De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

López Obrador fue como el médico que al detectar la enfermedad en el paciente, en vez de aplicarle un tratamiento para aliviarle, buscó matarlo.

Como opositor al régimen desde el año 2000 mil a su campaña presidencial en el 2018, repitió miles de veces que el gran problema de México era la corrupción.

Y al llegar a palacio nacional, juró cumplir no solo con la Constitución y las leyes que de ella emanan, sino hacer realidad su máxima de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Nadie puede poner en tela de duda el gran avance democrático de nuestro país en los recientes 30 años.

A partir de 1988 y su gran fraude electoral operado por el gobierno federal y, directamente por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, el presidente Carlos Salinas (1988-1994) inició realmente la transformación del Estado mexicano con tres grandes decisiones: Admitir la primera derrota del PRI en una gubernatura con el triunfo del panista Ernesto Ruffo Appel en Baja California, expedir la credencial de elector con fotografía y crear el Instituto Federal Electoral para sacar las manos del gobierno en la organización de los comicios electorales e iniciar la creación de organismos autónomos para eliminar los poderes plenipotenciarios del Presidente de la República, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En los siguientes sexenios se daría la consolidación de la pluralidad política para acceder al poder con Vicente Fox en la Presidencia en el año 2000, amén de varias gubernaturas ya en manos del Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática apoderándose del dominio total de la ciudad de México.

Fox “desclasificaría” los documentos reveladores de la actuación del gobierno en los acontecimientos trágicos del 2 de octubre de 1968 y de ahí sobrevino la creación del Instituto Nacional de Transparencia Informativa (INAI), como un conducto eficaz para que la ciudadanía tuviera acceso a conocer sobre el manejo de los recursos públicos, de su dinero, con todos los procedimientos para documentar adquisiciones y ejecuciones de las obras públicas.

En el año 2014, el IFE pasó a convertirse en el Instituto Nacional Electoral (INE), consolidándose como un organismo autónomo, enteramente ciudadano y confiable, lo que incluyó la convicción de no regresar jamás al pasado caracterizado por el fraude electoral.

Al mismo tiempo, se crearon diversos organismos autónomos, todos ellos buscando una mayor libertad e independencia del Poder Ejecutivo.

Así nació el INEGI, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y (entre otros) la Comisión Nacional de Evaluación (CONEVAL) importantísimo para medir la pobreza en el país y con la necesaria credibilidad sin mayor influencia del gobierno.

Sin duda, México había alcanzado un avance extraordinario para consolidar su Democracia. El problema contra el que habría de luchar, era contra la corrupción y la impunidad, multi-denunciados ambos gracias a un periodismo libre e independiente.

Y de las denuncias por corrupción que leímos en “El Universal”, en “Reforma”, en la revista “Proceso”, que escuchamos con Carmen Aristegui, es que un personaje como Andrés Manuel López Obrador pudo tener acceso a un extraordinario apoyo popular, sobre todo por su repetición en el mensaje de combate a la corrupción y la impunidad. Y así llegó el año 2018, en que triunfó de manera avasalladora para llegar a la Presidencia.

Este lunes, es el último día en el calendario de este sexenio llamado propagandísticamente de la “cuarta transformación”.

Aquel enfermo al que se le detectó en su organismo corrupción e impunidad, sufrió varios atentados para terminar con su existencia.

Ahora, la omnipresencia ha regresado en la figura presidencial, el avance democrático de los últimos 30 años ha desaparecido, las libertades están en riesgo, empezando por la libertad de expresión, la propiedad privada y el derecho a la vida.

Hoy, como hace cincuenta años, el poder se ha reconcentrado en la Ciudad de México y, por vez primera, se ha militarizado el país y se han sentado las bases para que el Poder Judicial Federal pierda su naturaleza, para pasar de la defensa y cumplimiento del texto constitucional, el equilibrio de poderes, al sometimiento de intereses políticos.

Este día 30 de septiembre, México ha visto aumentada su deuda pública de manera desproporcionada, mientras Acapulco se cae por causas naturales y Sinaloa ha caído por el dominio de las bandas delincuenciales.

Pero López Obrador festeja. Nunca le importó el dolor ajeno. No cumplió con su máxima de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Se ha luchado por el avance democrático y de libertades, sobre todo en los últimos 30 años, pero en el sexenio 2018-2024 se detuvo ese avance y se buscó desaparecerlo.

Luchamos y perdimos.

De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Una de las más prestigiadas casas encuestadoras del país, Polymetrix, dará a conocer esta semana un estudio de opinión verdaderamente revelador.

Se trata de un muestreo estatal de 640 casos que arrojan datos que además de confirmar el triunfo de Pablo Lemus, también indican que de repetirse la elección en Jalisco, Morena volvería fracasar frente al partido Movimiento Ciudadano.

Y aunque cada vez está más lejos la posibilidad de que se anule el proceso electoral del 2 de junio, lo cierto es que la precitada encuesta no tiene desperdicio alguno.

Por ejemplo, de acuerdo a la información a la que tuve acceso, más del 55 por ciento de los entrevistados considera que no debió impugnarse la elección y el 57 por ciento cree que no debe repetirse.

Pero hay algo más, y es que a la pregunta sobre la imagen del gobernador electo, más del 53 por ciento declaró que es positiva, mientras que de Claudia Delgadillo, la refirieron con apenas un 42 por ciento, manifestando una percepción negativa el 58 por ciento.

El asunto que llama poderosamente la atención es que un 50 por ciento de las personas consultadas aseguró que en caso de que se repita el proceso, votaría por MC, en tanto que por el morenismo un 42 por ciento, y casi el 8 por ciento por el resto de los partidos.

Así las cosas, y en virtud de que la impugnación morenista continúa viva en un reducido sector de la opinión pública, la realidad es que el Movimiento guinda no tendría oportunidad de arrebatarle la victoria al Movimiento naranja.

Lo dicho, aquí hubo voto diferenciado.

@DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista político.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Más allá de las promesas políticas que han cautivado a una nación dividida, nos encontramos ante una realidad que nadie puede negar: la situación económica de México es un desastre en cámara lenta. El gobierno de López Obrador, en su esfuerzo por construir una «Cuarta Transformación», nos ha llevado a niveles de deuda no vistos en más de tres décadas.

Y mientras algunos celebran los programas sociales y los aumentos salariales, hay una verdad que no podemos ignorar: gastamos más de lo que generamos y, como cualquier hogar mal administrado, las consecuencias tarde o temprano nos alcanzarán.

Comencemos por lo elemental: la deuda. Al mes de junio de 2024, la Deuda Bruta del Sector Público asciende a la escalofriante suma de 16 billones 760 mil 737.4 millones de pesos. Esta deuda es la más alta que hemos tenido en los últimos 30 años, y lo más preocupante es que no hay un plan claro para reducirla. La promesa de López Obrador de mantener a México libre de endeudamiento quedó enterrada bajo una montaña de 6.6 billones de pesos adicionales, que su administración ha acumulado en tan solo seis años.

Pero no solo es la deuda lo que debe preocuparnos. Lo que agrava esta situación es cómo se han gestionado los recursos. En su sexenio, la inversión física, la que debería haber sido destinada a infraestructura pública para estimular la economía y atraer inversiones privadas, fue inferior a lo que se destinó al pago de intereses de la deuda. Esto es, en términos simples, suicidio financiero. En lugar de crear condiciones para el crecimiento, gran parte de los recursos se ha utilizado para tapar los agujeros que la propia deuda ha generado.

El resultado de esta mala administración está a la vista: el crecimiento económico de México durante los seis años de López Obrador ha sido de un 0.8%, el peor desde la administración de José López Portillo. Mientras otros países han encontrado la manera de repuntar, México parece estancado, inmovilizado por decisiones erráticas y políticas que, si bien han mantenido un discurso de austeridad, en la práctica no han hecho más que exacerbar el problema.

Y si hablamos de crecimiento, no podemos dejar de mencionar la inversión extranjera, otro talón de Aquiles de esta administración. Las cifras oficiales indican que la llegada de capitales foráneos ha sido 3 mil 274 millones de dólares menor en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las nuevas inversiones, que son las que generan empleos y dinamizan la economía, apenas alcanzaron los 59 mil 738 millones de dólares en este sexenio, una cifra muy por debajo de los 75 mil 496 millones alcanzados por Peña Nieto. ¿Y qué pasó con el tan anunciado nearshoring? Aquella gran promesa de que México se convertiría en el destino predilecto para las empresas que buscan acercarse a Estados Unidos ha quedado en el aire. La inseguridad, la corrupción y la falta de certidumbre jurídica han espantado a los inversionistas, quienes optan por destinos más estables.

Este panorama se complica aún más cuando observamos el déficit fiscal. Al cierre de julio de 2024, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que miden la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, registraron un déficit de 1.043 billones de pesos, el más alto en los primeros siete meses del año desde que se tiene registro. ¿Qué significa esto? Que estamos gastando mucho más de lo que generamos, y los ingresos provenientes de la exportación petrolera y del cobro de impuestos no son suficientes para cubrir las necesidades del gobierno. Este déficit es una señal clara de que nuestra economía está desequilibrada y no puede sostener el ritmo de gasto actual.

Muchos defensores de la administración actual han señalado que, a pesar de todo, López Obrador mantuvo una disciplina fiscal encomiable, sobre todo durante la pandemia del COVID-19. Y es cierto, en comparación con otros países, México mantuvo una estabilidad macroeconómica sorprendente. Sin embargo, esto fue a costa de un crecimiento raquítico y una inversión extranjera diezmada por la incertidumbre jurídica que algunas reformas generaron.

Uno de los grandes ejes del discurso del presidente fue la creación de una sociedad del bienestar, un ideal que prometía corregir décadas de desigualdad. Sin embargo, ese gran cambio estructural nunca se dio. Los ricos son más ricos, y los pobres, aunque han recibido becas, pensiones y apoyos, siguen sin acceso a las oportunidades que realmente les permitirían salir de la pobreza. La distribución de recursos nunca fue revisada a fondo, y los programas sociales, aunque bienintencionados, no han atacado las raíces del problema.

Un ejemplo claro es el presupuesto destinado a los programas sociales para jóvenes que, dicho con todo respeto, ni estudian ni trabajan. 600 mil jóvenes reciben apoyo económico sin que se les exija nada a cambio. Lo mismo ocurrirá con las mujeres entre 60 y 64 años. Entre ambos programas, los expertos estiman que se gastarán en 2025 alrededor de 90 mil millones de pesos. ¿Es esto sostenible a largo plazo? Difícilmente. Aunque estos apoyos han mejorado la calidad de vida de algunos sectores, no se están generando las condiciones necesarias para un crecimiento económico real.

Y mientras tanto, las calificadoras internacionales como Morgan Stanley, Moody’s, Bank of América y Fitch miran con preocupación el rumbo que está tomando la economía mexicana. El gran proyecto energético de la administración, Pemex, sigue siendo un barril sin fondo, y la ineficiencia de la refinería Dos Bocas ha costado miles de millones de pesos sin resultados tangibles.

Además, el papel del Ejército en la asignación de contratos y en la administración de recursos públicos es un tema que no podemos pasar por alto. Se ha recurrido a las Fuerzas Armadas como el gran contratista del gobierno, con adjudicaciones directas y sin licitación. Esta falta de transparencia no solo genera desconfianza, sino que también abre la puerta a posibles desvíos de recursos que, hasta ahora, no han sido esclarecidos.

Con todo, sería injusto no reconocer un logro significativo de este sexenio: el incremento al salario mínimo. La reciente reforma constitucional que garantiza que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación es, sin duda, un avance. En un país donde el salario mínimo perdió más del 70% de su poder adquisitivo en los últimos 40 años, esta reforma es un paso importante hacia la recuperación del bienestar de los trabajadores.

Así pues, el legado de López Obrador es un espejo roto: mientras algunos ven en sus fragmentos la justicia social prometida, otros ven solo el reflejo de una economía descompuesta.

La historia se encargará de juzgar si el legado de esta administración fue un paso hacia adelante o simplemente una ilusión más en el largo y sinuoso camino de la política mexicana. Pero, como siempre, la realidad económica será el juez más implacable de todos.

En X @DEPACHECOS