NACIONALES
Las reformas a los sistemas de pensiones en México: Vital para el futuro de los trabajadores
Actualidad, por Alberto Gómez R. //
Los sistemas de pensiones gubernamentales son pilares fundamentales para garantizar la estabilidad y el bienestar económico de los ciudadanos en la vejez. En México, las reformas al sistema de pensiones han sido tema de un intenso debate, especialmente en el contexto de las modificaciones más recientes de 2020.
Estas reformas buscan corregir las deficiencias de los cambios implementados en 1997 y 2007 durante gobiernos neoliberales, que se percibieron como perjudiciales para los pensionados y beneficiosas para las empresas privadas administradoras de las Afores.
En 1995, durante el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se aprobó la reforma a la Ley del IMSS de 1973, que entonces regía la forma en que los trabajadores recibían una pensión al retirarse.
El sistema de pensiones vigente de 1973 a 1997, daba a los trabajadores una pensión de acuerdo con la edad a la que se retiraban y el promedio de su sueldo en los cinco años anteriores al retiro. Tenía dos modalidades: retiro por cesantía entre los 60 y 64 años; y por vejez a partir de los 65 años.
Para solicitar la pensión, el trabajador debió haber cotizado 500 semanas como mínimo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que equivalen a unos 10 años de trabajo. El monto que recibían los trabajadores dependía, además del promedio del sueldo, de la edad a la que se retiraban.
Si lo hacían por cesantía podían recibir entre el 75% y el 95% del promedio de su sueldo; si lo hacían por vejez recibían el 100%.
REFORMA DE 1997
Antes de 1997, año en que se aplicó la reforma propuesta en 1995, el sistema de pensiones en México operaba bajo un esquema de reparto a través del IMSS. En este modelo, las contribuciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados. Este sistema se sostenía gracias a una alta proporción de trabajadores activos frente a jubilados, y se caracterizaba por una cobertura relativamente amplia y beneficios definidos. Sin embargo, el sistema enfrentaba supuestos problemas de sostenibilidad debido a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida, lo que incrementaba la proporción de jubilados en relación con los trabajadores activos.
El 1 de julio de 1997 entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social, vigente hasta el momento, y cuyo modelo se basa en que cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se van sumando sus aportaciones, las de su patrón y las del Gobierno.
Dichas cuentas están bajo la tutela de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que son instituciones financieras vigiladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Actualmente hay 10 Afores: 9 privadas y una del Estado.
Cada bimestre, el patrón aporta 5,15% del salario base; el Gobierno federal pone la llamada Cuota Social de 0,225% del salario base; y el trabajador, el 1,125% de su salario. En total, la Afore recibe el 6,5% del salario base de cotización.
Además, el trabajador puede hacer aportaciones voluntarias cada quincena o mes para aumentar el saldo de su ahorro.
Esta reforma fue promovida bajo el argumento de mejorar la sostenibilidad del sistema y reducir la carga fiscal del gobierno. Se introdujeron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), instituciones privadas encargadas de gestionar las cuentas individuales de los trabajadores. Bajo este esquema, cada trabajador tenía una cuenta individual donde se depositaban sus contribuciones, las cuales se invertían en el mercado financiero con el objetivo de generar rendimientos para financiar su jubilación.
La reforma de 1997 tuvo consecuencias mixtas. Si bien alivió la carga fiscal del gobierno al reducir su responsabilidad directa en el pago de pensiones, también trajo consigo problemas significativos. Las Afores comenzaron a cobrar comisiones elevadas por la gestión de las cuentas, reduciendo significativamente los ahorros acumulados por los trabajadores. Por ejemplo, durante los primeros años, las comisiones por manejo de cuenta llegaron a representar hasta el 2% del saldo anual, un costo excesivo que afectaba el monto final disponible para la jubilación.
Además, la baja densidad de cotización, es decir, el número de semanas que los trabajadores contribuyen al sistema durante su vida laboral, resultó en saldos insuficientes para garantizar pensiones adecuadas. Muchas personas no lograban acumular los fondos necesarios, lo que derivaba en pensiones extremadamente bajas. Por ejemplo, si un trabajador tenía un sueldo de $10 mil pesos mensuales, su pensión era de alrededor de $2,500 pesos al mes.
REFORMA DE 2007
La reforma de 2007 se enfocó en el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Similar a la reforma de 1997, se introdujo un esquema de capitalización individual para los nuevos trabajadores, mientras que los trabajadores existentes podían optar por mantenerse en el sistema anterior o migrar al nuevo sistema.
Esta reforma también enfrentó críticas debido a problemas similares a los del sistema de Afores. Las comisiones cobradas por las Afores del ISSSTE fueron consideradas altas y el rendimiento de las inversiones a menudo no compensaba estos costos. Asimismo, se encontraron diversas anomalías en la administración de los fondos, incluyendo prácticas de inversión cuestionables y falta de transparencia en la gestión de los recursos.
Además, diversas investigaciones han revelado que muchos políticos y expolíticos del PRI y el PAN tenían participación en las empresas de Afores, lo que generaba conflictos de interés y sospechas de corrupción. Este entorno permitió prácticas abusivas, como el cobro de comisiones excesivas y la manipulación de los rendimientos para favorecer a ciertos grupos económicos.
REFORMA DE 2020
En un esfuerzo por abordar las deficiencias de las reformas anteriores, en 2020 se aprobó una nueva reforma al sistema de pensiones en México. Esta reforma tenía varios objetivos clave:
Aumento de las aportaciones. Se incrementaron las aportaciones obligatorias de los empleadores de manera gradual, pasando del 5.15% al 13.875% del salario base de cotización en un periodo de ocho años. Este aumento tiene como objetivo mejorar el saldo acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores.
Reducción de las semanas necesarias para la pensión. Se redujo el requisito de semanas cotizadas de 1,250 a 750 semanas, con un aumento progresivo hasta llegar a 1,000 semanas en 2031. Esta medida busca facilitar el acceso a una pensión para un mayor número de trabajadores, especialmente aquellos con historial laboral irregular.
Mejora de la Pensión Garantizada. La Pensión Garantizada, ajustada a la inflación, se incrementó para asegurar un ingreso mínimo digno para los jubilados, particularmente aquellos con bajos ingresos.
Reducción de comisiones. Se establecieron regulaciones más estrictas para las comisiones que las Afores pueden cobrar, buscando reducir los costos para los trabajadores y mejorar los rendimientos netos de sus ahorros para el retiro. Actualmente se han reducido a menos de la mitad de los cobros anteriores, quedando en 0.56% de las aportaciones del trabajador.
Beneficios de la reforma. Las reformas de 2020 intentan corregir los errores del pasado, asegurando que los trabajadores tengan mayores ahorros y, por ende, pensiones más dignas. Se estima que, con la nueva estructura de aportaciones y menores comisiones, los saldos acumulados en las cuentas de los trabajadores podrían aumentar significativamente, mejorando las pensiones futuras.
PRÓXIMAS MODIFICACIONES PROPUESTAS
El gobierno federal ha propuesto futuras modificaciones para continuar mejorando el sistema de pensiones en México:
Pensión universal. Una de las propuestas más destacadas es la creación de una pensión universal que garantice un ingreso básico a todos los adultos mayores, independientemente de su historial laboral. Esta medida busca ampliar la cobertura y reducir la desigualdad en los beneficios de pensión.
Aumento de contribuciones. Se plantea incrementar aún más las contribuciones patronales y gubernamentales para asegurar la sostenibilidad del sistema y mejorar los montos de las pensiones.
Transparencia y eficiencia. También se busca implementar medidas para mejorar la transparencia y eficiencia en la administración de las Afores, incluyendo auditorías más estrictas y la eliminación de conflictos de interés.
LOS MEJORES SISTEMAS DE PENSIONES DEL MUNDO
Países Bajos. El sistema de pensiones en los Países Bajos es conocido por su sostenibilidad y adecuación. Consiste en tres pilares: una pensión estatal básica (AOW), pensiones ocupacionales y ahorros privados. La AOW proporciona un ingreso básico para todos los residentes mayores de 67 años, financiado por impuestos. Las pensiones ocupacionales son gestionadas por fondos específicos de cada sector y son obligatorias, mientras que los ahorros privados permiten a los individuos complementar sus ingresos de jubilación.
El sistema holandés asegura una cobertura amplia y pensiones adecuadas, lo que reduce la pobreza en la vejez y asegura una calidad de vida digna para los jubilados. Además, la estructura tripartita proporciona estabilidad y diversificación de riesgos.
Dinamarca. El sistema danés se caracteriza por su eficiencia y sostenibilidad. Incluye una pensión estatal básica financiada por impuestos, pensiones ocupacionales obligatorias gestionadas por fondos específicos y ahorros privados incentivados mediante deducciones fiscales. Este sistema asegura una base de ingresos sólida para todos los ciudadanos mayores de 67 años.
Dinamarca tiene una de las tasas más bajas de pobreza en la vejez en el mundo, gracias a su sistema de pensiones robusto y bien financiado. La transparencia y la gestión eficiente de los fondos de pensiones son factores clave en su éxito.
Australia. Australia combina una pensión estatal financiada por impuestos (Age Pension) con un esquema de ahorro obligatorio conocido como Superannuation. La Age Pension ofrece un ingreso básico a los ciudadanos mayores de 66 años y medio, mientras que el Superannuation obliga a los empleadores a contribuir un porcentaje del salario de los trabajadores a fondos de pensiones privados, promoviendo una alta tasa de ahorro y seguridad financiera para los jubilados.
El sistema australiano fomenta una alta tasa de ahorro personal, lo que permite a los jubilados tener ingresos más altos y una mayor seguridad financiera. Además, la combinación de ingresos garantizados y ahorros privados proporciona una red de seguridad sólida y flexible.
Suecia. El sistema de pensiones en Suecia es reconocido por su flexibilidad y solidez. Consta de una pensión de ingresos basada en los ingresos a lo largo de la vida laboral, una pensión garantizada para aquellos con bajos ingresos y pensiones ocupacionales complementarias. Este modelo asegura que todos los ciudadanos reciban una pensión adecuada, independientemente de sus ingresos previos.
Suecia ha logrado reducir significativamente la pobreza en la vejez mediante un sistema de pensiones que equilibra adecuadamente la responsabilidad individual y la seguridad proporcionada por el Estado. La transparencia y la equidad son características fundamentales de este sistema.
Los sistemas de pensiones gubernamentales son esenciales para garantizar el bienestar económico de los jubilados y asegurar una sociedad más equitativa. Las próximas modificaciones propuestas buscan ampliar la cobertura y asegurar un nivel de ingresos digno para todos los adultos mayores.
Al comparar los sistemas de pensiones más exitosos del mundo, como los de Países Bajos, Dinamarca, Australia y Suecia, se pueden extraer valiosas lecciones para México. Estos modelos destacan por su combinación de pilares estatales, ocupacionales y privados, proporcionando una red de seguridad robusta y diversificada para los jubilados. Implementar prácticas similares en México podría contribuir a un sistema de pensiones más justo y sostenible, asegurando el bienestar de las futuras generaciones de trabajadores.
Es vital que el gobierno mexicano continúe reformando y mejorando el sistema de pensiones, no solo para corregir los errores del pasado, sino también para garantizar un futuro más seguro y digno para todos los trabajadores del país.
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ENTREVISTAS
Análisis del Primer Informe de Gobierno: «Hay rumbo en el país, pero no podemos confiarnos», Martín Romero Morett
-Por Mario Ávila
“Podemos o no estar de acuerdo con el rumbo del país, pero hay rumbo”, así lo expuso el director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA, Martín Romero Morett, al hacer un análisis en el terreno económico, del contenido del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Yo personalmente -dijo-, si estoy de acuerdo con ese rumbo, es decir, me gusta que se quiera, que el país siga buscando crecer con estabilidad macroeconómica y con prosperidad compartida; me gusta que se tenga un Plan de Desarrollo con una política de fomento en el que el gobierno se encargue de asegurarle al país, la alimentación, la energía y la infraestructura necesaria.
Sin embargo, planteó el investigador y académico de la Universidad de Guadalajara, que el hecho de que la presidenta haya definido el rumbo y se hayan hecho las reformas para avanzar en esa dirección, “no significa que ‘ya la hicimos’, todavía hay muchos pendientes, porque los rezagos que nos heredó el neoliberalismo son inmensos”.
A manera de ejemplo, se refirió a la política de los salarios, que, a pesar de los aumentos, siguen siendo precarios. “Los empleos, a pesar de que el desempleo sea bajo, tenemos a muchos millones trabajando en la economía informal”, expuso.
Hizo alusión también al hecho de que, pese a que los ingresos del gobierno, aunque hayan aumentado, “seguimos recaudando poco en relación con otras economías similares y requerimos una Reforma Fiscal para abatir el déficit y para seguir sosteniendo el gasto social, ayudas, mejorar la educación, la salud, y la inversión en infraestructura, en comunicaciones físicas y electrónicas y para seguir financiando el desarrollo tecnológico, producción de microcircuitos y autos eléctricos.
“Junto con la reforma fiscal, está pendiente una reforma al sector financiero, para bajarle costos al crédito y para que éste sirva a la inversión privada y pública, y se refleje en el desarrollo y en el bienestar”, planteó el académico e investigador.
En su análisis, pidió no perder de vista que vivimos momentos de incertidumbre, de cambio, de transición, a lo cual México se está tratando de ajustar lo mejor posible, “pero no es fácil con un gobierno como el de Donald Trump que presiona a México por el lado de los aranceles, pero también militarmente”.
POLÍTICA ECONÓMICA CON RESULTADOS
En su análisis sobre el manejo económico y el rumbo que lleva el país, el doctor Martín Romero Morett, aseguró que Sheinbaum Pardo presentó en el Informe, logros alineados al rumbo hacia el cual lleva al país, y enlistó algunos de ellos:
“Tenemos estabilidad macroeconómica; nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar; la inflación anual, en julio, fue de 3.5 por ciento, la menor desde enero de 2021; los ingresos del gobierno Federal, al 31 de agosto, alcanzaron una cifra de 5 billones 952 mil millones de pesos, 8.5 por ciento mayor en términos reales que en 2024, y por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos; los impuestos han superado en 88,165 millones lo previsto, impulsados por IVA, ISR y aranceles a importaciones; el déficit fiscal se ha reducido en más de 36% y se busca bajarlo del 5.7% del PIB en 2024 al 4% para 2026 y así se reflejará en el paquete fiscal para 2026 y la deuda pública se mantiene, al cierre de agosto, en 50 por ciento del PIB.
PROSPERIDAD COMPARTIDA CON DIVIDENDOS
Algunos de los mejores logros en el terreno de la economía, en opinión del doctor Romero Morett, están relacionados con su idea de impulsar la prosperidad compartida y por ello se tomaron decisiones importantes como el aumento al salario mínimo en el año 2025, en 12 por ciento, “lo que significa un incremento histórico en términos reales, desde el 2018, de 135 por ciento”.
Recordó que muchas de las políticas sociales iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, han sido continuadas con Sheinbaum Pardo y han sacado de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. De acuerdo con los datos oficiales del INEGI, del 2018 al 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población, a 29.5 por ciento, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años.
En el terreno de la desigualdad, también se redujo significativamente, según el análisis del catedrático de la UdeG, quien expuso que “el coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos, a México, como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá”.
En el análisis del contenido del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Morett expuso que el país se encuentra estable, “un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento, frente a las expectativas catastróficas; la inversión extranjera directa récord de 36 mil millones de dólares; el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo, pero los salarios siguen siendo precarios”.
LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LAS LEYES Y CONSTITUCIÓN
En un momento específico, el entrevistado se refirió a los anuncios de presentar propuesta de reformas constitucionales y a leyes secundarias, para facilitar la conducción que se requiere del país hacia el modelo que quiere la presidenta, un país con estabilidad y con prosperidad compartida.
En concreto, el economista se refirió con mucho optimismo a las propuestas de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que tienen como propósito, revertir una buena parte de las reformas de 2013, y recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México.
En tanto que, en las leyes secundarias, destacó también la reforma a todas las leyes de la industria eléctrica y petrolera, para fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas, vertical y horizontalmente integradas, al servicio de la Nación y del pueblo de México.
No obstante, el doctor Romero Morett, también hizo alusión a propuestas legales, que en su opinión serán de gran trascendencia para los mexicanos, como la reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras; la reforma al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos de manera directa; las reformas a los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial y la modificación al artículo 28 para garantizar los trenes, también, operados por empresas públicas.
Se dijo optimista por el resultado que podrían dar las propuestas de reforma a los artículos 4º y 27 para garantizar los programas de Bienestar como derechos sociales constitucionales; la protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra de maíz transgénico; la nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros logros, reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a internet y finalmente la reforma a la Ley del Infonavit, que garantiza el derecho a la vivienda.
Todas estas reformas -dijo-, se han hecho para hacer posible el nuevo modelo de país que para la presidenta sea uno, en el que sea el estado el que garantice al país la seguridad energética, alimenticia, tecnológica (internet para todos), en comunicaciones rápidas (trenes), bienestar social (vivienda y salud con 31 hospitales, 12 clínicas y 256 quirófanos a concluirse este año).
Y remató diciendo: “Se tiene un plan para impulsar un nuevo modelo de desarrollo, el Plan México, el cual tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior, y fomentar la inversión pública y privada nacional y extranjera en el marco del desarrollo regional. El Estado desarrollará la infraestructura atractiva a la inversión privada como Polos de Desarrollo Económico, a la fecha, ya están en marcha 5 de los 15 polos iniciales, y 8 del Corredor Interoceánico, así como 18 de los 100 nuevos parques industriales”.
Me gusta -sentenció-, que ese Plan de Desarrollo busque reducir las importaciones chinas y bajarle al déficit comercial que tenemos con China. Podemos afirmar que la presidenta tiene claridad hacia donde quiere llevar al país, pues en su informe define el rumbo con exactitud, ella está consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de Bienestar, fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda, promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada nacional y extranjera, al tiempo que se gobierna con honestidad y austeridad republicana y se consolida la soberanía, la democracia y las libertades.
LA INSEGURIDAD, ASIGNATURA PENDIENTE
“Para poder evaluar objetivamente a un determinado gobierno, sea municipal, estatal o federal, tenemos que tomar en cuenta al menos cuatro diferentes formas de evaluación, expresó el doctor Andrés Valdés Zepeda, sobre el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Uno tiene que ver con lo que se prometió en campaña y lo que se está haciendo o dejando de hacer es decir resultados en el ejercicio de gobierno que para el caso del Gobierno Federal lo que se establece en el plan Nacional de desarrollo puede ser un elemento considerar.
Segundo lo que se ha hecho en anteriores administraciones ya sea administraciones del mismo partido o de partidos diferentes que gobiernan el país. Tercero lo que se hace con respecto a lo que están haciendo otras naciones otros gobiernos otros países. Y finalmente por cómo evalúa la población a partir de como la ciudadanía evalúa el desempeño de gobierno.
Si tomamos esas cuatro variables en cuenta, para evaluar un gobierno, creo que podemos encontrar en el gobierno del actual presidente, cosas positivas y cosas no tan positivas en materia económica; la situación es estable con una moneda fuerte y con pocos problemas de desempleo, con recuperación del poder económico y en el poder adquisitivo sobre todo de la clase media.
La asignatura pendiente indudablemente es el tema de la inseguridad pública, el tema de la corrupción queda no solventado, pero por una política pública creo más contundente para reducir y sobre todo castigar excesos en el ejercicio del poder público.
También podemos decir que una de las asignaturas pendientes, está en relación con el manejo más responsable de la cuestión ambiental, en muchos lugares se ha documentado excesos de destrucción de ecosistemas y daño a la naturaleza, algunas veces por obras de carácter privado, pero también incluso en algunos casos de carácter público.
La movilidad y la contaminación en las grandes ciudades, es un tema que no necesariamente corresponde de manera directa al gobierno Federal, como a los gobiernos estatales y municipales; tiene que ver con la movilidad en las macro ciudades, que es un tema no resuelto, que cada día se agrava y finalmente genera trastornos, no solo en el sentido del movimiento, de la movilidad, sino también en la contaminación en la salud de los ciudadanos.
– Opinión, por Miguel Anaya
México tiene la mala costumbre de creer que los conflictos internacionales son películas que se ven desde la butaca, con palomitas en mano y distancia segura. Pero lo que hoy ocurre en el Caribe, con barcos estadounidenses hundiendo lanchas venezolanas y un Nicolás Maduro agitando la bandera de resistencia, no es un espectáculo ajeno: es una tormenta que, tarde o temprano, alcanzará nuestras costas.
La posible intervención de Estados Unidos en Venezuela —sea directa o disfrazada de “operativo contra el narcotráfico”— nos recuerda varias cosas incómodas. La primera: que Washington sigue viendo a América como su jardín trasero, y que cuando la Casa Blanca mueve barcos y marines hacia el sur, México queda automáticamente dentro del perímetro de seguridad. No se nos pregunta si queremos, se nos asume dentro del esquema.
La segunda: que cada bomba que caiga en el Caribe traerá repercusiones en nuestras fronteras. No se necesita ser un experto en migración para imaginar lo que significaría una oleada de venezolanos huyendo de un conflicto bélico. Ya con los flujos actuales, el Estado mexicano colapsa en recursos y paciencia social; con una guerra en Sudamérica, el caos migratorio se multiplicaría. Y, como siempre, la presión no llegaría solo de los migrantes, sino de Estados Unidos exigiendo que México sea muro, policía y albergue al mismo tiempo.
El aspecto económico tampoco es menor. Si Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, se incendia, el mercado energético se agita. Podría ser una oportunidad para que México venda más crudo, pero también un riesgo de volatilidad y chantaje. Estados Unidos exigiría “solidaridad energética” a cambio de no apretarnos más en otros frentes. Y mientras tanto, China, Rusia y Corea del Norte —muy juntos, muy sonrientes en el reciente desfile de Pekín— lanzarían el mensaje de que existe un bloque alternativo para quienes no se sometan al viejo orden. Un coqueteo tentador, pero peligroso, porque México no puede darse el lujo de enemistarse con su principal socio comercial y cultural.
¿Y qué papel debe jugar la presidenta Sheinbaum? Aquí es donde la película se vuelve mexicana. Sheinbaum no puede limitarse al guion tradicional de “neutralidad” y “no intervención”, fórmulas diplomáticas que sirven en conferencias de prensa, pero no en medio de una crisis migratoria, militar y energética.
México debe anticiparse: diseñar políticas de contención migratoria con dignidad y sin colapso; blindar su economía para resistir turbulencias externas; y, sobre todo, plantear una estrategia clara frente a Washington. Porque la historia nos dice que, cuando el imperio se pone nervioso, México no es invitado a opinar: es arrastrado.
El dilema es cruel, pero inevitable: si nos alineamos ciegamente con Estados Unidos, perdemos margen de soberanía; si coqueteamos demasiado con Pekín y Moscú, arriesgamos represalias inmediatas. Lo que no podemos hacer es fingir que nada pasa. Porque cuando los cañones apuntan hacia el sur y las banderas ondean en Pekín, lo que está en juego no es la geopolítica abstracta, sino nuestra seguridad, nuestras fronteras y nuestra estabilidad interna. Una situación geopolítica muy complicada que deberá resolverse.
En suma, México no tiene opción de hacerse el distraído: lo que se juega en el Caribe no es un pleito lejano entre Maduro y Trump, sino un recordatorio brutal de que la geopolítica siempre cobra factura. El estado mexicano deberá decidir si quiere ser jugador con estrategia o simple ficha movida por inercia.
Y aunque la tentación nacional sea encogerse de hombros y decir “eso es problema de ellos”, lo cierto es que cuando los cañones rugen en el sur, los migrantes caminan hacia el norte y entre tanto, el centro tiembla. Lo irónico es que México siempre quiso ser neutral; lo triste es que, en este tablero, la neutralidad es el nombre elegante de la indefensión.
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