La democracia anulada en planes

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

El plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es sin duda un ataque a las luchas democráticas ganadas en el país hace décadas, es un acto descarado para cambiar la mecánica del sistema electoral que nos permite realizar las jornadas electorales bajo la confianza de la legitimidad que se ha edificado y fundado desde el instituto electoral del país (INE).

Hemos elegido gobiernos bajo la deducción de bienestar y efectiva gobernabilidad, para solo observar cómo llegan a tratar de pasar de un extremo a otro las condiciones del país, con la finalidad de mantenerse y abriéndose camino para desarticular instituciones y órganos garantes que evidentemente les estorban, es un riesgo para la historia democrática y para el futuro del país.

En este sentido, cabe hacer mención que existe una falla medular que permea a los congresos, el poder legislativo se ha convertido en la mejor arma que poseen los poderes ejecutivos, para conseguir los propósitos políticos de cada entidad.}

Los diputados y senadores no llegan para cumplir con su obligación constitucional, evidencian constantemente su carencia de efectiva representación a la sociedad, son exclusivos de los deseos de sus grupos políticos de poder, unos soldados descaradamente enérgicos de intereses políticos a consignación, sin importar qué tan mezquinos ni inconvenientes puedan ser los compromisos con sus jefes políticos.

Son una mafia que ha sido usada por los gobiernos para conseguir luchas que no tienen nada que ver con la democracia, la estabilidad ni el progreso del país, es verdaderamente una contrariedad que las mayorías representativas del poder legislativo no sean contrapeso y estén tomadas por partidos políticos, evidentemente elegir un solo color en la boleta electoral, no ha resultado buena idea.

Corresponde a nuestra sociedad ver la preocupante y marcada división entre el gobierno y la sociedad, las marchas de millones de ciudadanos que expresan su descontento e indignación hacia el hecho de mermar la estructura del INE, poniendo en peligro la viabilidad del próximo proceso electoral, no debe ser minimizada, la firme idea de que si no logra el partido en el poder (Morena) conseguir su permanencia, entonces podrá con su plan B deshacer de manera fácil la siguiente elección o filtrarse sin problema en la jornada electoral, debatiendo por eliminar las 300 juntas distritales y la secretaría ejecutiva, hacer cambios a la inscripción de representantes de partidos, sin responsabilidad o delito electoral que perseguir, sin consecuencias.

Es innegable que los planes políticos de quienes ostentan el poder en México, no tiene conexión con la realidad del país y con las necesidades de la sociedad, vivimos entre la violencia extrema, desaparición de personas, feminicidios, robos, secuestros, grupos delictivos haciendo estragos incomprensibles en la sociedad, desigualdad social, pobreza y gobiernos coludidos con el narco o por lo menos así lo destapa y afirma Estados Unidos con el caso García Luna, mientras los ciudadanos damos cuenta de tanta irresponsabilidad gubernamental, pero sobre todo que no logran gobernar para el pueblo como lo juran hasta el cansancio en sus costosas campañas electorales por el contrario alimentan grupos poderosos y pretenden acomodar el terreno para continuar en el poder, una premisa contraria a la democracia.

En este contexto tenemos que el famoso plan B, no es más que otro intento por debilitar la estructura interna del INE, además bajo total inconstitucionalidad, pues las facultades del instituto emanan de nuestra carta magna y todo aquello que se modifique contraviniendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos carece de legalidad; sin embargo para el partido en el poder atenuar tan robustecida estructura electoral y simplificarla de manera ociosa, le daría el poder de interponerse en la próxima elección, desautorizar el proceso y simular la decisión del pueblo.

Que orgullo sería que los tres poderes, se constituyeran en el escenario vigente de nuestra nación, el ejecutivo federal generara desarrollo, avance y bienestar al administrar correctamente al país, el legislativo fuera el contrapeso funcional que debería ser y no los empleados del poder ejecutivo, para posicionarse en los grupos políticos y en la nómina, así mismo el poder judicial ejerciera su encargo de encontrar la justicia, sin rendir cuentas a los otros dos poderes.

Por desgracia ni los órganos estructurados que garantizan derechos humanos y fundamentales, se salvan de la corrupción e impunidad con que se opera políticamente en el país, existen tantas situaciones sociales de urgente injerencia y en México lo importante es minimizar la percepción negativa de la sociedad e intervenir el INE para conservarse en el poder, no sé bien hasta donde el ciudadano es capaz de razonar lo que realmente tenemos en los actuales gobiernos; en México no existe gobernabilidad es solo simulación, en realidad transitamos solo desde el poder de la política.