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NACIONALES

La corrupción es una constante: ¿Quién le sirve al servicio público?

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A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En 1963, Martin Luther King Jr. escribió desde la cárcel de Birmingham que “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes”. Su frase es tan relevante hoy como lo fue entonces, especialmente en un país como México, donde el servicio público enfrenta un desafío constante: la contradicción entre los principios éticos y la realidad de un sistema político marcado por la corrupción y el oportunismo.

Hablar de ética en el servicio público en México puede parecer un ejercicio inútil, casi ingenuo, como intentar sostener un castillo de arena frente al embate de las olas. Los ejemplos son abrumadores. Desde la “Estafa Maestra”, que reveló el uso de universidades públicas como intermediarias para desviar recursos o el programa ‘’A toda máquina’’ que estuvo repleto de irregularidades en el proceso de licitación, hasta los gobernadores prófugos que transformaron sus estados en feudos personales, la corrupción parece una constante. Y no se trata solo de figuras aisladas, sino de un entramado sistémico que convierte al servicio público, no en un espacio para servir al ciudadano, sino en una maquinaria para saquear al país.

Este problema no es exclusivo de México. La historia está llena de ejemplos de sistemas que han colapsado por ignorar los principios éticos en la gestión pública. En la antigua Roma, el abuso del poder por parte de gobernantes corruptos debilitó las instituciones, pavimentando el camino para la caída del imperio. Más recientemente, la crisis de Watergate en Estados Unidos expuso cómo la corrupción, incluso en una democracia avanzada, puede comprometer la confianza ciudadana. Lo que distingue a las sociedades que avanzan de aquellas que permanecen atrapadas en el mismo ciclo es su capacidad para aprender de esos errores y construir un marco sólido de transparencia y responsabilidad.

En México, esa capacidad parece atrofiada. Los escándalos se suceden unos a otros sin que las consecuencias sean proporcionales al daño causado. El discurso oficial apela frecuentemente a la moralidad, pero en la práctica, la ética se diluye en un sistema que prioriza la lealtad política por encima de la competencia técnica o la integridad personal.

El servicio público se ha convertido en un espacio donde lo más importante no es el mérito, sino la cercanía con quien detenta el poder. Esto explica por qué tantas dependencias y programas fracasan: no porque falte presupuesto, sino porque quienes los dirigen no están comprometidos con el bien común, sino con su propio beneficio.

La pregunta es inevitable: ¿es posible revertir esta situación? Algunos países han demostrado que sí. Dinamarca, considerado uno de los menos corruptos del mundo, no siempre tuvo un sistema ético ejemplar. En el siglo XIX, la corrupción era endémica en su gobierno. El cambio comenzó con una transformación cultural que promovió la transparencia, acompañada de sanciones ejemplares contra quienes abusaban de su posición. Más importante aún, se construyó un consenso social en el que la corrupción dejó de ser tolerada, incluso en sus formas más cotidianas. En México, ese consenso parece lejano. Aquí, las prácticas deshonestas no solo se toleran, sino que a menudo se justifican con frases como “así se hacen las cosas” o “todos lo hacen”.

No obstante, no todo está perdido. México ha mostrado que puede movilizarse cuando las circunstancias lo exigen. Las manifestaciones ciudadanas que exigen justicia, las organizaciones civiles que denuncian irregularidades y los periodistas que investigan, incluso a riesgo de sus vidas, son prueba de que existe una base sobre la cual construir un servicio público más ético.

Pero esa base necesita fortalecerse. La transparencia, por ejemplo, debe dejar de ser un término burocrático para convertirse en una práctica real. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas deben ser la norma, no la excepción.

Además, es fundamental transformar la percepción del servicio público. En lugar de verlo como un espacio para enriquecerse o escalar políticamente, debe recuperarse como una vocación, un compromiso con la sociedad. Esto requiere no solo de cambios estructurales, sino también educativos. La ética no puede ser algo que se aprenda en un curso aislado; debe ser parte integral de la formación de los futuros servidores públicos. Y, por supuesto, las sanciones deben ser ejemplares. No es suficiente con que se investigue un caso de corrupción; es necesario que haya consecuencias claras y visibles para quienes traicionan la confianza pública.

Hay quienes argumentan que la corrupción está tan arraigada en la cultura mexicana que es imposible erradicarla. Pero esta visión es derrotista y peligrosa. Justificar el abuso y la deshonestidad como parte de una supuesta “idiosincrasia” no solo perpetúa el problema, sino que lo normaliza. La ética no es un ideal utópico; es una necesidad para la supervivencia misma de cualquier sistema democrático. Sin ella, las instituciones se debilitan, la desigualdad se profundiza y la confianza ciudadana se desvanece.

El verdadero desafío no está en legislar sobre ética, sino en convertirla en acción. Y aquí es donde todos tenemos un papel que desempeñar. La exigencia de integridad no puede limitarse a los altos funcionarios; debe permear todos los niveles del gobierno y la sociedad.

Cada vez que un ciudadano rechaza un soborno, denuncia una irregularidad o se resiste a las prácticas corruptas, está contribuyendo a construir un sistema más ético. Puede parecer un gesto pequeño, pero como decía Edmund Burke: “Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.

¿Podremos algún día ver al servicio público como un espacio para el bien común, en lugar de un botín político? Tal vez la respuesta dependa menos de los discursos y más de nuestras acciones cotidianas. La ética no es un ideal lejano; es una construcción colectiva que comienza con cada uno de nosotros.

 

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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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JALISCO

Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones

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FUEGO CRUZADO

“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”

MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL

“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”

CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO

CIERTO O FALSO

“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG

“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?

PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN

VOZ ALTA

Cirugía mayor a la metrópoli

¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?

PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.

Golpe al género masculino

La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.

PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.

Pleitos en Morena

En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.

BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.

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Tendencias

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