Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

En el país la justicia y su homologación a criterios básicos de oralidad, tecnología y respeto a los derechos humanos avanza; el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Casi de la misma manera que la justicia laboral fue instalándose en cada entidad federativa y tenía como plazo el 2022, para incorporar el nuevo sistema de justicia laboral; así el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene su plazo hasta el 2027 para que se integren todas las entidades federativas, contemos con un sistema oral y unificado para todo el país.

Es de vital importancia, que el decreto de ley de este novedoso y nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que sin duda unificará criterios, oralidad y democracia a las controversias entre particulares de forma equiparada a todo el país, sea visto por los congresos locales, posterior a su declaratoria emitida por el Poder Judicial de la Federación, inicien solicitudes y declare en los congresos locales la entrada en vigor, como lo ordena el artículo transitorio segundo de este nuevo código que a la letra dice: «En el caso de las Entidades Federativas, el presente Código Nacional, entrará en vigor en cada una de éstas de conformidad con la Declaratoria que al efecto emita el Congreso Local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027».

«La declaratoria que al efecto se expida, deberá señalar expresamente la fecha en la que entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y será publicada en el Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos o Gacetas Oficiales del Estado, según corresponda.”

Entre los grandes temas de este nuevo sistema de justicia civil y familiar que regirá todo el país, se encuentra la regulación para el tema de las desapariciones, la Declaración de Ausencia y Especial de Ausencia por Desaparición, desprende la máxima protección de niños, niñas y adolescentes, la autoridad deberá proveer en temas de guarda y custodia, ejercicio de la patria potestad de los hijos o hijas menores de edad, de los alimentos y de los acreedores alimentarios, uso y pago de la vivienda y vehículos, continuidad en los servicios médicos y beneficios adquiridos de los sistemas de seguridad social y salud, para que puedan acceder los familiares de la persona ausente o desaparecida.

Además, cuenta con un proceso llamado Restitución Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes que a la letra dice: “El procedimiento de restitución nacional tiene como finalidad tutelar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a no ser trasladados de manera ilegal de su domicilio habitual. La autoridad jurisdiccional competente para conocer de la custodia de niñas, niños o adolescentes será aquella en cuya jurisdicción se encuentre el lugar de residencia habitual de los mismos, salvo que exista un procedimiento previo de custodia o patria potestad, ante otra autoridad jurisdiccional en cuyo caso este último será competente”; en materia familiar los casos de guarda y custodia que inician porque uno de los padres sustrae al menor, no garantizan la restitución inmediata y generan juicios largos de violación a los derechos de los menores, con este proceso se evitara que los niños y adolescentes sean secuestrados por uno de sus padres para generar daño al otro, una vez recibida la solicitud de restitución, la autoridad tendrá un plazo máximo de tres días para proveer al respecto, lo que permite a padres y madres resguardar la integridad de sus hijos ante la violencia vicaria y la dañina la alienación parental.

En este sentido, además de las ventajas de homologar criterios, incorporar herramientas tecnológicas y oralidad a los procesos civiles y familiares en el país, nos modernizamos y dejamos atrás el sistema de juicios largos en los que la justicia resulta traumática e inalcanzable para los particulares, este nuevo sistema también reconoce y recoge los derechos de personas con discapacidad dando participación justa y visible sobre el ejercicio de sus derechos; así mismo incorpora trabajo de muchos años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vertida en sentencias y criterios jurisprudenciales de la corte sobre las realidades sociales y retos que vivimos en la sociedad mexicana.

Esperemos que nuestra entidad federativa sea una de las primeras que levante la mano y se incorpore, aunque los próximos 12 meses son prácticamente electorales, difícilmente existirá la declaratoria y la petición de Jalisco o de muchas otras entidades federativas, ya que implica dejar de fingir que legislan en estas materias a favor de la sociedad en civil y familiar durante el proceso electoral, aparte de un gasto amplio de implementación, capacitación y personal, ya que es un sistema oral, lo único que importa en este momento a los tres poderes en Jalisco es el proceso electoral en puerta, seguiremos viendo promesas desde los partidos políticos en los que simularán que van por mejorar y beneficiar situaciones civiles y familiares para obtener votos en ciertos sectores, por lo que deberán presionar los colectivos y la sociedad civil para que suba este tema al congreso local y se presione al poder judicial para ser pioneros y punteros en la nueva justicia civil y familiar.