NACIONALES
La democracia anulada en planes
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
El plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es sin duda un ataque a las luchas democráticas ganadas en el país hace décadas, es un acto descarado para cambiar la mecánica del sistema electoral que nos permite realizar las jornadas electorales bajo la confianza de la legitimidad que se ha edificado y fundado desde el instituto electoral del país (INE).
Hemos elegido gobiernos bajo la deducción de bienestar y efectiva gobernabilidad, para solo observar cómo llegan a tratar de pasar de un extremo a otro las condiciones del país, con la finalidad de mantenerse y abriéndose camino para desarticular instituciones y órganos garantes que evidentemente les estorban, es un riesgo para la historia democrática y para el futuro del país.
En este sentido, cabe hacer mención que existe una falla medular que permea a los congresos, el poder legislativo se ha convertido en la mejor arma que poseen los poderes ejecutivos, para conseguir los propósitos políticos de cada entidad.}
Los diputados y senadores no llegan para cumplir con su obligación constitucional, evidencian constantemente su carencia de efectiva representación a la sociedad, son exclusivos de los deseos de sus grupos políticos de poder, unos soldados descaradamente enérgicos de intereses políticos a consignación, sin importar qué tan mezquinos ni inconvenientes puedan ser los compromisos con sus jefes políticos.
Son una mafia que ha sido usada por los gobiernos para conseguir luchas que no tienen nada que ver con la democracia, la estabilidad ni el progreso del país, es verdaderamente una contrariedad que las mayorías representativas del poder legislativo no sean contrapeso y estén tomadas por partidos políticos, evidentemente elegir un solo color en la boleta electoral, no ha resultado buena idea.
Corresponde a nuestra sociedad ver la preocupante y marcada división entre el gobierno y la sociedad, las marchas de millones de ciudadanos que expresan su descontento e indignación hacia el hecho de mermar la estructura del INE, poniendo en peligro la viabilidad del próximo proceso electoral, no debe ser minimizada, la firme idea de que si no logra el partido en el poder (Morena) conseguir su permanencia, entonces podrá con su plan B deshacer de manera fácil la siguiente elección o filtrarse sin problema en la jornada electoral, debatiendo por eliminar las 300 juntas distritales y la secretaría ejecutiva, hacer cambios a la inscripción de representantes de partidos, sin responsabilidad o delito electoral que perseguir, sin consecuencias.
Es innegable que los planes políticos de quienes ostentan el poder en México, no tiene conexión con la realidad del país y con las necesidades de la sociedad, vivimos entre la violencia extrema, desaparición de personas, feminicidios, robos, secuestros, grupos delictivos haciendo estragos incomprensibles en la sociedad, desigualdad social, pobreza y gobiernos coludidos con el narco o por lo menos así lo destapa y afirma Estados Unidos con el caso García Luna, mientras los ciudadanos damos cuenta de tanta irresponsabilidad gubernamental, pero sobre todo que no logran gobernar para el pueblo como lo juran hasta el cansancio en sus costosas campañas electorales por el contrario alimentan grupos poderosos y pretenden acomodar el terreno para continuar en el poder, una premisa contraria a la democracia.
En este contexto tenemos que el famoso plan B, no es más que otro intento por debilitar la estructura interna del INE, además bajo total inconstitucionalidad, pues las facultades del instituto emanan de nuestra carta magna y todo aquello que se modifique contraviniendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos carece de legalidad; sin embargo para el partido en el poder atenuar tan robustecida estructura electoral y simplificarla de manera ociosa, le daría el poder de interponerse en la próxima elección, desautorizar el proceso y simular la decisión del pueblo.
Que orgullo sería que los tres poderes, se constituyeran en el escenario vigente de nuestra nación, el ejecutivo federal generara desarrollo, avance y bienestar al administrar correctamente al país, el legislativo fuera el contrapeso funcional que debería ser y no los empleados del poder ejecutivo, para posicionarse en los grupos políticos y en la nómina, así mismo el poder judicial ejerciera su encargo de encontrar la justicia, sin rendir cuentas a los otros dos poderes.
Por desgracia ni los órganos estructurados que garantizan derechos humanos y fundamentales, se salvan de la corrupción e impunidad con que se opera políticamente en el país, existen tantas situaciones sociales de urgente injerencia y en México lo importante es minimizar la percepción negativa de la sociedad e intervenir el INE para conservarse en el poder, no sé bien hasta donde el ciudadano es capaz de razonar lo que realmente tenemos en los actuales gobiernos; en México no existe gobernabilidad es solo simulación, en realidad transitamos solo desde el poder de la política.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
JALISCO
El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional
-Por Redacción Conciencia Pública
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.
Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».
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