qué tamaño es este acto? ¿realmente es tan grave? ¿es correcto que el gobierno ecuatoriano haya allanado la embajada mexicana en Quito? ¿qué repercusiones tendrá?

Bueno, vayamos por partes. El convenio de Viena, firmado por varios países entre ellos México y Ecuador, en su artículo 22 sobre relaciones diplomáticas dice:

Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.” Por otro lado, señala: “Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.” Evidentemente, hay una violación flagrante del estado ecuatoriano a dicho convenio.

¿Qué llevó a tomar esta medida al gobierno de Ecuador? Primero habría que recordar quien es Jorge Glas, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa de 2013 a 2017. En diciembre de 2017, Glas fue condenado a seis años de cárcel por la trama de corrupción con la firma petrolera brasileña Odebrecht. ¿Le suena el nombre? En 2022 obtuvo su libertad condicional.

En 2023 Glas fue acusado nuevamente, esta vez por el delito de peculado, derivado de esto, el exvicepresidente solicitó asilo político a México y mientras esto sucedía se refugió en la embajada mexicana, mientras tanto Ecuador anunció que le negaría salir del país por la obvia posibilidad de fuga. Glas y Correa dicen ser víctimas de persecución política de los conservadores de aquel país.

Así que el caso es complejo, tenemos a un exvicepresidente sentenciado por el caso de corrupción con la firma petrolera que también tuvo sus “queberes” en México, tenemos a una embajada que recibió al imputado para protegerlo de lo que han llamado “persecución política de la derecha”, tenemos a un gobierno mexicano que decidió defender al acusado pues sostiene que los políticos de derecha hacen guerra sucia contra los de la izquierda, y, finalmente, tenemos a un gobierno ecuatoriano que se pasó por donde quiso el tratado internacional. Escenario complejísimo.

El presidente López Obrador se encuentra ante un panorama difícil de resolver, pues a solo semanas de la elección presidencial, abre un frente internacional derivado de proteger a un exfuncionario ecuatoriano acusado de los mismos delitos y con las mismas empresas, por los que el gobierno de México tiene imputados a exfuncionarios locales, ¿contradictorio? sí.

Por otro lado, la irrupción en la embajada de México es inadmisible, es un acto que no se puede dejar pasar pues es una transgresión del territorio nacional, viola tratados internacionales, debilita la imagen del Estado mexicano y pone en duda que el gobierno federal pueda defender lo que le corresponde. Así las cosas. Esperemos más reacciones locales e internacionales, esta historia está lejos de acabar.

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Un mundo en balance: La responsabilidad individual en la lucha contra el cambio climático

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En un mundo cada vez más interconectado y consciente de los desafíos ambientales que enfrentamos, la reflexión sobre nuestra relación con el medio ambiente se vuelve cada vez más apremiante.

El cambio climático, en particular, se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad y la prosperidad futura de nuestro planeta. Como señaló Bill Gates en su libro «Cómo evitar un desastre climático», estamos en un momento crítico en el que nuestras acciones individuales y colectivas pueden marcar la diferencia entre un futuro sostenible y uno marcado por la devastación ambiental.

La analogía del libro de Gates nos recuerda que, al igual que en la vida, enfrentamos decisiones cruciales que determinarán el curso de nuestro futuro. Así como una decisión mal informada o negligente puede llevarnos al desastre en el ámbito personal, nuestras acciones, o la falta de ellas, pueden tener consecuencias catastróficas en el medio ambiente. Por eso imperativo reconocer el poder que tenemos como individuos para influir en el destino de nuestro planeta y asumir la responsabilidad que conlleva.

El cambio climático es un problema global que requiere soluciones a nivel individual, comunitario y gubernamental. Aunque las decisiones y políticas a nivel macro son fundamentales, no podemos subestimar el impacto de nuestras acciones cotidianas en el medio ambiente. Desde reducir nuestro consumo de energía hasta adoptar hábitos de consumo más sostenibles, cada elección que hacemos puede contribuir significativamente a la mitigación del cambio climático.

Una de las áreas donde los individuos pueden tener un impacto directo es en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede lograrse mediante la adopción de prácticas de transporte más sostenibles, como el uso del transporte público, la bicicleta o el compartir automóviles, así como la transición a fuentes de energía renovable en nuestros hogares y lugares de trabajo.

En el contexto de promover el uso de bicicletas como un medio de transporte sostenible, es esencial abordar la responsabilidad de las autoridades locales en la creación de infraestructuras adecuadas que faciliten su uso, especialmente durante condiciones climáticas adversas como las temporadas de lluvia.

Las autoridades locales desempeñan un papel crucial en la planificación urbana y el diseño de las calles y avenidas de una ciudad. En este sentido, es fundamental que consideren la integración de infraestructuras específicas para bicicletas en sus proyectos de desarrollo urbano.

De igual forma, nuestras decisiones de consumo también juegan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Al optar por productos y servicios que sean ambientalmente amigables y éticamente producidos, estamos enviando una señal clara a las empresas y la industria de que la sostenibilidad es una prioridad para nosotros como consumidores. Esta demanda puede incentivar a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles en toda su cadena de suministro.

La reducción del desperdicio también es fundamental en la lucha contra el cambio climático. La producción de alimentos, por ejemplo, es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese orden de ideas, debe de existir un compromiso estructurado para efecto de reducir el desperdicio de alimentos y optar por opciones más sostenibles, como alimentos orgánicos y de temporada, para así poder reducir nuestra huella de carbono y ayudar a mitigar el cambio climático.

Es importante destacar que la responsabilidad individual no se limita solo a las acciones relacionadas con el consumo y el estilo de vida. También incluye la participación en la defensa del medio ambiente y la presión sobre los líderes y las instituciones para que tomen medidas audaces y efectivas contra el cambio climático.

La participación en movimientos sociales, la firma de peticiones y la participación en eventos de concienciación son formas importantes en las que los individuos pueden contribuir a generar un cambio significativo.

Si bien la responsabilidad individual es importante, también es necesario que los gobiernos locales desempeñen un papel activo en la promoción de la conciencia ambiental y la implementación de políticas que fomenten la sostenibilidad. Los gobiernos locales son la primera línea de defensa contra los impactos del cambio climático, ya que están más cerca de las comunidades y tienen un conocimiento más profundo de sus necesidades y desafíos únicos.

La participación de los gobiernos locales es crucial por varias razones. En primer lugar, tienen la capacidad de implementar políticas y programas que pueden tener un impacto directo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de prácticas sostenibles. Esto puede incluir la promoción de sistemas de transporte público eficientes y accesibles, la creación de infraestructuras verdes y la implementación de incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas sostenibles.

Además, los gobiernos locales son responsables de la planificación urbana y el desarrollo, lo que les brinda la oportunidad de integrar consideraciones ambientales en todas las etapas del proceso. Esto puede incluir la protección de áreas verdes y espacios abiertos, la promoción de edificios sostenibles y la implementación de políticas de gestión de residuos.

Al trabajar en conjunto con los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas, los gobiernos locales pueden crear un entorno propicio para la acción climática y facilitar la transición hacia una economía más sostenible y resiliente al clima. Además, al liderar con el ejemplo, pueden inspirar a otras comunidades y regiones a seguir su ejemplo y adoptar medidas similares.

En última instancia, la lucha contra el cambio climático requiere un enfoque multifacético que involucre la acción individual, comunitaria y gubernamental. Si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de nuestras acciones y aboga por un cambio positivo en nuestras comunidades y sociedades, podemos marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático.

Al mismo tiempo, es imperativo que los gobiernos locales desempeñen su papel en la promoción de la conciencia ambiental y la implementación de políticas que fomenten la sostenibilidad a nivel local. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado podemos enfrentar con éxito los desafíos del cambio climático y construir un futuro más sostenible para las generaciones venideras.

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