Connect with us

NACIONALES

El debate sobre la prisión preventiva oficiosa: ¿Y las víctimas de esos delitos?

Publicado

el

Opinión, por Cayetano Frías Frías //

¿Se imagina usted a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además ha ocupado el cargo de presidente de ese poder, afirmando que la evasión fiscal de 2 billones de pesos registrada entre 2014 y 2019 no tiene nada que ver con la seguridad nacional?

¿Se imagina a ese mismo ministro en su cargo de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, convalidando la manipulación y desaparición de evidencias sobre la matanza de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de un centenar de personas más relacionados con el caso, dispersando el proceso en siete juzgados de diferentes entidades del país y divididos en juicios orales y tradicionales?

¿Se imagina al mismo personaje promoviendo la invalidez en la Ley de Seguridad Nacional de los artículos que castigan como delito grave el robo que las aproximadamente siete mil factureras cometen en agravio del Sistema de Administración Tributaria y de 130 millones de mexicanos?

Y actualmente, ¿lo imagina pugnando junto con el grupo conservador de ministros en la SCJN, soñando con invalidar el segundo párrafo de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, por considerarlo inconstitucional (sic), desapareciendo la figura de prisión preventiva para secuestradores, terrorismo, desaparición forzada, genocidas, feminicidas, violadores y de manera muy especial para delincuentes factureros, entre otros beneficiados?

Ese ministro, Luis María Aguilar, en el proyecto de sentencia -sobre el que tanto han escrito y opinado hasta los más ingenuos neófitos-, por encima de los derechos humanos, privilegia en su argumentación a lo largo de 43 páginas y 145 puntos, sobre la inconstitucionalidad de los delitos fiscales encuadrados como delincuencia organizada, como si nunca hubiera escuchado la historia de Al Capone.

Y dejando atrás su pasado como aval en los crímenes de Ayotzinapa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy se erige en el juez más demandante en defensa de los derechos humanos, aunque entra en abierta contradicción, primero por proponer la desaparición de la prisión preventiva oficiosa de las leyes, y luego para afirmar que no es posible hacerlo.

“286. No hay ningún argumento a favor de la existencia de esta figura, que no se encuentre ligado al uso arbitrario del poder punitivo, argumentar en favor de su vigencia sólo puede hacerse a la sombra de los derechos humanos y de forma ajena a la realidad imperante en este país.

“287. Sin embargo, eso no es posible hacerlo con el marco jurisprudencial que actualmente está en vigor con relación al sistema de fuentes y jerarquía de los derechos humanos y el control de constitucionalidad a cargo de los órganos jurisdiccionales”, precisa.

¿Entonces cuál es el fin último de la sentencia? Si el ministro Aguilar no tiene la capacidad de ordenar sus pensamientos, para plantear suprimir la prisión preventiva oficiosa en lo general, no es posible tomarlo en serio en un tema cuya conclusión pretende cambiar radicalmente la operación del sistema penal en todo el país.

Aún más, el presidente Arturo Zaldívar, en la sesión del 25 de octubre de 2021, les advirtió a todos los ministros sobre el riesgo de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ya que se haría extensiva a todos los artículos que hacen referencia en la Constitución y en las leyes secundarias. En esa sesión, Luis María Aguilar fue el ministro que con más insistencia atacó el proyecto de sentencia, a través del cual se proponía confirmar que los factureros siguieran siendo considerados como actividad del crimen organizado y al final fue desechado por mayoría calificada.

Tal pareciera, por su insistencia en combatir la clasificación de los factureros como parte de la delincuencia organizada, que su interés prioritario es ese y no las violaciones en general a los derechos humanos. Tal es su enajenación, que en las 191 páginas de la sentencia nunca alude a los derechos de las víctimas de los delitos, y solo en una línea hace una referencia a la flagrancia y a la detención urgente.

Con expresiones inusuales en una sentencia de la SCJN, Aguilar se atreve a calificar de omiso e ineficiente al gobierno federal en su trabajo para combatir a la delincuencia, en tanto a los senadores y diputados, llega al atrevimiento de advertirles que en su tarea “tienen límites objetivos desde el punto de vista constitucional y de su propia razonabilidad”.

“Si bien es cierto que el diseño constitucional del régimen de delincuencia organizada —según fue descrito— asigna al legislador federal la atribución de definir el catálogo de delitos que se integran como la finalidad o el resultado del acuerdo u organización, esto no significa que tal órgano posea una facultad absoluta”, les acota en el contexto de sus descalificaciones por incluir a los factureros como parte de la delincuencia organizada.

Y así, plantado en su papel de máximo representante del órgano de control constitucional, el ministro Luis María Aguilar somete a consideración del pleno de la SCJN, un documento donde la principal contradicción es ordenar la invalidez de la prisión preventiva en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero en la Constitución la deja vigente.

Y aunque al tratar de restar importancia al impacto que causan los delincuentes con sus empresas factureras, el ministro Aguilar asegura que no existen datos para determinar el monto de la evasión fiscal y lavado de dinero, en otra parte del documento, él mismo cita que “de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2014 a la fecha, se han generado comprobantes fiscales apócrifos con un valor aproximado de 2 billones de pesos, y es que la factura electrónica o CFDI se ha ocupado por la delincuencia organizada como un comprobante que les ampara servicios o productos irregulares o inexistentes, pero que les generan ingresos”.

Para dimensionar el tamaño del robo al erario que significan esos 2 billones de pesos, equivaldrían al presupuesto actual del gobierno de Jalisco para cerca de 20 años. Y esa cantidad, sustraída de lo que debiera cotizar para el pago de impuestos, no tiene nada que ver con delincuencia organizada, según el ministro Aguilar.

Es evidente que este ministro tiene intereses más allá de los que le obliga la Constitución y las leyes secundarias, cuando tras analizar la citada sentencia, se deduce que lo único consistente es sacar de la esfera de la delincuencia organizada a las empresas factureras, y hasta se atreve a sugerir otros tipos delictivos para que los retomen los legisladores.

EFECTOS DE ESTA SENTENCIA

En la decisión, la propuesta es declarar la invalidez de los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, así como el Artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en sus párrafos y fracciones que contemplan la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.

Y por extensión, la sentencia contempla invalidar todos los párrafos y porciones del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, es decir, terroristas, genocidas, homicidas, feminicidas, huachicoleros, traidores a la patria, factureros y otros muchos presuntos delincuentes, enfrentarán sus juicios en libertad.

El ministro endosa la responsabilidad a los legisladores de crear y aprobar métodos alternativos para enfrentar a la delincuencia organizada. En una decisión absurda, propone que de ser aprobada esta sentencia en la SCJN, sus efectos entrarán en vigor en cuanto se notifique de ella al Congreso de la Unión.

En el texto de la sentencia, nada observa o propone sobre el impacto que tendrá la supresión de la prisión preventiva oficiosa a nivel operativo en los tres niveles de gobierno, ni alude al conjunto de leyes relacionadas con la misma, como las modificaciones que serán necesarias en las:

-Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

-Ley General de Población,

-Código Fiscal de la Federación

-Ley de la Propiedad Industrial,

-Ley de Instituciones de Crédito

-Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

-Ley Federal de Instituciones de Fianzas

-Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

-Ley del Mercado de Valores

-Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

-Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos

-Ley General de Salud

-Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

-Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.

Aparte el marco jurídico de las más de dos mil corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, las policías estatales, las fiscalías y los centros penitenciarios.

CONCLUSIONES

No es creíble que en la SCJN los ministros sean honestos en su postura de defender los postulados de la Constitución, cuando ellos día a día la violan al percibir como salario cifras millonarias que están prohibidas en la Carta Magna.

Tampoco se les puede creer que sean acérrimos defensores de los derechos humanos, cuando tienen al Consejo de la Judicatura en el que se tiran cientos de miles de millones de pesos sin resultados en contra de la corrupción. El peor ejemplo es el convalidar los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa, al solapar a jueces corruptos que han saboteado los procesos.

Es cierto que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos, pero los mismos ministros han postulado en la justificación de algunas de sus sentencias, que tienen que optar por un mal menor, por lograr un bien mayor.

Si tanto interés tienen en sugerir reformas a los legisladores, pueden empezar por incluir en sus discursos a las víctimas, que son la parte más vulnerable en los procesos penales, no solo votar para dar ventaja y libertad a los criminales. Serviría, por ejemplo, que la prescripción de un delito, corriera a partir del inicio del proceso contra un presunto culpable y no desde su comisión.

También sería benéfico, sobre todo para la salud de la SCJN, que el ministro Luis María Aguilar aclarara el porqué considera que una evasión con facturas falsas superior a los 8 millones de pesos le parece poca cosa, Además de tomar clases de ubicación temporal, para que su mente no transite en “un periodo que va de dos mil dieciocho a dos mil dieciséis”.

Y entre los comentócratas se puso de moda el tema de este proyecto de sentencia, quienes en su inmensa mayoría, con la honrosa excepción de un académico de la UNAM, repiten el discurso del ministro Aguilar. Pero igual que él, nunca aluden a las víctimas, ni a la resaca nacional que dejará la decisión si logra una mayoría calificada.

Continuar Leyendo
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

MUNDO

El mundo entre el mesianismo y la incertidumbre económica

Publicado

el

Opinión, por Gerardo Rico //

Y aún faltan 46 meses para seguir lidiando con el inquilino de la Casa Blanca en Washington D.C., que con sus acciones y amenazas lo único que está logrando, hasta el momento, es encaminar a su país a una recesión económica.

En las primeras semanas de su nuevo gobierno, Trump ha lanzado la que el Wall Street Journal ya califica como “la guerra comercial más estúpida de la historia”, que amenaza con terminar con décadas de integración económica global.

Poco a poco va pasando de moda la estridencia del presidente de la Unión Americana, Donald Trump, para dar paso a la incertidumbre y preocupación de inversionistas y de los mercados mundiales, ante las acciones que toma en materia económica y donde lo único que está logrando es la preocupación dentro y fuera de su país.

Los primeros avisos vinieron ya de la Reserva Federal (Fed) y de su presidente Jerome Powell a quien, por cierto, y para no perder la costumbre, el inquilino de la Casa Blanca se le fue con todo tipo de descalificaciones. Uno de los veredictos iniciales concluye sobre los potenciales efectos de posibles cambios en la política comercial y de inmigración: “Los contactos empresariales en varios distritos de la Fed indican que las empresas intentarán trasladar a los consumidores los mayores costos de los insumos a posibles aranceles”.

Por si esto no fuera poco, el índice S&P cayó ya en 4.3% respecto al nivel previo a la toma de posesión de Trump. Por su parte, el Nasdaq acumula ya una pérdida del 7.9% desde entonces.

Argumentando que todo el mundo se ha aprovechado de la prosperidad estadounidense, advirtió que impondrá aranceles a las importaciones de la Unión Europea. De inmediato, los representantes de las 27 naciones del viejo continente respondieron que, en el momento en que se anuncien, los aranceles, activarán duras contramedidas contra industrias emblemáticas de Estados Unidos.

Con China ordenó el incremento del 10 al 20% en aranceles a las importaciones del país asiático, a pesar de que es el principal mercado de exportación para los productos agropecuarios estadounidenses, que representaron más de 29 mil millones de dólares durante 2024. En el inicio de este año, la caída va en 14%.

También intentó ridiculizar al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ante el anuncio de aranceles del 25% para su país y México, de inmediato respondió con medidas similares en materia arancelaria: los gobernadores de varias provincias de la nación norteamericana advirtieron boicot total a productos importados de Estados Unidos. El ministro de Ontario, Doug Ford amenazó con cortar el suministro de electricidad a varios estados de la Unión Americana.

En su incontrolable mesianismo, el mandatario americano salió a decir que su determinación de diferir los aranceles comerciales no está relacionada con los últimos recortes de las acciones de Wall Street, pues confía en que siga fuerte a largo plazo. Sin embargo, el índice bursátil Dow Jones cayó durante dos días consecutivos tras la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México y Canadá, el pasado 4 de marzo, que posteriormente suspendió.

México ante su mayor reto

Apenas el 6 de marzo y tras una llamada telefónica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que será hasta el 2 de abril cuando el multicitado Trump determine el futuro de los aranceles con México y otras naciones del mundo.

En los hechos, esto se traduce en un mes más de incertidumbre para la economía mexicana, situación que ya repercutió en un pronóstico de Banamex: crecimiento económico cero para este 2025. Cuando la economía mexicana creció en 1.3% en 2024 y 3.3% en 2023, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)

México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos durante 2024 y por segundo año consecutivo, de acuerdo a la Oficina de Censos de Estados Unidos, que depende del Departamento de Comercio. Entre enero y octubre de 2024, las exportaciones e importaciones entre ambos países sumaron un total que representó el 15.9% del comercio internacional de Estados Unidos, superando ampliamente a Canadá (14,4%) y China (10,9%).

Y como para agregarle más emoción al momento de incertidumbre económica que vive el país, el pasado viernes se anunció la dimisión del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. En un mensaje en redes, la presidenta de la República anunció al economista Edgar Amador Zamora como nuevo titular de la dependencia.

No cabe duda de que con el amago mensual para la imposición de aranceles la economía mexicana se ve mermada en su competitividad y confianza. No camina ni va a ningún lado. El reto es mayúsculo y muy preocupante a la vez. No es exagerado afirmar que México se encuentra ante la mayor encrucijada de su historia reciente y el final de la historia puede resultar muy doloroso para todos quienes vivimos en este país.

Continuar Leyendo

NACIONALES

Libertad y libertinaje

Publicado

el

De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

DURANTE el siglo XX, los presidentes de México reiteraban su convicción de que, en tratándose de la Libertad de Prensa, “era preferible tolerar los excesos, que limitar la libertad”. A la par, si las y los manifestantes se atrevían a tomar la calle y hacer destrozos en la vía pública, la autoridad se hacía presente.

En nuestros días se censura la libertad y se permite el libertinaje. Ahora, las y los manifestantes no solo toman las calles, sino que destruyen los lugares públicos; es decir, su propia casa, ante los ojos de una autoridad impasible a la que tampoco le interesa hacerse presente.

Se pueden justificar de mil maneras las protestas callejeras y, sobre otras, las que encabezan los grupos de mujeres exigiendo el respeto a sus derechos. Más allá de eso, las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer (8M) se han convertido en un solo grito para que el gobierno cumpla con su deber y pare los feminicidios.

Sin embargo, las y los gobernantes, en la actualidad, muestran sus rostros alegres por vivir intensamente una realidad alterna en la que “el pueblo es feliz, los homicidios y feminicidios van a la baja y la política de abrazos y no balazos ha funcionado”.

Una de las consecuencias de vivir en esa realidad alterna es que las mujeres no son escuchadas. Las madres buscadoras han sido “criminalizadas” en esta “cuarta transformación” y los grupos feministas “son parte de un plan para desprestigiar al gobierno”.

Pero al mismo tiempo, se les permite manifestarse y destrozar la ciudad y los lugares públicos.

Así, cada quien vive su libertad, en tanto la realidad en las calles de México no ha cambiado: Narcotráfico, crimen, feminicidios, secuestros, zonas en guerra.

Y el grito partido por la exigencia de salvar vidas y recuperar la paz y la tranquilidad en el país continuará ante un pueblo “feliz” que con sus impuestos paga los destrozos de los lugares públicos y las ciudades, hasta en tanto no reaparezca una autoridad y se decida dar respuesta a un pueblo que hoy, no es feliz.

Es el país en que la libertad, combinada con el libertinaje, cohabita en el privilegio.

DEL MENSAJE ofrecido por la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo en el zócalo de la ciudad de México, me quedo con dos de sus frases… La primera: “Estamos en el mejor momento para convertir a nuestra región en la más importante del mundo y competir así con otras regiones”… La segunda: “Debemos seguir bajo la siguiente estrategia: fortalecimiento del mercado interno, ampliar la autosuficiencia en alimentos y energéticos, promover la inversión pública, promover la producción nacional y fortalecer la base de nuestro proyecto, los programas del bienestar”… La mandataria aprovechó esta concentración de más de 200 mil personas “acarreadas” desde varios estados, para emitir un informe al estilo López Obrador y enviar mensajes al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al reiterar el destino de ser vecinos y ahora socios dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (impuesto desde la época neoliberal)… Fue un mensaje vestido totalmente de política… Como dijo la periodista Maricarmen Cortés, Trump nos amenaza con una medida económica y Sheinbaum responde con una medida política, porque la preocupación principal es que su narrativa la compre el pueblo de México… Y porque para alcanzar el propósito de convertir a México en la región más importante del mundo, se verá en la necesidad de cambiar las medidas populistas que se han implementado desde el año 2018… De continuar, el abismo estará más cerca… Con la frase final reitera el dominio del Estado mexicano en las actividades productivas y el control político a través de sus programas sociales… La moneda está en el aire, sobre todo porque el vecino y socio del norte no tiene palabra y continuará presionando con sus banderas de lucha contra el fentanilo, los cárteles de las drogas y la migración y, ante ello, el gobierno de la “4-T” estará bajo ese yugo.

POR CIERTO, en ese mismo evento en el Zócalo, el saludo de Claudia Sheinbaum para Ricardo Monreal y Adán Augusto López, entre otros personajes de MORENA –ahí estaba “Andy” López Beltrán- fue particularmente frío… Es una evidencia de la muestra que esos personajes manifestaron a favor de Andrés Manuel López Obrador y no con quien despacha en Palacio Nacional, que se expuso a la luz pública en la votación para aprobar la ley contra el nepotismo y su aplicación en el año 2030…

Continuar Leyendo

JALISCO

Propuesta de la FTJ: Construcción de vivienda activa la economía

Publicado

el

Por Juan Huerta Peres //

La realización de un foro sobre “El futuro de la vivienda social en México” es un gran espacio deliberativo, de reflexión y propuesta que se convoca en un momento oportuno, en un momento histórico y político donde se requiere establecer definiciones, rutas y compromisos para la transformación a fondo del país.

A nombre de los trabajadores de la CTM y de la FTJ agradezco a los organizadores del evento, a la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para la LXVI (Sexagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados), la invitación para participar en tan significativo evento.

Como representante sindical, estoy convencido de que solo a través del diálogo y del consenso entre todos los sectores involucrados en el tema de la vivienda podemos dar cauce a una política pública con un andamiaje institucional, viable y con sentido económico y social.

El movimiento obrero tiene toda la autoridad y legitimidad política para que su visión y propuestas sean parte sustancial de la política de vivienda del Estado mexicano y poder hacer realidad lo que señala el artículo 4 constitucional en materia de vivienda y muy particularmente la fracción XII del artículo 123 Constitucional, que manda que “toda empresa… estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas”.

Para el movimiento obrero, el derecho a la vivienda es un derecho consustancial a sus conquistas sociales, junto al derecho a la salud, son dos pilares del estado de bienestar mexicano y que permiten a millones de trabajadores y a sus familias dar un salto cualitativo de mejora en sus condiciones de vida. Para el sindicalismo, la política de vivienda es un tema prioritario de su agenda política, de demanda, de reclamo y de compromiso permanente con sus trabajadores.

Me permito compartirles que actualmente el mapa laboral de Jalisco registra más de 2 millones 100 mil trabajadores agrupados formalmente y registrados en 110 mil empresas. Más de la mitad de esos trabajadores cuentan con ingresos promedio por debajo de los 12 mil 614 pesos, ingresos con los que tienen que cumplir con su manutención y la de su familia, a la vez de poder intentar consolidar un patrimonio por medio de la propiedad de una vivienda.

Es dato es crudo, pero muy preciso en torno a los alcances de un trabajador para cumplir con ese derecho constitucional, humano y laboral y poder acceder a una vivienda digna e integrada a una urbanidad con servicios educativos, servicios de salud, centros de abasto, fuentes de trabajo y vías de comunicación.

SE REQUIERE VIVIENDA DE BAJO COSTO

Con una membresía de 839 mil trabajadores afiliados al Infonavit en condiciones de solicitar un crédito para vivienda, 500 mil de ellos requieren una oferta de vivienda de bajo costo porque el monto de crédito al que pueden acceder está entre los 450 y 550 mil pesos.

El drama social y el desafío para una política de vivienda social es que estos compañeros no tienen donde comprar, no existe una oferta suficiente en este rango de precio. Así no se puede cumplir a cabalidad con los imperativos marcados en nuestra Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en las recomendaciones sobre Derechos Humanos.

Esta demanda de vivienda por parte de los trabajadores de Jalisco, y así debe integrarse en las propuesta de política pública, adquiere una magnitud de carácter estatal porque, aunque la mayoría de las empresas se concentran en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara albergando a más de 445 mil trabajadores con bajos ingresos, otros 55 mil de ellos se localizan en los municipios del interior del estado, quienes también requieren ser atendidos y es justo que alcancen la oportunidad de acceso a una vivienda.

Todos conocemos que la oferta de vivienda de precio accesible ha venido reduciendo en los últimos años, las razones que hemos encontrado son varias y presentan problemáticas muy particulares. La mayoría coincide en que no hay tierra donde construir y la que hay está lejos y cara; se señala que los trámites y permisos para los conjuntos habitacionales son tardados y difíciles. La inflación ha pegado mucho sobre el precio de los materiales de construcción, lo que, junto a otros factores, hace que los precios de la vivienda se alejan de las posibilidades de miles de trabajadores.

EL LUCRO Y LA ESPECULACIÓN EN VIVIENDA

En este Foro, y en otros, hemos planteado la urgente necesidad, porque es un reclamo constante de la base trabajadora y de sus representantes sindicales, que desde el Estado en sus tres niveles de gobierno se elaboren y articulen políticas activas de intervención y regulación para que el mercado de vivienda no se abandone al lucro y a la especulación, sino que también ese mercado sea capaz de atender las demandas de vivienda social. Sin la decidida participación pública, el mercado será omiso a la vivienda social y el costo será sobre la calidad de vida de miles de trabajadores y sus familias.

LA PROPUESTA DE VIVIENDA

Proponemos y nos sumamos a un gran proyecto nacional para el impulso de la oferta de vivienda social en un gran esfuerzo colectivo de participación del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales con sus áreas especializadas y responsables en materia de vivienda, promoviendo la participación del sector privado, desde la industria de la construcción hasta el bancario-financiero y el sector social.

Un proyecto nacional para el impulso de la oferta de vivienda social bajo los siguientes pilares:

1-Planeación urbana con sentido social, con sus componentes fundamentales en materia de disponibilidad de terreno, seguridad jurídica, suficiencia de infraestructura física y calidad de servicios públicos. El papel del Estado es determinante para realizar las provisiones necesarias en materia de disponibilidad de suelo, inversión en infraestructura de cabecera para abastecimiento de agua, disposición de aguas residuales, abastecimiento de energía eléctrica, equipamientos y redes viales necesarias para futuras áreas de crecimiento. Es importante que se hagan Planes Estatales de Vivienda para responder a las necesidades habitacionales actuales y futuras.

2-Cooperación y sinergia entre los sectores público, privado y social para alinear instituciones, objetivos, metas y acciones hacia la promoción y generación de vivienda social. Proponemos que se activen alianzas, acuerdos entre los gobiernos estatales y municipales con los actores de la industria de la construcción y de la economía social para trabajar concertadamente en habilitar suelo urbano bien calificado, libre de riesgos y jurídicamente seguro, a precio accesible para desarrollar vivienda económica, metiéndole inversión a la infraestructura y equipamiento, bajando los costos a los trámites y permisos para incentivar la participación de constructores de vivienda, que deben ofrecer casas a bajo costo.

3-Para el sindicalismo mexicano la viabilidad y mejora del INFONAVIT es fundamental para atender el problema de vivienda. El sentido de las reformas aprobadas recientemente en el INFONAVIT las debemos materializar en un acceso real, cuantificable y medible de los trabajadores a la vivienda. Sosteniendo y defendiendo su gobernanza tripartita el INFONAVIT debe ser muy eficiente y la vez transparente en su nueva responsabilidad como constructor y arrendador de vivienda, trabajando desde sus órganos de gobierno para que este nuevo quehacer que le otorga la Ley ofrezca soluciones a los trabajadores y evitar complicaciones operativas futuras.

Modificaciones adicionales para ampliar la edad límite de a 70 y 75 años para hombres y mujeres respectivamente o los montos máximos de crédito deben reflejarse en mejoras reglamentarias y administrativas para su eficiente operación. Actualmente existen muchas casas abandonadas en la zona metropolitana de Guadalajara, son viviendas recuperadas por el Infonavit, y resulta evidente que la mezcla de viviendas abandonadas con viviendas ocupadas legalmente o invadidas, viviendas vandalizadas, hace extremadamente difícil el desarrollo de la vida comunitaria, propiciando problemas de inseguridad, se ha convertido en un grave problema social, con fuerte impacto en las materias de violencia intrafamiliar, salud y otros.

Por lo que hemos solicitado a Infonavit la implementación de un plan de acción para que se regularicen legalmente y se arreglen para ponerlas a la disposición de los trabajadores para que puedan solucionar su necesidad de vivienda. Esta opción puede ser muy viable para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda al alcance de su capacidad de crédito ya que las colonias, fraccionamientos o desarrollos en que se ubican son zonas ya consolidadas con equipamiento y servicios.

4-Impulso a modelos de financiamiento de vivienda social que promuevan un virtuoso y eficiente proceso de ahorro/ inversión entre los actores e instituciones involucradas, tasas de mercado preferenciales y subsidios gubernamentales focalizados, integración y complementación de créditos hipotecarios como el que existe entre INFONAVIT e IPEJAL en Jalisco.

5-Impulso a los proyectos de innovación en la construcción y de apoyo técnico para la reducción de costos de vivienda, sin afectar su calidad y habitabilidad.

6-Desarrollo de normativas y regulaciones a favor de la vivienda social, con especial énfasis en los ámbitos de responsabilidad de Estados y Municipios y la supervisión bajo un catálogo de buenas prácticas y así destrabar los impedimentos para lograr la construcción de miles de casas baratas, lo que necesitamos aquí es que la autoridad gubernamental le entre al reto e implemente políticas locales para habilitación de reservas urbanas en donación o aportación que puedan facilitar la construcción de vivienda barata.

La construcción de vivienda es el motor más importante de crecimiento económico porque genera derrama económica y propicia la creación de al menos 5 empleos formales por cada vivienda que se construya, además garantiza la atracción de inversiones, mejora la productividad, el arraigo laboral, la convivencia social, la seguridad económica y emocional de la familia.

Un Estado que no garantice la habilitación de opciones de vivienda, mina sus oportunidades de atraer inversión económica, y por lo tanto se dejan de generar empleos.

En consonancia con el PLAN MÉXICO que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y con la estrategia del nearshoring recordemos que esos proyectos de inversión generan nuevos requerimientos de vivienda, por lo que todo lo que hagamos en esta materia serán incentivos para alcanzar las metas del PLAN MÉXICO.

Por nuestra parte, hemos incorporado en la agenda sindical el tema de la vivienda como prioritario y apoyaremos las diversas medidas que busquen el impulso a la vivienda económica y social en Jalisco y así se promueva una sociedad más equitativa donde la voz de los trabajadores no solo se escuche, sino principalmente se atienda y se resuelva a su favor.

Continuar Leyendo

Tendencias

Copyright © 2020 Conciencia Pública // Este sitio web utiliza cookies para personalizar el contenido y los anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado de su uso de sus servicios. Usted acepta nuestras cookies si continúa utilizando nuestro sitio web.