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NACIONALES

El debate sobre la prisión preventiva oficiosa: ¿Y las víctimas de esos delitos?

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Opinión, por Cayetano Frías Frías //

¿Se imagina usted a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además ha ocupado el cargo de presidente de ese poder, afirmando que la evasión fiscal de 2 billones de pesos registrada entre 2014 y 2019 no tiene nada que ver con la seguridad nacional?

¿Se imagina a ese mismo ministro en su cargo de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, convalidando la manipulación y desaparición de evidencias sobre la matanza de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de un centenar de personas más relacionados con el caso, dispersando el proceso en siete juzgados de diferentes entidades del país y divididos en juicios orales y tradicionales?

¿Se imagina al mismo personaje promoviendo la invalidez en la Ley de Seguridad Nacional de los artículos que castigan como delito grave el robo que las aproximadamente siete mil factureras cometen en agravio del Sistema de Administración Tributaria y de 130 millones de mexicanos?

Y actualmente, ¿lo imagina pugnando junto con el grupo conservador de ministros en la SCJN, soñando con invalidar el segundo párrafo de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, por considerarlo inconstitucional (sic), desapareciendo la figura de prisión preventiva para secuestradores, terrorismo, desaparición forzada, genocidas, feminicidas, violadores y de manera muy especial para delincuentes factureros, entre otros beneficiados?

Ese ministro, Luis María Aguilar, en el proyecto de sentencia -sobre el que tanto han escrito y opinado hasta los más ingenuos neófitos-, por encima de los derechos humanos, privilegia en su argumentación a lo largo de 43 páginas y 145 puntos, sobre la inconstitucionalidad de los delitos fiscales encuadrados como delincuencia organizada, como si nunca hubiera escuchado la historia de Al Capone.

Y dejando atrás su pasado como aval en los crímenes de Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy se erige en el juez más demandante en defensa de los derechos humanos, aunque entra en abierta contradicción, primero por proponer la desaparición de la prisión preventiva oficiosa de las leyes, y luego para afirmar que no es posible hacerlo.

“286. No hay ningún argumento a favor de la existencia de esta figura, que no se encuentre ligado al uso arbitrario del poder punitivo, argumentar en favor de su vigencia sólo puede hacerse a la sombra de los derechos humanos y de forma ajena a la realidad imperante en este país.

“287. Sin embargo, eso no es posible hacerlo con el marco jurisprudencial que actualmente está en vigor con relación al sistema de fuentes y jerarquía de los derechos humanos y el control de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales”, precisa.

¿Entonces cuál es el fin último de la sentencia? Si el ministro Aguilar no tiene la capacidad de ordenar sus pensamientos, para plantear suprimir la prisión preventiva oficiosa en lo general, no es posible tomarlo en serio en un tema cuya conclusión pretende cambiar radicalmente la operación del sistema penal en todo el país.

Aún más, el presidente Arturo Zaldívar, en la sesión del 25 de octubre de 2021, les advirtió a todos los ministros sobre el riesgo de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ya que se haría extensiva a todos los artículos que hacen referencia en la Constitución y en las leyes secundarias. En esa sesión, Luis María Aguilar fue el ministro que con más insistencia atacó el proyecto de sentencia, a través del cual se proponía confirmar que los factureros siguieran siendo considerados como actividad del crimen organizado y al final fue desechado por mayoría calificada.

Tal pareciera, por su insistencia en combatir la clasificación de los factureros como parte de la delincuencia organizada, que su interés prioritario es ese y no las violaciones en general a los derechos humanos. Tal es su enajenación, que en las 191 páginas de la sentencia nunca alude a los derechos de las víctimas de los delitos, y solo en una línea hace una referencia a la flagrancia y a la detención urgente.

Con expresiones inusuales en una sentencia de la SCJN, Aguilar se atreve a calificar de omiso e ineficiente al gobierno federal en su trabajo para combatir a la delincuencia, en tanto a los senadores y diputados, llega al atrevimiento de advertirles que en su tarea “tienen límites objetivos desde el punto de vista constitucional y de su propia razonabilidad”.

“Si bien es cierto que el diseño constitucional del régimen de delincuencia organizada —según fue descrito— asigna al legislador federal la atribución de definir el catálogo de delitos que se integran como la finalidad o el resultado del acuerdo u organización, esto no significa que tal órgano posea una facultad absoluta”, les acota en el contexto de sus descalificaciones por incluir a los factureros como parte de la delincuencia organizada.

Y así, plantado en su papel de máximo representante del órgano de control constitucional, el ministro Luis María Aguilar somete a consideración del pleno de la SCJN, un documento donde la principal contradicción es ordenar la invalidez de la prisión preventiva en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero en la Constitución la deja vigente.

Y aunque al tratar de restar importancia al impacto que causan los delincuentes con sus empresas factureras, el ministro Aguilar asegura que no existen datos para determinar el monto de la evasión fiscal y lavado de dinero, en otra parte del documento, él mismo cita que “de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2014 a la fecha, se han generado comprobantes fiscales apócrifos con un valor aproximado de 2 billones de pesos, y es que la factura electrónica o CFDI se ha ocupado por la delincuencia organizada como un comprobante que les ampara servicios o productos irregulares o inexistentes, pero que les generan ingresos”.

Para dimensionar el tamaño del robo al erario que significan esos 2 billones de pesos, equivaldrían al presupuesto actual del gobierno de Jalisco para cerca de 20 años. Y esa cantidad, sustraída de lo que debiera cotizar para el pago de impuestos, no tiene nada que ver con delincuencia organizada, según el ministro Aguilar.

Es evidente que este ministro tiene intereses más allá de los que le obliga la Constitución y las leyes secundarias, cuando tras analizar la citada sentencia, se deduce que lo único consistente es sacar de la esfera de la delincuencia organizada a las empresas factureras, y hasta se atreve a sugerir otros tipos delictivos para que los retomen los legisladores.

EFECTOS DE ESTA SENTENCIA

En la decisión, la propuesta es declarar la invalidez de los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, así como el Artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en sus párrafos y fracciones que contemplan la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.

Y por extensión, la sentencia contempla invalidar todos los párrafos y porciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, es decir, terroristas, genocidas, homicidas, feminicidas, huachicoleros, traidores a la patria, factureros y otros muchos presuntos delincuentes, enfrentarán sus juicios en libertad.

El ministro endosa la responsabilidad a los legisladores de crear y aprobar métodos alternativos para enfrentar a la delincuencia organizada. En una decisión absurda, propone que de ser aprobada esta sentencia en la SCJN, sus efectos entrarán en vigor en cuanto se notifique de ella al Congreso de la Unión.

En el texto de la sentencia, nada observa o propone sobre el impacto que tendrá la supresión de la prisión preventiva oficiosa a nivel operativo en los tres niveles de gobierno, ni alude al conjunto de leyes relacionadas con la misma, como las modificaciones que serán necesarias en las:

-Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

-Ley General de Población,

-Código Fiscal de la Federación

-Ley de la Propiedad Industrial,

-Ley de Instituciones de Crédito

-Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

-Ley Federal de Instituciones de Fianzas

-Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

-Ley del Mercado de Valores

-Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

-Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos

-Ley General de Salud

-Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

-Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.

Aparte el marco jurídico de las más de dos mil corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, las policías estatales, las fiscalías y los centros penitenciarios.

CONCLUSIONES

No es creíble que en la SCJN los ministros sean honestos en su postura de defender los postulados de la Constitución, cuando ellos día a día la violan al percibir como salario cifras millonarias que están prohibidas en la Carta Magna.

Tampoco se les puede creer que sean acérrimos defensores de los derechos humanos, cuando tienen al Consejo de la Judicatura en el que se tiran cientos de miles de millones de pesos sin resultados en contra de la corrupción. El peor ejemplo es el convalidar los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa, al solapar a jueces corruptos que han saboteado los procesos.

Es cierto que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos, pero los mismos ministros han postulado en la justificación de algunas de sus sentencias, que tienen que optar por un mal menor, por lograr un bien mayor.

Si tanto interés tienen en sugerir reformas a los legisladores, pueden empezar por incluir en sus discursos a las víctimas, que son la parte más vulnerable en los procesos penales, no solo votar para dar ventaja y libertad a los criminales. Serviría, por ejemplo, que la prescripción de un delito, corriera a partir del inicio del proceso contra un presunto culpable y no desde su comisión.

También sería benéfico, sobre todo para la salud de la SCJN, que el ministro Luis María Aguilar aclarara el porqué considera que una evasión con facturas falsas superior a los 8 millones de pesos le parece poca cosa, Además de tomar clases de ubicación temporal, para que su mente no transite en “un periodo que va de dos mil dieciocho a dos mil dieciséis”.

Y entre los comentócratas se puso de moda el tema de este proyecto de sentencia, quienes en su inmensa mayoría, con la honrosa excepción de un académico de la UNAM, repiten el discurso del ministro Aguilar. Pero igual que él, nunca aluden a las víctimas, ni a la resaca nacional que dejará la decisión si logra una mayoría calificada.

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NACIONALES

La prudencia de la presidencia electa

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De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

HABÍAMOS señalado en su momento que Claudia Sheinbaum había actuado durante la campaña con mesura y prudencia, ante embates surgidos desde Palacio Nacional en su contra, como fue la designación de Clara Brugada en lugar del justamente merecedor a buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Otro ejemplo de esa actitud se vio ante la “rebeldía” de Marcelo Ebrard, quien agraviado por no ser el “elegido” del Presidente, se atrevió a denunciar el uso de recursos públicos a favor de la candidata oficial.

En ambos casos, así como en otros, no se registró ningún reclamo privado y mucho menos público de quien hoy es virtual presidenta electa de México.

Así también, ante la instrucción del Presidente López Obrador de anunciar a través del coordinador de la fracción de MORENA en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, que septiembre sería el mes de la aprobación del paquete de iniciativas de reformas constitucionales que heredará la “4-T” al siguiente sexenio (entre ellas la reforma al Poder Judicial Federal y la desaparición de todos los organismos autónomos), la señora Sheinbaum actuó de inmediato, sabedora de que ese tipo de noticias colapsan el mercado financiero.

No solo designó como su seguro secretario de Hacienda y Crédito Público al actual titular, Rogelio Ramírez de la O (conocedor y conocido de los hombres del dinero), sino que adelantó que la reforma al Poder Judicial no sería de inmediato, sino después de ponerse en práctica un ejercicio de parlamento abierto, en el que participen los expertos, abogados, universitarios y los propios trabajadores del poder judicial.

Y fue el lunes cuando se dio la reunión en palacio nacional entre Sheinbaum y López Obrador y el resultado reiteró una posición serena y reflexiva de quien será la primera presidenta de este país, deteniendo con ello la tremenda ola que amenazaba con tragarse todo a su paso, tan solo en 30 días del mes de septiembre, ya que no solo se aprobaría la designación de jueces bajo el voto popular, sino también la reforma electoral, la reforma eléctrica, la fiscal, la de telecomunicaciones y la total desaparición de todos los organismos autónomos.

De esta manera, AMLO podría heredar un Estado controlado por una sola persona.

Sin embargo, el que la propia Claudia haya anunciado momentos después del sonado encuentro, que la reforma al Poder Judicial se consumaría hasta dentro de un año, quiere decir que se dieron acuerdos en los que López Obrador accedió y lo hizo solo ante el evidente y desastroso panorama que dejará al nuevo sexenio.

Apenas unos días antes, AMLO se había atrevido a declarar que el interés político estaba por encima del interés que se tenía sobre el Peso mexicano, cuando éste se depreció ante el dólar, precisamente por los anuncios oficiales arrebatados.

Hemos escrito que la señora Sheinbaum es un enigma, porque no sabemos cómo actuará una vez sentada en la silla presidencial. Es decir, la gran expectativa es, si su actitud evidencia la presencia de un “maximato” lópezobradorista, o continúa ofreciendo su rostro la prudencia y la mesura, para ir imponiendo su propio estilo, poco a poco y sin los radicalismos de su antecesor. Esto lo sabremos al paso del tiempo.

Los expertos dicen que ambos podrían ser distintos, pero en esencia, iguales. Saben que en los pasados comicios electorales del domingo 2 de junio, Juan Pueblo les otorgó un “cheque en blanco” a través de 35 millones de votos y no solo para avalar al gobierno de López Obrador, sino “autorizar” a la futura presidenta para llevar a cabo las reformas de Estado, pendientes y necesarias.

MERCADOS FINANCIEROS, FACTOR DE EQUILIBRIOS DE PODER

SI OBSERVAMOS lo que acaba de suceder desde el punto de vista de la relación del poder público con los mercados financieros, estos últimos obligaron al gobierno a meter “freno de mano” a su alocada carrera… Es muy difícil creer que Ignacio Mier, el coordinador de la bancada “morenista” en la Cámara de los Diputados, se manda solo… Si dio la cara para anunciar que en septiembre se aprobaría el paquete de iniciativas de reformas constitucionales enviadas por el Presidente, es que éste último ordenó hacerlo… Una estrategia muy conocida de AMLO: dejar correr la información final buscando reacciones… El hecho es que Claudia Sheinbaum no puede arrancar su sexenio en medio de una crisis financiera que incluya la caída en la bolsa de valores, el deslizamiento del peso frente al dólar totalmente desfavorable a nuestra moneda y la consecuencia lógica, inflación y aumento de precios en los artículos de primera necesidad… Así que los mercados financieros se convirtieron, ante la circunstancia que vivimos, en un factor de equilibrio por encima de los poderes constitucionales del Estado Mexicano: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial…

Por cierto, en lo relativo al nuevo gabinete, todo indica que Omar García Harfuch será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana… Eso sería a partir del 1 de octubre… Antes de eso, la estela de 190 mil asesinatos en el sexenio más violento de la historia… ¿Esperaríamos un cambio con resultados efectivos y positivos a partir de este anuncio?… ¿Qué más quisiéramos?

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JALISCO

Reitera Enrique Alfaro: El concepto fosfo fosfo es hacer de la política una broma y condiciona a MC a la mediocridad

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FUEGO CRUZADO

“Haber hecho de la política una broma como fue para mi el concepto #FosfoFosfo, que pasó de destapes con cerveza a despedidas con rímel… ¿Cómo celebrar que le ganamos al PRI?, no voy a ser parte de un partido que encuentre en la mediocridad una forma de seguir subsistiendo”.

ENRIQUE ALFARO / GOBERNADOR DE JALISCO

“A quiénes están pensando que ese modelo político va a tener nuestro aval se equivocan…Si ello lleva a en un futuro un rompimiento en nuestro movimiento, estamos listos”

ENRIQUE ALFARO / GOBERNADOR DE JALISCO

FUEGO CRUZADO

“Lo que yo veo hoy (en la Universidad de Guadalajara) no estoy de acuerdo (…) Ellos mezclaron al partido (Hagamos) y a la Universidad, hasta recogieron a una persona en el aeropuerto. No son gente de palabra, cuando te dicen no nos vamos a meter en la política (…) No tienen oficio, viva el rey, muera el rey y el que tenía oficio ya no está”

JUAN  JOSÉ FRANGIE / ALCALDE ELECTO DE ZAPOPAN

“Lamento mucho que Zapopan, la ciudad autodenominada “Ciudad de las Niñas y los Niños” haya decidido quitarle el apoyo a @papirolasgdl, es el festival más importante dirigido precisamente a la niñez. ¡Desde hace 29 años, Papirolas contribuye al desarrollo cultural, creativo, educativo, intelectual, físico y de valores humanos universales de los más pequeños!”

RICARDO VILLANUEVA / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VOZ ALTA

Rompimiento

Juan José Frangie es un hombre de definiciones y de lealtad. Para él lo más importante en la vida es ser leal y lo demostró cuando no firmó el desplegado que ordenó el gobernador Enrique Alfaro para denostar a Raúl Padilla al ser el único alcalde que lo rechazó, asumiendo el costo político que ello significó, y no lo hizo porque desde los ocho años fueron amigos y la política no rompería lo que fue una amistad sólida. “Cuando no hay lealtad no hay nada, el poder es un virus espantoso, y si no lo sabes manejar te desbocas”, expresó Juan José Frangie a propósito de la decisión de retirar el apoyo a Papirolas.

JUAN  JOSÉ FRANGIE. Lo distingue el valor de la lealtad

El retiro

¿Es definitiva la decisión de Enrique Alfaro de retirarse y dejar la política después que concluya su gubernatura? En la semana el gobernador volvió a criticar a Movimiento Ciudadano y sentenció que el pasado 2 de junio “no sirvió la política de broma que realizaron en torno al concepto de ‘fosfo-fosfo’ que se creó años atrás en Nuevo León”. Al mismo tiempo Alfaro volvió a reiterar que se va de la política, pero dejando a entrever que podrían dejar a Movimiento Ciudadano y crear una nueva fuerza política en Jalisco, por no compartir la forma como está dirigido MC desde la dirigencia nacional.

ENRIQUE ALFARO. ¿Se retira de la política?

¿Para dónde?

Ricardo Villanueva presentó su quinto informe como rector general de la Universidad de Guadalajara desde el Auditorio Telmex. Allí se selló públicamente la alianza con Enrique Alfaro y demostró ser el líder indiscutible de la UdeG, borrando a Raúl Padilla de su informe. Ricardo Villanueva asume el manejo político. La pregunta es para dónde van a jalar los 3 diputados locales que tiene Hagamos y la UdeG. ¿Se van a aliar con Pablo Lemus o se mantendrán fieles a su alianza con Morena y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum? La UdeG  puede ser la bisagra en la próxima legislatura estatal.

RICARDO VILLANUEVA. Los tres legisladores de Hagamos pueden marcar la diferencia en la futura legislatura de Jalisco.

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NACIONALES

Aceptar la realidad

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Opinión, por Miguel Anaya //

No vemos las cosas como son, si no como somos.”

Jiddu Krishnamurti

Han pasado quince días desde la jornada electoral, la turbulencia social y política generada por los resultados preliminares, encuestas de salida, victorias adelantadas, derrotas no aceptadas, etc. comienza a diluirse para dar paso al protagonismo de los nuevos liderazgos políticos que pronto tomarán las riendas de los cargos correspondientes.

Suelen decir que el éxito tiene muchos padres mientras que la derrota es huérfana y es que, obviamente todos quieren colgarse medallas y pocos tienen la capacidad de afrontar una derrota con la cara en alto, con el ánimo de subsanar errores para reconstruir de mejor manera o con la visión necesaria para reinventarse en busca de un proyecto para el futuro.

Para poder asimilar la realidad se deben responder preguntas simples, pero de gran profundidad: ¿Qué sucedió y por qué? ¿En qué condiciones nos deja lo ocurrido? ¿Qué hacer para mejorar después de lo acontecido? Si hiciéramos un pequeño análisis de los resultados de la jornada electoral, las respuestas podrían ser más o menos las siguientes:

¿Qué sucedió y por qué? El 2 de junio pasado, Morena arrasó en las elecciones federales; Claudia Sheinbaum se convirtió en la persona más votada en la historia del país, obtuvo 36 millones de votos, 20 millones más que su competidora, por si fuera poco, consiguió una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría simple en el Senado de la República, además, de las nueve entidades que votaron por nuevos gobernadores, Morena se llevó siete.

¿En qué condiciones nos deja lo ocurrido? Evidentemente, esta respuesta depende del cristal con que se mire. Los morenistas se alegrarán porqué la presidenta Sheinbaum, llegará al poder con las condiciones óptimas para llevar a cabo su plan de gobierno, sus mayores retos serán pacificar al país, sostener una economía que comienza a mostrar algunos signos de alerta y mejorar el deficiente sistema de salud, esto a la par de imponer su propio sello después del gobierno de un mandatario que tiene una gran aprobación popular.

Para la oposición el reto es inmenso. Primero tiene que ver las cosas como son. Morena ganó ampliamente porque hay una gran cantidad de mexicanos que avalan el discurso presidencial, a los que las becas y ayudas sociales les representan una oportunidad para salir adelante en un país y un sistema que por mucho tiempo no los volteó a ver; por otro lado Morena cuenta con una estructura electoral muy fuerte, mientras que para los partidos que integraron el Frente, la estructura electoral es casi un mito en varios Estados del país.

Afrontar la derrota desde la perspectiva del fraude electoral o partiendo de la idea de que muchos mexicanos votaron desde la ignorancia es un error que no permitirá hacer una oposición responsable. En este caso la militancia y simpatizantes de los partidos que integraron el frente (porqué los dirigentes de los partidos no lo harán), deberán replantearse la alianza y en su caso reconfigurarla, deberán pensar en la imagen que tienen frente a un electorado que prefirió votar nuevamente a Morena antes que volver al PRI o al PAN, estos institutos políticos han perdido peso y credibilidad y si no cambian, estarán en riesgo de perder hasta el registro. Un nuevo partido no suena a una idea descabellada.

Movimiento Ciudadano a nivel nacional quiere contar la historia de ser el partido político con mayor crecimiento, y aunque esto fue cierto en la elección presidencial, el efecto Máynez solo ajusto para eso, pues MC tendrá menos diputados y menos senadores que en la actual legislatura, además alcaldías importantes se perdieron, la más significativa la de Monterrey. MC deberá plantearse si se mantiene en la ruta de los buenos vídeos y la frivolidad o si retoma el camino de la seriedad y de los proyectos con base social.

Así pues, con mesura y con trabajo, cada instituto político deberá afrontar su propia realidad sin autoengaños. Si hay responsabilidad, autocrítica y trabajo, la oposición puede reconstruirse: si hay banalidad y los que dirigen no cambian, seguramente Morena podrá seguir creciendo su estructura para consolidar aún más su amplio poder.

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