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Lecciones desde Portugal: Crisis de vivienda en México, perspectivas del mañana
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Imagina que la vivienda es un rompecabezas y cada pieza representa un aspecto crucial: acceso, asequibilidad, calidad y ubicación. En un mundo ideal, estas piezas encajarían perfectamente, ofreciendo a cada persona un hogar digno y accesible.
Sin embargo, en la realidad, este rompecabezas parece desarmado y confuso, con piezas faltantes y otras que no encajan en su lugar.
Esta imagen refleja la crisis de vivienda que enfrenta México, donde los precios de las viviendas y los alquileres han alcanzado niveles tan altos que las nuevas generaciones se ven atrapadas en un laberinto de incertidumbre, sin una ruta clara hacia la formación de un patrimonio. No obstante, la historia reciente de Portugal nos ofrece un ejemplo de cómo empezar a ensamblar nuevamente este rompecabezas, proporcionando valiosas lecciones que México podría considerar para enfrentar su propia crisis.
Portugal, al igual que México, enfrentó una crisis de vivienda donde los precios de la renta y las propiedades alcanzaron niveles insostenibles, especialmente en las grandes ciudades como Lisboa y Oporto donde la demanda supero ampliamente a la oferta. Este fenómeno dejó a muchos ciudadanos, especialmente a los jóvenes y a las familias de ingresos medios y bajos, en una situación de incertidumbre, sin poder acceder a viviendas asequibles ni tener la estabilidad necesaria para construir un patrimonio. La presión sobre el mercado inmobiliario, exacerbada por la especulación y el auge de los alquileres turísticos, hizo que la vivienda se convirtiera en un lujo al alcance de pocos.
Ante la magnitud del problema, el gobierno portugués tomó medidas decididas y articuló un conjunto de políticas integrales para enfrentar la crisis. Conscientes de que la solución no podía depender únicamente de las fuerzas del mercado, implementaron estrategias destinadas a regular los precios, proteger a los inquilinos, y asegurar que el acceso a la vivienda se mantuviera como un derecho fundamental para todos los ciudadanos. Estas políticas no solo buscaron frenar el aumento descontrolado de los costos, sino también crear un entorno más justo y equilibrado, en el que la vivienda dejara de ser un privilegio reservado para unos pocos y volviera a ser un bien accesible para la mayoría.
Portugal estableció medidas para congelar o limitar el aumento de los alquileres en zonas de alta presión, asegurando que los propietarios no pudieran aumentar desproporcionadamente las rentas. Además, se facilitaron las renovaciones de contratos, brindando estabilidad a los inquilinos y protegiéndolos contra desalojos injustificados. Estas políticas no solo estabilizaron el mercado de alquileres, sino que también crearon un entorno más seguro para quienes dependen de la renta como forma principal de acceso a la vivienda.
Aunado a ello, para fomentar el alquiler de propiedades a largo plazo, el gobierno portugués introdujo incentivos fiscales para los propietarios que optaran por contratos de larga duración. Estos incentivos incluyeron reducciones de impuestos sobre los ingresos de alquiler y beneficios adicionales para aquellos que rehabilitaran inmuebles para alquilarlos. Este enfoque ayudó a aumentar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler, haciendo que los precios fueran más accesibles para la población en general.
Uno de los principales factores que contribuyó al aumento de los precios de la vivienda en Portugal fue el auge de los alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb. Para contrarrestar este fenómeno, el gobierno impuso restricciones en zonas específicas, limitando el número de licencias para alquileres de corto plazo y estableciendo «zonas de contención» donde se prohibieron nuevos registros para este tipo de alquileres. Esta medida liberó más propiedades para el alquiler residencial, reduciendo la presión sobre el mercado.
En esa tesitura, una de las estrategias más innovadoras de Portugal fue la creación de un Cadastro Predial, un registro nacional de propietarios de inmuebles. Este registro permitió al gobierno monitorear la propiedad y el uso de los inmuebles, identificar viviendas vacías o subutilizadas, y aplicar impuestos adicionales a los propietarios que mantenían sus propiedades vacías en zonas de alta demanda. Además, facilitó la identificación de inmuebles para programas de vivienda social, aumentando así la oferta de vivienda asequible.
La situación en México, aunque similar en muchos aspectos, presenta desafíos únicos que requieren soluciones igualmente innovadoras. El costo de la vivienda en México ha aumentado significativamente en las últimas décadas, impulsado por la especulación inmobiliaria, la falta de oferta suficiente, y el desvío de propiedades hacia el turismo y las inversiones extranjeras. Las nuevas generaciones se enfrentan a un mercado que parece inaccesible, con precios que superan sus posibilidades, tanto en la compra como en el alquiler.
A diferencia de Portugal, México aún no ha implementado un enfoque integral para abordar esta crisis. No existe un control efectivo sobre los precios de alquiler ni incentivos suficientes para que los propietarios ofrezcan contratos a largo plazo. Además, la regulación sobre los alquileres turísticos es escasa, lo que permite que plataformas como Airbnb absorban una parte significativa del mercado inmobiliario en las principales ciudades turísticas.
El registro nacional de propietarios, como el implementado en Portugal, podría ser una herramienta poderosa en México para aumentar la transparencia en el mercado inmobiliario, identificar propiedades subutilizadas y combatir la especulación. Asimismo, una mayor inversión en vivienda social y la creación de incentivos fiscales para propietarios que opten por alquilar a largo plazo podrían aliviar parte de la presión sobre el mercado.
El rompecabezas de la vivienda en México sigue incompleto, con piezas fundamentales aún por colocar. Sin embargo, las lecciones de Portugal ofrecen una hoja de ruta que, si se adapta a nuestro contexto, podría ayudar a reconstruir este rompecabezas y ofrecer a las nuevas generaciones una esperanza renovada de acceder a una vivienda digna y asequible.
Es hora de que México tome decisiones valientes y adopte un enfoque integral para enfrentar la crisis de vivienda, antes de que las piezas que aún quedan por encajar se pierdan definitivamente.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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