NACIONALES
El debate sobre la prisión preventiva oficiosa: ¿Y las víctimas de esos delitos?
Opinión, por Cayetano Frías Frías //
¿Se imagina usted a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además ha ocupado el cargo de presidente de ese poder, afirmando que la evasión fiscal de 2 billones de pesos registrada entre 2014 y 2019 no tiene nada que ver con la seguridad nacional?
¿Se imagina a ese mismo ministro en su cargo de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, convalidando la manipulación y desaparición de evidencias sobre la matanza de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de un centenar de personas más relacionados con el caso, dispersando el proceso en siete juzgados de diferentes entidades del país y divididos en juicios orales y tradicionales?
¿Se imagina al mismo personaje promoviendo la invalidez en la Ley de Seguridad Nacional de los artículos que castigan como delito grave el robo que las aproximadamente siete mil factureras cometen en agravio del Sistema de Administración Tributaria y de 130 millones de mexicanos?
Y actualmente, ¿lo imagina pugnando junto con el grupo conservador de ministros en la SCJN, soñando con invalidar el segundo párrafo de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, por considerarlo inconstitucional (sic), desapareciendo la figura de prisión preventiva para secuestradores, terrorismo, desaparición forzada, genocidas, feminicidas, violadores y de manera muy especial para delincuentes factureros, entre otros beneficiados?
Ese ministro, Luis María Aguilar, en el proyecto de sentencia -sobre el que tanto han escrito y opinado hasta los más ingenuos neófitos-, por encima de los derechos humanos, privilegia en su argumentación a lo largo de 43 páginas y 145 puntos, sobre la inconstitucionalidad de los delitos fiscales encuadrados como delincuencia organizada, como si nunca hubiera escuchado la historia de Al Capone.
Y dejando atrás su pasado como aval en los crímenes de Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy se erige en el juez más demandante en defensa de los derechos humanos, aunque entra en abierta contradicción, primero por proponer la desaparición de la prisión preventiva oficiosa de las leyes, y luego para afirmar que no es posible hacerlo.
“286. No hay ningún argumento a favor de la existencia de esta figura, que no se encuentre ligado al uso arbitrario del poder punitivo, argumentar en favor de su vigencia sólo puede hacerse a la sombra de los derechos humanos y de forma ajena a la realidad imperante en este país.
“287. Sin embargo, eso no es posible hacerlo con el marco jurisprudencial que actualmente está en vigor con relación al sistema de fuentes y jerarquía de los derechos humanos y el control de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales”, precisa.
¿Entonces cuál es el fin último de la sentencia? Si el ministro Aguilar no tiene la capacidad de ordenar sus pensamientos, para plantear suprimir la prisión preventiva oficiosa en lo general, no es posible tomarlo en serio en un tema cuya conclusión pretende cambiar radicalmente la operación del sistema penal en todo el país.
Aún más, el presidente Arturo Zaldívar, en la sesión del 25 de octubre de 2021, les advirtió a todos los ministros sobre el riesgo de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ya que se haría extensiva a todos los artículos que hacen referencia en la Constitución y en las leyes secundarias. En esa sesión, Luis María Aguilar fue el ministro que con más insistencia atacó el proyecto de sentencia, a través del cual se proponía confirmar que los factureros siguieran siendo considerados como actividad del crimen organizado y al final fue desechado por mayoría calificada.
Tal pareciera, por su insistencia en combatir la clasificación de los factureros como parte de la delincuencia organizada, que su interés prioritario es ese y no las violaciones en general a los derechos humanos. Tal es su enajenación, que en las 191 páginas de la sentencia nunca alude a los derechos de las víctimas de los delitos, y solo en una línea hace una referencia a la flagrancia y a la detención urgente.
Con expresiones inusuales en una sentencia de la SCJN, Aguilar se atreve a calificar de omiso e ineficiente al gobierno federal en su trabajo para combatir a la delincuencia, en tanto a los senadores y diputados, llega al atrevimiento de advertirles que en su tarea “tienen límites objetivos desde el punto de vista constitucional y de su propia razonabilidad”.
“Si bien es cierto que el diseño constitucional del régimen de delincuencia organizada —según fue descrito— asigna al legislador federal la atribución de definir el catálogo de delitos que se integran como la finalidad o el resultado del acuerdo u organización, esto no significa que tal órgano posea una facultad absoluta”, les acota en el contexto de sus descalificaciones por incluir a los factureros como parte de la delincuencia organizada.
Y así, plantado en su papel de máximo representante del órgano de control constitucional, el ministro Luis María Aguilar somete a consideración del pleno de la SCJN, un documento donde la principal contradicción es ordenar la invalidez de la prisión preventiva en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero en la Constitución la deja vigente.
Y aunque al tratar de restar importancia al impacto que causan los delincuentes con sus empresas factureras, el ministro Aguilar asegura que no existen datos para determinar el monto de la evasión fiscal y lavado de dinero, en otra parte del documento, él mismo cita que “de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2014 a la fecha, se han generado comprobantes fiscales apócrifos con un valor aproximado de 2 billones de pesos, y es que la factura electrónica o CFDI se ha ocupado por la delincuencia organizada como un comprobante que les ampara servicios o productos irregulares o inexistentes, pero que les generan ingresos”.
Para dimensionar el tamaño del robo al erario que significan esos 2 billones de pesos, equivaldrían al presupuesto actual del gobierno de Jalisco para cerca de 20 años. Y esa cantidad, sustraída de lo que debiera cotizar para el pago de impuestos, no tiene nada que ver con delincuencia organizada, según el ministro Aguilar.
Es evidente que este ministro tiene intereses más allá de los que le obliga la Constitución y las leyes secundarias, cuando tras analizar la citada sentencia, se deduce que lo único consistente es sacar de la esfera de la delincuencia organizada a las empresas factureras, y hasta se atreve a sugerir otros tipos delictivos para que los retomen los legisladores.
EFECTOS DE ESTA SENTENCIA
En la decisión, la propuesta es declarar la invalidez de los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, así como el Artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en sus párrafos y fracciones que contemplan la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.
Y por extensión, la sentencia contempla invalidar todos los párrafos y porciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, es decir, terroristas, genocidas, homicidas, feminicidas, huachicoleros, traidores a la patria, factureros y otros muchos presuntos delincuentes, enfrentarán sus juicios en libertad.
El ministro endosa la responsabilidad a los legisladores de crear y aprobar métodos alternativos para enfrentar a la delincuencia organizada. En una decisión absurda, propone que de ser aprobada esta sentencia en la SCJN, sus efectos entrarán en vigor en cuanto se notifique de ella al Congreso de la Unión.
En el texto de la sentencia, nada observa o propone sobre el impacto que tendrá la supresión de la prisión preventiva oficiosa a nivel operativo en los tres niveles de gobierno, ni alude al conjunto de leyes relacionadas con la misma, como las modificaciones que serán necesarias en las:
-Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
-Ley General de Población,
-Código Fiscal de la Federación
-Ley de la Propiedad Industrial,
-Ley de Instituciones de Crédito
-Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
-Ley Federal de Instituciones de Fianzas
-Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
-Ley del Mercado de Valores
-Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
-Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos
-Ley General de Salud
-Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
-Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.
Aparte el marco jurídico de las más de dos mil corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, las policías estatales, las fiscalías y los centros penitenciarios.
CONCLUSIONES
No es creíble que en la SCJN los ministros sean honestos en su postura de defender los postulados de la Constitución, cuando ellos día a día la violan al percibir como salario cifras millonarias que están prohibidas en la Carta Magna.
Tampoco se les puede creer que sean acérrimos defensores de los derechos humanos, cuando tienen al Consejo de la Judicatura en el que se tiran cientos de miles de millones de pesos sin resultados en contra de la corrupción. El peor ejemplo es el convalidar los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa, al solapar a jueces corruptos que han saboteado los procesos.
Es cierto que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos, pero los mismos ministros han postulado en la justificación de algunas de sus sentencias, que tienen que optar por un mal menor, por lograr un bien mayor.
Si tanto interés tienen en sugerir reformas a los legisladores, pueden empezar por incluir en sus discursos a las víctimas, que son la parte más vulnerable en los procesos penales, no solo votar para dar ventaja y libertad a los criminales. Serviría, por ejemplo, que la prescripción de un delito, corriera a partir del inicio del proceso contra un presunto culpable y no desde su comisión.
También sería benéfico, sobre todo para la salud de la SCJN, que el ministro Luis María Aguilar aclarara el porqué considera que una evasión con facturas falsas superior a los 8 millones de pesos le parece poca cosa, Además de tomar clases de ubicación temporal, para que su mente no transite en “un periodo que va de dos mil dieciocho a dos mil dieciséis”.
Y entre los comentócratas se puso de moda el tema de este proyecto de sentencia, quienes en su inmensa mayoría, con la honrosa excepción de un académico de la UNAM, repiten el discurso del ministro Aguilar. Pero igual que él, nunca aluden a las víctimas, ni a la resaca nacional que dejará la decisión si logra una mayoría calificada.
– Por Mario Ávila
El gobierno federal dispone de una bolsa de 19 mil millones de pesos, para atender a los damnificados de cinco entidades afectadas por las lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.
De ello dio cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la conferencia matutina, en donde dio el dato de 64 personas fallecidas y 65 no localizadas, hasta esta mañana.
En una pre estimación, a petición de los reporteros de la fuente, Sheinbaum Pardo habló de 100 mil damnificados, aunque aclaró que el dato con mayor precisión se conocerá una vez que se efectúen los censos en las cinco entidades afectadas.
De los 19 mil millones de la partida para atender estas contingencias, explicó que en el año se han utilizado ya alrededor de 3 mil millones de pesos en las eventualidades que se han registrado a lo largo del año, especialmente en Guerrero y Oaxaca, por el paso del huracán «Erick».
«Hay suficientes recursos, en eso no se va a escatimar», dijo la presidenta tras agradecer a los empresarios de la construcción que han puesto a disposición su maquinaria para abrir los caminos afectados.
Mientras que a las asociaciones o instituciones que busquen apoyar con algunas donaciones, recomendó acercarse a cada uno de los estados, para coordinarse por esa vía con el Ejército.
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
MUNDO
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez
– Por Raúl Cantú
Oaxaca, Oaxaca. Octubre 12. En el marco del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras, Alma Chávez Guth, presidenta de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) y de Víctimas de Violencia Vial AC, lanzó un emotivo llamado a la acción contra lo que describió como una «pandemia» silenciosa que azota a miles de familias en México y la región.
Fundadora de varias organizaciones clave en movilidad segura, Chávez Guth enfatizó el costo humano de los siniestros viales, recordando que detrás de las cifras hay vidas irreparables y un dolor que une a víctimas de todo el continente.
Alma Chávez Guth, quien asumió la presidencia de FICVI en mayo de 2023, es una figura central en el activismo vial mexicano. Miembro fundador de los Observatorios Ciudadanos de Movilidad y Transporte de Jalisco, presidenta de Reacción por la Vida y parte de la Coalición Movilidad Segura –que impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial–, ha dedicado su labor a visibilizar a las víctimas.
«La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren cada año miles de familias en nuestro país y en este estado. Es una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo de las instituciones», afirmó ante autoridades, especialistas y familias afectadas reunidas en Oaxaca.
Fundada en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, FICVI agrupa a organizaciones de toda Iberoamérica unidas por el dolor compartido. Chávez Guth destacó la presencia virtual y presencial de aliados como PIDO Urgente (Brasil), Fundación de Miles (Chile), A Convivir (Costa Rica), ESTOS Accidentes (España), Pacífico Guatemala, Fundación Mónica Nicola y Reconocer (Panamá), RED de Unión (Uruguay), Mano Vive (Perú), Gabi Bici Blanca (Oaxaca), Víctimas de Violencia Vial (Jalisco), y nuevas incorporaciones como Gabi (Paraguay), Ángel Río (Colombia), Karina Winfield y Alejandro (Argentina), entre otros.
«En distancia estamos unidos, pero estos eventos son importantísimos», expresó, rindiendo homenaje a Jean Picard, fundadora española que, tras perder a su hijo Santiago, «quiso abrazarnos hace 15 años y formarnos esa guía de esperanza: si bien nuestros seres queridos no regresan, sí podemos evitar el sufrimiento en otras familias».
El impacto de los siniestros viales es devastador, según datos citados por la presidenta: más de 110,000 muertes anuales en América Latina y el Caribe, cinco millones de lesionados –muchos con discapacidades permanentes–, primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y segunda en jóvenes adultos. En México, representa el 2.6% del PIB.
«Cada número en la estadística representa una vida, una historia, un ser humano querido. Detrás de la cifra están las personas, nuestra memoria. Las familias quedan rotas y con los brazos vacíos; no podemos abrazar más a nuestros hijos, padres o hermanos», lamentó, reconociendo la labor de colaboradores como Héctor de Agostina (consultor y padre víctima) y su equipo técnico.
«En medio de la adversidad hay una fuerza inquebrantable que nos impulsa a buscar soluciones y luchar por un cambio real», concluyó Chávez Guth, invitando a convivir en el dolor y el amor colectivo. «Nadie sufre en paz lo que hemos vivido.
Los abrazamos desde el FICVI del corazón». Su mensaje resuena como un urgente recordatorio para instituciones y gobiernos: la movilidad segura no es opcional, sino un derecho humano que exige solidaridad inmediata para prevenir más tragedias.
En el mismo evento, Esther Soto, vicepresidenta de FICVI y coordinadora del Colectivo Gabi Bici Blanca –víctima directa tras perder a su hermana Gabriela en 2020–, agradeció el apoyo de Fundación Mapfre, Semovi Oaxaca y la Fiscalía local, enfatizando la invisibilización histórica de las víctimas y el compromiso cívico para redesignar ciudades más humanas.
El foro, organizado por Gabi Bici Blanca, busca propuestas concretas hacia una «Visión Cero» en muertes viales, alineada con agendas globales de sostenibilidad.
PATRICIA MERCADO
En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, recordó que en los últimos siete años le ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil por la movilidad segura, y como parte de ellas, con víctimas de siniestros viales.
“Con un modelo de diálogo permanente con autoridades, grupos parlamentarios, organismos expertos, logramos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahora ese modelo ayuda a ir por nuevos objetivos, como quedó claro en el 8vo Foro iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial, realizado en Oaxaca”, publicó Patricia Mercado en sus redes.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
En la apertura del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial hacia Ciudades mas Seguras y Humanas organizado por el colectivo Gabi Bici Blanca, miembro de la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, se abrió el foro internacional con un llamado a reflexionar sobre seguridad vial, movilidad sostenible y justicia para víctimas de siniestros.
Autoridades, especialistas y familias se reunieron para proponer acciones que salven vidas y humanicen las calles.
EL COMPROMISO DE FUNDACIÓN MAPFRE EN MÉXICO
La moderadora presentó a Mónica Aguirre, representante de Fundación Mapfre en México –licenciada en administración de empresas, con 13 años en la institución y experta en iniciativas sociales– quien enfatizó el compromiso compartido.
En su mensaje destacado, Mónica Aguirre expresó: «Es un honor representar a Fundación Mapfre, donde compartimos el objetivo de una movilidad más segura, justa y sostenible. Hemos trabajado con firme compromiso social para prevenir siniestros viales mediante programas educativos, campañas de concienciación y herramientas innovadoras”.
“Nuestro labor se centra en formación, comunicación, cooperación e innovación. Creemos que la educación vial debe iniciar en la infancia con propuestas didácticas sencillas que simulen situaciones reales, formando ciudadanos seguros y responsables desde temprana edad. Gracias por incluirnos en este foro.»
LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD EN OAXACA
Jesenia Nolasco Ramírez, titular de Semovi Oaxaca, saludó en el foro a aliados como Patricia Mercado y Fundación Gabi Bici Blanca, agradeciendo la invitación y reconociendo el espacio para reflexionar sobre movilidad sustentable y ciudades seguras.
Desde el gobierno de Salomón Jara Cruz, enfatizó la movilidad multimodal como sistema integrador (peatonal, ciclista, público y motorizado) seguro y accesible. En Oaxaca, impulsan el Sistema Integrado de Transporte BinniBus (7 rutas operativas de 35, beneficiando 24,000 usuarios, culminando en enero); Senderos de Paz (manual para 570 municipios); Oaxaca Camina (calles peatonales en centro histórico); y Calles para la Paz, fomentando vialidades humanas.
«Que este encuentro promueva diálogo iberoamericano y provecho para todos; disfruten Oaxaca», puntualizó.
MENSAJE DE ESTHER SOTO: “LA VIOLENCIA VIAL ES EVITABLE, NO ES UN ACCIDENTE”
Esther Soto, creadora del Colectivo Gabi Bici Blanca, presentó un mensaje muy emotivo al iniciar los trabajos del Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial Hacia Ciudades más Seguras.
“En la Federación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial y en Gabi Bici Blanca, trabajamos desde la experiencia más dura: la pérdida. Yo estoy segura que cada persona que hoy nos acompaña de alguna manera ha conocido de cerca el dolor de ver una vida apagada en segundos, y sé también de la lucha diaria para que esa historia no se repita.
Hoy estamos aquí porque compartimos una certeza: la violencia vial es evitable. No es un “accidente”, no es una casualidad. Es el resultado de decisiones —o de la falta de ellas— que se toman cada día en nuestros gobiernos, en nuestros congresos, en las oficinas donde se diseñan las calles… y también en nuestras manos, como sociedad.
Este foro nace inspirado en la 8ª Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que este año se celebró del 12 al 18 de mayo de 2025 bajo el lema «#CaminaSeguramente #CiclismoSeguro», centrándose en la creación de calles seguras para peatones y ciclistas.
Hoy damos continuidad a esa semana, no solo con un nombre, sino con un compromiso: que nuestras calles sean más seguras, más justas y más humanas.
Y antes de comenzar con la jornada de trabajo, quiero que nos detengamos un momento para recordar por qué estamos aquí: Estamos aquí por cada hijo, hija, hermana, madre, padre, amigo o amiga que salió de su casa y nunca regresó a causa de la violencia vial. Sus vidas importaron, y siguen importando. Su alegría, sus sueños, sus luchas, hoy son también nuestras.
Y porque la memoria no debe ser silencio, sino fuerza y energía, les invito a que honremos a todas las víctimas con lo que ellas mismas nos dieron en vida: alegría, amor y esperanza.
Les pido ponernos de pie y regalarles un fuerte aplauso, para que el eco de sus nombres siga vivo en este foro, y para que nunca olvidemos que su ausencia es nuestro mayor motivo de acción.
(— Minuto de aplausos —)
Gracias.
Comencemos la jornada de trabajo que nos convoca a todas y todos: víctimas, familiares, activistas, académicos, autoridades y ciudadanía. Aquí no hay jerarquías más importantes que la vida misma. Aquí, lo que nos une es una sola convicción: ninguna muerte vial es aceptable, ninguna familia debería pasar por este dolor. Por eso este foro es un llamado urgente a la acción. Queremos calles que no sean trampas mortales, queremos gobiernos que pongan la vida en el centro de cada decisión, queremos una sociedad que entienda que la movilidad no es un privilegio, sino un derecho humano.
Con esa fuerza, con esa esperanza y con esa memoria que se hace acción, queda inaugurado el 8º Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal y Justicia Vial.
NACIONALES
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto
– Por Raúl Cantú
Ciudad de México- La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para vehículos y la suspensión de licencias por conducir bajo los efectos del alcohol son medidas constitucionales, resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al fallar sobre la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Este fallo histórico fortalece los derechos de las víctimas de siniestros viales y marca un precedente para la seguridad vial en México.
La ministra Loretta Ortiz destacó durante la discusión que el seguro obligatorio, aunque no está directamente vinculado a la seguridad vial en un sentido estricto, garantiza la reparación del daño a quienes sufren accidentes de tránsito. “El seguro de responsabilidad civil asegura que las víctimas tengan acceso a una compensación justa por daños, lesiones o pérdidas, protegiendo sus derechos fundamentales”, afirmó Ortiz.
Este mecanismo, respaldado por el legislador local, reconoce a las víctimas como sujetos de derechos, no como daños colaterales.
El proyecto de sentencia, presentado por la ministra Lenia Batres y aprobado por mayoría, validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla. Entre ellas, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y la suspensión de la licencia de conducir hasta por un año para quienes manejen en estado de ebriedad.
La resolución, discutida en presencia de familiares de víctimas y organizaciones de la Coalición Movilidad Segura, da luz verde a las entidades federativas para implementar estas medidas a nivel local, consolidando un marco de protección para conductores y víctimas.
UN RESPALDO A LA JUSTICIA SOCIAL
La Coalición Movilidad Segura, integrada por organizaciones de la sociedad civil, celebró la decisión de la SCJN. En noviembre de 2024, esta coalición presentó un amicus curiae ante la Corte, aportando argumentos jurídicos y técnicos que sustentaron la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
“Este fallo es un paso crucial para garantizar el derecho a la movilidad segura y para visibilizar a las víctimas de siniestros viales, que durante años han sido ignoradas”, señaló Alejandra Leal, codirectora de Céntrico e integrante de la coalición.
El impacto de esta resolución trasciende Puebla. Ramón Vara Pizzini, padre de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un atropellamiento en 2018, expresó: “Este es un precedente positivo para el país. La lucha que comenzó en Puebla fortalecerá los derechos de todas las personas afectadas por siniestros viales”.
Su testimonio refleja el dolor de miles de familias que han perdido seres queridos o enfrentado las consecuencias de accidentes sin justicia ni reparación.
Elsa Guzmán, madre de Jacinto León, víctima mortal de un siniestro en Mérida, subrayó la importancia del seguro obligatorio: “Combate prácticas como la fuga de los responsables o la falta de aseguramiento, que dejan a las familias desprotegidas”.
En México, el bajo nivel de aseguramiento vehicular agrava la situación de las víctimas, quienes a menudo enfrentan gastos médicos, rehabilitación o pérdidas económicas sin apoyo.
UN CAMBIO DE PARADIGMA
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), base de estas disposiciones, representa un avance en justicia social al reconocer a las víctimas de siniestros como sujetos de derechos. “Ya no son un daño colateral, sino personas con derecho a una reparación integral”, afirmó Alejandra Leal.
El seguro obligatorio asegura una fuente confiable para cubrir gastos médicos, rehabilitación, daño moral e indemnizaciones, reduciendo la incertidumbre para las víctimas.
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, explicó: “El seguro de responsabilidad civil hace operable el estándar de justa reparación. Garantiza recursos oportunos para las víctimas y evita que queden desamparadas”.
Esta medida, combinada con la suspensión de licencias por conducir en estado de ebriedad, refuerza la prevención y la responsabilidad en las carreteras.
HACIA UN FUTURO MÁS SEGURO
La resolución de la SCJN no solo valida la constitucionalidad de estas medidas, sino que envía un mensaje claro: la seguridad vial y la protección de las víctimas son prioridades. Al permitir que las entidades federativas adopten el seguro obligatorio, se sientan las bases para un sistema más equitativo y humano.
Organizaciones como la Coalición Movilidad Segura instan a los gobiernos locales a implementar estas disposiciones con celeridad, asegurando que los derechos de las víctimas sean efectivos.
Este fallo histórico es un reconocimiento al esfuerzo de familias, activistas y organizaciones que han luchado por visibilizar el impacto de los siniestros viales.
Como expresó Vara Pizzini, “es un paso hacia un México donde la movilidad sea segura y las víctimas no queden en el olvido”.
La obligatoriedad del seguro y las sanciones a conductores irresponsables son herramientas clave para construir ese futuro.
MENSAJE DE LA RED REACCIONA POR LA VIDA: “HAY BUENAS NOTICIAS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”
La Suprema Corte resolvió a favor del proyecto de sentencia que valida los artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla sobre el seguro de responsabilidad civil obligatorio y la suspensión por un año de la licencia a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
Por primera vez, en la SCJN se habló de seguridad vial y de víctimas desde la perspectiva por la que hemos trabajado: derechos de las víctimas, derecho a la movilidad, justicia y prevención de siniestros.
Gracias al invaluable e incansable el trabajo de las familias de víctimas de siniestros de tránsito.
A Ramón Vara y Luz del Carmen Zenteno (Manu Vive AC), quienes dieron seguimiento puntual al tema, a Elsa Guzmán (Familiares y Amigos de Jacinto León), Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E. Jamás Apoyaré ir Manejando Ebrio), Esther Soto (Colectivo Gabi Bici Blanca) y Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial/Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial) por todos estos años de colaboración, por trabajar y darle voz a esta causa.
A las organizaciones sociales y personas que se sumaron también al amicus curiae: Andrea Ortiz de Manu Vive, Stephan Brodziak, Blanca Rodríguez, Norberto Sánchez. A Lizeth Mejorada de Manu Vive por el enlace con el equipo del ministro Arístides. A Ana Paula Muñoz y Olalla Ávila por el apoyo.
Gracias a GHAI y GRSP por su confianza y apoyo constante. Gracias a Patricia Sosa, Jake Palley, Valentina Ochoa, por creer e impulsar desde el inicio esta agenda de litigio estratégico. Gracias a Gianella Severini, Kate Konopka, Aura Guerrero, Corina Álvarez de GHAI por fortalecer la estrategia. A Álvaro Guzmán por el impulso constante.
Gracias a la Coalición Movilidad Segura, por seguir, difundir y llevar este mensaje a todo el país.
Gracias por la confianza que tuvieron en Céntrico para implementar esta estrategia
A Paola Lara, por diseñar y liderar la estrategia jurídica, siempre poniendo los derechos de las víctimas al centro, y coordinarla con el despacho Enosi, con quien elaboramos el amicus curiae.
A Alejandra Leal por coordinar la implementación de la estrategia.
A Armando Pliego, por dar seguimiento puntual y la coordinación con organizaciones de víctimas y la vinculación con la CDH Puebla.
A Xavier Treviño por elaborar el mejor sustento técnico para fundamentar los argumentos.
A Cecilia Yáñez, por su asesoría jurídica en esta etapa de discusión en el pleno.
A Agustín Martínez por su creatividad y corazón en los materiales de comunicación, a Areli por su apoyo en la difusión, y a Jorge Matalí por el desarrollo de mensajes. Junto con este equipo lanzamos la campaña #MovilidadSeguraEsMiDerecho
A Jenny Zapata por su edición y distribución de los boletines de prensa.
Este resultado muestre la fuerza de una estrategia colectiva que combina litigio, comunicación y trabajo con organizaciones, y también reafirma nuestro compromiso por seguir empujando la agenda y explorando oportunidades como el litigio estratégico para seguir avanzando en el objetivo de la garantía del derecho a la movilidad y protección de derechos de víctimas.
Llega a 64 el número de fallecidos y 65 no localizadas, a causa de las lluvias
Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad
