Opinión, por Cayetano Frías Frías //

El próximo domingo, todas las personas que aparecen en la Lista Nominal de Electores, tendrán la oportunidad de participar en la primera Consulta Popular oficial, un ejercicio inédito, histórico, el cual si es bien aprovechado, será un parteaguas en la vida democrática de nuestro país.

Nunca antes los ciudadanos de a pie han tenido la oportunidad a través de las vías institucionales, de pronunciarse en favor o en contra de un actor político, o de una acción u obra de gobierno, cuyas decisiones o consecuencias hayan sido consideradas lesivas para la mayoría de la población.

Con esta consulta, se vuelve realidad la voluntad popular, pues además de hacer pública la decisión de una mayoría, la Ley de Consulta Popular establece al “Sí”, como una determinación vinculatoria que obliga a las autoridades competentes, para actuar en contra de los actores políticos si se les comprueba la comisión de delitos.

La participación en la Consulta, será uno de muchos pasos hacia el empoderamiento de los ciudadanos para influir en las decisiones de gobierno a través del voto. Infortunadamente, en los procesos electorales para cargos de responsabilidad popular, ningún marco jurídico obliga a los políticos electos a cumplir las promesas de campaña, ni a conducirse con los mínimos principios éticos y de honestidad en el manejo de los recursos públicos.

Además será temporalmente oportuno para incluir en los procesos formativos de conciencia social a las nuevas generaciones, quienes podrán disponer de esta herramienta política para alzar su voz ante las decisiones administrativas y políticas que les afecten, independientemente de los oídos sordos e intereses de los “representantes populares”. Además se podrán librar de algunas mafias de “líderes de la sociedad civil”, que se han enquistado en los organismos descentralizados y en la práctica son cómplices de las corruptelas.

La Consulta puede cimbrar los acuerdos no escritos de la clase política, que se reflejan en el altísimo grado de impunidad, tanto en la persecución y castigo de los delitos penales, como en los del orden civil, del familiar, y sobre todo la tolerancia para quienes delinquen desde la administración pública.

El fondo de la Consulta no es, como pregonan los conservadores, “consultar la ley”, sino dar una herramienta jurídica a los ciudadanos para romper el pacto de impunidad entre los políticos, que sea vinculatoria y obligatoria de cumplir en las decisiones que se emitan. Solo con la presión ciudadana habrá eficacia en el combate a la corrupción, pues hasta ahora ha sido inútil y una burda broma, el trabajo de las decenas de miles de empleados que laboran en los miles de “órganos internos de control”, en dependencias de los tres niveles de gobierno y en los organismos descentralizados. Peores son los “sistemas anticorrupción”, que en su esencia son corruptos, pues crear más burocracia es fomentarla.

ANTECEDENTES Y APROBACIÓN

En la reforma política de 1977 se incorporaron en el Artículo 73 Constitucional las figuras de “referéndum” y de “iniciativa popular” para el entonces Distrito Federal, pero el Congreso de la Unión nunca aprobó la legislación complementaria y por lo tanto, jamás tuvieron utilidad. Al crear la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se asumió que los ciudadanos tuvieron voz y en 1987 desaparecieron esas figuras del Artículo 73.

Fue hasta la reforma constitucional de 2012 cuando en el Artículo 35 Constitucional se incorporaron las figuras de “iniciativa ciudadana” y de “consulta popular”, pero hasta el 14 de marzo de 2014 se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular vigente. A partir de esa fecha, se han registrado cuatro intentos para implementar este ejercicio, todos fueron rechazados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no cumplir los requisitos constitucionales.

La Corte desechó las solicitudes del PRI que buscaba el consenso para reducir el número de legisladores plurinominales; el PAN intentó lograr respaldo para un incremento al salario mínimo; en tanto que PRD y Morena cada uno por su lado, solicitaron iniciar consulta para eliminar la reforma energética.

La Ley de Consulta Popular establece que cada tres años, en el año previo a la elección federal, puede presentarse una solicitud para trámite ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores. Como no precisa que solo en una de las dos Cámaras procede el trámite, se concluye que cada tres años pueden presentarse dos solicitudes con diferente tema.

En el terreno práctico el presidente AMLO ha recurrido en varias ocasiones a las consultas a mano alzada o a través de encuestas, pero con repercusiones sobre temas que sería más adecuado tratarlos en el rango de presupuesto participativo, como la obra de una cervecera en Mexicali o el fallido aeropuerto en la capital, aunque éste último era una promesa de campaña.

En 2020 se inició el trámite para la consulta que nos ocupa, donde participaron un grupo de ciudadanos identificados con las corrientes de izquierda, así como la entonces dirigente nacional de Morena; ambos esfuerzos fueron desechados por la Corte, aunque hay que precisar que los primeros lograron recabar más del 2% de las firmas requeridas por la Ley, para respaldar la solicitud de iniciar la consulta.

Aunque en un principio la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, se centró en preguntar sobre la necesidad de llevar ante los tribunales a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el trámite de validación constitucional del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluyó los nombres, pero redactó una nueva pregunta a través de la cual se amplía la posibilidad ya no solo de enjuiciar a los expresidentes, sino a cualquier actor político de cualquier región o municipio de México que haya incurrido en actos considerados delictivos.

Un ejemplo de posibles personajes a investigar, podrían ser los diputados y senadores federales que recibieron sobornos durante el proceso de aprobación de la reforma energética, como acto lesivo para la inmensa mayoría de los mexicanos, sin que jamás hayan consultado a sus representados.

Una vez aprobada la viabilidad constitucional de esta consulta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de considerar que la solicitud contiene fundamentos legales aplicables, el Congreso publicó la convocatoria el 28 de octubre de 2020, fijando como fecha para votación el 01 de agosto de 2021 y precisando que es responsabilidad del INE tutelar este ejercicio.

El Artículo 54 de la Ley de Consulta Popular, precisa que el resultado será vinculatorio para las autoridades correspondientes los siguientes tres años, a partir de la fecha en que se le de validez. La proyección para que adquiera validez, es que se presenten a las urnas por lo menos 37.5 millones de votantes y con 50 mil casillas instaladas, cada una deberá recibir alrededor de 750 boletas para alcanzar el 40% de la Lista Nominal de Electores que se requiere.

PREGUNTA APROBADA EN LA SCJN:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

PREGUNTA PROPUESTA POR AMLO

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos por parte de los expresidentes Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto antes y después de sus gestiones?

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y en materia de prácticas democráticas el pueblo mexicano tiene el inminente uno de agosto, la gran cita para consolidar su andadura votante, apenas vitalizada en los comicios de 2018, tras más de un siglo de ficciones electorales. Desde Madero, para ser precisos.

Se han vencido enormes reticencias, necias oposiciones, soterrados impedimentos; pero al fin, luego de adicionarse la Constitución Federal en su artículo 35, fracción VII, millones de mexicanos, con el apoyo del legislativo y del poder ejecutivo, lograron que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) aprobara (con modificaciones) como constitucional, la convocatoria de consulta popular para que los ciudadanos digan: sí o no, al enjuiciamiento de quienes sumieron durante los recientes lustros a la nación, en una especie de foso, mismo que concluyó como un patente despeñadero.

Todavía el Instituto Nacional Electoral (INE) observó una actitud renuente, aduciendo insuficiencia presupuestal, luego que sus consejeros y altos funcionarios, se despachan con la cuchara gorda gastando y cobrando a manos llenas, aún de manera anticonstitucional. Pero para esta especie de plebiscito no había recursos. No encontró eco en sus demandas de dinero y, obligado a organizar la Consulta, vino a recortar el número de casillas, a mas o menos una tercera parte de las que instaló en las elecciones de junio.

La difusión del ejercicio electivo, no fue animado oficialmente sino hasta el día 15 de julio. Y en las conferencias y declaraciones del presidente del INE, se enfatizaba que no era la Consulta para decidir el enjuiciamiento de los expresidentes de la república (como inicialmente lo había planteado el actual primer mandatario), sino simple y llanamente, decir “si” o “no”, a la pregunta que aprobó la SCJN, que dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Tal como se aprecia, la interrogación, de ser simple como se propuso originalmente pues se precisaba el nombre de los exmandatarios nacionales desde Carlos Salinas, ahora quedó compleja, barroca, y para muchos sufragantes, casi ininteligible. Se pidió a la Corte que aclarara esos términos, pero no se obtuvo respuesta. Empero, los ciudadanos se han concientizado de que se trata de emitir su voto para juzgar, sí o no, a dichos exmandatarios.

Para los partidos de oposición, nada atractivo resultó esta convocatoria plebiscitaria. Los panistas sostienen que es una “payasada”: Damián Zepeda, exlíder blanquiazul, así lo afirmó. Y Markito Cortés, en sus medianías, sostiene que los dineros que se gastarán en la Consulta, deberían usarse para comprar medicinas, con lo cual se exhibe como el gran ignorante, pues ese gasto está etiquetado en el presupuesto del INE, y no tiene otro destino que dicha Consulta.

Los priistas, que desde Salinas (e incluso De la Madrid, el introductor del neoliberalismo) hasta Peña Nieto, no tienen punto de apoyo para defenderlos, se muestran reacios y no hacen mayor esfuerzo para difundir el tema de la Consulta. Esa pose mediocre le caerá como pesada loza.

El mismo AMLO, aunque respalda este acto democrático, declaró que no votará porque es de la idea de que en relación a los expresidentes, se debe partir de que ya es un punto y aparte. Pero eso sí, sostiene que si el pueblo lo manda, secundará que se enjuicie a los susodichos mandamases neoliberales: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

El partido en el poder, MORENA, ha puesto todo su vigor en promover la participación de la ciudadanía en la Consulta del uno de agosto. Y lo mismo hacen sus aliados, el Partido del Trabajo y en menor escala, el Verde. Igual varios organismos independientes (como el Ejército Zapatista de Liberación Nacioal) o activistas sin partido.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, invitó a las personas a participar en la multicitada consulta popular, y por aquello de que, “quien se quema con leche, hasta al jocoque le sopla”, aclaró que su promoción es gratuita, teniendo en cuenta la que le pasó a la esposa de Fosfo Fosfo, apodo de Samuel García, el criticado gobernador electo de Nuevo León: el INE le impuso una multa por haber sido impulsado en redes sociales por su cónyuge (la influencer Mariana Rodríguez Cantú), siendo él candidato.

La llamada prensa nacional, o tradicional, ha sido remisa, salvo honrosas excepciones, en divulgar la Consulta y exhortar la participación ciudadana. Pero concurrir a votar en estos ejercicios, fortalece la conciencia cívica, refuerza los derechos de los individuos y con ello se consolida la democracia.

Es cierto que la ley suprema del país, establece un porcentaje de votación para que el resultado de la Consulta sea vinculante, es decir obligatorio para las autoridades, y lo ideal es que se logre. Sin embargo, aún suponiendo que no se alcance la proporción exigida, será socialmente útil que la población manifieste su valoración, y se pronuncie sobre los que gobernaron a la república y la desplomaron.

Por lo anterior, es que todo ciudadano con responsabilidad cívica, debe acudir a las urnas y emitir su voto el domingo uno de agosto. El sí se impondrá, auguran los conocedores de estos menesteres; empero, si no se está de acuerdo, participar será la mejor oportunidad para demostrarlo, puesto que el “no”, también es respuesta lícita. Refugiarse en actitudes de avestruz, no es válido y mucho menos democrático: acudamos a las urnas y fortalezcamos nuestro civismo.

De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

La Consulta Popular que el Instituto Nacional Electoral organiza a iniciativa del Presidente López Obrador -para este 1 de Agosto-, será de gran utilidad para éste último y sus planes ocultos. Será como un ensayo en el que estarán en juego varios objetivos.

Primero, aliviar su dolor. AMLO es muy predecible y a pesar de que asegura que su fuerte no es la venganza, él se dará por bien servido al exhibir a sus antecesores. Será como sentarlos en el banquillo de los acusados en la plaza pública y que millones de mexicanos los señalen con el dedo acusatorio de la corrupción y la inmoralidad.

Los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar en esta consulta y dar el “sí” a la posibilidad de “enjuiciar a quienes tomaron las decisiones políticas en el pasado”. Todo lo que se desea desde Palacio Nacional es que los espacios periodísticos reseñen la opinión del pueblo de México, sobre lo que sería una “condena pública” a la actuación de los cinco anteriores mandatarios.

El presidente está convencido que de acuerdo a la ley, es remota la posibilidad de llevar a tribunales a los expresidentes. Pero la consulta será utilizada como un tribunal popular.

Desea, sobre todo, vengarse de Carlos Salinas, de Vicente Fox y de Felipe Calderón.

Del primero, porque se convirtió en su demonio favorito en los arranques de su carrera opositora al régimen en la década de los años noventa. De Fox, porque éste último presumió en el extranjero, haber metido las manos para evitar que el entonces candidato del PRD a la presidencia en el año 2006, triunfara en los comicios electorales. De Felipe Calderón, porque se convirtió en un “usurpador” al ser el beneficiario del “fraude electoral” que -según AMLO- se llevó a cabo en el año 2006.

Sobre Ernesto Zedillo, se vio obligado a acusarlo por haber aprobado el FOBAPROA, la estrategia financiera del gobierno de fines de siglo pasado para rescatar a los ricos, con dinero público. Sin embargo, López Obrador guarda un agradecimiento especial para quien fuera Presidente de 1994 al año 2000, porque le permitió competir por la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, a pesar de no contar con arraigo ni dirección en la capital del país, pues su credencial de elector se originó en su tierra, Tabasco.

Con Enrique Peña Nieto, se ha unido siempre a la ola calificadora de la corrupción de su sexenio, pero no habrá mayor trascendencia por el pacto que celebraron desde la elección en 2017 de gobernador en el Estado de México. El PRI conservó esta entidad que jamás ha soltado, pero AMLO caminó en alfombra rumbo a Palacio Nacional.

Segundo, el ensayo para la reelección. En esta consulta popular de agosto, inútil para la vida orgánica del país (la aplicación de la Ley por parte del Estado no puede sujetarse a una consulta popular) al dinero del pueblo se le cargarán cuando menos 500 millones de pesos.

Pero dentro de la utilidad presidencial, este experimento se realizará en el laboratorio mental de Palacio Nacional, con miras a la revocación del mandato en el año 2022.

En efecto, el siguiente año se llevará a cabo la consulta para establecer si Juan Pueblo desea que López Obrador siga en la presidencia o que renuncie.

Será una espléndida oportunidad para demostrar que el presidente “ya no se pertenece”, sino que “pertenece al pueblo” y, como éste último es “bueno, sabio y no se equivoca”, no le quedará más remedio que obedecerlo en su “interés” de la continuidad en el poder.

Y es que esa consulta, será un “sondeo del Estado”, en el que todo será controlado desde las alturas. El objetivo será mucho más claro: una reforma constitucional para incluir el término “reelección” en la Carta Magna.

Tercero, controlar una agenda mediática. A estas alturas, no es secreto para nadie el fracaso de la “Cuarta Transformación” en el plano económico, social, de la salud y la seguridad pública. Todos ellos son temas sensibles a la población y le restan popularidad al presidente todos los días.

Finalmente, con esta consulta popular para “condenar” a los expresidentes, se abrirá una espléndida oportunidad para evitar esos temas sensibles, sacarlos de la agenda mediática y ganar tiempo.