Retroceso en la transparencia

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //

Ante la crisis que azota a nuestro país y a Jalisco, marcada por las transiciones gubernamentales, los cambios drásticos como la desaparición de los sistemas de transparencia y sus órganos garantes, la incertidumbre en las relaciones con nuestro vecino país del norte, la innegable crisis de desapariciones y el horror del crimen organizado, cuya presencia en regiones y comunidades es innegable, así como su infiltración en sectores sociales, los mexicanos estamos en vilo.

En medio de estas terribles circunstancias, se suma la extinción oficial de la transparencia en México y en los estados para tener una transición hacia un nuevo modelo, en un contexto donde cientos de acontecimientos exigirán la obligación de informar y el ejercicio del derecho a saber.

En este sentido, y ante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es el nacimiento del nuevo sistema de transparencia en el país.

Sumamente criticado, pues preocupa la eliminación de principios e interpretaciones, se asegura que las leyes aprobadas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

Ante el desastroso panorama del desmantelamiento de más de veinte años de transparencia y rendición de cuentas, pilares del derecho de la ciudadanía a saber y ser informada, actualmente nos toca presenciar la transición hacia un nuevo modelo que, paradójicamente, llevará por nombre «Transparencia para el pueblo».

No obstante, sería más preciso si incluyera la palabra «a modo», pues resulta evidente que la nueva legislación busca suavizar y aligerar la carga de obligaciones y responsabilidades inherentes al derecho de acceso a la información pública, dejando lagunas y ambigüedades.

Además, elimina principios constitucionales e introduce figuras legales que permitirán restringir el acceso a la información pública, como la «paz social» y los «daños al interés del Estado», podrían ser utilizados como criterios para reservar información. Por si fuera poco, se menoscaba la autonomía, la imparcialidad y la profesionalización de las autoridades de transparencia.

En este sentido, se presenta una resistencia y dura crítica social al gobierno federal por la supresión de un modelo de transparencia construido a través de más de dos décadas, perfeccionado bajo procesos legislativos que reformaban para construir y no para destruir, no como el del pasado 20 de marzo, que dio luz a las nuevas legislaciones en la materia que son incompatibles e incomparables a lo que gozábamos en materia de transparencia, que sin duda garantizaba el derecho a saber y ser informado sin la interferencia de gobiernos.

Hoy que los asuntos de transparencia gubernamental pasan a ser parte del mismo gobierno, son ellos quienes, ante las preguntas del pueblo sobre su actuar y sus obligaciones, responderán si tenemos o no derecho a la información solicitada, lo cual profundiza la concentración del poder y restringe derechos sociales, afectando la democracia.

En Jalisco, nos queda esperar animosamente que este gobierno respete congruentemente la construcción, el papel y la participación histórica que tuvo nuestra entidad en estas dos décadas de transparencia y rendición de cuentas, honrando la historia y las luchas sociales ganadas desde las trincheras de los muchos jaliscienses que actualmente son expertos, especialistas o defensores férreos del derecho al acceso a la información.

Que Jalisco mantenga su posición de puntero en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, va a depender de los actores políticos locales, del Congreso local en la armonización de la ley, de la escucha abierta de la sociedad especializada en el tema, pero sobre todo de dejar a un lado la tentación de ir a favor del gobierno federal y marcar un estilo que deje claro que en Jalisco sí se respetará y se transitará a un modelo de sistema de transparencia local que no destruye ni restringe el acceso, que no limita la protección.

Esperemos que, ante las crisis actuales y la desaparición de la transparencia en México, por lo menos Jalisco se resista, elija no ser parte del retroceso en la materia, privilegie el derecho al acceso a la información y se pronuncie transparente por elección.