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NACIONALES

Las reformas a los sistemas de pensiones en México: Vital para el futuro de los trabajadores

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

Los sistemas de pensiones gubernamentales son pilares fundamentales para garantizar la estabilidad y el bienestar económico de los ciudadanos en la vejez. En México, las reformas al sistema de pensiones han sido tema de un intenso debate, especialmente en el contexto de las modificaciones más recientes de 2020.

Estas reformas buscan corregir las deficiencias de los cambios implementados en 1997 y 2007 durante gobiernos neoliberales, que se percibieron como perjudiciales para los pensionados y beneficiosas para las empresas privadas administradoras de las Afores.

En 1995, durante el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se aprobó la reforma a la Ley del IMSS de 1973, que entonces regía la forma en que los trabajadores recibían una pensión al retirarse.

El sistema de pensiones vigente de 1973 a 1997, daba a los trabajadores una pensión de acuerdo con la edad a la que se retiraban y el promedio de su sueldo en los cinco años anteriores al retiro. Tenía dos modalidades: retiro por cesantía entre los 60 y 64 años; y por vejez a partir de los 65 años.

Para solicitar la pensión, el trabajador debió haber cotizado 500 semanas como mínimo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que equivalen a unos 10 años de trabajo. El monto que recibían los trabajadores dependía, además del promedio del sueldo, de la edad a la que se retiraban.

Si lo hacían por cesantía podían recibir entre el 75% y el 95% del promedio de su sueldo; si lo hacían por vejez recibían el 100%.

REFORMA DE 1997

Antes de 1997, año en que se aplicó la reforma propuesta en 1995, el sistema de pensiones en México operaba bajo un esquema de reparto a través del IMSS. En este modelo, las contribuciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados. Este sistema se sostenía gracias a una alta proporción de trabajadores activos frente a jubilados, y se caracterizaba por una cobertura relativamente amplia y beneficios definidos. Sin embargo, el sistema enfrentaba supuestos problemas de sostenibilidad debido a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida, lo que incrementaba la proporción de jubilados en relación con los trabajadores activos.

El 1 de julio de 1997 entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social, vigente hasta el momento, y cuyo modelo se basa en que cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se van sumando sus aportaciones, las de su patrón y las del Gobierno.

Dichas cuentas están bajo la tutela de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que son instituciones financieras vigiladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Actualmente hay 10 Afores: 9 privadas y una del Estado.

Cada bimestre, el patrón aporta 5,15% del salario base; el Gobierno federal pone la llamada Cuota Social de 0,225% del salario base; y el trabajador, el 1,125% de su salario. En total, la Afore recibe el 6,5% del salario base de cotización.

Además, el trabajador puede hacer aportaciones voluntarias cada quincena o mes para aumentar el saldo de su ahorro.

Esta reforma fue promovida bajo el argumento de mejorar la sostenibilidad del sistema y reducir la carga fiscal del gobierno. Se introdujeron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), instituciones privadas encargadas de gestionar las cuentas individuales de los trabajadores. Bajo este esquema, cada trabajador tenía una cuenta individual donde se depositaban sus contribuciones, las cuales se invertían en el mercado financiero con el objetivo de generar rendimientos para financiar su jubilación.

La reforma de 1997 tuvo consecuencias mixtas. Si bien alivió la carga fiscal del gobierno al reducir su responsabilidad directa en el pago de pensiones, también trajo consigo problemas significativos. Las Afores comenzaron a cobrar comisiones elevadas por la gestión de las cuentas, reduciendo significativamente los ahorros acumulados por los trabajadores. Por ejemplo, durante los primeros años, las comisiones por manejo de cuenta llegaron a representar hasta el 2% del saldo anual, un costo excesivo que afectaba el monto final disponible para la jubilación.

Además, la baja densidad de cotización, es decir, el número de semanas que los trabajadores contribuyen al sistema durante su vida laboral, resultó en saldos insuficientes para garantizar pensiones adecuadas. Muchas personas no lograban acumular los fondos necesarios, lo que derivaba en pensiones extremadamente bajas. Por ejemplo, si un trabajador tenía un sueldo de $10 mil pesos mensuales, su pensión era de alrededor de $2,500 pesos al mes.

REFORMA DE 2007

La reforma de 2007 se enfocó en el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Similar a la reforma de 1997, se introdujo un esquema de capitalización individual para los nuevos trabajadores, mientras que los trabajadores existentes podían optar por mantenerse en el sistema anterior o migrar al nuevo sistema.

Esta reforma también enfrentó críticas debido a problemas similares a los del sistema de Afores. Las comisiones cobradas por las Afores del ISSSTE fueron consideradas altas y el rendimiento de las inversiones a menudo no compensaba estos costos. Asimismo, se encontraron diversas anomalías en la administración de los fondos, incluyendo prácticas de inversión cuestionables y falta de transparencia en la gestión de los recursos.

Además, diversas investigaciones han revelado que muchos políticos y expolíticos del PRI y el PAN tenían participación en las empresas de Afores, lo que generaba conflictos de interés y sospechas de corrupción. Este entorno permitió prácticas abusivas, como el cobro de comisiones excesivas y la manipulación de los rendimientos para favorecer a ciertos grupos económicos.

REFORMA DE 2020

En un esfuerzo por abordar las deficiencias de las reformas anteriores, en 2020 se aprobó una nueva reforma al sistema de pensiones en México. Esta reforma tenía varios objetivos clave:

Aumento de las aportaciones. Se incrementaron las aportaciones obligatorias de los empleadores de manera gradual, pasando del 5.15% al 13.875% del salario base de cotización en un periodo de ocho años. Este aumento tiene como objetivo mejorar el saldo acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores.

Reducción de las semanas necesarias para la pensión. Se redujo el requisito de semanas cotizadas de 1,250 a 750 semanas, con un aumento progresivo hasta llegar a 1,000 semanas en 2031. Esta medida busca facilitar el acceso a una pensión para un mayor número de trabajadores, especialmente aquellos con historial laboral irregular.

Mejora de la Pensión Garantizada. La Pensión Garantizada, ajustada a la inflación, se incrementó para asegurar un ingreso mínimo digno para los jubilados, particularmente aquellos con bajos ingresos.

Reducción de comisiones. Se establecieron regulaciones más estrictas para las comisiones que las Afores pueden cobrar, buscando reducir los costos para los trabajadores y mejorar los rendimientos netos de sus ahorros para el retiro. Actualmente se han reducido a menos de la mitad de los cobros anteriores, quedando en 0.56% de las aportaciones del trabajador.

Beneficios de la reforma. Las reformas de 2020 intentan corregir los errores del pasado, asegurando que los trabajadores tengan mayores ahorros y, por ende, pensiones más dignas. Se estima que, con la nueva estructura de aportaciones y menores comisiones, los saldos acumulados en las cuentas de los trabajadores podrían aumentar significativamente, mejorando las pensiones futuras.

PRÓXIMAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

El gobierno federal ha propuesto futuras modificaciones para continuar mejorando el sistema de pensiones en México:

Pensión universal. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una pensión universal que garantice un ingreso básico a todos los adultos mayores, independientemente de su historial laboral. Esta medida busca ampliar la cobertura y reducir la desigualdad en los beneficios de pensión.

Aumento de contribuciones. Se plantea incrementar aún más las contribuciones patronales y gubernamentales para asegurar la sostenibilidad del sistema y mejorar los montos de las pensiones.

Transparencia y eficiencia. También se busca implementar medidas para mejorar la transparencia y eficiencia en la administración de las Afores, incluyendo auditorías más estrictas y la eliminación de conflictos de interés.

LOS MEJORES SISTEMAS DE PENSIONES DEL MUNDO

Países Bajos. El sistema de pensiones en los Países Bajos es conocido por su sostenibilidad y adecuación. Consiste en tres pilares: una pensión estatal básica (AOW), pensiones ocupacionales y ahorros privados. La AOW proporciona un ingreso básico para todos los residentes mayores de 67 años, financiado por impuestos. Las pensiones ocupacionales son gestionadas por fondos específicos de cada sector y son obligatorias, mientras que los ahorros privados permiten a los individuos complementar sus ingresos de jubilación.

El sistema holandés asegura una cobertura amplia y pensiones adecuadas, lo que reduce la pobreza en la vejez y asegura una calidad de vida digna para los jubilados. Además, la estructura tripartita proporciona estabilidad y diversificación de riesgos.

Dinamarca. El sistema danés se caracteriza por su eficiencia y sostenibilidad. Incluye una pensión estatal básica financiada por impuestos, pensiones ocupacionales obligatorias gestionadas por fondos específicos y ahorros privados incentivados mediante deducciones fiscales. Este sistema asegura una base de ingresos sólida para todos los ciudadanos mayores de 67 años.

Dinamarca tiene una de las tasas más bajas de pobreza en la vejez en el mundo, gracias a su sistema de pensiones robusto y bien financiado. La transparencia y la gestión eficiente de los fondos de pensiones son factores clave en su éxito.

Australia. Australia combina una pensión estatal financiada por impuestos (Age Pension) con un esquema de ahorro obligatorio conocido como Superannuation. La Age Pension ofrece un ingreso básico a los ciudadanos mayores de 66 años y medio, mientras que el Superannuation obliga a los empleadores a contribuir un porcentaje del salario de los trabajadores a fondos de pensiones privados, promoviendo una alta tasa de ahorro y seguridad financiera para los jubilados.

El sistema australiano fomenta una alta tasa de ahorro personal, lo que permite a los jubilados tener ingresos más altos y una mayor seguridad financiera. Además, la combinación de ingresos garantizados y ahorros privados proporciona una red de seguridad sólida y flexible.

Suecia. El sistema de pensiones en Suecia es reconocido por su flexibilidad y solidez. Consta de una pensión de ingresos basada en los ingresos a lo largo de la vida laboral, una pensión garantizada para aquellos con bajos ingresos y pensiones ocupacionales complementarias. Este modelo asegura que todos los ciudadanos reciban una pensión adecuada, independientemente de sus ingresos previos.

Suecia ha logrado reducir significativamente la pobreza en la vejez mediante un sistema de pensiones que equilibra adecuadamente la responsabilidad individual y la seguridad proporcionada por el Estado. La transparencia y la equidad son características fundamentales de este sistema.

Los sistemas de pensiones gubernamentales son esenciales para garantizar el bienestar económico de los jubilados y asegurar una sociedad más equitativa. Las próximas modificaciones propuestas buscan ampliar la cobertura y asegurar un nivel de ingresos digno para todos los adultos mayores.

Al comparar los sistemas de pensiones más exitosos del mundo, como los de Países Bajos, Dinamarca, Australia y Suecia, se pueden extraer valiosas lecciones para México. Estos modelos destacan por su combinación de pilares estatales, ocupacionales y privados, proporcionando una red de seguridad robusta y diversificada para los jubilados. Implementar prácticas similares en México podría contribuir a un sistema de pensiones más justo y sostenible, asegurando el bienestar de las futuras generaciones de trabajadores.

Es vital que el gobierno mexicano continúe reformando y mejorando el sistema de pensiones, no solo para corregir los errores del pasado, sino también para garantizar un futuro más seguro y digno para todos los trabajadores del país.

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NACIONALES

Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

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Por Mario Ávila //

En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.

La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.

Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas

A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.

Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.

Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).

En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.

Un proceso de conteo escalonado y transparente

El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.

En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.

Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.

Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.

López Obrador reaparece y respalda la reforma

Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.

Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.

El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.

Protestas y elecciones concurrentes

Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.

Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.

Un hito con retos pendientes

La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.

A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.

LOS NÚMEROS

Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:

9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

464 Magistraturas de Circuito

386 personas Juzgadoras de Distrito

Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada

De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.

En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.

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JALISCO

¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.

Un abstencionismo que habla

El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.

¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.

En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.

Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.

Fragmentación y divisionismo en Morena

Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.

La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.

Desconfianza institucional y desencanto ciudadano

El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.

Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.

Implicaciones para el futuro político de Jalisco

El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.

¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.

Un mensaje claro para Morena

El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.

Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.

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NACIONALES

Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.

La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.

BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN

Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.

La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.

El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.

IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.

Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.

La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.

EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN

Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.

IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.

Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.

La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.

UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS

La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.

México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.

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