MUNDO
De cómo el neoliberalismo desmontó el sistema de salud en México, y la pandemia lo agravó
Por Eliana Giletm (Sputnik Mundo) //
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México analizó cómo durante los últimos cuarenta años el neoliberalismo ha desmontado al sistema de seguridad social en el país. Sputnik Mundo le explicrá los efectos de esta política y qué significa en tiempos de pandemia.
Aunque históricamente el capital consideraba que el sistema de seguridad social era una inversión estatal clave para asegurar el bienestar de los trabajadores —encargados de generarles ganancias al venderles su tiempo vital— esta consideración sufrió un viraje a finales de la década de 1970, cuando el mundo comenzó a ser políticamente otro.
El avance de la privatización del antiguo sistema público de seguridad social en el continente americano ha causado «trabas para acceder y ejercer» este derecho para miles de personas que viven de su salario.
En México esto se revela en los mínimos históricos que ha alcanzado el gasto público en el sector salud en los últimos diez años, que para 2020 significó apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Esta cifra puede comprenderse a cabalidad cuando se la compara con la inversión de otros países populosos del continente americano: Argentina dedica el 6.6% de su PIB a la salud de su población, mientras Brasil dedica el 4 por ciento.
EL OCASO MEXICANO
Según el análisis del CAM, la representación del gasto público destinado al sector salud con respecto al producto interno bruto de México «refleja un estancamiento durante la última década al observarse un promedio acumulado de 2.71%, aunque en los últimos tres años el promedio bajó a 2.5%».
Esta contracción fue medida por un informe elaborado en octubre de 2019 por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a cargo de la investigadora Judith Senyacen Méndez, en el cual se explica cómo en la última década «la brecha en el gasto per cápita entre instituciones de salud se redujo, ya que este indicador se contrajo en todas las instituciones de salud como resultado de un presupuesto ineficiente, que no está vinculado al incremento de la población afiliada«, puede leerse en el citado informe.
El sistema de salud en México es, en realidad, una serie de subsistemas más o menos integrados, cada uno de los cuales atiende a un sector específico de población.
Según la investigación de Méndez, cada uno de los siete subsistemas de salud existentes en México tienen diferencias entre sí según la población a la que se dirigen, a quienes brindan paquetes de atención diferentes que, a su vez, tienen «brechas significativas en los recursos disponibles para hacer frente a las necesidades de atención a la población».
Esta inversión mínima de presupuesto federal en el sistema público de salud, se complementa con un déficit estructural de recursos humanos preparados, que se calcula en una falta de 120 mil médicos y médicas, según los promedios sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de 300 mil enfermeras y enfermeros, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que refiere como mínimo que un país requiere de 60 por cada 100 mil habitantes.
Hoy México tiene poco más de 286 mil enfermeras y enfermeros, según datos oficiales de la Secretaría de Salud, que da un promedio de entre 18 y 20 por cada 100 mil habitantes.
Existe una tercera complicación coyuntural vinculada al cambio institucional que se lanzó en enero de 2020, cuando el antiguo Seguro Popular fue eliminado para pasar sus funciones al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al que se le otorgó un presupuesto de 72 mil millones de pesos (3,200 millones de dólares) para ejecutar en su primer año de funciones, una cifra menor a la disponible para el antiguo seguro.
Esto podría leerse como otro elemento de debilidad para el subsistema destinado a la atención de la población en general que no está asegurada por los otros subsistemas vinculados a la formalidad laboral.
Este 2020, el Insabi recibió un presupuesto menor con el que deberá atender a más gente, debido al aumento del desempleo y la informalidad del ajuste estructural —que se está dando al mismo tiempo que la pandemia tiene su curso en México —y que por tanto, deberá ser complementado por una alta inversión del bolsillo de los pacientes más pobres.
El promedio del gasto que los mexicanos deben hacer para cubrir su atención en salud representa el 41% del costo de atención, mientras en Brasil es de 28% y en Argentina, del 15%. Es decir, es mayor la inversión individual que los ciudadanos tienen que hacer para curarse en salud, cuanto menor es la inversión pública destinada presupuestalmente por los gobiernos de cada país.
«El gasto público en salud está por debajo de las recomendaciones internacionales y de las estimaciones con bases epidemiológicas y demográficas. Su baja prioridad se refleja en el bajo porcentaje destinado al sector, que actualmente tiene una tendencia decreciente», señala Méndez en su informe. Y explica cómo esto se debe a que la formulación presupuestal para la atención en salud de los mexicanos no se hace en relación a la cantidad de personas que cada subsistema debe atender.
En este caso, es claro el incremento de personas que van a recurrir al Insabi, que no ha sido fortalecido económicamente para este fin y por tanto, producirá una nueva contracción del gasto per cápita para la atención de la población más pobre, porque en México la inversión presupuestal no sube al mismo ritmo que sí sube la demanda de gente que el sistema público debe atender.
MÁS TRABAJADORES SIN SEGURIDAD SOCIAL
La pauta que ha seguido el mundo laboral mexicano durante los últimos 15 años según analizó el CAM en su Reporte 132: Los costos sociales por la pandemia de COVID-19, es un incremento de 24,6% de trabajadores sin acceso a instituciones de salud.
Según el análisis del CAM al que Sputnik tuvo acceso, para el año 2005 había en México 27.419.587 trabajadores sin acceso a instituciones de salud, mientras para el primer trimestre del 2020, esta cifra había subido a 34.167.349 millones de trabajadores, según datos oficiales tomados del Instituto Nacional de estadística y geografía (Inegi).
La falta de atención pública en salud, combinado al alto porcentaje de gasto del bolsillo de cada enfermo, son los principales factores de desigualdad en la atención que una persona que se infecta de COVID-19 tiene que enfrentar.
Según datos obtenidos por el CAM, para quien trabaja sin seguro, «el tratamiento requerido por el nuevo coronavirus es sencillamente impagable» ya que la Asociación mexicana de instituciones de seguros (AMIS) calculó que el costo aproximado por paciente internado en un hospital privado asciende a los 410.000 pesos mexicanos, es decir, 18.300 dólares.
La Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros ha registrado un alza en las consultas ante el advenimiento de la pandemia en México y debió poner a disposición un simulador de gastos médicos mayores para hacer frente a ello.
La preocupación surge al entender que la retracción de la seguridad social para los trabajadores es un mecanismo que puede constatarse a nivel mundial, como lo denunció la Organización internacional del trabajo: existen 4.000 millones de personas en el globo que carecen de seguro, lo que representa el 55% de la población mundial.
La situación es peor para los trabajadores que hoy se encuentran desempleados ya que solo el 20% tendrá acceso a estos beneficios laborales, debido a los cambios experimentados en las nuevas formas de contratación, que no brindan ya cobertura médica a sus trabajadores, desarticulando una de las principales conquistas históricas del movimiento sindical mundial.
MUNDO
¿Política pública o eslogan de campaña? «El marketing en la transparencia»
Opinión, por Alejandro Verduzco Mendoza //
El 2024 ha sido un año de muchos acontecimientos en nuestro país y a nivel global, pero si hablamos de política y de campañas electorales podemos comentar lo acontecido en el proceso electoral del 2 de junio en México, donde los electores en su mayoría eligieron a la primera presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Consumando un hecho histórico, donde gobernará una mujer la silla de Palacio Nacional, con más de 35 millones de votos, lo cual representa el 59 % de la votación, y que en días pasados ratificó dicho triunfo la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal por el periodo del 2024 al 2030.
En dicho proceso pudimos apreciar que la campaña de Morena estuvo integrada por mensajes estratégicos a través de discursos, eslóganes de campaña, propaganda política, debates, en mítines y medios de comunicación en general, que fueron utilizados y lanzados como petardos a los electores para persuadir y mantener su posicionamiento de marca, como lo consiguió el presidente López Obrador en su campaña y gobierno, para seguir posicionando su ideología política: “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”; “No le vamos a fallar al pueblo de México”; “No más corrupción en la construcción del país”; “Vamos bien, vamos avanzando”; “Por el bien de todos, primero los pobres”; y “Somos el gobierno más transparente de la historia”, entre otros.
Así mismo, en la elección de gobernador en el estado de Jalisco, que se celebró simultáneamente con las elecciones federales, el partido Morena logró posiciones significativas en alcaldías, diputaciones locales y federales, además de dos curules en el Senado por el estado. Sin embargo, el virtual ganador de la gubernatura fue Jesús Pablo Lemus Navarro, candidato del partido Movimiento Ciudadano.
Durante el proceso nos percatamos como los distintos cuartos de guerra de los candidatos (war room o sala situacional) desarrollaban diversas estrategias al calor de la contienda, donde el gobernador vencedor, según el órgano electoral de Jalisco, Pablo Lemus, se describía en campaña como un jalisciense que disfruta su trabajo, con su eslogan “Porque de buenas es mejor”; destacando que así lo hizo en el municipio de Zapopan y en Guadalajara cuando fue presidente municipal, con buenos resultados y buenos gobiernos, comprometiéndose en campaña que en su gobierno van a trabajar de cerquita con la gente, escuchando, resolviendo los problemas sociales, y que, integrará los mejores perfiles para su administración, anteponiendo un gobierno transparente, con rendición de cuentas y con una ética pública.
Durante la campaña en Jalisco y en todas las entidades, la bandera de la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción; pareciera que era un eslogan de campaña, una mención en los mensajes estratégicos de trámite, más que de una verdadera política pública.
Es importante señalar que la elección a gobernador en Jalisco fue impugnada por el partido Morena y su coalición, por supuestas irregularidades en el proceso, y fue el 12 de agosto que el Tribunal Electoral de Jalisco ratificó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Pablo Lemus Navarro, quien obtuvo una votación a favor de un millón 626 mil 789 votos, lo que representa el 44.25 % del total; seguido de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco con un millón 440 mil 024, el 39.17 %. La diferencia entre uno y otro candidato fue de 186 mil 765 votos, lo que representó el 5.08 %. Esta diferencia porcentual fue el argumento por el cual el tribunal determinó la imposibilidad de ordenar la repetición de la elección en Jalisco.
Por otro lado, en un contexto similar, pero en otra región de América Latina, tenemos los recientes acontecimientos relacionados con la elección presidencial en Venezuela. El 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, lo que significaría un tercer mandato, avalado por las autoridades electorales venezolanas.
Por su parte, el líder de la oposición, Edmundo González, y María Corina Machado publicaron en Internet que, según los datos recopilados por el frente opositor, con 24,532 actas computadas (equivalentes al 81.7 % del total), ellos tendrían la victoria con un amplio margen: el 67 % de los votos a favor, frente al 30 % obtenido por Nicolás Maduro. Esta cifra contrastó ampliamente con la información oficial del Consejo Nacional Electoral.
Cabe resaltar que en Venezuela se vivió una jornada electoral marcada por la incertidumbre, la represión y las amenazas, además de una notable falta de transparencia en los cómputos y en los resultados presentados públicamente, tanto por el órgano electoral como por el presidente Maduro. Este proceso, carente de claridad, ha creado un descontento generalizado en el país y ha provocado reacciones a nivel internacional, con pronunciamientos de líderes de otros países y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA).
Asimismo, este año, el 4 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una contienda caracterizada por numerosos incidentes en la carrera hacia la Casa Blanca, como es bien sabido, el presidente Biden inició su campaña como candidato del Partido Demócrata con la firme intención de asegurar un segundo mandato, enfrentándose al candidato republicano, el expresidente Trump.
Sin embargo, todo cambió cuando la campaña de Biden comenzó a enfrentar dificultades. El 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania, el candidato Trump sufrió un atentado, en el que murieron dos personas, incluido el presunto agresor, y varias más resultaron heridas. Este ataque desató el pánico y reavivó los temores de asesinatos y atentados en Estados Unidos.
Por irónico que parezca, la bala que iba dirigida a Trump le pegó a Biden, pues el candidato republicano no solamente salió con vida, sino que además resultó empoderado y mejoró su posicionamiento entre los electores. Este hecho dejó al candidato demócrata navegando a la deriva durante las horas y días siguientes, hasta que, una semana después del incidente en Pensilvania, anunció que se bajaba de la candidatura, y propuso a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora, misma que fue elegida en la Convención Nacional Demócrata para disputar la elección contra Donald Trump; contienda, en la que dicho sea de paso, no está nada decidido.
Los 3 candidatos, Biden, Trump y Kamala, en su momento, han realizado ataques y señalamientos, utilizando como bandera la “transparencia”, dado el impacto global que esta tiene en el discurso actual. Desde luego, los candidatos han hablado de fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En este contexto, considero necesario citar la definición de “política pública” de Luis Aguilar Villanueva, un referente en materia de gobernanza y administración pública, como el: “Proceso que incluye la identificación del problema, la formulación de soluciones, la implementación de estrategias y la evaluación de resultados”. En el entendido de que el concepto de la transparencia más que un eslogan de campaña electoral, debería ser una verdadera política pública.
“Las políticas públicas deben ser comprendidas dentro de un marco amplio que considera la participación de diversos actores, como el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Estos actores interactúan en un espacio de deliberación donde se establecen los objetivos de las políticas, se diseñan estrategias, se discuten posibles soluciones y se toman decisiones que buscan beneficiar a la sociedad en su conjunto”, tal como lo señala el Dr. Guillermo Muñoz Franco en su obra «La Transparencia como una Forma de Vida». Reitero, pues, que el concepto de “transparencia” va más allá del uso mercadológico en las campañas políticas, del discurso de un candidato o de una bandera gubernamental; pienso que este debería convertirse en un hábito esencial, integrando tanto el «ser», en términos de ética y moral, como el «deber ser» en relación con las normas que guían la corrección de nuestras acciones como miembros activos de una sociedad.
En esta publicación me gustaría compartir con ustedes, estimados lectores, que en el año 2015 tuve la oportunidad de colaborar en la política pública de comunicación en materia de transparencia del Gobierno del estado de Jalisco, durante esa administración hubo grandes retos y logros, en ese año la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (C.P.C.E.F.), convocó al Primer Concurso de Ensayo en «Transparencia y Rendición de Cuentas» en México, un concurso a nivel nacional con la finalidad de impulsar y promover la generación de una nueva cultura organizacional en la materia. Para ello, un servidor participó con el ensayo “El marketing en la transparencia y el acceso a la información pública en México”, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional, este abordó la creación de un modelo enfocado en la difusión y promoción de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas, considerando las distintas herramientas promocionales que permite la interdisciplinariedad del marketing, basado en Philip Kotler, mismo que hoy utilizo para escribir este texto.
En mi trayectoria de contribuir a una nueva cultura de transparencia en el ejercicio público, fui testigo del nacimiento de la primera Ley Federal de Transparencia en México, que entró en vigor en 2002. Esta ley dio origen en 2003 al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual se estableció como el órgano garante en la materia en México. Posteriormente, en 2014, este organismo cambió su nombre a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, convirtiéndose en un organismo público autónomo.
Para concluir, me pregunto: ¿estamos ante la posible extinción de la transparencia y su relegación a la historia? ya que como sabemos el pasado 24 de agosto, las Comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron una propuesta de reforma constitucional que amenaza los derechos fundamentales de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esta reforma propone extinguir al INAI y su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que representaría un grave retroceso, eliminando décadas de esfuerzos, participación social, inversión e investigación. Dicho marco constitucional fue producto de la lucha de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales contra la opacidad de las instituciones públicas y la falta de rendición de cuentas que caracterizó a muchos gobiernos en el pasado.
La reforma plantea, entre otras cosas, la desaparición de los 32 institutos de transparencia locales como el ITEI en Jalisco y el INAI a nivel nacional, además extinguir otros 6 organismos autónomos importantes para la democracia y desarrollo de nuestro país como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). ¿Realmente estas decisiones garantizarán el estado de derecho y el bienestar social de los mexicanos?, que el tiempo, los hechos y la historia lo juzguen.
Felices fiestas patronales y que #VivaMéxico…
Por: Mtro. Alejandro Verduzco Mendoza
Mercadólogo y analista político
@averduzcom
MUNDO
Fundamental para el desarrollo de un país: La importancia de un sistema de justicia funcional, honesto, ético y justo
Actualidad, por Alberto Gómez R. //
Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de cualquier país. Este sistema no solo asegura el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos individuales y colectivos, sino que también promueve la estabilidad política, la prosperidad económica, y la cohesión social.
La existencia de un sistema de justicia robusto y confiable es un pilar esencial para la democracia y la gobernabilidad efectiva, ya que fomenta la confianza ciudadana y la participación de la sociedad en los procesos judiciales y políticos. Países como Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos han implementado sistemas judiciales que son ejemplos de cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y justa.
SUIZA: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN LA JUSTICIA
Suiza es conocida por su sistema democrático directo, donde la ciudadanía juega un rol fundamental en la toma de decisiones, incluyendo en la administración de justicia. En Suiza, muchos jueces a nivel cantonal y federal son elegidos mediante el voto popular, lo que garantiza que el sistema judicial esté alineado con los valores y expectativas de la sociedad. Este proceso de elección directa permite a los ciudadanos tener un control más cercano sobre quiénes administran la justicia, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia.
La elección democrática de jueces en Suiza refuerza la independencia judicial al limitar la influencia de los partidos políticos y otros intereses externos en el proceso de selección. Además, la posibilidad de destituir a los jueces a través de referendos garantiza que se mantengan altos estándares de integridad y competencia. Esta participación activa de la ciudadanía fortalece la confianza pública en el sistema judicial y asegura que las decisiones judiciales reflejen las necesidades y valores de la comunidad.
PAÍSES BAJOS: INDEPENDENCIA Y EFICIENCIA JUDICIAL
En Países Bajos, el sistema judicial es reconocido por su independencia y eficiencia. Aunque los jueces no son elegidos directamente por los ciudadanos, el sistema incluye mecanismos que aseguran la participación de la sociedad civil en la supervisión de la justicia. Los jueces neerlandeses son nombrados por el monarca, pero el proceso de selección es altamente meritocrático y supervisado por el Consejo Judicial, que incluye representantes de la sociedad civil.
La transparencia y la profesionalización del sistema judicial neerlandés son claves para su funcionamiento. Los ciudadanos tienen acceso a procedimientos judiciales transparentes y pueden participar en consultas públicas sobre reformas legales y judiciales. Además, existen mecanismos para que los ciudadanos presenten quejas sobre la conducta judicial, lo que asegura que el sistema permanezca receptivo a las preocupaciones públicas. La eficiencia y la previsibilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un lugar atractivo para la inversión extranjera y el comercio internacional.
NORUEGA: TRANSPARENCIA Y JUSTICIA INCLUSIVA
Noruega se destaca por su enfoque en la transparencia y la inclusión en su sistema judicial. Aunque los jueces no son elegidos por voto directo, existen comités de selección que incluyen a miembros de la sociedad civil y que trabajan para asegurar que los candidatos sean seleccionados en base a sus méritos y ética. Este modelo promueve una justicia que no solo es eficiente, sino también profundamente ética y alineada con los valores de equidad y transparencia que definen a la sociedad noruega.
El sistema judicial noruego también enfatiza la rehabilitación y la reintegración social, en lugar de centrarse únicamente en la retribución. Este enfoque reduce las tasas de reincidencia y promueve una sociedad más segura y cohesionada. La participación ciudadana se extiende a través de programas de jurados populares y consultas públicas, lo que asegura que la justicia refleje las aspiraciones y valores de la comunidad. Esta transparencia y el enfoque inclusivo no solo fortalecen la confianza en la justicia, sino que también contribuyen a una distribución más justa de la riqueza, al garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tengan acceso a la justicia.
CANADÁ: PROTECCIÓN DE DERECHOS Y JUSTICIA ACCESIBLE
En Canadá, la justicia es vista como un derecho fundamental y un componente esencial de la democracia. El sistema judicial canadiense es conocido por su enfoque en la protección de los derechos humanos y la accesibilidad de la justicia. Aunque los jueces son nombrados por el gobierno, el proceso de selección incluye consultas públicas y revisiones por parte de comités independientes, lo que asegura que los candidatos sean evaluados por su integridad, competencia y compromiso con los principios de justicia.
La participación ciudadana en Canadá se facilita a través de numerosas organizaciones de la sociedad civil que actúan como vigilantes del sistema judicial y defensores de los derechos. Estas organizaciones trabajan en colaboración con las instituciones judiciales para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. Además, existen programas de asistencia legal y tribunales especializados que abordan cuestiones como los derechos de los indígenas y la justicia juvenil, asegurando que la justicia sea accesible para todos los sectores de la sociedad.
ESTADOS UNIDOS: ELECCIÓN DIRECTA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En Estados Unidos, algunos estados, como California, permiten la elección directa de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales mediante el voto ciudadano. Este modelo promueve una justicia más conectada con la comunidad, al permitir que los ciudadanos elijan a aquellos que administrarán la justicia en sus distritos. Esta participación directa puede fortalecer la rendición de cuentas y hacer que los jueces sean más receptivos a las necesidades y valores de la comunidad.
Sin embargo, este modelo también presenta desafíos, como la influencia del dinero y la política en las elecciones judiciales, lo que puede poner en riesgo la imparcialidad. A pesar de estos retos, la elección directa sigue siendo un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede ser un componente clave para un sistema de justicia democrático.
IMPACTO EN LA ECONOMÍA
La existencia de un sistema de justicia funcional y justo tiene un impacto directo y positivo en la economía de un país. La seguridad jurídica que ofrece un sistema judicial confiable es un pilar para atraer inversiones y fomentar la actividad empresarial. Cuando los inversionistas tienen la certeza de que sus derechos serán protegidos y que las disputas se resolverán de manera imparcial y eficiente, se sienten más dispuestos a invertir y a expandir sus negocios.
Por ejemplo, la previsibilidad y la estabilidad del sistema judicial en Países Bajos han convertido al país en un centro de comercio y finanzas internacionales. De manera similar, la claridad y eficiencia del sistema judicial en Canadá promueven la innovación y el desarrollo económico al proteger los derechos de propiedad intelectual y asegurar un entorno legal favorable para los negocios.
En contraste, países con sistemas judiciales percibidos como corruptos o ineficientes tienden a experimentar una disminución en la inversión y un crecimiento económico más lento. La falta de confianza en la imparcialidad y la transparencia del sistema legal puede llevar a la evasión fiscal, la corrupción y un entorno empresarial menos competitivo.
IMPACTO EN LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA
Un sistema de justicia justo y funcional también tiene un impacto profundo en la cohesión social y la estabilidad política de un país. La justicia que se administra de manera equitativa y accesible promueve la paz social al reducir las desigualdades y al proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los grupos más vulnerables.
En Noruega, por ejemplo, el enfoque en la rehabilitación en lugar de la retribución ha creado un sistema que no solo castiga, sino que también busca reintegrar a los individuos en la sociedad. Esto no solo mejora la seguridad pública, sino que también fomenta una sociedad más inclusiva y menos propensa a la violencia y la criminalidad.
Políticamente, un sistema judicial independiente actúa como un contrapeso esencial a los otros poderes del Estado, protegiendo los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder. En Suiza, la elección democrática de jueces asegura que las decisiones judiciales estén alineadas con la voluntad popular, mientras que en Estados Unidos, la separación de poderes y la supervisión del Senado sobre los nombramientos judiciales garantizan que el poder judicial opere con un alto grado de independencia.
Un sistema de justicia equitativo contribuye a una distribución más justa de la riqueza en un país. La equidad en la administración de justicia asegura que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para acceder a recursos y servicios, lo cual es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades económicas.
En Canadá, la aplicación equitativa de las leyes laborales y los derechos de los trabajadores contribuye a una economía más inclusiva y a una sociedad en la que las oportunidades de éxito están más igualmente distribuidas. Asimismo, en Noruega, la protección robusta de los derechos sociales y laborales, asegurada por un sistema judicial independiente, ayuda a mantener una baja disparidad económica y un alto nivel de bienestar para todos los ciudadanos.
Un sistema de justicia adecuado, funcional, honesto, ético y justo es fundamental para el desarrollo integral de un país. Los ejemplos de Suiza, Países Bajos, Noruega, Canadá y Estados Unidos muestran cómo la participación ciudadana y la independencia judicial pueden crear sistemas judiciales que no solo administran justicia, sino que también reflejan los valores y necesidades de la sociedad. La justicia accesible y equitativa fortalece la economía, mejora la cohesión social, promueve la estabilidad política y contribuye a una distribución más justa de la riqueza, cimentando así un desarrollo integral y sostenible para todos los ciudadanos.
MUNDO
Primer debate de elecciones en EEUU el 10 de septiembre: Viene recta final con acusaciones de guerra sucia contra demócratas
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
De Trump ya hemos oído de todo. Desde sus excesos en vocabulario hasta sus asuntos íntimos. Como lo hemos dicho antes, cuando Biden estaba en campaña la elección era prácticamente de Donald para perderla, pero el cambio de candidato dio un vuelco inesperado a la campaña de EUA y posiblemente al resultado de la elección.
Pero de Kamala Harris hemos escuchado poco en comparación con lo que normalmente sabríamos de otros candidatos a estas alturas de la campaña. Algunos sabemos que fue abogada general del Estado de California y de ahí subió a ser senadora por ese estado desde donde se lanzó como precandidata a presidenta de EUA en el 2019 y perdió contra Joe Biden quien la invitó como su compañera de fórmula para la elección del 2020.
Los estrategas de la vicepresidenta argumentan que su campaña ha traído “alegría” a su partido y que es la evolución de la “esperanza” que trajo la campaña de Obama hace 17 años. Comentan que lo corto de la campaña debe ser utilizado para tratar de llegar directamente a los ciudadanos sin la necesidad de dar largas o constantes entrevistas en TV o en redes, sino llevar la campaña a eventos multitudinarios tipo Trump.
Dicha sea la verdad, Biden iba en picada y seguramente habría perdido contra Trump y arrastrado consigo a los candidatos a Senadores y a Congresistas de muchos estados de su partido en la Unión Americana. Desde que Kamala fue designada como candidata las encuestas muestran que está o empatada o por arriba de Trump en la mayoría de los estados que se consideran indecisos, es decir los que no están históricamente cargados a un partido o a otro de los dos partidos mayores en ese país.
Como comentario recordemos que en ese país hay de facto un bipartidismo entre los Republicanos, fundados por Abraham Lincoln, y los Demócratas fundados años después de la independencia de EUA. Pero hay también la figura de candidatos independientes y dos partidos pequeños que han tratado de sobresalir, pero nunca lo han logrado. Dichos partidos son el Partido Verde y el Partido Libertario.
Como lo hemos indicado, las encuestas están muy apretadas y con una ligera ventaja para Kamala Harris. Su campaña la ha mantenido lejos de los escándalos o de las controversias, lo que evita que le puedan pegar por declaraciones reales o mal interpretadas. Recordemos que normalmente los candidatos pasan un año o más en el escrutinio público intenso en sus procesos partidistas internos y después en la campaña general por lo que al haberla nombrado recientemente no ha habido ese periodo de crítica y análisis típico.
Pero esto también ha sido causa de ataques ya que muchos ciudadanos y claro la oposición critican que se esté tratando de elegir con base en la apariencia y no en la sustancia. De todos modos, su estrategia está dando resultado. A casi dos meses solo ha dado una entrevista en la que ratificó que sus valores no han cambiado desde que fue candidata en el 2019 pero que había propuestas que en ese entonces hizo que ya no apoya. Pero el principal argumento de su partido y de ella es que no son Donald Trump a quien señalan como un peligro para la democracia.
Así mismo, debe ser cuidadosa de no ser demasiado lejana a Biden, pero nunca demasiado cercana ya que la mayoría de los norteamericanos están descontentos con el rumbo del país. La vicepresidenta Harris ha propuesto dar dinero gratuito a los jóvenes para adquirir su primera casa y perdonar deudas médicas y de escuela a millones de personas.
Otra propuesta fue la de control de precios y la de endurecer la política migratoria, lo que causó algunas burlas por parte del equipo de Trump quien ha usado dicho tema como bandera por años, finalmente también ha propuesto eliminar los impuestos en propinas lo que también fue propuesto antes por Trump. Cosa curiosa es que las últimas cosas las puede hacer hoy como vicepresidenta.
Llevamos años diciendo que EUA está dividido y una muestra evidente y hasta cierto punto ridícula es que la famosa cantante Taylor Swift, quien ha manifestado su apoyo a Kamala Harris, es novia de uno de los jugadores más famosos de futbol americano y durante el Superbowl del 2024 se sentó en un palco junto a la esposa del más famoso jugador y mariscal de campo Mahomes, quien en fecha reciente ha manifestado su apoyo a Trump, lo que al parecer ocasionó que la cantante pidiera que se le siente en palcos separados para no estar en fotos junto a una mujer que no apoya a Kamala.
El debate entre Trump y Kamala será el 10 de septiembre, por la cadena ABC y seguramente será la única oportunidad en la que los veremos juntos. Se dice que Trump se ha preparado para el evento con el apoyo de la ex precandidata a presidente de EUA por el partido demócrata Tulsi Gabber quien ha acusado a su ex partido de ser un partido ahora dirigido por intereses de grandes capitales por la guerra. Por su lado, Kamala recibió el apoyo del ex vicepresidente de EUA, Dick Cheney, artífice de la guerra de Irak, quien a pesar de ser militante del Partido Republicano, ha dicho que Trump no debe ser presidente.
Los empresarios están divididos, unos pro-Trump, otros líderes de empresas pro-Kamala. Podemos ver que el excandidato Kennedy se sumó a Trump acusando a los demócratas de usar al departamento de Justicia para sabotear su campaña. Es interesante que Jill Stein, quien es candidata del Partido Verde a la presidencia de EUA esté acusando a los demócratas de utilizar el poder del Estado para evitar que otros candidatos puedan contender por la presidencia.
Tanto Jill como Kennedy, sin contar a Trump, aseguran que el Partido Demócrata ya no es lo que era y que en la actualidad ha utilizado a medios de comunicación afines y al sistema judicial para atacar a oponentes. Jill ha dicho que el partido que dice proteger a la democracia no quiere que haya otros candidatos.
Kamala ha conseguido el apoyo de la mayoría de los grandes sindicatos quienes tradicionalmente son pro-demócratas, pero parece ser que hay varios de esos mismos sindicatos que admiten que muchos de sus integrantes ya no creen en ese partido y buscaba votar por otras opciones como Trump o Kennedy.
Finalmente debemos recordar que la economía de EUA ha sufrido mucho del 2021 a la fecha. Esto lo admite la propia candidata Harris y por eso debe asegurar que la elección no sea un referéndum en la administración de Biden-Harris sino en la mala imagen de Trump. A pesar de que las elecciones son oficialmente el 5 de noviembre, muchos estados ya han iniciado con la recepción de votos anticipados vía correo. Es decir, que muchos ya habrán votado antes del debate.
Trump ha estado tratando de enfocar su ataque vs Kamala, pero no ha sido exitoso a pesar de eso Kamala no ha logrado ser contundente en la razón práctica del por qué ella debe ser promovida a presidenta en un momento en el que la situación mundial es cada vez más tensa y la de su país parece pedir cambio de rumbo.
Yo creo que Kamala Harris puede ser mejor que Biden, pero no ha demostrado por qué debe ganar, sin embargo, Trump por sus errores constantes hoy tampoco merece ganar. Gane quien gane nosotros perdemos dicen los ciudadanos independientes cansados de los insultos de ambos lados ¿Quién será el que gane la batalla del acarreo de votos?
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