NACIONALES
Privilegios y fideicomisos
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Abolir los privilegios ha sido una prédica común en la retórica del régimen, postulado de campaña y estribillo del entonces aspirante, candidato y hoy presidente, que al igual que otros pronunciamientos ha quedado solo en una frase publicitaria de eficacia electoral. En los hechos esta administración ha hecho todo lo contrario y hoy, los privilegios abundan, particularmente en el sector oficial.
Por definición, un privilegio es una exención de una obligación, o bien una ventaja exclusiva o especial que alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia goza. Es decir que hay privilegios que la autoridad concede, que la legislación establece y que hay otros que derivan de circunstancias personales. Nunca ha quedado claro cuáles deseaba acabar este régimen, la retórica agarró parejo, más no así la actuación gubernamental. La lucha contra los privilegios ha resultado selectiva y más que un mecanismo de justicia es herramienta de mercadotecnia electoral e instrumento de venganzas y cobro de afrentas.
La más reciente muestra es la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, 6 de ellos dedicados a pagar prestaciones derivadas de ley y laborales que fueron considerados privilegios.
Se dijo, por el propio presidente, que había que terminar con los excesivos salarios y canonjías de los ministros de la Suprema Corte, pero ninguno de los 13 fideicomisos extinguidos beneficia a los ministros y se vertieron opiniones, más retóricas que argumentales y de fondo.
“La intención es despejar la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad a través de la extinción de los 13 fondos y fideicomisos bajo la jurisdicción del Poder Judicial de la Federación”, indica la iniciativa presentada por el coordinador de la bancada oficialista, sin embargo, no se entiende la lógica de liquidar para transparentar, máxime cuando no había observaciones graves sobre el manejo de los mismos.
Hay en estas dos posiciones, la del ejecutivo, basada en la desigualdad de condiciones de ingresos y la del legislativo, fundada en la “falta de transparencia” cuando menos incongruencia, pero al fin coincidencia en los fines. El cálculo político le indicó al presidente desde su campaña, que hablar de los privilegios de unos, frente a las condiciones desiguales de otros era un buen resorte electoral en una sociedad marcada por profundas diferencias.
Este resorte lo ha venido utilizando, para ganar respaldo social para sus muy particulares batallas, ya sea contra los organismos autónomos, como el INE o el INAI, contra ex funcionarios etcétera, y tocó ahora a la Suprema Corte de Justicia a la que ha convertido en el símbolo de esa desigualdad que es su bandera para seguir posicionado como un luchador a favor de los desfavorecidos.
Con ese objetivo, se evitó que la discusión se diera sobre el origen y legitimidad de los llamados privilegios, obviando la gran cantidad de ellos que el presidente ha creado con su forma absolutista de gobernar. Él crea e interpreta leyes y además las ejecuta y no concibe que otro poder u órganos autónomos osen contradecirlo y corregirlo.
En su afán, desordenado afán, ha hecho cosas plausibles, como endurecer la política fiscal sobre grandes contribuyentes. Pero también ha incurrido en graves violaciones al estado de derecho, a la constitucionalidad, al federalismo, a la división de poderes y al carácter civil del régimen.
Su juicio determina cuáles privilegios son legítimos y cuáles no, cuáles fallos jurisdiccionales son justos y cuáles no, así como cuáles fideicomisos sirven y cuáles deben desaparecer, sin importar si salvaguardan contra contingencias económicas o a soportar desastres naturales. No hay razones, solo motivos e intenciones cuyo único fin es la acumulación y el ejercicio abusivo, discrecional, del poder. La extinción de los fideicomisos del poder judicial exhibe las incongruencias y el carácter veleidoso y visceral de ésta administración.
Se ordena la terminación de éstos, porque hay que dar transparencia y evitar la discrecionalidad, pero a la vez se crean otros, de mayor cuantía, que habrán de ser operados por militares en la más completa opacidad y reserva. Es decir, nada de privilegios para unos y todos los privilegios para otros, según sea el grado de sumisión que le muestren. Absolutismo total envuelto en un discurso falaz para un mundo desigual, gatopardismo puro para que la desigualdad siga siendo el sostén de sus victorias.
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– Por Mario Ávila
El grave problema de las inundaciones, los socavones y las muertes que se registran en el temporal de lluvias, que en este periodo han cobrado ya la vida de 11 personas, podría atenuarse o resolverse con grandes obras como la reposición de los viejos colectores y la creación de un drenaje profundo en la zona metropolitana, a decir de los expertos.
Ante ello, el problema central radica en la inversión que se requiere y sobre este tema, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Federal, planteó que, aunque se trata de obras que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal, “seguramente la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su facultad, respaldará a Jalisco y a todo el país”.
Solo vamos a esperar -dijo-, para ver cómo viene el Presupuesto de Egresos 2026 que se presentará en la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de nosotros aprobarlo; se presenta el 8 de septiembre y vamos a esperar, pero lo que sí te digo es que es una responsabilidad del estado, que ojalá que junto con los municipios puedan empezar a hacer estas obras de infraestructura fundamentales para la población.
«Pero desde que yo tengo conocimiento -abundó-, el grupo de Jalisco es un grupo que tiene mucho compromiso con su estado, cómo pelean, cómo luchan por obtener más programas, más recursos para su entidad, independientemente de quién lo gobierna. Y hoy tienen una gran ventaja ustedes, la presidenta de la Comisión de Presupuesto es de Jalisco y Marilyn Gómez Pozos tiene mucho compromiso con Jalisco; les quiero decir que si no mal recuerdo el año pasado obtuvo 8 mil millones de pesos más Jalisco y hoy no será la excepción».
– Por Mario Ávila
El primer tema que abordará el grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura Federal el 2 de septiembre, una vez arrancado el siguiente período ordinario de sesiones, será reformar el artículo 73 constitucional para elevar a la extorsión a rango de delito grave y perseguido de oficio.
Esto se acordó en la reunión plenaria efectuada en Jalisco, en presencia de 52 diputados federales integrantes de la bancada de Morena, quienes, bajo la coordinación del diputado Ricardo Monreal Avila, marcaron la pauta para ordenar los más de 30 instrumentos jurídicos que se han planteado como agenda, para aprobar en la Cámara de Diputados.
En presencia de legisladores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, hizo saber que la extorsión es un tema que le preocupa a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
«Por ello- dijo-, vamos a someterla a votación y vamos a aprobarla el día 2 de septiembre, es decir, será el primer instrumento que vamos a votar, la reforma al 73 constitucional y enseguida haremos la ley reglamentaria«.
«Ese día -abundó-, estamos planeando aprobarla con mucho gusto; ya está incluso aprobada en comisiones, ahora vamos al pleno. El lunes primero tendremos dos sesiones: la de arranque del Congreso y una sesión ordinaria, donde daremos publicidad a esa norma constitucional porque es un requisito legal el darle publicidad».
– Por Redacción Conciencia Pública
México enfrenta un repunte alarmante de casos humanos por miasis causada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), una plaga que se creía erradicada desde 1991 y que ha resurgido con fuerza en los últimos meses.
Desde abril de 2025, cuando se registraron los primeros contagios en Chiapas, la cifra ha ido en aumento, alcanzando a finales de julio 33 casos confirmados y la primera muerte atribuida a esta infestación.
Los pacientes afectados se concentran principalmente en Chiapas y Campeche, con un rango de edad que va de los 17 a los 86 años. La mayoría ha presentado lesiones en cabeza y extremidades, con síntomas como dolor intenso, fiebre, secreción y la presencia visible de larvas en heridas abiertas.
Aunque 24 personas ya han recibido el alta médica, al menos ocho permanecen en tratamiento y tres en hospitales debido a complicaciones severas.
El caso más grave hasta ahora fue el de una mujer de 86 años, originaria de Campeche, quien falleció a finales de julio tras desarrollar complicaciones asociadas a la infestación, agravadas por un cáncer avanzado.
Su muerte representa la primera víctima mortal humana en México por esta plaga, lo que ha encendido las alarmas en el sector salud y generado preocupación social.
La Secretaría de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas, al tiempo que exhorta a la población a mantener medidas preventivas básicas: cubrir y desinfectar heridas, cuidar la higiene personal y del ganado, y acudir de inmediato al médico en caso de sospecha. Expertos subrayan que el gusano barrenador puede provocar destrucción tisular grave si no se atiende de forma oportuna.
El impacto de esta crisis no solo es sanitario, sino también económico. El resurgimiento del gusano barrenador amenaza a la ganadería mexicana, ya que la plaga afecta principalmente al ganado bovino, ovino y porcino, generando pérdidas millonarias y restricciones en la exportación de carne hacia Estados Unidos.
Desde noviembre de 2024, México y EE. UU. han intensificado la liberación de moscas estériles —más de 885 millones liberadas hasta mayo de 2025— como parte de la estrategia binacional de control.
Mientras la cifra de contagios sigue en vigilancia, autoridades y especialistas advierten que el gusano barrenador representa un desafío de salud pública y seguridad alimentaria.
La reaparición de esta plaga, erradicada hace más de tres décadas, no solo evidencia la vulnerabilidad de las zonas rurales del sureste, sino que obliga a redoblar esfuerzos para contener su expansión y proteger tanto a la población como a la producción pecuaria nacional.
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Héctor Manuel Barragán
30 de octubre de 2023 at 09:52
Excelente reflexión. Abrazo Lic. Robles!!!