-Por Francisco Junco

Mery Gómez Pozos, diputada federal por el Distrito 11 de Guadalajara y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, expresó en entrevista con Conciencia Pública su confianza en que Morena ganará las elecciones en Jalisco en 2027.

“En el 27 vamos a ganar en Jalisco y eso lo saben los emecistas, lo saben todos los jaliscienses. En la elección del 2024 ganamos 15 de 20 distritos en el estado, aquí la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un millón 750 mil votos, una votación histórica, muy por arriba de la que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Esta declaración refleja el optimismo de Gómez Pozos sobre el crecimiento de Morena en un estado tradicionalmente dominado por el Movimiento Ciudadano (MC), destacando el respaldo ciudadano como base para el triunfo futuro.

Gómez Pozos subrayó la necesidad de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando el proyecto colectivo de la Cuarta Transformación sobre ambiciones personales. “Hay confianza en este movimiento y lo que tenemos que hacer es cerrar filas, en torno a la presidenta”.

“Esto trasciende las aspiraciones personales de cualquier personaje que se diga morenista en este estado. Tenemos que cerrar filas alrededor del movimiento y lo que sea mejor para el movimiento y hacer lo que nos toca a cada quien en nuestra trinchera”, señaló.

Su mensaje enfatiza la unidad y el trabajo desde las bases para consolidar la presencia de Morena en Jalisco, un estado clave donde el partido busca desbancar al MC en 2027.

“VAMOS A GANAR EN EL 27”

En cuanto al futuro de Jalisco, Gómez Pozos reiteró su optimismo: “Vamos a ganar en el 27, porque tenemos la confianza de la gente y el hartazgo de los gobiernos naranjas”. Subrayó la votación histórica de Sheinbaum en 2024 como un indicador del respaldo ciudadano, que superó significativamente los votos obtenidos por López Obrador en elecciones previas.

Además, destacó la importancia de mantener la mayoría en el Congreso y ganar municipios clave en 2027, consolidando la presencia de Morena en el estado.

SU CANDIDATURA PARA EL 2027

Preguntada sobre su posible candidatura en 2027, Gómez Pozos evitó centrarse en ambiciones personales, enfocándose en su trabajo actual. “Yo le decía a la gente, me caen muy gordos los políticos que prometen, ganan y ya están pensando en la siguiente silla. Hay que fijarnos en qué están haciendo los que ya favorecieron con el voto”, afirmó.

Como presidenta de la Comisión de Presupuesto, destacó logros como un aumento de más de 8 mil millones de pesos para Jalisco en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, además de presentar siete iniciativas legislativas relevantes y atender sin rezagos los 90 turnos asignados a su comisión.

“Estoy haciendo lo que me toca, no pueden decir que soy una diputada que no va, que no vota, que no se involucra, que no volvió al territorio”, aseguró, enfatizando su compromiso con el trabajo legislativo y territorial.

Mery Gómez Pozos proyecta una visión de unidad y trabajo colectivo para que Morena conquiste Jalisco en 2027. Su confianza se basa en los resultados electorales de 2024, el fortalecimiento de la estructura partidista y el respaldo ciudadano a la Cuarta Transformación.

Con un enfoque en la transparencia, la justicia y la atención a las necesidades locales, Gómez Pozos llama a cerrar filas en torno al proyecto de Sheinbaum, dejando claro que el éxito de Morena dependerá de la solidez de su estructura y la calidad de su trabajo en beneficio de los jaliscienses.

LAS DECISIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA

Durante la entrevista, la diputada detalló los temas abordados en el Consejo Nacional de Morena, celebrado el 20 de julio de 2025, que considera fundamentales para el fortalecimiento del partido. Entre los puntos destacados está la creación de una estructura territorial sólida mediante la instalación de comités seccionales en todo el país, incluyendo 3,579 en Jalisco, de los cuales mil estarán en Guadalajara.

“Esto nos va a garantizar una estructura tan sólida, para que haya un espacio de participación de toda la gente que quiera formar parte, aportar su granito, y te permite garantizar que no va a haber ni cacicazgos, ni referentes que se crean que tienen el poder de toda la estructura”, explicó.

Este enfoque busca democratizar la participación y evitar liderazgos que concentren el poder, asegurando que los candidatos sean seleccionados exclusivamente por encuestas, basadas en el reconocimiento positivo de los aspirantes.

Otro aspecto clave del consejo fue la conformación de un comité de evaluación para nuevas incorporaciones al partido, integrado por figuras como Luisa María Alcalde, Alfonso Durazo, Carolina Rangel, Epigmenio Ibarra y Armando Bartra. Este comité tiene como objetivo cuidar los principios de Morena, especialmente ante el crecimiento del partido, que ya cuenta con más de siete millones de afiliados.

“Somos un movimiento tan grande, más se van a querer sumar, pero tenemos que cuidar los principios del movimiento y no permitir que personajes que vayan contra los principios formen parte de ello”, afirmó Gómez Pozos, destacando la importancia de mantener la integridad ideológica.

El tercer punto relevante es el plan municipalista, que busca que los gobiernos locales de Morena prioricen necesidades básicas como agua, alcantarillado, seguridad, alumbrado público y bacheo. “Los presidentes municipales que ya forman parte de Morena tienen que ceñirse a que sus presupuestos contemplen puntos súper básicos para la gente”, indicó, subrayando que los 880 municipios gobernados por Morena deben distinguirse por su enfoque ciudadano y eficiencia, evitando “ocurrencias” y consolidando gobiernos cercanos a la población.

-Por Gabriel Ibarra Bourjac

En México, el juicio de amparo es el bastión constitucional que protege al ciudadano contra los abusos de la autoridad, un faro de justicia en un sistema a menudo opaco. Sin embargo, una distorsión creciente en su aplicación está golpeando a los empresarios de grúas, quienes, en un giro aberrante, son señalados como autoridades responsables en demandas de amparo, privándolos del derecho a cobrar por sus servicios legítimos.

Juan Francisco Treviño, asesor de la Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRUAS), alza la voz en esta entrevista para denunciar una práctica que no solo vulnera el estado de derecho, sino que condena a los prestadores de servicios a un vasallaje moderno, donde el trabajo solicitado por la autoridad se convierte en un castigo sin paga.

Esta problemática, que Treviño describe con indignación y claridad, revela un Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, perpetúa desigualdades al equiparar a un particular con una autoridad, despojándolo de sus derechos procesales.

Lo que debería ser una herramienta de defensa se transforma en un arma que favorece intereses oscuros, con despachos que lucran ofreciendo liberar vehículos de corralones sin costo, mientras los empresarios de grúas enfrentan pérdidas y multas.

En un país que clama por equidad, esta entrevista expone una verdad incómoda: la justicia, cuando se basa en mentiras procesales, es solo una ilusión que deja a los ciudadanos en indefensión.

GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA FEDERAL

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Juan Francisco nos hablabas de la problemática con la Ley de Amparo y su impacto en los empresarios de grúas. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta distorsión?

Juan Francisco Treviño (JFT): Claro, Gabriel. El problema radica en que los jueces de distrito, en materia de amparo, están admitiendo demandas donde se señala como autoridades responsables a particulares, como los prestadores de servicios de grúas. Esto es un error grave, porque un particular no ejerce actos de autoridad. La Ley de Amparo, tras recientes reformas, ha simplificado procesos de manera burocrática, pero en perjuicio de los ciudadanos.

GIB: Recordemos que el juicio de amparo es una herramienta clave para los mexicanos. ¿Cómo se supone que debería funcionar?

JFT: Exacto. El juicio de amparo es el mecanismo constitucional para proteger a los ciudadanos de abusos de autoridad o violaciones a sus derechos humanos. La Constitución garantiza que ninguna autoridad puede vulnerar nuestras garantías. Sin embargo, la ley contempla que, al defender el derecho de una persona, puede afectarse el de otra. Por eso existe la figura del tercero interesado (antes llamado tercero perjudicado), que permite a un particular afectado participar en el juicio para defender sus derechos antes de que se resuelva algo en su perjuicio.

GIB: Entonces, ¿cuál es el problema específico con los empresarios de grúas?

JFT: Cada vez con mayor frecuencia, los jueces de distrito aceptan demandas de amparo donde no se señala a la autoridad que ordenó el servicio de grúa —como el Ministerio Público, la Guardia Nacional o un juez estatal—, sino al prestador del servicio, un particular, como si fuera la autoridad responsable. Lo más aberrante es que se considera el acto de cobrar por el servicio como un acto de autoridad, cuando no lo es. El prestador no actúa unilateralmente; cobra conforme a un reglamento o tarifa establecida por ley, y solo presta el servicio porque una autoridad se lo solicita.

GIB: Déjame entender: ¿los empresarios de grúas son obligados por una autoridad a prestar un servicio, y luego se les niega el derecho a cobrar?

JFT: Precisamente. La autoridad solicita el servicio —por ejemplo, mover un vehículo para cumplir con una investigación o custodia— y el prestador lo realiza conforme a un reglamento que establece tarifas. Esto es una actividad mercantil legítima, protegida por la Constitución, que garantiza el derecho a recibir el fruto del trabajo. Sin embargo, algunas resoluciones de amparo están privando a los permisionarios de grúas de cobrar por su servicio, argumentando que el vehículo, por ejemplo, tiene reporte de robo. Pero eso no debería eximir a la autoridad de cubrir el costo del servicio, ya que fue ella quien lo solicitó.

GIB: Esto suena como una injusticia flagrante. ¿Cómo justifican los jueces estas decisiones?

JFT: Es una distorsión total del estado de derecho. Los jueces equiparan al prestador de servicios con una autoridad, lo que rompe el equilibrio procesal. En un juicio de amparo, deberíamos tener dos particulares con intereses opuestos: el quejoso y el tercero interesado. Pero al tratar al empresario de grúas como autoridad, se le imponen cargas procesales que no le corresponden, como plazos más cortos o amenazas de multas, sin la capacitación que tienen las verdaderas autoridades para enfrentar estos procesos. Esto deja al prestador en completa indefensión.

GIB: ¿Y qué tan extendido está este problema?

JFT: Ha ido en aumento en los últimos años, y hay evidencias de que se ha convertido en un esquema de corrupción. Existen despachos que se anuncian ofreciendo sacar vehículos de corralones sin pagar, dejando al prestador del servicio sin retribución.

Esto es un robo descarado al empresario, que invierte tiempo, recursos y esfuerzo en cumplir con una solicitud de la autoridad. Es una práctica discriminatoria que recuerda al vasallaje medieval: si la autoridad me pide ayuda, ¿tengo que trabajar gratis?

GIB: ¿Qué soluciones propones para corregir esta distorsión?

JFT: Primero, el Poder Judicial debe actuar con ética y dejar de considerar a los particulares como autoridades para su conveniencia. Esto vulnera la equidad procesal. Segundo, el Poder Legislativo debería reformar la Ley de Amparo para aclarar que solo las verdaderas autoridades pueden ser señaladas como responsables, y no los particulares que actúan bajo su mandato. Finalmente, necesitamos que la reforma judicial en curso elimine estas prácticas deshonestas y garantice una justicia real, porque mientras el juicio de amparo se base en mentiras, la justicia en México será solo una ilusión.

GIB: Queda clarísimo, Francisco. Esto es un abuso que afecta no solo a los empresarios de grúas, sino al estado de derecho en general. ¿Un mensaje final?

JFT: Los mexicanos merecemos un sistema judicial que respete la verdad y proteja a todos por igual. Los empresarios de grúas no son autoridades; son ciudadanos que cumplen con su trabajo y merecen el fruto de su esfuerzo. Basta de distorsiones que nos dejan en indefensión.

GIB: Muchas gracias, Francisco, por tu claridad y valentía. Tu voz es fundamental para visibilizar estas injusticias. Seguimos en contacto.

-Por Gabriel Ibarra Bourjac

En el México de 2025, donde las tensiones políticas y las demandas por justicia y libertad se entrelazan en un escenario complejo, el senador Javier Corral Jurado, de Morena, ha emergido como una figura pivotal en el Senado de la República.

Su actuación en el debate y aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión marcó un hito en su carrera, consolidándolo como un político moderado y conciliador capaz de navegar las aguas turbulentas de una iniciativa que, en su forma inicial, amenazaba con convertirse en una “ley mordaza”.

Con su experiencia como defensor de la libertad de expresión y su habilidad para tender puentes entre la sociedad civil, la oposición y la bancada morenista, Corral logró transformar un proyecto polémico en una norma más sólida, justa e incluyente, demostrando que la política puede ser un ejercicio de diálogo en lugar de imposición.

UN DEFENSOR DE LA LIBERTAD CON UN PASADO DE LUCHA

Javier Corral no es un novato en la defensa de las libertades comunicativas. En 2006, como senador por el PAN, fue una voz clave en la oposición a la “Ley Televisa”, una reforma que favorecía a los grandes consorcios mediáticos en detrimento de la pluralidad y los derechos de las audiencias.

Su postura entonces lo posicionó como un paladín de la libertad de expresión, un título que, en 2025, algunos cuestionaron cuando se le vio defendiendo una iniciativa de Morena que inicialmente generó temores de censura.

Sin embargo, Corral, con su trayectoria como periodista, exgobernador de Chihuahua (2016-2021) y ahora senador, demostró que su compromiso con las libertades no ha menguado, sino que se ha adaptado a un contexto político y tecnológico distinto.

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscaba reestructurar el marco regulatorio del sector, trasladando funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y creando una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado.

Sin embargo, el artículo 109, junto con los artículos 184, 185, 201, 202, 205-207 y 223-227, encendió alarmas al otorgar a la ATDT facultades para bloquear plataformas digitales sin orden judicial, en casos vagamente definidos de “incumplimiento normativo”.

Organizaciones como R3D y Article 19, junto con la oposición (PAN, PRI, MC), denunciaron que esto abría la puerta a la censura en redes sociales, violando la Constitución y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

EL ROL DE MODERADOR: CONSTRUYENDO DIÁLOGO

El senador Corral, como secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y moderador de los cinco conversatorios organizados entre abril y mayo de 2025, asumió el desafío de transformar la narrativa de la ley. Estos foros, que contaron con 89 ponentes —académicos, especialistas, organizaciones sociales, medios indígenas y concesionarios— durante 19 horas y 57 minutos, fueron un ejercicio de democracia participativa que Corral defendió con vehemencia. “No se trata de imponer una visión única, sino de contrastar ideas y anclar la norma en la realidad”, afirmó en una entrevista tras el tercer conversatorio, subrayando la voluntad de Sheinbaum de recoger las preocupaciones sobre la libertad de expresión.

En estos conversatorios, Corral se destacó por su capacidad para escuchar y canalizar críticas. Respondió a propuestas como la de Adelfo Regino, quien pidió incluir a los pueblos indígenas como sujetos de derecho en la regulación, asegurando que la ATDT coordinaría con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

También abordó inquietudes sobre la regulación de plataformas digitales, proponiendo que estas se trataran en una ley específica, separada de la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión, para evitar ambigüedades que pudieran derivar en censura. Esta postura reflejó su comprensión de que las plataformas digitales, a diferencia de la radiodifusión, no operan bienes del dominio público y requieren un marco normativo distinto.

RECONFIGURANDO LA LEY: UN DICTAMEN MÁS JUSTO

El punto de inflexión llegó cuando el Senado, tras las críticas y la presión social, pausó el debate en el Pleno el 28 de abril de 2025, a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para permitir un análisis más profundo. Corral lideró la reconfiguración del dictamen, asegurando que se eliminaran o reformularan los artículos polémicos.

El artículo 109, que permitía bloqueos de plataformas sin control judicial, fue suprimido, y los artículos 201 y 202, relacionados con la propaganda extranjera, se ajustaron para limitar la prohibición a publicidad ideológica o política patrocinada por gobiernos extranjeros, con excepciones para actividades deportivas, culturales y turísticas.

En su intervención en el Pleno el 29 de junio de 2025, Corral presentó el dictamen a nombre de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos.

Destacó que la ley marcaba un cambio de visión, alejándose del modelo que favorecía a grandes consorcios y promoviendo un enfoque social que beneficiaba a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. “Hicimos un gran esfuerzo por recuperar la mayor cantidad de propuestas y anhelos de larga data. Esta es una ley más sólida, clara, justa e incluyente”, afirmó desde la tribuna. Además, presentó una reserva que reguló las suspensiones precautorias de transmisiones, asegurando que solo se aplicaran bajo condiciones estrictas previstas por la ley, un paso crucial para evitar decisiones arbitrarias.

El dictamen final, aprobado con 77 votos a favor y 30 en contra en lo general, y 71 a favor y 29 en contra en lo particular, fortaleció los derechos de las audiencias, promovió descuentos fiscales para pequeños operadores y garantizó incentivos para la cobertura en zonas marginadas. También estableció que el Estado podría brindar servicios de telecomunicaciones a través de una empresa pública, un esfuerzo que Corral calificó como “sin precedente” para garantizar el acceso universal a internet.

CRÍTICAS Y RESPUESTA: UN EQUILIBRIO DELICADO

A pesar de sus esfuerzos, Corral no estuvo exento de críticas. En X, usuarios como @LuisCardenasMx señalaron que minimizó los riesgos iniciales de la ley, mientras @Arouet_V lo acusó de contradecir su legado al apoyar una iniciativa vista como una “Ley Censura”.

Algunos medios, como El Universal, ironizaron sobre un supuesto “pequeño censor” en Corral, recordando su oposición a la “Ley Televisa”. Sin embargo, Corral respondió con contundencia, asegurando que la ley no buscaba censurar ni controlar contenidos, sino modernizar el sector con un enfoque social. “Prácticamente todos los ponentes reconocieron los avances. Estamos separando la cizaña del trigo para hablar de lo realmente importante”, dijo tras el tercer conversatorio.

La oposición, liderada por figuras como la senadora Carolina Viggiano (PRI) y Clemente Castañeda (MC), cuestionó la dependencia de la ATDT del Ejecutivo y la falta de autonomía del nuevo órgano regulador. Aunque Corral reconoció estas preocupaciones, defendió que la reconfiguración de la ATDT, con un diseño más equilibrado y un órgano colegiado de cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, mitigaba los riesgos de concentración de poder.

UN LEGADO DE CONCILIACIÓN

La actuación de Javier Corral en el debate de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 demostró su capacidad para ser un político moderado en una bancada morenista a menudo vista como monolítica. Su liderazgo en los conversatorios, su defensa de los derechos de las audiencias y su insistencia en eliminar cualquier sombra de censura reflejaron un compromiso con la pluralidad y la justicia.

Al lograr que el dictamen final incorporara incentivos para pequeños operadores, medios indígenas y conectividad en zonas marginadas, Corral no solo evitó que la ley se convirtiera en una herramienta de control, sino que la transformó en un paso hacia un México más conectado e inclusivo.

En un contexto donde la polarización amenaza con fracturar el diálogo, Corral mostró que es posible tender puentes sin sacrificar principios. Su papel en este proceso no solo reivindica su trayectoria como defensor de las libertades, sino que lo posiciona como un actor clave en la construcción de un marco regulatorio que, en sus palabras, “no solo conecta redes, sino también voluntades”.

Finalmente el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a su vez la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobó el decretó con 369 votos a favor y 104 en contra con 3 abstenciones, abroga la legislación que estaba vigente desde julio de 2014 y crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La nueva ley busca garantizar el acceso universal a internet, fortalecer los derechos de las audiencias y reorganizar la regulación del espectro radioeléctrico, además establece que las líneas de telefonía móvil deben estar asociadas a un usuario final y que los servicios de telecomunicaciones móviles solo pueden ser otorgadas a personas con CURP.

Sobre el papel de Javier Corral en este episodio es un recordatorio de que la política, cuando se ejerce con apertura y compromiso, puede ser un motor de cambio para un México que aún busca su rumbo.

LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES

La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025 en México estableció a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como una entidad clave en la regulación y promoción del sector, asumiendo funciones que anteriormente desempeñaba el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Funciones y atribuciones de la ATDT

Regulación y supervisión del sector:

Tiene la responsabilidad de elaborar y conducir las políticas públicas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y digitalización, incluyendo la planificación de programas para la cobertura universal y el acceso a internet de banda ancha.

Promoción de la inclusión digital:

Uno de los objetivos principales de la ATDT es conectar a 15 millones de mexicanos que actualmente no tienen acceso a internet, promoviendo la cobertura social y el acceso equitativo a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

La Agencia coordina esfuerzos con los tres niveles de gobierno para homologar trámites y facilitar el despliegue de infraestructura, reduciendo barreras regulatorias para nuevos operadores.

Control de contenidos y plataformas digitales:

La ATDT tiene la facultad de supervisar la publicidad y los contenidos transmitidos en radio, televisión y plataformas digitales, incluyendo la prohibición de propaganda política o ideológica extranjera, salvo en casos de promoción turística o cultural.

El artículo 109 de la ley generó controversia por permitir a la ATDT, a solicitud de autoridades competentes, el bloqueo temporal de plataformas digitales en casos de incumplimiento normativo. Sin embargo, tras críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ajustes para evitar interpretaciones de censura, aunque no se especifican los cambios finales en el texto aprobado.

Gestión de datos y privacidad:

La ATDT puede emitir lineamientos para el registro de usuarios de servicios móviles, obligando a los concesionarios a crear un padrón de usuarios y ponerlo a disposición de autoridades bajo ciertos criterios. Esto levantó preocupaciones sobre posibles violaciones a la privacidad, ya que la ley no especifica claramente la necesidad de una orden judicial para acceder a estos datos.

Transferencia de recursos y procedimientos:

• • Los recursos financieros, materiales e informáticos del IFT fueron transferidos a la ATDT, y los procedimientos en trámite del IFT continuaron bajo su gestión. Además, se suspendieron los trámites del sector por 60 días hábiles tras la entrada en vigor de la ley para facilitar la transición.
• Otras responsabilidades:

La ATDT debe elaborar un plan de licitación de bandas de frecuencia para servicios móviles, como 5G, antes del 31 de diciembre de 2025, priorizando la cobertura social y precios accesibles.

Garantiza los derechos de las audiencias, restableciendo medidas de la ley de 2014, como códigos de ética y defensorías de audiencias.

Faculta al Ejecutivo Federal, a través de la ATDT, para proveer servicios de internet en zonas sin cobertura, permitiendo a la CFE operar en igualdad de condiciones con privados.

CONTEXTO DE LA APROBACIÓN

La ley fue aprobada por el Senado el 28 de junio de 2025 (77 votos a favor, 30 en contra) y por la Cámara de Diputados el 30 de junio de 2025 (369 votos a favor, 104 en contra, 3 abstenciones).

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, formó parte de la reforma constitucional de simplificación administrativa de noviembre de 2024, que eliminó al IFT y otros órganos autónomos como la Cofece y el INAI.

A pesar de las críticas, la ATDT y el gobierno aseguraron que la ley no busca censurar, sino garantizar el acceso a internet como un derecho fundamental y fortalecer la soberanía tecnológica.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES

Se estableció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como un órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica, operativa y de gestión. Este organismo está encargado de emitir resoluciones regulatorias con imparcialidad para garantizar el desarrollo eficiente del sector.

La Comisión está conformada por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado.